Carandirú, heridas que no cierran

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Redacción Central
Publicado el 22/02/2014 a las 20h00

 

IMPUNIDAD |LA MAYOR MATANZA CARCELARIA EN BRASIL CONTINÚA EN JUICIO DESPUÉS DE MÁS DE 20 AÑOS.

La película “Carandirú” dirigida por el cineasta argentino-brasileño Héctor Babenco, es sin duda una de las más impactantes realizadas en Brasil, basada en la historia real de la cárcel en la que en 1992 murieron 111 reclusos. La masacre se produjo cuando la policía fue llamada para controlar una rebelión de los reos. Hoy, a casi 22 años de la tragedia, el juicio a los policías responsables de la matanza continúa, ahora en su tercera fase donde 15 policías son juzgados.

La justicia brasileña decidió dividir el juicio en tres fases, una por cada piso de la penitenciaría en la que ocurrieron las muertes. Los oficiales juzgados ahora están acusados de matar a ocho presos, pero sus abogados afirman que es imposible identificar a quienes dispararon los tiros fatales.

En las dos primeras fases del caso ya han sido condenados 48 policías.

 

IMPUNIDAD

Carandirú fue la matanza carcelaria más notoria en la historia de Brasil, donde un tribunal condenó a 25 policías a 624 años de cárcel cada uno por el asesinato de 52 presos durante la matanza en la cárcel de Sao Paulo, ocurrida el 2 de octubre de 1992.

La sentencia actual se refiere a la segunda parte del proceso, que fue dividido en cuatro etapas. "El retraso en la sentencia por sí solo representa la violación de un derecho fundamental constitucional garantizado en Brasil, la 'duración razonable del proceso y medios que aseguren la celeridad de su tramitación”, ha dicho María Laura Carineu, representante de Human Rights Watch. La decisión judicial anunciada a 22 años de la matanza permite a los condenados apelar la sentencia en libertad, según detalla en su sitio el Tribunal de Justicia de Sao Paulo.

Los policías, que fueron hallados culpables de disparar a los internos en sus celdas y en los pasillos del presidio, fueron condenados a la pena mínima de doce años de prisión por cada asesinato.

En la primera etapa del proceso, otros 23 policías fueron condenados en abril a la pena mínima por 13 asesinatos, sumando un total de 156 años de pena para cada uno.

La masacre fue el episodio más sangriento ocurrido en una cárcel brasileña. La policía reprimió violentamente un motín en un pabellón de Carandirú, entonces la mayor cárcel del país, que fue clausurada diez años después. Otros dos grupos de acusados aún deben ser juzgados este año. Cerca de 80 agentes de policía enfrentan cargos.

 

PELIGROSA CONSECUENCIA

La operación policial de Carandirú fue comandada por el fallecido coronel Ubiratán Guimarães, que fue condenado en 2001 a 632 años de cárcel por esta operación, pero cinco años después fue absuelto en una apelación sin que llegase a cumplir condena.

Los últimos cinco días del proceso fueron marcados por jornadas de 12 horas de argumentaciones por parte de la defensa y la acusación, así como la presentación de videos y declaraciones de testigos, entre ellos dos presos sobrevivientes.

Sólo cinco de los 23 acusados presentes en el juicio optaron por declarar, los otros permanecieron en silencio. La demora en el proceso fue atribuida por el Tribunal de Justicia de Sao Paulo a conflictos de competencia entre instituciones judiciales militares y comunes, así como a los numerosos recursos presentados por la defensa.

Por su parte, el director de Amnistía Internacional en Brasil, Atila Roque, apuntó como una consecuencia "peligrosa y directa" de la lentitud del proceso el hecho de que gran parte de los acusados hayan permanecido activos en la policía durante tanto tiempo tras la matanza. Cerca de un tercio de los agentes acusados continúa sirviendo en la policía, según datos presentados por la defensa.

