Inversión extranjera: aún falta voluntad política

Nuestro país enfrenta el colapso simultáneo de las tres fuentes tradicionales de financiamiento: la inversión pública, la deuda externa y el ahorro interno. El Estado no tiene recursos para invertir y la renta gasífera ha declinado al extremo.

La deuda externa alcanzó ya el monto más alto de nuestra historia y los costos de servicios anuales son onerosos. Las reservas internacionales son mínimas y gran parte del dinero de las pensiones se invirtió en instrumentos de deuda pública para financiar el déficit estatal.

En este complejo escenario, la inversión extranjera directa (IED) se ha convertido en la única fuente capaz de movilizar grandes volúmenes de capital en el corto y mediano plazo sin incrementar el endeudamiento soberano.

Paradójicamente, este mecanismo que se aplica en todo el mundo, en nuestro país fue combatido durante los últimos 20 años por una ideología retrógrada, irresponsabilidad y un discurso engañoso de soberanía.

El problema es que esta ideología se convirtió en norma. En efecto, la Ley de Promoción de Inversiones fue diseñada desde un Estado que dirige, planifica y controla la economía y los sectores estratégicos. Aunque contiene elementos rescatables, esa Ley no logró disipar el temor a nuevas nacionalizaciones, y su aplicación no tuvo la coherencia sistémica y la predictibilidad jurídica que esperaban los inversionistas.

Además, se enfrentó con la discrecionalidad administrativa y la ausencia de estabilidad regulatoria, lo que finalmente limitó su capacidad para atraer flujos de inversión.

Por su parte, la Ley de Conciliación y Arbitraje se construyó sobre principios de soberanía jurisdiccional rígida, desconfianza hacia el arbitraje internacional, amplias excepciones de orden público y un régimen de inversión extranjera notoriamente más restrictivo que los estándares globales.

El resultado fue funesto. El último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2026 confirma que seguimos en último lugar en Sudamérica en IED, con apenas 620 millones captados en 2025, muy lejos del Perú que en ese periodo logró 11.794 millones, Chile 14.152, Argentina 3.134, Ecuador 1.299 y Paraguay 1.180.

Del total de inversión extranjera que logramos, el 76% proviene de utilidades que las empresas ya instaladas optan por no repatriar. Bolivia retiene a los inversores que ya tiene, pero no logra atraer flujos significativos de nuevo capital.

Aunque hay plena coincidencia en realizar modificaciones a las leyes, y pese a que el nuevo Gobierno identificó a la IED como un objetivo estratégico, hasta ahora no ha presentado al Legislativo ninguna iniciativa en esa área. Han sido entidades privadas como las cámaras nacionales de Industrias y de Comercio, y organizaciones de investigación como la Fundación Milenio las que han publicado propuestas de ajustes a la Ley de Inversiones.

El anteproyecto de Milenio parte del principio que la inversión privada no es prerrogativa del Estado sino un derecho a proteger y un motor del desarrollo que debe operar con reglas claras, estables y predecibles.

Su eje central es la creación de un régimen de protección, promoción y estabilidad legal basado en principios como seguridad jurídica, transparencia, celeridad administrativa, especialización institucional y cooperación público-privada.

Además, incorpora garantías explícitas de igualdad de trato, protección de la propiedad, indemnización por expropiación, libre transferencia de fondos y mecanismos de resolución de controversias.

Por su parte, el proyecto de las cámaras nacionales de Comercio y de Industrias es más bien una demanda gremial. Su objeto es implementar un nuevo régimen normativo con cobertura explícita de sectores industrial, comercial, logístico, de servicios, tecnológico, turístico, minero, hidrocarburífero e infraestructura de transportes. La propuesta otorga, además, mayor protagonismo a las alianzas público-privadas como modalidad de inversión.

Aunque son iniciativas meritorias, presentan ciertas inconsistencias con los principios constitucionales y no desarrollan adecuadamente todos los aspectos que deben incorporarse, a saber: garantías de estabilidad jurídica y fiscal, régimen de asociaciones público-privadas, mecanismos de resolución de controversias, régimen de transferencia de utilidades y tipo de cambio, incentivos sectoriales diferenciados, marco ambiental y social, régimen impositivo e institucionalidad y gobernanza.

Bolivia necesita con urgencia una reforma profunda en la política de inversión privada, pero esa reforma solo será duradera si logra articular la coherencia constitucional, la credibilidad técnica y la legitimidad social. Tenemos potencial, claridad del diagnóstico, propuestas técnicas y la oportunidad; falta saber si existe voluntad política.

Lo que está en juego no es solo la captación de capitales: es el tipo de economía y de sociedad que Bolivia quiere construir en las próximas décadas. No podemos permitir que el temor al debate o la inercia ideológica, posterguen una reforma que el país necesita para construir un desarrollo genuinamente sostenible, justo y soberano.

El autor es industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia