<p class="rtejustify"> La reciente exigencia impuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la realización del referendo para iniciar la reforma judicial permite pensar en una acción concertada dirigida a evitar esa consulta popular, lo que no desanima a sus impulsores. Esta tenacidad tendría que motivar un apoyo mayor e inmediato de la ciudadanía.</p> <p class="rtejustify"> En julio de 2022, un grupo de juristas independientes inició el proceso para llevar a cabo un referendo cuyo propósito es modifica parcialmente la Constitución Política del Estados con el fin de reformar la justicia en cuatro aspectos puntuales.</p> <p class="rtejustify"> El primero de ellos apunta a cambiar el procedimiento de selección de los candidatos para las elecciones judiciales, de modo que se elimine la injerencia político-partidaria en ese trámite y se garantice la independencia de la justicia.</p> <p class="rtejustify"> Ese propósito apunta a que las próximas elecciones de altos magistrados, prevista para octubre de este año, se realice en distintas condiciones que las dos anteriores cuando los votos nulos y blancos fueron más del 50% de los emitidos, evidencia clara del rechazo ciudadano a la injerencia del oficialismo en la designación de candidatos.</p> <p class="rtejustify"> Los trámites para realizar el referendo de iniciativa popular —procedimiento previsto por la Carta Magna, en su artículo 411— comenzaron en julio de 2022 y el TSE demoró tres meses en analizar y aprobar las cuatro preguntas de la consulta propuesta.</p> <p class="rtejustify"> Luego surgieron otras condiciones que fueron impugnadas por los juristas independientes, hasta que se inició la recolección de las firmas necesarias, 1,5 millones, casi al mismo tiempo que el oficialismo y el TSE arrancaban con los preparativos para las elecciones judiciales, en un afán acompañado de declaraciones dirigidas a desahuciar la realización del referendo.</p> <p class="rtejustify"> La última exigencia que lo dificulta es, ahora, “la exigencia de trascribir todas las partidas registradas en los 17.000 libros a un sistema informático”, sin modificar el plazo de entrega de los registros de firmas, que vence el 23 de abril.</p> <p class="rtejustify"> Esa tarea impuesta por el TSE demanda un elevado costo, 4,5 millones de bolivianos, y un esfuerzo extraordinario en términos de horas de trabajo y de personal, tanto que parece tener el propósito de llevar al fracaso la iniciativa del referendo. O demorar sus efectos de manera que no se apliquen en las elecciones judiciales de octubre.</p> <p class="rtejustify"> “Aquí hay una conspiración y (…) hay una sola manera de responderla: con la firma de los ciudadanos”, juzga al respecto uno de los juristas independientes.</p> <p class="rtejustify"> Tiene razón. La intención de mantener al sistema judicial bajo dominio del poder político tiene que motivarnos a contrarrestarla mediante la iniciativa ciudadana para el referendo que iniciará la reforma judicial. Firmemos para que eso sea posible.<br> &nbsp;</p>

<p class="rtejustify"> La reciente exigencia impuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la realización del referendo para iniciar la reforma judicial permite pensar en una acción concertada dirigida a evitar esa consulta popular, lo que no desanima a sus impulsores. Esta tenacidad tendría que motivar un apoyo mayor e inmediato de la ciudadanía.</p> <p class="rtejustify"> En julio de 2022, un grupo de juristas independientes inició el proceso para llevar a cabo un referendo cuyo propósito es modifica parcialmente la Constitución Política del Estados con el fin de reformar la justicia en cuatro aspectos puntuales.</p> <p class="rtejustify"> El primero de ellos apunta a cambiar el procedimiento de selección de los candidatos para las elecciones judiciales, de modo que se elimine la injerencia político-partidaria en ese trámite y se garantice la independencia de la justicia.</p> <p class="rtejustify"> Ese propósito apunta a que las próximas elecciones de altos magistrados, prevista para octubre de este año, se realice en distintas condiciones que las dos anteriores cuando los votos nulos y blancos fueron más del 50% de los emitidos, evidencia clara del rechazo ciudadano a la injerencia del oficialismo en la designación de candidatos.</p> <p class="rtejustify"> Los trámites para realizar el referendo de iniciativa popular —procedimiento previsto por la Carta Magna, en su artículo 411— comenzaron en julio de 2022 y el TSE demoró tres meses en analizar y aprobar las cuatro preguntas de la consulta propuesta.</p> <p class="rtejustify"> Luego surgieron otras condiciones que fueron impugnadas por los juristas independientes, hasta que se inició la recolección de las firmas necesarias, 1,5 millones, casi al mismo tiempo que el oficialismo y el TSE arrancaban con los preparativos para las elecciones judiciales, en un afán acompañado de declaraciones dirigidas a desahuciar la realización del referendo.</p> <p class="rtejustify"> La última exigencia que lo dificulta es, ahora, “la exigencia de trascribir todas las partidas registradas en los 17.000 libros a un sistema informático”, sin modificar el plazo de entrega de los registros de firmas, que vence el 23 de abril.</p> <p class="rtejustify"> Esa tarea impuesta por el TSE demanda un elevado costo, 4,5 millones de bolivianos, y un esfuerzo extraordinario en términos de horas de trabajo y de personal, tanto que parece tener el propósito de llevar al fracaso la iniciativa del referendo. O demorar sus efectos de manera que no se apliquen en las elecciones judiciales de octubre.</p> <p class="rtejustify"> “Aquí hay una conspiración y (…) hay una sola manera de responderla: con la firma de los ciudadanos”, juzga al respecto uno de los juristas independientes.</p> <p class="rtejustify"> Tiene razón. La intención de mantener al sistema judicial bajo dominio del poder político tiene que motivarnos a contrarrestarla mediante la iniciativa ciudadana para el referendo que iniciará la reforma judicial. Firmemos para que eso sea posible.<br /><br />  </p>