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La Corte-IDH halla responsable al Estado por un caso de revictimización
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<p class="rtejustify"> La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) halló al Estado de Bolivia responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales, la vida privada y familiar, la igualdad ante la ley, la protección judicial y los derechos de la niñez en perjuicio de Brisa de Angulo Losada, cuando era adolescente, entre 2001 y 2002.</p> <p class="rtejustify"> La víctima buscó justicia por más de 20 años y ayer la Corte-IDH notificó el fallo del caso.</p> <p class="rtejustify"> El fallo de la Corte-IDH se dio, según un reporte de esa institución, como resultado de cuatro elementos: el incumplimiento del deber de debida diligencia reforzada y de protección especial para investigar la violencia sexual sufrida por Brisa; la ausencia de perspectiva de género y niñez en la conducción del proceso penal y la práctica de actos revictimizantes durante el mismo; la aplicación de una legislación penal incompatible con la Convención Americana, así como la violencia institucional y la discriminación en el acceso a la justicia basada en motivos de género y niñez sufridas por la víctima, y la vulneración de la garantía del plazo razonable.</p> <p class="rtejustify"> Según el relato del caso, Brisa vivía con su familia en la ciudad de Cochabamba desde 1990. En 2001, cuando tenía 16 años, su primo E. G. A., de 26 años, vivió con su familia para terminar sus estudios. Brisa declaró que, en diversas ocasiones durante ocho meses, entre octubre de 2001 y mayo de 2002, sufrió actos de violencia sexual, incluidos abusos sexuales y violación, por parte de su primo.</p> <p class="rtejustify"> Luego de enterarse de esa situación, el padre de la víctima lo denunció ante la Defensa de Niñas y Niños Internacional en Cochabamba, el 15 de julio de 2002. Nueve días después una psicóloga que atendió a Brisa concluyó que ella era una “menor seducida por un hombre adulto con el propósito de explotarla sexualmente”.</p> <p class="rtejustify"> El primer juicio oral, en el que se condenó por el delito de estupro agravado a E. G. A a siete años de reclusión, fue anulado y se ordenó la reposición del juicio por otro tribunal.</p> <p class="rtejustify"> El delito de estupro en el Código Penal de Bolivia establece en su artículo 309 los siguiente: “Quien, mediante seducción o engaño, tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo, mayor de catorce (14) años y menor de dieciocho (18), será sancionado con privación de libertad de dos (2) a seis (6) años”. En el artículo 310 establece 7 agravantes sancionadas con otros cinco años de prisión, entre ellas que el autor sea pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad.</p> <p class="rtejustify"> En el segundo juicio, en septiembre de 2005, el Tribunal de Sentencia No. 2 de Cochabamba determinó por unanimidad la absolución de E. G. A, señala el reporte de la Corte-IDH.</p> <p class="rtejustify"> Según la Corte-IDH, el 10 de mayo de 2007, se anuló la referida sentencia y se dispuso el reenvío de la causa para la realización de un nuevo juicio por otro tribunal.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rtejustify"> <strong>El Gobierno acatará el fallo de Corte-IDH</strong></p> <p class="rtejustify"> La Procuraduría General del Estado anunció que dará cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto a la violación de los derechos humanos de una víctima de violencia sexual que sufrió la revictimización en el proceso judicial respectivo. “El Estado boliviano es respetuoso, además que este tribunal valoró de forma positiva las diferentes leyes que implementa Bolivia en contra la violencia”, dice en el comunicado.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rtejustify"> <strong>Era necesaria una perspectiva de género</strong></p> <p class="rtejustify"> La Corte-IDH estableció que el caso de Brisa trata sobre la violencia sexual cometida contra una niña de 16 años, por lo que era necesario que fuera abordado desde “una perspectiva de la interseccionalidad entre género y niñez”.