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<p class="rtejustify"> Entre varias prácticas de acoso y violencia política contra las mujeres, la llamada “gestión compartida” es la que más casos genera en el país y se constituye un mecanismo de presión para forzar la renuncia de mujeres elegidas en cargos de representación. De 151 denuncias de acosos y violencia política presentadas el año pasado, 52 fueron por gestión compartida, de acuerdo con datos de la Coordinadora de la Mujer.</p> <p class="rtejustify"> La gestión compartida se entiende como un mecanismo de “rotación” que implica la renuncia de la persona titular, a mitad de mandato, para que el cargo sea ejercido por su suplente. Casi siempre las que renuncian, obligadas, son mujeres, en beneficio de hombres. Como la norma establece el requisito de paridad de género en las listas de candidaturas, la gestión compartida es un atajo para asegurar la presencia de mujeres.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Acuerdos</strong></p> <p class="rtejustify"> De acuerdo con el informe defensorial “Obligadas a renunciar”, presentado en mayo de la gestión 2023, de 78 mujeres que afirmaron tener un compromiso de gestión compartida, el 51 por ciento (40) lo habrían hecho de forma verbal, el 44 por ciento (34) de forma escrita y el 5 por ciento (cuatro) no informó al respecto. Asimismo, de 34 compromisos, el 71 por ciento (25) fue a través de la firma de un documento privado, el 26 por ciento (nueve) fue mediante un documento firmado ante notario de fe pública y, finalmente, el 3 por ciento (uno) no informó.</p> <p class="rtejustify"> La razón principal para la exigencia de las renuncias es la concepción errada de que la concejala titular está en la obligación de alternar y ceder la titularidad del cargo al concejal suplente y esto porque, en algunos casos, existe de por medio la suscripción de documentos privados que comprometen su renuncia o cesión total o parcial del ejercicio de sus derechos políticos, señaló la representante de la Defensoría del Pueblo de la oficina nacional, Bolivia Sánchez.</p> <p class="rtejustify"> La responsable de incidencia política de la Coordinadora de la Mujer, Lucía Vargas, aclaró que en todos casos los acuerdos son “ilegales e inconstitucionales, aunque sean notariados”, porque se trata de acoso y violencia ya que se vulnera los derechos políticos de las mujeres. “Los problemas se presentan cada dos años y medio de gestión, se agrava por la tolerancia y la promoción de los partidos”, señaló.</p> <p class="rtejustify"> Explicó que el acoso político es el acto de presión, persecución, hostigamiento o amenazas en contra de mujeres vinculadas al campo político. La violencia política, en tanto, se refiere a hechos y agresiones psicológicas y físicas. Ambos buscan restringir o impedir el ejercicio del cargo y los derechos de las mujeres en el ámbito político. Ambos son delitos penalizados por ley. Desde 2012, Bolivia cuenta con una avanzada ley en este campo, pero las acciones de asedio y los ataques permanecen.</p> <p class="rtejustify"> Enfatizó que, con la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, los partidos están obligados a atender y sancionar casos de acoso y violencia política contra sus propios militantes dentro de sus propios partidos, pero no lo hacen.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Concejalas</strong></p> <p class="rtejustify"> La problemática se presenta más con las concejalas y no así con las asambleístas departamentales y, en la mayoría de los casos, la violencia es ejercida por las organizaciones y los militantes de sus partidos.</p> <p class="rtejustify"> En Cochabamba, por ejemplo, en mayo, cuatro concejalas de Sacaba sufrieron acoso y violencia, por las organizaciones sociales afines al partido que representan (Movimiento Al Socialismo), para que renuncien a sus cargos y den lugar a sus suplentes.</p> <p class="rtejustify"> La violencia llegó a tal extremo que hubo heridos durante los enfrentamientos que fueron controlados con la intervención de la Policía que procedió a gasificarlos.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Las denuncias</strong></p> <p class="rtejustify"> De los 151 casos registrados en 2023 por la Coordinadora de la Mujer, 18 fueron por limitación de funciones, 15 por ingobernabilidad y conflicto de atribuciones, 13 por discriminación, 12 por retención de salarios, 10 por fiscalización, 8 por presión para renunciar y 6 por negativa a la conformación de la directiva del Concejo Municipal, negativa de subsidio por lactancia, negativa de reintegración, presión para la suscripción de documentos contra su voluntad.