Plantean urgencia de una ley que regule los bloqueos para proteger la vida
El médico cirujano del Hospital de la Mujer de La Paz y máster en Salud Pública, Miguel Ángel Ugalde Castro, planteó la urgencia de aprobar una ley nacional que regule los bloqueos en Bolivia, advirtiendo sobre sus graves consecuencias cuando se ejercen sin límites ni criterios claros.
Explicó que el término "bloqueo", aunque incorporado al lenguaje cotidiano, implica la interrupción total o parcial de procesos esenciales, afectando el funcionamiento normal de sistemas fundamentales para la vida y la sociedad.
Desde una mirada médica y jurídica, Ugalde señaló que en salud existen bloqueos positivos, como los epidurales o nerviosos para el manejo del dolor, que están respaldados por criterios científicos y protocolos clínicos.
En contraste, los bloqueos negativos -producto de retrasos, mala praxis o diagnósticos tardíos- generan daños evitables y responsabilidades profesionales, lo que obliga a la existencia de normas, auditorías y capacitación permanente. Esta lógica, afirmó, también debe aplicarse en el ámbito social y legal.
En el plano jurídico, los bloqueos se traducen en acciones que restringen derechos fundamentales o el acceso a servicios públicos. Si bien existen bloqueos legalmente admisibles, como ciertas medidas cautelares en situaciones excepcionales, estos deben respetar los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso.
El problema, sostuvo, radica en los bloqueos ilegales y desproporcionados que vulneran derechos como la vida, la salud y el trabajo, especialmente cuando impiden el paso de ambulancias, el acceso a hospitales, medicamentos, oxígeno o alimentos, generando muertes evitables y severas consecuencias sanitarias.
En ese contexto, Ugalde afirmó que estos actos no pueden considerarse protesta legítima y remarcó que Bolivia no contempla la pena de muerte, por lo que resulta inadmisible que se ponga en riesgo la vida de la población.
Planteó que una ley nacional debe definir con claridad qué bloqueos son admisibles, establecer responsabilidades y sanciones progresivas, y proteger la vida, la salud y la dignidad humana, garantizando al mismo tiempo el ejercicio responsable del derecho a la protesta social. Aclaró que la normativa no debe criminalizar la protesta, sino resguardar a la población en general.
