Detalló que los últimos casos que llamaron la atención fueron los de acoso contra la presidenta del Consejo Municipal de San Pedro de Carahuara, en La Paz, y contra la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Beni. 

Las principales causas del acoso político contra mujeres son para evitar las fiscalizaciones y para que las titulares renuncien en favor de sus suplentes, generalmente varones.

Por ello, Chuquimia señaló que los municipios, concejos y asambleas regionales deberían contar con un código de ética y un protocolo que proteja a las mujeres de los distintos tipos de violencia.

Para la directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, hubo avances importantes con la paridad y alternancia en los últimos años, pero el hecho de que las mujeres ahora disputen espacios de poder ha generado resistencias, algunas veces violentas, de los varones, partidos y de la misma sociedad. 

“Lamentablemente en casi 10 años de la implementación de la ley solo existe una sentencia por violencia y acoso político y esto nos lleva a reflexionar. Tenemos un avance normativo muy importante, pero existen otras limitaciones al interior de las instancias responsables de precautelar los derechos de las mujeres”, dijo Tania Sánchez.

 Los datos del TSE indican que en 2021 se reportaron 185 casos, de los que 155 fueron por renuncia de autoridades electas y 30 por denuncias de acoso político. 

Sánchez dijo que la mayor parte de casos son renuncias que, se presume, también son por presiones políticas y acoso, pero no llegan a denuncia formal. Y los casos que sí llegan a ser denunciados, se estancan.

Según el protocolo del TSE, hay dos vías para hacer la denuncia: la administrativa o disciplinaria en la Asamblea/Concejo Municipal y la penal (Ministerio Público). Las sanciones administrativas van de la amonestación a la suspensión temporal y las condenas hasta ocho años de cárcel.

La vocal Chuquimia djo que el TSE hace seguimiento a los casos, pero que la falta de fiscales y juzgados especializados, la carga procesal y las presiones de los acusados obstaculizan el avance de la mayor parte de las denuncias.

Señaló que se perfila un proyecto de ley corta para obligar a las entidades subnacionales a que tengan una instancia, un código de ética o un protocolo para abordar estos casos y que no se queden en la impunidad.

Tanto Chuquimia como Sánchez coincidieron en que hay importantes avances en la protección de los derechos políticos de las mujeres, pero que también hay varias tareas pendientes.

El caso Juana Quispe Apaza

Juana Quispe Apaza fue una concejala del municipio de Ancoraimes del departamento de La Paz, que denunció acoso y violencia por parte de autoridades y concejales.

Ella fue impedida de ejercer su cargo por más de un año. Luego ganó un recurso y lo recuperó, pero pocos días después fue asesinada. Ocurrió el 12 de marzo de 2012. La concejala recibió amenazas de parte del alcalde y concejales a los que ella fiscalizaba. El caso aceleró la aprobación de la Ley contra el Acoso y la Violencia Política.

TSE realiza encuentros y alista cumbre nacional

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realiza encuentros departamentales contra el acoso y la violencia política que concluirán con una cumbre nacional, que servirá para sentar las bases y consolidar un plan de acción para el tratamiento, seguimiento y  monitoreo de los casos que llegan al Órgano Electoral. El evento cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La vocal Dina Chuquimia explicó que este plan de acción servirá para garantizar los derechos políticos de las mujeres que fueron elegidas por el soberano en las elecciones nacionales y en las subnacionales. 

Dijo que en cada encuentro se conforma una delegación de tres a cuatro personas para que asista a la cumbre nacional, que se desarrollará en La Paz a fines de este mes, donde se plasmarán todas las propuestas y reflexiones de los nueve departamentos.

Conforman comités departamentales

En el marco de los encuentros contra el acoso y la violencia política, en cada región se conformaron comités departamentales que servirán para socializar la normativa, recibir denuncias y hacer seguimiento de los casos de acoso y violencia política contra las mujeres.