<p class="rtejustify"> El asambleísta departamental Mario Orellana denunció un presunto uso indebido de influencias en la emisión del permiso para la construcción de una nueva terminal en Albarrancho a un empresario, a pesar de la existencia de un informe de la Dirección de la Madre Tierra de la Gobernación en 2017 que indica que el sitio no es apto.</p> <p class="rtejustify"> La principal observación que hizo Orellana es que para la construcción de la nueva terminal en Albarrancho, al lado de la planta de tratamiento de aguas residuales, se otorgó un certificado de dispensación categoría III; cuando para proyectos de impacto se requiere una licencia ambiental categoría I o II.</p> <p class="rtejustify"> “Estamos frente a un evidente tráfico de influencias. Se le ha dado una certificación en total contradicción con los informes técnicos que la Secretaría emitió en gestiones anteriores”, dijo.</p> <p class="rtejustify"> La documentación que expuso el asambleísta señala que el terreno sugerido en Albarrancho no es apropiado para la construcción de la terminal por su cercanía a la planta de tratamiento de aguas residuales y el río Tamborada , pues generan vectores y olores que pueden atentar a la salud pública.</p> <p class="rtejustify"> El informe fue emitido el 31 de mayo de 2017 por los técnicos de la Unidad de Gestión y Control Ambiental de la Gobernación de Cochabamba.</p> <p class="rtejustify"> Aclara que, si se prosigue con la construcción, se debe considerar una ficha ambiental categoría I o II y se debe efectuar una consulta pública para considerar las observaciones, sugerencias y recomendaciones de la población.</p> <p class="rtejustify"> En mayo se conoció que la Gobernación emitió un Certificado de Dispensación Categoría III No. 030101-06/DRNMA-FNCA-No. 0137, el 27 de noviembre de 2018 con las firmas del gobernador, Iván Canelas; el secretario de la Madre Tierra, Gonzalo Muñoz, y el director de Recursos Naturales, Elmer Ortuño.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>CIFRAS PARA EL NUEVO PROYECTO</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La inversión requerida para construir la nueva terminal de buses para Cochabamba, según la documentación que expuso ayer el asambleísta Mario Orellana, es de 10 millones de bolivianos. Sin embargo, el empresario y actual administrador de la estación en la avenida Ayacucho, Jaime Veizaga, informó que se necesitan 170 millones de bolivianos.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> En tanto, instancias de la Gobernación indicaron que se requieren 30 millones de dólares y que por eso se necesita la participación de inversionistas de los sectores público y privado. Para la construcción se presentaron dos propuestas: una al lado de la planta de tratamiento de aguas de Albarrancho y otra en la ex Zona Franca.</p>

<p class="rtejustify"> El asambleísta departamental Mario Orellana denunció un presunto uso indebido de influencias en la emisión del permiso para la construcción de una nueva terminal en Albarrancho a un empresario, a pesar de la existencia de un informe de la Dirección de la Madre Tierra de la Gobernación en 2017 que indica que el sitio no es apto.</p> <p class="rtejustify"> La principal observación que hizo Orellana es que para la construcción de la nueva terminal en Albarrancho, al lado de la planta de tratamiento de aguas residuales, se otorgó un certificado de dispensación categoría III; cuando para proyectos de impacto se requiere una licencia ambiental categoría I o II.</p> <p class="rtejustify"> “Estamos frente a un evidente tráfico de influencias. Se le ha dado una certificación en total contradicción con los informes técnicos que la Secretaría emitió en gestiones anteriores”, dijo.</p> <p class="rtejustify"> La documentación que expuso el asambleísta señala que el terreno sugerido en Albarrancho no es apropiado para la construcción de la terminal por su cercanía a la planta de tratamiento de aguas residuales y el río Tamborada , pues generan vectores y olores que pueden atentar a la salud pública.</p> <p class="rtejustify"> El informe fue emitido el 31 de mayo de 2017 por los técnicos de la Unidad de Gestión y Control Ambiental de la Gobernación de Cochabamba.</p> <p class="rtejustify"> Aclara que, si se prosigue con la construcción, se debe considerar una ficha ambiental categoría I o II y se debe efectuar una consulta pública para considerar las observaciones, sugerencias y recomendaciones de la población.</p> <p class="rtejustify"> En mayo se conoció que la Gobernación emitió un Certificado de Dispensación Categoría III No. 030101-06/DRNMA-FNCA-No. 0137, el 27 de noviembre de 2018 con las firmas del gobernador, Iván Canelas; el secretario de la Madre Tierra, Gonzalo Muñoz, y el director de Recursos Naturales, Elmer Ortuño.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>CIFRAS PARA EL NUEVO PROYECTO</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La inversión requerida para construir la nueva terminal de buses para Cochabamba, según la documentación que expuso ayer el asambleísta Mario Orellana, es de 10 millones de bolivianos. Sin embargo, el empresario y actual administrador de la estación en la avenida Ayacucho, Jaime Veizaga, informó que se necesitan 170 millones de bolivianos.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> En tanto, instancias de la Gobernación indicaron que se requieren 30 millones de dólares y que por eso se necesita la participación de inversionistas de los sectores público y privado. Para la construcción se presentaron dos propuestas: una al lado de la planta de tratamiento de aguas de Albarrancho y otra en la ex Zona Franca.</p>

El asambleísta departamental Mario Orellana denunció un presunto uso indebido de influencias en la emisión del permiso para la construcción de una nueva terminal en Albarrancho a un empresario

El asambleísta departamental Mario Orellana denunció un presunto uso indebido de influencias en la emisión del permiso para la construcción de una nueva terminal en Albarrancho a un empresario

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