Actos fallidos

El término acto fallido  puede entenderse ordinariamente como una acción que no consigue su propósito o, siguiendo la influencia psicoanalítica en nuestro hablar cotidiano, como “acciones defectuosas debido a la interferencia de algún deseo, conflicto o cadena de pensamientos inconscientes”. Al seguir la pista a la expresión, Justo Fernández L. recuerda que “Freud acuñó el término de  fehlleistung  (acto fallido en español) para designar a errores que cometemos debido a la fuerza de procesos mentales inconscientes. Los actos fallidos pueden ser lapsus de la lengua o de la pluma, o  ‘meteduras de pata’ motivadas por algún deseo o pensamiento inconsciente no controlado”.

Buena parte de las acciones asumidas por el Ejecutivo en las últimas dos semanas caben perfectamente en la categorización de actos fallidos, ya sea que se tome la acepción ordinaria o la psicológica de la expresión. No hay mejor ejemplo para los primeros que la expectativa presidencial de que los abogados dejen de ejercer la defensa simplemente porque se ignora o se desea la abolición de este derecho; acto fallido porque el solo deseo no cambia las cosas, como la ley transnacional contra la coca aprobada por Estados Unidos, en vana reafirmación de un control que perdieron hace mucho, que no hará desaparecer el arbusto, ni a los que lo cultivan.

En la línea de las acciones inútiles para cambiar su deterioro y la pérdida de credibilidad, y confianza están el encarcelamiento de abogados bajo injustificables cargos; la sentencia contra un senador opositor por una libreta militar; forzar la fuga del director del periódico Sol de Pando; la cruzada contra las redes sociales virtuales; la amenaza de revisar la Ley de Imprenta y la olimpiada verbal del principal ministro del gabinete  tratando de convertir su interpelación en contraofensiva.

El miedo funciona y la salida de escena de algunos periodistas lo comprueba, pero el espanto que sienten ellos --igual que cualquier otra persona-- ante la posibilidad de que se nos coloque en manos del aparato judicial boliviano no consigue ni conseguirá resultados en la escala, ni con la calidad que esperan los hombres del régimen.

Su expectativa es que el escarmiento cierre las bocas, clausure la generación de denuncias y, principalmente, haga desaparecer la arraigada percepción colectiva de que la corrupción está metida en demasiados espacios de la actividad estatal y la noción de que el temor a la rendición de cuentas es hoy el principal lazo que une a la dirigencia oficial.

Tales desvelos son tan inútiles, como los que despliegan el jefe de Estado y su Vice para minimizar lo que pasó en el Fondo Campesino, repitiendo que los desfalcos apenas superarían “unos dos millones”; o que el Ministro de la Presidencia trate de hacer creer que las crisis de varios Gobiernos sudamericanos son principal o exclusivamente producto de conspiraciones y no de contradicciones, y problemas reales.

Todos esos actos fallidos, igual que el intento de sugestionar a un país para que crea que la evaporación de un niño probaría que los negocios estatales son irreprochables; que votamos NO por engaños y que, “aclaradas” las cosas y con algunos arrestados, sentenciados, fugados, escondidos, “recuperaremos el sentido común de la época”.

La sucesión de actos fallidos está lejos de acabar, como muestra la preparación de una inminente falsa reforma judicial. Pero el mayor de todos apenas acaba de ser anunciado en la forma de la amenaza de llevar adelante un nuevo referendo, o cualquier otra maniobra, que consiga hacer desaparecer su derrota del 21 de febrero, abriendo paso a una o a todas las reelecciones que necesiten para borrar huellas y garantizar la impunidad.

El intento de perforar la Constitución, como lo pide uno de sus alcaldes, será el más fallido de todos, porque sin necesidad de otra conspiración, que no sea la de la multiplicación de actos corruptos y de abuso en que incurren, sumarían y multiplicarían el rechazo que vienen cosechando. Por ello, no es bueno que su amenaza siga siendo recibida con muecas y discursos de espanto y, que más bien, sin dejar de resistir cualquier ilegalidad que se trate de consumar, sea bienvenida como la iniciativa que terminará por desmontar el aparato de falsificación que han construido.

El autor es investigador y director del Instituto Alternativo.