</p> <p class="rtejustify"> El tribunal que conoció este caso consideró que Brisa tuvo una experiencia traumática durante el primer examen ginecológico forense. Este se realizó de manera incompatible con los requerimientos de una debida diligencia estricta y la expuso a una situación de revictimización.</p> <p class="rtejustify"> Además, la Corte-IDH, según el reporte oficial, señaló que la duración del proceso penal, por cerca de 20 años, sin que a la fecha exista una sentencia firme, configuró una violación del plazo razonable de la investigación y juzgamiento relacionado con la violencia sexual en cuestión.</p> <p class="rtejustify"> Entre otras consideraciones, el tribunal indicó que el tipo penal de estupro, tal como está previsto en la legislación de Bolivia, resulta incompatible con la Convención Americana.</p>
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Corte IDH declara al Estado boliviano responsable de revictimización en caso sobre violencia sexual
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<p class="rtejustify"> La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encontró al Estado de Bolivia responsable internacionalmente por la violación de los derechos humanos de una víctima de violencia sexual que ha sufrido la revictimización en el proceso judicial respectivo.</p> <p class="rtejustify"> La decisión se conoció mediante una sentencia del organismo que fue notificada este jueves.</p> <p class="rtejustify"> Este caso se constituye en uno paradigmático respecto a los derechos humanos de Bolivia, porque marca los estándares con que se deben tratar los casos de violación y evitar la revictimización.</p> <p class="rtejustify"> En este caso, la víctima es una mujer que, cuando tenía 16 años de edad en Cochabamba, sufrió violencia sexual de parte de su primo de 26 año de edad, entre 2001 y 2002.</p> <p class="rtejustify"> En un primer juicio, se condenó al autor por el delito de estupro, pero esa sentencia fue anulada y se dispuso otro juicio en el que el acusado no se presentó, dado que se encontraba en Colombia. En 2002 fue capturado en ese país para su extradición, pero lo dejaron en libertad porque el delito prescribió según la norma colombiana.</p> <p class="rtejustify"> La Corte consideró que en este caso la víctima tuvo una experiencia traumática durante el primer examen ginecológico forense, lo cual se realizó de manera incompatible con los requerimientos de una debida diligencia estricta.</p> <p class="rtejustify"> Adicionalmente, consideró que no fue justificada la necesidad de realizar el segundo examen ginecológico forense, en 2008, pues no constituía una prueba útil.</p> <p class="rtejustify"> El Tribunal también señaló que la joven se vio obligada a relatar en distintas ocasiones los hechos relacionados con la violencia sexual de que fue víctima.</p> <p class="rtejustify"> Además, la Corte consideró que la duración del proceso penal -por casi 20 años- sin que a la fecha exista una sentencia firme, configuró una violación del plazo razonable de la investigación y juzgamiento relacionado con la violencia sexual en cuestión.</p> <p class="rtejustify"> Adicionalmente, el Tribunal coincidió con la posición de los distintos organismos internacionales al considerar que las disposiciones normativas penales relacionadas con la violencia sexual deben contener la figura del consentimiento como su eje central, es decir, para que se perpetre una violación, no se debe exigir la prueba de amenaza, uso de la fuerza o violencia física, bastando para ello que se demuestre, mediante cualquier medio probatorio idóneo, que la víctima no consintió el acto sexual.</p> <p class="rtejustify"> En cuanto al caso concreto, la Corte reiteró que no se puede hacer referencia al consentimiento de la víctima para sostener relaciones sexuales cuando el agresor ostenta una figura de autoridad sobre la víctima, debido a que se genera una desigualdad de poder que se agrava con la diferencia de edades entre la víctima y el victimario. Y, así, consideró que la aplicación de la normativa penal boliviana y su interpretación por parte de los tribunales internos resultaron en la denegación de justicia a una niña víctima de violencia sexual.</p> <p class="rtejustify"> Igualmente, el Tribunal consideró que el tipo penal de estupro, tal como previsto en la legislación de Bolivia, resulta incompatible con la Convención Americana.