Elecciones judiciales 2023, la oportunidad de enmendar un error histórico

En julio de 2022, ya empezó la planificación de la tercera “Elección de Altas Autoridades Judiciales del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional” previstas para 2023. La elección viene precedida por la preocupante característica de las dos anteriores elecciones, de 2011 y 2017, en las cuales la suma de votos blancos y nulos fue superior a la totalidad de los votos válidos. Además de una alta politización y control político de parte del partido oficialista para incidir en la lista final de candidatos habilitados para el proceso eleccionario.

Por otra parte, la Cumbre Nacional de Justicia Plural, que convocó a la población a aportar “propuestas para construir un nuevo modelo de justicia”, tuvo como conclusiones fortalecer el proceso de preselección de las altas autoridades judiciales, así como el reglamento de preselección y la información ciudadana para el proceso. Sin embargo, hasta la fecha estos elementos no han sido abordados y trabajados por ninguno de los órganos del Estado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en distintas oportunidades, ha señalado cómo la continuidad de las problemáticas que históricamente han obstaculizado el acceso a la justicia a todas y todos los bolivianos no han sido solucionadas. Para todos y todas, es claro que en el país la justicia está en una crisis sin precedentes y lo que hicieron los procesos eleccionarios de 2011 y 2017 fue lapidar aun más la misma, ya que en su totalidad las altas autoridades del órgano judicial no cuentan con las capacidades y competencias suficientes para administrar ética y profesionalmente la justicia en el país, lo que repercute en la plena independencia de los poderes públicos y, particularmente, en la garantía de imparcialidad del poder judicial, el acceso a la justicia, la exigibilidad de los derechos reconocidos constitucional e internacionalmente y el estricto cumplimiento del debido proceso sin discriminación alguna.

La falta de un órgano judicial imparcial y profesionalmente capacitado es un peligro no sólo en el hecho de la politización de la justicia, sino fundamentalmente en el orden social y el respeto por la igualdad y los derechos humanos y al no tener personas idóneas como altas autoridades judiciales hay una grave situación de impunidad y violaciones a los derechos humanos, ya que no se cumple con los estándares mínimos para administrar la justicia en el país.

Es necesario que las universidades y la sociedad vean la importancia de este proceso eleccionario, ya que el 2023 puede ser una oportunidad histórica para enmendar un error terrible, como el de la elección de autoridades judiciales. Con todo ello, el tema de la justicia es un problema estructural del Estado y la sociedad boliviana, y sigue siendo un campo de difícil entendimiento para el grueso de la población, por lo que urge generar espacios de debate y formación imparcial para incidir positivamente en el proceso y su entendimiento. Es nuestro más alto deber como ciudadanos.