La crisis geopolítica, tecnológica, democrática, de confianza, económica y ahora sanitaria, son los seis factores que en este momento dañan la libertad de prensa.

“Entramos en una década decisiva para el periodismo, debido a las crisis simultáneas que afectan al futuro de la prensa”, señala Christophe Deloire, secretario general de Reporteros Sin Fronteras.

“La pandemia del coronavirus muestra factores negativos para el respeto del derecho a una información fiable; esta es, en sí misma, un factor multiplicador. ¿Qué será de la libertad, del pluralismo y de la credibilidad de la información de aquí al año 2030? La respuesta a esta pregunta es lo que hoy está en juego”, añade Deloire.

La cifra de periodistas que murieron en el ejercicio de la profesión cayó en 2019 a su nivel más bajo en 17 años, conforme peligrosos conflictos regionales se estabilizaron y la cifra de periodistas asesinados en represalia por su trabajo informativo fue la más baja, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por su nombre en inglés). Siria y México fueron los países con las mayores cifras.

Como mínimo, 25 periodistas murieron en el ejercicio de la profesión en 2019, la cifra más baja desde 2002, cuando 21 periodistas murieron por causa de su trabajo. Incluso más llamativo es que la cantidad de periodistas que fueron blanco selectivo de asesinato, 10 como mínimo, es la más pequeña en las estadísticas anuales del CPJ, que datan de 1992. La mitad de los casos de asesinato de periodistas de este año corresponden a México. Este año ya se registraron seis muertes de periodistas en el cumplimiento de su labor.

La edición 2020 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF muestra un deterioro generalizado de la situación de la libertad de prensa en América Latina.

Las agresiones y la estigmatización de la prensa, nutridas por la desinformación, son los factores que caracterizan a la situación en América Latina.

Una revisión de la información publicada por distintos medios de comunicación de la región muestra que las agresiones físicas a periodistas, en Latinoamérica, suelen estar acompañadas de campañas de acoso en redes sociales. Los métodos de censura digital proliferan peligrosamente y las mujeres periodistas son las principales víctimas.

Durante el 2019 los ataques a la prensa en Bolivia se incrementaron significativamente. En varias ciudades se produjeron actos de intimidación, acoso, amenazas, agresiones físicas y robo de equipos de trabajo a periodistas.

Muchos medios escritos, estaciones de radio y de televisión han sido censuradas y objeto de constantes agresiones. Desde el 20 de octubre de 2019, fecha de las elecciones presidenciales fallidas, RSF ha registrado al menos 30 casos de violaciones a la libertad de prensa.

El 9 de noviembre pasado una turba incendió una estación de transmisión del canal de televisión Unitel en El Alto. Ese mismo día, periodistas y colaboradores de los medios de comunicación estatales Bolivia TV y Radio Red Patria Nueva tuvieron que abandonar la redacción cuando manifestantes cercaron el edificio y bajo amenazas tuvieron que dejar de transmitir sus programas.

El 11 de noviembre, en La Paz, manifestantes incendiaron la casa de la periodista Casimira Lema, presentadora de un noticiero de Televisión Universitaria (TVU), uno de los peores ejemplos que muestran una libertad de prensa mermada en Bolivia.

Durante los conflictos que se desataron tras las elecciones fallidas, varios medios impresos como Los Tiempos, El Deber, Página Siete, entre otros, se vieron obligados a suspender su versión impresa por razones de seguridad, algo que se repite en este periodo por la crisis sanitaria derivada de la pandemia de la Covid-19.

Bolivia se encuentra en el lugar 113, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019, elaborada por RSF.

A esta crítica situación que pone en evidencia la dañada libertad de prensa en Bolivia, los diarios bolivianos, representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), alertan de un colapso financiero, en pocas semanas.

La ANP describe un estado de fragilidad económica generada por la asfixia financiera impuesta por el gobierno anterior, agravada por la crisis política de octubre y noviembre, y ahora como efecto de la emergencia sanitaria.

Un millar de personas trabaja en los diarios que tras la vigencia de una cuarentena suspendieron la publicación de ediciones impresas. La venta de periódicos y publicidad generan el 95 por ciento de ingresos, y sin los recursos generados por la circulación de los impresos se genera una situación de inminente quiebra de las empresas periodísticas.

La ANP envió una carta al Gobierno para solicitar una ayuda; sin embargo, no hay respuesta hasta la fecha.

En democracia, la libertad de prensa y opinión forman parte de los derechos que son la base de las libertades individuales, pero en escenarios e autoritarismo, la libertad de prensa es transformada en manipulación constante.

Lo cierto y evidente es que la libertad de prensa se encuentra hoy visiblemente intimidada en distintos rincones del planeta. Se trata de una libertad esencial ya que son la labor que cumplen los periodistas en una sociedad, la libertad de opinión tiene un alto riesgo de desaparecer.