</p> <p class="rtejustify"> En consecuencia, la Corte concluyó que Bolivia incumplió su obligación de garantizar, sin discriminación por motivos de género, así como por la condición de persona en desarrollo de la víctima, el derecho de acceso a la justicia.</p> <p class="rtejustify"> Adicionalmente, el Tribunal consideró que el Estado se convirtió en un segundo agresor, al cometer distintos actos revictimizantes que constituyeron violencia institucional y deben calificarse, teniendo en cuenta la entidad del sufrimiento provocado, como un trato cruel, inhumano y degradante.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Medidas de reparación</strong></p> <p class="rtejustify"> La Corte determinó medidas de reparación por este caso, entre las cuales están:</p> <p class="rtejustify"> Que el Estado mantenga abierto el proceso penal seguido contra el imputado por este caso e impulse la investigación del caso si hubiere cualquier cambio de circunstancia que lo permita.</p> <p class="rtejustify"> Que adopte todas las medidas necesarias para determinar las eventuales responsabilidades de los y las funcionarias que contribuyeron con su actuación a la comisión de actos de revictimización y eventuales irregularidades procesales.</p> <p class="rtejustify"> Que realice las publicaciones de la Sentencia y del resumen oficial, tal como indicadas.</p> <p class="rtejustify"> Que realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.</p> <p class="rtejustify"> Que adecúe su ordenamiento jurídico interno de tal manera que la falta de consentimiento sea central y constitutiva del delito de violación.</p> <p class="rtejustify"> Que adecúe sus protocolos o adopte protocolos nuevos, implemente, supervise y fiscalice un protocolo de investigación y actuación durante el proceso penal para casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, un protocolo sobre abordaje integral y evaluación médico legal para casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y un protocolo de atención integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.</p> <p class="rtejustify"> Que implemente una campaña de concientización y sensibilización, dirigida a la población de Bolivia en general, orientada a enfrentar los esquemas socioculturales que normalizan o trivializan el incesto.</p>
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<p class="rtejustify"> La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encontró al Estado de Bolivia responsable internacionalmente por la violación de los derechos humanos de una víctima de violencia sexual que ha sufrido la revictimización en el proceso judicial respectivo.</p> <p class="rtejustify"> La decisión se conoció mediante una sentencia del organismo que fue notificada este jueves.</p> <p class="rtejustify"> Este caso se constituye en uno paradigmático respecto a los derechos humanos de Bolivia, porque marca los estándares con que se deben tratar los casos de violación y evitar la revictimización.</p> <p class="rtejustify"> En este caso, la víctima es una mujer que, cuando tenía 16 años de edad en Cochabamba, sufrió violencia sexual de parte de su primo de 26 año de edad, entre 2001 y 2002.</p> <p class="rtejustify"> En un primer juicio, se condenó al autor por el delito de estupro, pero esa sentencia fue anulada y se dispuso otro juicio en el que el acusado no se presentó, dado que se encontraba en Colombia. En 2002 fue capturado en ese país para su extradición, pero lo dejaron en libertad porque el delito prescribió según la norma colombiana.</p> <p class="rtejustify"> La Corte consideró que en este caso la víctima tuvo una experiencia traumática durante el primer examen ginecológico forense, lo cual se realizó de manera incompatible con los requerimientos de una debida diligencia estricta.</p> <p class="rtejustify"> Adicionalmente, consideró que no fue justificada la necesidad de realizar el segundo examen ginecológico forense, en 2008, pues no constituía una prueba útil.</p> <p class="rtejustify"> El Tribunal también señaló que la joven se vio obligada a relatar en distintas ocasiones los hechos relacionados con la violencia sexual de que fue víctima.</p> <p class="rtejustify"> Además, la Corte consideró que la duración del proceso penal -por casi 20 años- sin que a la fecha exista una sentencia firme, configuró una violación del plazo razonable de la investigación y juzgamiento relacionado con la violencia sexual en cuestión.