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Denuncias</strong></p> <p class="rtejustify"> La responsable del observatorio de Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol), Mayra Poveda, señaló que, en lo que va del año, el 90 por ciento de las denuncias recibidas es por gestión compartida. “Se ejerce presión para lograr la gestión compartida, quieren que las concejalas renuncien a favor de sus suplentes, rechazan su fiscalización, les retienen el sueldo y limitan su trabajo, no les dan escritorio, les impiden subir a los coches oficiales, les niegan espacios en las tarimas”, sostuvo.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rtejustify"> <strong>DENUNCIAS</strong></p> <p class="rtejustify"> Santa Cruz, Cochabamba y La Paz concentraron en 2023 el 84 por ciento de denuncias por acoso y violencia política; Oruro Pando y Tarija no presentan denuncias.</p> <p class="rtejustify"> <strong>LEY 243</strong></p> <p class="rtejustify"> Bolivia cuenta con la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, del 28 de mayo de 2012.</p> <p class="rtejustify"> La misma que, a juicio de investigadoras, debe ser fortalecida con la capacitación de los funcionarios encargados de darle cumplimiento.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rtejustify"> <strong>OPINIoNES</strong></p> <p class="rtejustify"> “Hay barreras de permanencia que tienen que sortear, la de los acuerdos forzosos, el no asignarles presupuesto. No logran presidir las comisiones; sólo cargos subalternos”. Lucía Vargas, coordinadora de la Mujer.</p> <p class="rtejustify"> “En está última gestión, las concejalas se han negado a renunciar, pese a compromisos de gestión compartida de por medio, entendiendo que tienen todo el derecho de ejercer sus derechos políticos”. Bolivia Sánchez, Defensoría del Pueblo.</p>
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<p class="rtejustify"> Entre varias prácticas de acoso y violencia política contra las mujeres, la llamada “gestión compartida” es la que más casos genera en el país y se constituye un mecanismo de presión para forzar la renuncia de mujeres elegidas en cargos de representación. De 151 denuncias de acosos y violencia política presentadas el año pasado, 52 fueron por gestión compartida, de acuerdo con datos de la Coordinadora de la Mujer.</p> <p class="rtejustify"> La gestión compartida se entiende como un mecanismo de “rotación” que implica la renuncia de la persona titular, a mitad de mandato, para que el cargo sea ejercido por su suplente. Casi siempre las que renuncian, obligadas, son mujeres, en beneficio de hombres. Como la norma establece el requisito de paridad de género en las listas de candidaturas, la gestión compartida es un atajo para asegurar la presencia de mujeres.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Acuerdos</strong></p> <p class="rtejustify"> De acuerdo con el informe defensorial “Obligadas a renunciar”, presentado en mayo de la gestión 2023, de 78 mujeres que afirmaron tener un compromiso de gestión compartida, el 51 por ciento (40) lo habrían hecho de forma verbal, el 44 por ciento (34) de forma escrita y el 5 por ciento (cuatro) no informó al respecto. 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La violencia política, en tanto, se refiere a hechos y agresiones psicológicas y físicas. Ambos buscan restringir o impedir el ejercicio del cargo y los derechos de las mujeres en el ámbito político. Ambos son delitos penalizados por ley. Desde 2012, Bolivia cuenta con una avanzada ley en este campo, pero las acciones de asedio y los ataques permanecen.</p> <p class="rtejustify"> Enfatizó que, con la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, los partidos están obligados a atender y sancionar casos de acoso y violencia política contra sus propios militantes dentro de sus propios partidos, pero no lo hacen.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Concejalas</strong></p> <p class="rtejustify"> La problemática se presenta más con las concejalas y no así con las asambleístas departamentales y, en la mayoría de los casos, la violencia es ejercida por las organizaciones y los militantes de sus partidos.</p> <p class="rtejustify"> En Cochabamba, por ejemplo, en mayo, cuatro concejalas de Sacaba sufrieron acoso y violencia, por las organizaciones sociales afines al partido que representan (Movimiento Al Socialismo), para que renuncien a sus cargos y den lugar a sus suplentes.</p> <p class="rtejustify"> La violencia llegó a tal extremo que hubo heridos durante los enfrentamientos que fueron controlados con la intervención de la Policía que procedió a gasificarlos.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Las denuncias</strong></p> <p class="rtejustify"> De los 151 casos registrados en 2023 por la Coordinadora de la Mujer, 18 fueron por limitación de funciones, 15 por ingobernabilidad y conflicto de atribuciones, 13 por discriminación, 12 por retención de salarios, 10 por fiscalización, 8 por presión para renunciar y 6 por negativa a la conformación de la directiva del Concejo Municipal, negativa de subsidio por lactancia, negativa de reintegración, presión para la suscripción de documentos contra su voluntad.