 

COMANDO CRIMINAL

La masacre tiene consecuencias hasta el presente, según analistas. Varios especialistas coincidieron en que la matanza fue un episodio decisivo para la fundación de una facción criminal que actúa dentro y fuera del sistema carcelario de Sao Paulo, el llamado Primer Comando de la Capital o PCC. "Antes de la masacre, el Estado ya extorsionaba, torturaba y mataba a los presos. Carandirú no fue la única causa de la fundación del PCC, pero colaboró mucho para que eso ocurriera", dijo el padre Valdir João Silveira, coordinador nacional de la Pastoral Carcelaria de la Iglesia Católica en Brasil.

El PCC fue creado por un grupo de presos el 31 de agosto de 1993 en la Casa de Custódia de Taubaté poco menos de un año después de la masacre en Carandirú.

Los principales objetivos de la facción eran combatir los malos tratos en el sistema penitenciario y evitar nuevas masacres como la de 1992, según el periodista Josmar Jozino, autor de tres libros sobre el PCC, entre ellos, "Xeque mete, o Tribunal do Crime e os Letais Boinas Pretas" (Jaque mate, el Tribunal del Crimen y los letales Boinas Negras).

De acuerdo a Jozino y Silveira el grupo criminal se extendió por todo el sistema carcelario e impuso reglas de conducta a los presos, como la prohibición del uso de crack y de asesinatos motivados por deudas de drogas. Estas acciones habrían disminuido los índices de mortalidad en las prisiones.

 

CASO COMPLEJO

En el proceso se juzgará a un total de 79 agentes por la masacre que sucedió cuando los agentes irrumpieron en la prisión para aplacar una lucha entre facciones rivales. Ningún policía murió en el motín. Otros tres policías procesados en la primera etapa fueron absueltos a pedido del fiscal, que también pidió que se eximiera a los acusados de la responsabilidad por la muerte de otros dos reos.

Durante años se discutió si los oficiales debían ser juzgados en un tribunal civil o militar.

El caso es tan complejo que sólo 26 de los 83 acusados están actualmente sometidos a juicio. Los abogados defensores dicen que los oficiales estaban cumpliendo órdenes y que no hay evidencias forenses para determinar quién mató a los reclusos.

Los fiscales dicen que muchos de los presos fueron asesinados a quemarropa dentro de sus celdas.

La tragedia ocurrió cuando un grupo de prisioneros organizó un motín al interior del pabellón número 9 de la cárcel que en su momento fue la prisión más grande y famosa de América Latina.

Como respuesta, una tropa de choque invadió el edificio para aplacar la rebelión y abrió fuego contra los amotinados.

Cinco de los acusados de la masacre ya fallecieron, incluidos el comandante que estuvo a cargo de la intervención policial, el coronel Ubiratán Guimarães, quien ya había sido juzgado y declarado inocente.

Actualmente todos los acusados que están respondiendo al proceso permanecen en libertad.

Según analistas y miembros del Ministerio Público, el resultado del juicio tendrá un peso simbólico ya que será interpretado como un indicador de la policía y la sociedad paulistana.

La fiscalía aseguró que tiene muchas pruebas que demostrarían la culpa de los policías.

Sin embargo, los fiscales dicen estar preocupados por una supuesta tendencia en el país en la que los jurados absuelven a aquellos policías que matan criminales, sin importar en las circunstancias de las muertes.

"Una parte de la sociedad todavía entiende que un bandido bueno es un bandido muerto. Un conjunto vasto y cristalino de pruebas como el que tenemos en nada va a ayudar si el jurado juzga basado en esa premisa", afirmó en declaraciones a la prensa el fiscal Márcio Friggi.

La abogada defensora, Ieda Ribeiro de Souza, dijo que los integrantes del jurado pueden ser influenciados por la repercusión negativa que la masacre tuvo en el exterior. (Con datos de BBC) 

 

"Organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron que los largos años de espera por una condena, favorecen una cultura de impunidad en el país"

 

 

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