En Colcapirhua, el área de la estación es un basural pese a que cuenta con un avance físico del 50 por ciento. Dejaron la obra el año pasado y cercaron con calaminas el sector para resguardar el material.

La situación es similar en Quillacollo, donde el avance no supera el 20 por ciento. “Estamos vendiendo nuestros equipos para pagar deudas y haciendo otros trabajos para sobrevivir, aunque a la mayoría de los obreros los despedimos porque no sabemos cuándo se va a reactivar”, dijo un empresario.

En Vinto, el área de trabajo es resguardada por la familia de Yolanda, una vecina que vive desde hace más de 30 años a escasos metros de la estación.

“Me han querido desalojar diciendo que estoy asentada de forma ilegal, pero me compré el terreno. La empresa me ofreció muchas cosas, pero no me pienso ir hasta que me hagan un documento. Tres meses he vivido sin luz, porque afectaron los postes”, contó.

Financiamiento

Las obras del tren están paralizadas y el Gobierno anunció que se requerirá de un crédito externo para retomar los trabajos por la iliquidez del Tesoro General de la Nación (TGN), que debía financiar toda la construcción. 

El último reporte del Ministerio de Economía a la Asociación Tunari da cuenta de que sólo con créditos se podrá cubrir , incluso las deudas de más de 200 millones de bolivianos a las empresas. 

Los asambleístas departamentales Mario Orellana y Lizeth Beramendi coincidieron en que la falta de liquidez para garantizar la continuidad de los trabajos se debe también a presuntas irregularidades en la contratación de la ATT, conformada por la empresa española JOCA y la suizo-alemana Molinari, debido a que existían denuncias de que no tenían solvencia ni experiencia en trenes.

Cuestionan demora en resultado de auditoría

El asambleísta departamental Mario Orellana señaló que el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, no logró transparentar la contratación del tren y aún no presenta los resultados de la auditoría.

“La contratación del tren fue al margen de las normas, ha respondido a un negociado entre gente del MAS y supuestos representantes de empresas. Eso se pudo evidenciar en la información que existe sobre los capitales con los que se constituyó Joca con 15 mil dólares y Molinari con 10 mil dólares, los montos no son garantía para un proyecto de esta magnitud”, afirmó.

En 2015, los representantes de Joca indicaron que tenía solvencia económica, pero esta situación quedó en duda ante la falta de fondos para pagar la planilla 26.

Orellana dijo que existen documentos de que la asociación no contaba con respaldo económico para ejecutar una obra de más de 3 millones de bolivianos.

“Ellos han administrado el proyecto subcontratando empresas. El proyecto es una caja de Pandora que no se ha esclarecido”, declaró Orellana.

Por su parte, la diputada Claudia Mallón lamentó que una las autoridades del Gobierno de turno politice la conclusión de la obra del tren.