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Denuncias</strong></p> <p class="rtejustify"> La responsable del observatorio de Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol), Mayra Poveda, señaló que, en lo que va del año, el 90 por ciento de las denuncias recibidas es por gestión compartida. “Se ejerce presión para lograr la gestión compartida, quieren que las concejalas renuncien a favor de sus suplentes, rechazan su fiscalización, les retienen el sueldo y limitan su trabajo, no les dan escritorio, les impiden subir a los coches oficiales, les niegan espacios en las tarimas”, sostuvo.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rtejustify"> <strong>DENUNCIAS</strong></p> <p class="rtejustify"> Santa Cruz, Cochabamba y La Paz concentraron en 2023 el 84 por ciento de denuncias por acoso y violencia política; Oruro Pando y Tarija no presentan denuncias.</p> <p class="rtejustify"> <strong>LEY 243</strong></p> <p class="rtejustify"> Bolivia cuenta con la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, del 28 de mayo de 2012.</p> <p class="rtejustify"> La misma que, a juicio de investigadoras, debe ser fortalecida con la capacitación de los funcionarios encargados de darle cumplimiento.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rtejustify"> <strong>OPINIoNES</strong></p> <p class="rtejustify"> “Hay barreras de permanencia que tienen que sortear, la de los acuerdos forzosos, el no asignarles presupuesto. 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Entre varias prácticas de acoso y violencia política contra las mujeres, la llamada “gestión compartida” es la que más casos genera en el país y se constituye un mecanismo de presión para forzar la renuncia de mujeres elegidas en cargos de representación. De 151 denuncias de acosos y violencia política presentadas el año pasado, 52 fueron por gestión compartida, de acuerdo con datos de la Coordinadora de la Mujer.
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Entre varias prácticas de acoso y violencia política contra las mujeres, la llamada “gestión compartida” es la que más casos genera en el país y se constituye un mecanismo de presión para forzar la renuncia de mujeres elegidas en cargos de representación. De 151 denuncias de acosos y violencia política presentadas el año pasado, 52 fueron por gestión compartida, de acuerdo con datos de la Coordinadora de la Mujer.
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<p class="rtejustify"> Al menos cuatro sectores anunciaron para esta semana que activarán sus medidas de presión en busca de atención a sus demandas. Gremiales, transporte pesado, el sector salud y grupos afines al “evismo” acorralan desde diversos frentes al Ejecutivo, que en respuesta activó mecanismos de diálogo y denunció un plan de conspiración.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Transporte pesado</strong></p> <p class="rtejustify"> La Cámara de Transporte Pesado de Bolivia dio plazo hasta el jueves para que el Gobierno atienda su pliego que incluye soluciones a la falta de dólares y combustible, la renuncia de autoridades de Aduanas e Impuestos nacionales y la abrogación de dos decretos supremos, entre otros.</p> <p class="rtejustify"> El viceministro de Transporte, Enrique Ponce de León, convocó a una reunión a la dirigencia de la Cámara Boliviana de Transporte para este lunes, a las 15:00 en instalaciones del Centro de Comunicaciones, en la ciudad de La Paz, con el fin de dar una solución “definitiva” a sus demandas.</p> <p class="rtejustify"> “Mediante la convocatoria, nos reuniremos a objeto de dar continuidad a las mesas de trabajo, en atención al voto resolutivo del transporte pesado, emergente del ampliado del pasado viernes 21 de junio. En este contexto vamos a convocar también a las autoridades nacionales competentes, para tratar y abordar cada uno de los puntos que nos han solicitado, en el referido pliego petitorio”, señaló.</p> <p class="rtejustify"> Dijo que entre las autoridades de Gobierno que asistirán al encuentro, estarán el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, y otras autoridades de las diferentes carteras de Estado, que tienen relación con las demandas del sector del transporte.</p> <p class="rtejustify"> El dirigente del transporte pesado, Héctor Mercado, dijo que esperan que se oficialice la invitación para asistir y que esperan que se llegue a un acuerdo final.</p> <p class="rtejustify"> “Hay predisposición, queremos diálogo”, dijo y señaló que en cuanto reciban la misiva se reunirán para analizar su asistencia.