Destinan fondos del PIU a refacciones de catedral y el sector cultural exige atención

En pasados días, la presidenta Jeanine Áñez informó que el Gobierno nacional se hará cargo de la refacción del techo de la parroquia de la Catedral de la Santísima Trinidad, por un monto de 1,4 millones de bolivianos, fondos que serán cubiertos por el Programa de Intervenciones Urbanas (PIU) del Ministerio de Planificación para el Desarrollo.

“El objetivo de este proyecto de refacción es mejorar la infraestructura del templo como Patrimonio Cultural e Histórico del departamento y para conservar su atractivo espiritual y religioso”, dijo la mandataria en una conferencia de prensa durante su visita al departamento del Beni.

Este hecho fue aplaudido pero también muy criticado. Varios artistas denunciaron que debería ser prioridad que los fondos del PIU inyecten economía a los gremios artísticos y culturales por la difícil situación que atravesaron —y continúan atravesando— debido a la pandemia que frenó toda su actividad.

El sector ha estado demandando la atención del Gobierno desde hace varios años, esto no es nuevo, pero hoy reconocen que la existencia de instituciones que desde el Estado definan y permitan gestionar políticas públicas en lo cultural está en duda. 

Carlos Bleichner, director de La Madriguera, manifiesta que priorizar la refacción del techo de la parroquia de la Catedral de Trinidad “fue una falta de respeto al sector artístico cultural, que viene trabajando tanto y tan arduamente para resistir ante todas las adversidades. Claramente para este Gobierno el arte no es prioridad”.

Dijo, además, que esa decisión “fue totalmente arbitraria y una muestra de que no toman en cuenta nuestras demandas como artistas. Al final, vemos que la carencia de apoyo a las y los artistas no es falta de presupuesto, sino de voluntad política”. 

El PIU fue creado con el objetivo de potenciar, mediante el financiamiento de proyectos concursables; las industrias culturales, la innovación social, tecnológica y deportiva en el país. En este contexto, la gestora cultural Amalia Canedo cuestiona: “¿A quiénes negamos el acceso a apoyo? y ¿a quiénes o a qué otorgamos subvenciones?”.

“Espero que la próxima gestión genere políticas serias para la cultura y, por qué no, para nosotros los que la ejercemos como oficio”, expresa.

Esta disconformidad viene arrastrándose desde 2019, cuando se presentaron varias trabas para acceder a los fondos del PIU. Varios grupos de artistas del país exigieron que se dé curso a los desembolsos de los proyectos, pero éstos fueron atendidos poco a poco hasta junio de este año.

Con el cierre del Ministerio de Culturas, la cineasta y directora del Bolivia Lab, Viviana Saavedra, refiere también al Fondo de Fomento al Cine y Arte Audiovisual Bolivianos que fue lanzada por Adecine y en el que cineastas invirtieron en la presentación de proyectos a la convocatoria. Las mismas fueron evaluadas por un jurado internacional y el resultado debía conocerse el pasado 10 de marzo, pero todo fue retrasándose y hasta el día de hoy no hay resultados.

“Es un fondo que genera economía, ya que se involucra a mucha gente en la producción de las películas. Son proyectos ya presentados y evaluados que están a la espera de resultados. Esta situación es un ejemplo de priorización donde me pregunto cuál es la medida, todo es necesario, pero ¿qué es prioridad? Entendemos que la vida está por encima de todo, entonces la vida de los artistas y sus familias deben ser consideradas una prioridad”, dice Saavedra.

“Los fondos de Adecine no pueden ser desembolsados desde hace un año y en un mes se da el dinero para refaccionar la iglesia”, denuncia el cineasta Álvaro Olmos.

Por su parte, el viceministro de Planificación Estratégica del Estado, Daniel Zorrilla, indica que el presupuesto estimado para el proyecto de refacción, que corresponde a la gestión 2020 del PIU, es de 1,5 millones de bolivianos. No obstante, este presupuesto está en ajuste, ya que se está concluyendo el proyecto a diseño final a partir de un trabajo de campo.

Indica además que el PIU “ha mantenido el objetivo y espíritu con el que fue creado, de apoyar a las áreas que se definen en la Ley 1099, entre las cuales se especifica el apoyo a programas/proyectos del área cultural”. 

“Los recursos se van priorizando conforme se reciben las solicitudes a través del proceso establecido y normado en el Decreto Supremo 4118. Vale decir que los recursos no se predestinan, sino se van asignando según se presentan al MPD - PIU, previo cumplimiento de los requisitos y en apego a la norma”, argumenta Zorrilla.

Catedral de la Santísima Trinidad

Según los antecedentes, la Asamblea Legislativa Departamental sancionó una ley que declara a la Iglesia Catedral de Trinidad como “patrimonio histórico y cultural del pueblo beniano”. El templo edificado en 1931 mantiene el estilo arquitectónico del tiempo de las misiones.

Asimismo, los edificios del palacio episcopal y la casa parroquial son declarados como patrimonio por esta norma departamental.

Según la mandataria, el proyecto que tendrá una ejecución de 45 días.