</p> <p class="rtejustify"> Adicionalmente, el Tribunal coincidió con la posición de los distintos organismos internacionales al considerar que las disposiciones normativas penales relacionadas con la violencia sexual deben contener la figura del consentimiento como su eje central, es decir, para que se perpetre una violación, no se debe exigir la prueba de amenaza, uso de la fuerza o violencia física, bastando para ello que se demuestre, mediante cualquier medio probatorio idóneo, que la víctima no consintió el acto sexual.</p> <p class="rtejustify"> En cuanto al caso concreto, la Corte reiteró que no se puede hacer referencia al consentimiento de la víctima para sostener relaciones sexuales cuando el agresor ostenta una figura de autoridad sobre la víctima, debido a que se genera una desigualdad de poder que se agrava con la diferencia de edades entre la víctima y el victimario. Y, así, consideró que la aplicación de la normativa penal boliviana y su interpretación por parte de los tribunales internos resultaron en la denegación de justicia a una niña víctima de violencia sexual.</p> <p class="rtejustify"> Igualmente, el Tribunal consideró que el tipo penal de estupro, tal como previsto en la legislación de Bolivia, resulta incompatible con la Convención Americana.</p> <p class="rtejustify"> En consecuencia, la Corte concluyó que Bolivia incumplió su obligación de garantizar, sin discriminación por motivos de género, así como por la condición de persona en desarrollo de la víctima, el derecho de acceso a la justicia.</p> <p class="rtejustify"> Adicionalmente, el Tribunal consideró que el Estado se convirtió en un segundo agresor, al cometer distintos actos revictimizantes que constituyeron violencia institucional y deben calificarse, teniendo en cuenta la entidad del sufrimiento provocado, como un trato cruel, inhumano y degradante.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Medidas de reparación</strong></p> <p class="rtejustify"> La Corte determinó medidas de reparación por este caso, entre las cuales están:</p> <p class="rtejustify"> Que el Estado mantenga abierto el proceso penal seguido contra el imputado por este caso e impulse la investigación del caso si hubiere cualquier cambio de circunstancia que lo permita.</p> <p class="rtejustify"> Que adopte todas las medidas necesarias para determinar las eventuales responsabilidades de los y las funcionarias que contribuyeron con su actuación a la comisión de actos de revictimización y eventuales irregularidades procesales.</p> <p class="rtejustify"> Que realice las publicaciones de la Sentencia y del resumen oficial, tal como indicadas.</p> <p class="rtejustify"> Que realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.</p> <p class="rtejustify"> Que adecúe su ordenamiento jurídico interno de tal manera que la falta de consentimiento sea central y constitutiva del delito de violación.</p> <p class="rtejustify"> Que adecúe sus protocolos o adopte protocolos nuevos, implemente, supervise y fiscalice un protocolo de investigación y actuación durante el proceso penal para casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, un protocolo sobre abordaje integral y evaluación médico legal para casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y un protocolo de atención integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.</p> <p class="rtejustify"> Que implemente una campaña de concientización y sensibilización, dirigida a la población de Bolivia en general, orientada a enfrentar los esquemas socioculturales que normalizan o trivializan el incesto.</p>