</p> <p class="rtejustify"> Dijo que es buena señal que los atienda el ministro de Economía, porque el de Obras Públicas “ya no es un interlocutor válido” ya que, consideran, que se hizo la burla del sector al publicar un Tiktok contra los bloqueos.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Gremiales</strong></p> <p class="rtejustify"> El dirigente de los gremiales de La Paz Antonio Siñani ratificó que esta semana buscarán al sector del transporte para “unir fuerzas” en las medidas de protesta y exigir algunas demandas coincidentes, como soluciones a la falta de dólares, además de otros puntos específicos, como la abrogación del Decreto Supremo 4732 que establece mecanismos para la compraventa de inmuebles.</p> <p class="rtejustify"> El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, dijo que todos los temas que afligen al sector están siendo solucionados a través de mesas técnicas desde hace dos semanas, por lo que calificó las medidas de presión como “políticas”. “No quieren diálogo solo buscan pretextos para hacer una movilización”, indicó.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Evistas</strong></p> <p class="rtejustify"> La bancada “evista” del MAS se reunirá este lunes en Cochabamba para analizar qué medidas asumirá con el objetivo de que se promulguen las normas que fueron aprobadas en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) del pasado 6 de junio, que fue dirigida por Andrónico Rodríguez.</p> <p class="rtejustify"> El diputado Ramiro Venegas confirmó la cita y dijo que no descartan movilizaciones hasta que se promulguen las leyes, entre las que se encuentra el proyecto de ley 075 que da lugar al cese de magistrados autoprorrogados del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).</p> <p class="rtejustify"> “El día lunes hay una reunión con la bancada nacional en la ciudad de Cochabamba, seguramente ahí se va a determinar (medidas)”, manifestó el legislador.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Salud</strong></p> <p class="rtejustify"> El Comité Por una Jubilación Digna, que reúne a todo el sector salud, además del Magisterio Urbano, confirmó que se espera la convocatoria a dialogar sobre el proyecto de ley 035 que modifica la Ley de Pensiones y que contiene un artículo sobre la “jubilación forzosa”.</p> <p class="rtejustify"> El diputado Omar Yujra, presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, donde reside la norma, dijo que convocaron a los médicos a instalar un diálogo para explicar sus alcances. Dijo que no existe la figura de “jubilación forzosa” y que el mecanismo propuesto es voluntario.</p> <p class="rtejustify"> Los médicos advirtieron con un paro de cinco días, tras cumplir una huelga de cuatro días la anterior semana.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rtejustify"> <strong>Gobierno acusa a Evo; éste rechaza</strong></p> <p class="rtejustify"> Para la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, el expresidente Evo Morales está detrás de varias de las protestas contra el Gobierno, con el fin de buscar un escenario de “desastre” que pueda dar paso a su candidatura.</p> <p class="rtejustify"> “(Morales) dijo que no tiene nada que ver con bloqueos. Pero el hecho de que nosotros hayamos identificado claramente su ambición por poder y qué está pasando detrás de los bloqueos. Señalar a Evo como la persona que impulsa los bloqueos, no por interés colectivo, sino por algo personal”, dijo.</p> <p class="rtejustify"> Morales rechazó estas acusaciones y aseveró que “no por culpa de Evo falta dólar o falta diésel. Yo digo, estamos peor que en tiempos neoliberales”.</p>
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<p class="rtejustify"> Al menos cuatro sectores anunciaron para esta semana que activarán sus medidas de presión en busca de atención a sus demandas. Gremiales, transporte pesado, el sector salud y grupos afines al “evismo” acorralan desde diversos frentes al Ejecutivo, que en respuesta activó mecanismos de diálogo y denunció un plan de conspiración.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Transporte pesado</strong></p> <p class="rtejustify"> La Cámara de Transporte Pesado de Bolivia dio plazo hasta el jueves para que el Gobierno atienda su pliego que incluye soluciones a la falta de dólares y combustible, la renuncia de autoridades de Aduanas e Impuestos nacionales y la abrogación de dos decretos supremos, entre otros.</p> <p class="rtejustify"> El viceministro de Transporte, Enrique Ponce de León, convocó a una reunión a la dirigencia de la Cámara Boliviana de Transporte para este lunes, a las 15:00 en instalaciones del Centro de Comunicaciones, en la ciudad de La Paz, con el fin de dar una solución “definitiva” a sus demandas.</p> <p class="rtejustify"> “Mediante la convocatoria, nos reuniremos a objeto de dar continuidad a las mesas de trabajo, en atención al voto resolutivo del transporte pesado, emergente del ampliado del pasado viernes 21 de junio. En este contexto vamos a convocar también a las autoridades nacionales competentes, para tratar y abordar cada uno de los puntos que nos han solicitado, en el referido pliego petitorio”, señaló.