El Proyecto Intervenciones Urbanas y la fragilidad estatal
Claudia Pacheco Araoz
Gestora cultural
En la pasada semana, el sector cultural ha recibido una noticia no oficial que presume la reactivación por parte del gobierno transitorio —a través de un nuevo decreto— del Programa Intervenciones Urbanas (PIU), que pretende transferir recursos a los municipios y gobernaciones para la financiación de proyectos culturales.
Este posible hecho ha generado una suerte de esperanza en el sector, que desde el inicio de la pandemia y la cuarentena ha sido afectado severamente con el cierre de espacios y la imposibilidad de realizar actividades públicas y más. ¿Por qué depositar la esperanza en este programa? A principios del año 2019, se creó el PIU a cargo del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MDP), disponiendo una cuantiosa e inesperada cantidad de recursos económicos para la cultura, el deporte y la innovación social mediante fondos concursables destinados a proyectos ciudadanos, privados. Un hecho inédito y beneficio relevante para la cultura desde la burocracia estatal.
Se financiaron proyectos en todo el país, en todas las áreas de la cultura: arte, gastronomía, patrimonio, formación, etc. Se creó una línea de circulación internacional, por primera vez el Estado pudo financiar transporte internacional para que los trabajadores de la cultura asistan a eventos internacionales. Se beneficiaron alrededor de 600 proyectos entre mayo y octubre del año pasado, es por esto que parece una buena noticia.
El programa fue “reestructurado” el 19 de diciembre de 2019, mediante el Decreto Supremo N° 4118, derivando los recursos a los ministerios sectoriales, en la actualidad, la institución encargada de realizar proyectos culturales con este dinero es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El mismo decreto, en el artículo 6 inciso III, posibilita a las entidades territoriales autónomas (gobernaciones y municipios) puedan “canalizar sus proyectos a ser financiados… a través de los ministerios cabeza de sector responsables de las áreas correspondientes”, entonces, ¿para qué un nuevo decreto?
Lo sencillo sería afirmar los fines proselitistas, no es una novedad la instrumentalización de la cultura para cumplir este objetivo. Sin embargo, cabe la posibilidad, siendo generosos, de que los servidores en función de gobierno recién se hayan dado cuenta de esta posibilidad para aportar al sector cultural, ya que los recursos que financian este programa no vienen de los hidrocarburos o de los impuestos, sino de las telecomunicaciones, a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (Prontis), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
¿Cómo llegaron estos recursos a financiar la cultura? El Prontis tiene como misión financiar programas y proyectos para el acceso universal a las telecomunicaciones y tecnologías de la información para áreas rurales y de interés social, por lo que el Estado declaro en 2019 de “interés social” la cultura el deporte y la innovación social para financiar el PIU con estos recursos. El dinero proviene de sanciones, alquileres a las operadoras de telecomunicación, es recaudado por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT). El trayecto legal y burocrático no es simple, es importante revisarlo, puede ser un modelo para encontrar recursos que financien la cultura desde diferentes fuentes.
Estos recursos existen o deberían existir, ya que son constantes. La normativa para su uso está dispuesta desde la creación del PIU. Ante la eliminación del Ministerio de Culturas y la ausencia del Viceministerio de Cultura y la poca eficacia del Ministerio de Educación, ¿qué papel juegan las gobernaciones y municipios? Son responsables de demandar el cumplimiento de las normas vigentes. Lamentablemente, son contados los casos de las Secretarías, direcciones de Cultura, casas de la cultura en los nueve departamentos que han implementado planes y programas sólidos para el sector cultural, en casi el 90 por ciento de los casos estas unidades no cuentan con servidores públicos que hayan procurado planes solventes o acciones relevantes para potenciar los proyectos culturales locales y dar respuesta efectiva a la crisis que la cultura atraviesa por la pandemia.
El futuro para la cultura es bastante oscuro, no es necesario que el gobierno transitorio aparente acciones novedosas cuando existen normativa y recursos, es cuestión de implementarlos. Los problemas de la gestión pública de la cultura se deben al desconocimiento del aparato estatal en todos los niveles. En caso de que el PIU se reactivará bajo las condiciones mencionadas, ¿los funcionarios locales están preparados? No. El sector cultural debe demandar capacidad de gestión las instituciones culturales públicas deben evaluarse y ser responsables, la cultura es un bien común.