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<p class="rtejustify"> La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) halló al Estado de Bolivia responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales, la vida privada y familiar, la igualdad ante la ley, la protección judicial y los derechos de la niñez en perjuicio de Brisa de Angulo Losada, cuando era adolescente, entre 2001 y 2002.</p> <p class="rtejustify"> La víctima buscó justicia por más de 20 años y ayer la Corte-IDH notificó el fallo del caso.</p> <p class="rtejustify"> El fallo de la Corte-IDH se dio, según un reporte de esa institución, como resultado de cuatro elementos: el incumplimiento del deber de debida diligencia reforzada y de protección especial para investigar la violencia sexual sufrida por Brisa; la ausencia de perspectiva de género y niñez en la conducción del proceso penal y la práctica de actos revictimizantes durante el mismo; la aplicación de una legislación penal incompatible con la Convención Americana, así como la violencia institucional y la discriminación en el acceso a la justicia basada en motivos de género y niñez sufridas por la víctima, y la vulneración de la garantía del plazo razonable.</p> <p class="rtejustify"> Según el relato del caso, Brisa vivía con su familia en la ciudad de Cochabamba desde 1990. En 2001, cuando tenía 16 años, su primo E. G. A., de 26 años, vivió con su familia para terminar sus estudios. Brisa declaró que, en diversas ocasiones durante ocho meses, entre octubre de 2001 y mayo de 2002, sufrió actos de violencia sexual, incluidos abusos sexuales y violación, por parte de su primo.</p> <p class="rtejustify"> Luego de enterarse de esa situación, el padre de la víctima lo denunció ante la Defensa de Niñas y Niños Internacional en Cochabamba, el 15 de julio de 2002. Nueve días después una psicóloga que atendió a Brisa concluyó que ella era una “menor seducida por un hombre adulto con el propósito de explotarla sexualmente”.</p> <p class="rtejustify"> El primer juicio oral, en el que se condenó por el delito de estupro agravado a E. G. A a siete años de reclusión, fue anulado y se ordenó la reposición del juicio por otro tribunal.</p> <p class="rtejustify"> El delito de estupro en el Código Penal de Bolivia establece en su artículo 309 los siguiente: “Quien, mediante seducción o engaño, tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo, mayor de catorce (14) años y menor de dieciocho (18), será sancionado con privación de libertad de dos (2) a seis (6) años”. En el artículo 310 establece 7 agravantes sancionadas con otros cinco años de prisión, entre ellas que el autor sea pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad.</p> <p class="rtejustify"> En el segundo juicio, en septiembre de 2005, el Tribunal de Sentencia No. 2 de Cochabamba determinó por unanimidad la absolución de E. G. A, señala el reporte de la Corte-IDH.</p> <p class="rtejustify"> Según la Corte-IDH, el 10 de mayo de 2007, se anuló la referida sentencia y se dispuso el reenvío de la causa para la realización de un nuevo juicio por otro tribunal.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rtejustify"> <strong>El Gobierno acatará el fallo de Corte-IDH</strong></p> <p class="rtejustify"> La Procuraduría General del Estado anunció que dará cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto a la violación de los derechos humanos de una víctima de violencia sexual que sufrió la revictimización en el proceso judicial respectivo. “El Estado boliviano es respetuoso, además que este tribunal valoró de forma positiva las diferentes leyes que implementa Bolivia en contra la violencia”, dice en el comunicado.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rtejustify"> <strong>Era necesaria una perspectiva de género</strong></p> <p class="rtejustify"> La Corte-IDH estableció que el caso de Brisa trata sobre la violencia sexual cometida contra una niña de 16 años, por lo que era necesario que fuera abordado desde “una perspectiva de la interseccionalidad entre género y niñez”.</p> <p class="rtejustify"> El tribunal que conoció este caso consideró que Brisa tuvo una experiencia traumática durante el primer examen ginecológico forense. Este se realizó de manera incompatible con los requerimientos de una debida diligencia estricta y la expuso a una situación de revictimización.</p> <p class="rtejustify"> Además, la Corte-IDH, según el reporte oficial, señaló que la duración del proceso penal, por cerca de 20 años, sin que a la fecha exista una sentencia firme, configuró una violación del plazo razonable de la investigación y juzgamiento relacionado con la violencia sexual en cuestión.</p> <p class="rtejustify"> Entre otras consideraciones, el tribunal indicó que el tipo penal de estupro, tal como está previsto en la legislación de Bolivia, resulta incompatible con la Convención Americana.</p>
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