</p> <p class="rtejustify"> Dijo que entre las autoridades de Gobierno que asistirán al encuentro, estarán el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, y otras autoridades de las diferentes carteras de Estado, que tienen relación con las demandas del sector del transporte.</p> <p class="rtejustify"> El dirigente del transporte pesado, Héctor Mercado, dijo que esperan que se oficialice la invitación para asistir y que esperan que se llegue a un acuerdo final.</p> <p class="rtejustify"> “Hay predisposición, queremos diálogo”, dijo y señaló que en cuanto reciban la misiva se reunirán para analizar su asistencia.</p> <p class="rtejustify"> Dijo que es buena señal que los atienda el ministro de Economía, porque el de Obras Públicas “ya no es un interlocutor válido” ya que, consideran, que se hizo la burla del sector al publicar un Tiktok contra los bloqueos.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Gremiales</strong></p> <p class="rtejustify"> El dirigente de los gremiales de La Paz Antonio Siñani ratificó que esta semana buscarán al sector del transporte para “unir fuerzas” en las medidas de protesta y exigir algunas demandas coincidentes, como soluciones a la falta de dólares, además de otros puntos específicos, como la abrogación del Decreto Supremo 4732 que establece mecanismos para la compraventa de inmuebles.</p> <p class="rtejustify"> El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, dijo que todos los temas que afligen al sector están siendo solucionados a través de mesas técnicas desde hace dos semanas, por lo que calificó las medidas de presión como “políticas”. “No quieren diálogo solo buscan pretextos para hacer una movilización”, indicó.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Evistas</strong></p> <p class="rtejustify"> La bancada “evista” del MAS se reunirá este lunes en Cochabamba para analizar qué medidas asumirá con el objetivo de que se promulguen las normas que fueron aprobadas en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) del pasado 6 de junio, que fue dirigida por Andrónico Rodríguez.</p> <p class="rtejustify"> El diputado Ramiro Venegas confirmó la cita y dijo que no descartan movilizaciones hasta que se promulguen las leyes, entre las que se encuentra el proyecto de ley 075 que da lugar al cese de magistrados autoprorrogados del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).</p> <p class="rtejustify"> “El día lunes hay una reunión con la bancada nacional en la ciudad de Cochabamba, seguramente ahí se va a determinar (medidas)”, manifestó el legislador.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Salud</strong></p> <p class="rtejustify"> El Comité Por una Jubilación Digna, que reúne a todo el sector salud, además del Magisterio Urbano, confirmó que se espera la convocatoria a dialogar sobre el proyecto de ley 035 que modifica la Ley de Pensiones y que contiene un artículo sobre la “jubilación forzosa”.</p> <p class="rtejustify"> El diputado Omar Yujra, presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, donde reside la norma, dijo que convocaron a los médicos a instalar un diálogo para explicar sus alcances. Dijo que no existe la figura de “jubilación forzosa” y que el mecanismo propuesto es voluntario.</p> <p class="rtejustify"> Los médicos advirtieron con un paro de cinco días, tras cumplir una huelga de cuatro días la anterior semana.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rtejustify"> <strong>Gobierno acusa a Evo; éste rechaza</strong></p> <p class="rtejustify"> Para la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, el expresidente Evo Morales está detrás de varias de las protestas contra el Gobierno, con el fin de buscar un escenario de “desastre” que pueda dar paso a su candidatura.</p> <p class="rtejustify"> “(Morales) dijo que no tiene nada que ver con bloqueos. Pero el hecho de que nosotros hayamos identificado claramente su ambición por poder y qué está pasando detrás de los bloqueos. Señalar a Evo como la persona que impulsa los bloqueos, no por interés colectivo, sino por algo personal”, dijo.</p> <p class="rtejustify"> Morales rechazó estas acusaciones y aseveró que “no por culpa de Evo falta dólar o falta diésel. Yo digo, estamos peor que en tiempos neoliberales”.</p>
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Al menos cuatro sectores anunciaron para esta semana que activarán medidas de presión en busca de atención a sus demandas. Gremiales, transporte pesado, el sector salud y grupos afines al “evismo” acorralan desde diversos frentes al Ejecutivo, que en respuesta activó mecanismos de diálogo y denunció un plan de conspiración.
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<p class="rtejustify"> Entre varias prácticas de acoso y violencia política contra las mujeres, la llamada “gestión compartida” es la que más casos genera en el país y se constituye un mecanismo de presión para forzar la renuncia de mujeres elegidas en cargos de representación. De 151 denuncias de acosos y violencia política presentadas el año pasado, 52 fueron por gestión compartida, de acuerdo con datos de la Coordinadora de la Mujer.</p> <p class="rtejustify"> La gestión compartida se entiende como un mecanismo de “rotación” que implica la renuncia de la persona titular, a mitad de mandato, para que el cargo sea ejercido por su suplente. Casi siempre las que renuncian, obligadas, son mujeres, en beneficio de hombres. Como la norma establece el requisito de paridad de género en las listas de candidaturas, la gestión compartida es un atajo para asegurar la presencia de mujeres.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Acuerdos</strong></p> <p class="rtejustify"> De acuerdo con el informe defensorial “Obligadas a renunciar”, presentado en mayo de la gestión 2023, de 78 mujeres que afirmaron tener un compromiso de gestión compartida, el 51 por ciento (40) lo habrían hecho de forma verbal, el 44 por ciento (34) de forma escrita y el 5 por ciento (cuatro) no informó al respecto. Asimismo, de 34 compromisos, el 71 por ciento (25) fue a través de la firma de un documento privado, el 26 por ciento (nueve) fue mediante un documento firmado ante notario de fe pública y, finalmente, el 3 por ciento (uno) no informó.</p> <p class="rtejustify"> La razón principal para la exigencia de las renuncias es la concepción errada de que la concejala titular está en la obligación de alternar y ceder la titularidad del cargo al concejal suplente y esto porque, en algunos casos, existe de por medio la suscripción de documentos privados que comprometen su renuncia o cesión total o parcial del ejercicio de sus derechos políticos, señaló la representante de la Defensoría del Pueblo de la oficina nacional, Bolivia Sánchez.</p> <p class="rtejustify"> La responsable de incidencia política de la Coordinadora de la Mujer, Lucía Vargas, aclaró que en todos casos los acuerdos son “ilegales e inconstitucionales, aunque sean notariados”, porque se trata de acoso y violencia ya que se vulnera los derechos políticos de las mujeres. “Los problemas se presentan cada dos años y medio de gestión, se agrava por la tolerancia y la promoción de los partidos”, señaló.</p> <p class="rtejustify"> Explicó que el acoso político es el acto de presión, persecución, hostigamiento o amenazas en contra de mujeres vinculadas al campo político. La violencia política, en tanto, se refiere a hechos y agresiones psicológicas y físicas. Ambos buscan restringir o impedir el ejercicio del cargo y los derechos de las mujeres en el ámbito político. Ambos son delitos penalizados por ley. Desde 2012, Bolivia cuenta con una avanzada ley en este campo, pero las acciones de asedio y los ataques permanecen.</p> <p class="rtejustify"> Enfatizó que, con la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, los partidos están obligados a atender y sancionar casos de acoso y violencia política contra sus propios militantes dentro de sus propios partidos, pero no lo hacen.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Concejalas</strong></p> <p class="rtejustify"> La problemática se presenta más con las concejalas y no así con las asambleístas departamentales y, en la mayoría de los casos, la violencia es ejercida por las organizaciones y los militantes de sus partidos.</p> <p class="rtejustify"> En Cochabamba, por ejemplo, en mayo, cuatro concejalas de Sacaba sufrieron acoso y violencia, por las organizaciones sociales afines al partido que representan (Movimiento Al Socialismo), para que renuncien a sus cargos y den lugar a sus suplentes.</p> <p class="rtejustify"> La violencia llegó a tal extremo que hubo heridos durante los enfrentamientos que fueron controlados con la intervención de la Policía que procedió a gasificarlos.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Las denuncias</strong></p> <p class="rtejustify"> De los 151 casos registrados en 2023 por la Coordinadora de la Mujer, 18 fueron por limitación de funciones, 15 por ingobernabilidad y conflicto de atribuciones, 13 por discriminación, 12 por retención de salarios, 10 por fiscalización, 8 por presión para renunciar y 6 por negativa a la conformación de la directiva del Concejo Municipal, negativa de subsidio por lactancia, negativa de reintegración, presión para la suscripción de documentos contra su voluntad.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Denuncias</strong></p> <p class="rtejustify"> La responsable del observatorio de Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol), Mayra Poveda, señaló que, en lo que va del año, el 90 por ciento de las denuncias recibidas es por gestión compartida. “Se ejerce presión para lograr la gestión compartida, quieren que las concejalas renuncien a favor de sus suplentes, rechazan su fiscalización, les retienen el sueldo y limitan su trabajo, no les dan escritorio, les impiden subir a los coches oficiales, les niegan espacios en las tarimas”, sostuvo.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rtejustify"> <strong>DENUNCIAS</strong></p> <p class="rtejustify"> Santa Cruz, Cochabamba y La Paz concentraron en 2023 el 84 por ciento de denuncias por acoso y violencia política; Oruro Pando y Tarija no presentan denuncias.</p> <p class="rtejustify"> <strong>LEY 243</strong></p> <p class="rtejustify"> Bolivia cuenta con la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, del 28 de mayo de 2012.</p> <p class="rtejustify"> La misma que, a juicio de investigadoras, debe ser fortalecida con la capacitación de los funcionarios encargados de darle cumplimiento.</p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rtejustify"> <strong>OPINIoNES</strong></p> <p class="rtejustify"> “Hay barreras de permanencia que tienen que sortear, la de los acuerdos forzosos, el no asignarles presupuesto. No logran presidir las comisiones; sólo cargos subalternos”. Lucía Vargas, coordinadora de la Mujer.</p> <p class="rtejustify"> “En está última gestión, las concejalas se han negado a renunciar, pese a compromisos de gestión compartida de por medio, entendiendo que tienen todo el derecho de ejercer sus derechos políticos”. Bolivia Sánchez, Defensoría del Pueblo.</p>
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<p class="rtejustify"> Entre varias prácticas de acoso y violencia política contra las mujeres, la llamada “gestión compartida” es la que más casos genera en el país y se constituye un mecanismo de presión para forzar la renuncia de mujeres elegidas en cargos de representación. De 151 denuncias de acosos y violencia política presentadas el año pasado, 52 fueron por gestión compartida, de acuerdo con datos de la Coordinadora de la Mujer.</p> <p class="rtejustify"> La gestión compartida se entiende como un mecanismo de “rotación” que implica la renuncia de la persona titular, a mitad de mandato, para que el cargo sea ejercido por su suplente. Casi siempre las que renuncian, obligadas, son mujeres, en beneficio de hombres. Como la norma establece el requisito de paridad de género en las listas de candidaturas, la gestión compartida es un atajo para asegurar la presencia de mujeres.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Acuerdos</strong></p> <p class="rtejustify"> De acuerdo con el informe defensorial “Obligadas a renunciar”, presentado en mayo de la gestión 2023, de 78 mujeres que afirmaron tener un compromiso de gestión compartida, el 51 por ciento (40) lo habrían hecho de forma verbal, el 44 por ciento (34) de forma escrita y el 5 por ciento (cuatro) no informó al respecto. 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<p class="rtejustify"> Entre varias prácticas de acoso y violencia política contra las mujeres, la llamada “gestión compartida” es la que más casos genera en el país y se constituye un mecanismo de presión para forzar la renuncia de mujeres elegidas en cargos de representación. De 151 denuncias de acosos y violencia política presentadas el año pasado, 52 fueron por gestión compartida, de acuerdo con datos de la Coordinadora de la Mujer.</p> <p class="rtejustify"> La gestión compartida se entiende como un mecanismo de “rotación” que implica la renuncia de la persona titular, a mitad de mandato, para que el cargo sea ejercido por su suplente. Casi siempre las que renuncian, obligadas, son mujeres, en beneficio de hombres. 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