Sudamérica: la era democrática y los presidentes despedidos

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Publicado el 24/11/2020 a las 10h38

Tras casi tres décadas tumultuosas, plagadas de golpes de Estado y dictaduras entre mediados y fines de los años 80 Sudamérica en su conjunto ingresó a una era democrática. Con matices, en algunos casos agravados, las formas del régimen de libertades se han mantenido en el subcontinente durante prácticamente tres décadas. Sin embargo, de cuando en cuando, las crisis políticas derivaron en esos momentos en que los mandatarios sudamericanos debieron salir sin haber completado su gestión, a veces a ritmo de fuga.    

Muchas paradojas se marcaron en la historia de los gobiernos abortados. Por ejemplo, en Venezuela. Durante tres décadas había sido una excepción en relación a sus vecinos. Sus presidentes cumplían armoniosamente los cinco años de mandato constitucional, aunque bajo un creciente deterioro de la imagen de la clase política. En 1993, la bonanza petrolera había decaído y una crisis económica desataba una creciente convulsión social. Ya un año antes, el presidente Carlos Andrés Pérez había conjurado un golpe de Estado liderado por el entonces desconocido teniente coronel Hugo Chávez Frías.

 Pero las presiones se multiplicaron también en ambientes parlamentarios. En marzo de 1993 una investigación acusó a Carlos Andrés Pérez de delitos de corrupción ("malversación genérica" y "peculado doloso"). La Corte Suprema ordenó su detención. El 31 de agosto de 1993, 101 días después de que el Parlamento lo suspendiera de sus funciones, Pérez fue destituido. Tras un año de gobierno de transición y una elección más al estilo acostumbrado desde fines de los años 50, con el gobierno de Rafael Caldera (1994-1999), llegó la era del chavismo.

Desde entonces Venezuela, probablemente, ha sido el país sudamericano que de manera más sostenida ha ido alejándose de las formas democráticas. Es más, en ese proceso, el 10 de abril del año 2002, el propio Hugo Chávez resultó depuesto de su cargo durante casi cuatro días. Tras un contragolpe articulado por sus leales y una vasta movilización de masas, el régimen acentuó su poder.

  • “Incapacidad mental”

Si el caso venezolano del año 1993 puede figurar como el primero, Ecuador continuó la serie cuatro años más tarde. El histriónico presidente Abdalá Bucaram había llegado al poder con la promesa de superar la creciente crisis económica arropado en sus excentricidades y la apertura de diversas e irreverentes rivalidades que con éstas había generado. Se había estrellado, por ejemplo, contra los militares y contra fuertes jerarcas del sistema político y económico. Su gestión empezó mal y se precipitó aceleradamente, un poco más rápido que la crisis económica que afectaba a un país que ya no reía con las ocurrencias de Bucaram.   

El 5 de febrero de 1997, menos de cinco meses después de su juramento al cargo, se organizó una huelga general contra el programa económico del Gobierno. Los manifestantes pidieron la renuncia del presidente. En la noche del 6 al 7 de febrero de 1997, el Congreso destituyó a Bucaram por “incapacidad mental para ejercer el poder”. Nadie salió a defenderlo y los militares se manifestaron ajenos al conflicto político. Bucaram denunció un golpe de Estado por parte de la oposición. Horas más tarde, en medio de un país paralizado y bajo la amenaza de movilizaciones sociales, huyó con rumbo a Panamá. 

No fue el único caso ecuatoriano en esta lista. El año 2005, el presidente (exmilitar) Lucio Gutiérrez corrió una suerte similar. El 8 de diciembre de 2004, Gutiérrez había sustituido a 27 de los 31 jueces del Tribunal Supremo, nombrando magistrados por afinidades políticas. El hecho se producía en medio de una crisis económica que había generado el mayor éxodo de ecuatorianos especialmente hacia Europa. Esa tarde, cerca de 70.000 personas se manifestaron contra la injerencia del presidente en la justicia. Lograron cancelar los nombramientos de los jueces. Gutiérrez buscó asilo en Brasil y el Congreso lo destituyó por abandono del cargo el 20 de abril de 2005. Meses más tarde, se iniciaría la etapa del prolongado gobierno (10 años) de Rafael Correa que cambió el orden político en aquel país. 

  • La “re re” más fraude

El turno peruano llegó el año 2000. Esta vez se trataba de un régimen que trataba de perpetuarse en el poder. Alberto Fujimori ya había gobernado el país desde 1990. Es más, en abril de 1992, había realizado una especie de autogolpe que revistió a su gobierno de rasgos autoritarios. Sin embargo, sus éxitos en la lucha contra el terrorismo y en la recuperación de la economía más una oposición debilitada le brindaron una holgada estabilidad hasta fines de los 90. El régimen empezó a descomponerse a principios del nuevo siglo, debido a múltiples denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Fujimori porfió en vulnerar las normas y se lanzó a una segunda reelección. El resultado de los comicios fue obscurecido por denuncias de fraude y el régimen empezó a tambalear frente a una emergente convulsión. Fujimori salió del país a una cumbre presidencial en Brunei, pero desde el exterior remitió una renuncia al cargo, el 21 de noviembre de 2000. Al día siguiente, el Congreso declaró la destitución del mandatario ausente por "incapacidad moral para ejercer el poder". Alberto Fujimori fue acusado de actos de corrupción, homicidio, genocidio, de varios secuestros y fue encarcelado.

A partir de entonces, salvo el caso de su sucesor, Valentín Paniagua, para el breve gobierno de transición (tres meses), una especie de hado fatal ha perseguido a los presidentes peruanos. Es probablemente, el país más afectado en esta materia, aunque también ha demostrado una singular fortaleza institucional.  

El nuevo siglo trajo lo suyo, en diciembre de 2001, el presidente argentino Fernando de la Rúa apenas completaba su segundo año de gobierno. Había tratado, infructuosamente, de frenar la debacle económica que su predecesor (Carlos Menem) había generado. Todas las variables macroeconómicas estaban en rojo o negativo. De la Rúa trató de sobrellevar un gobierno que supere la crisis gracias a la obtención de importantes inversiones y evitando medidas de shock. Pero el Estado se precipitó al límite de la quiebra.

En medio de una recesión, se vio forzado a reducir sueldos en la administración púbica y las jubilaciones. Luego, ante el riesgo de un colapso mayor impuso el llamado corralito que limitaba el acceso de los ahorristas a sus cuentas en los bancos. Faltando cinco días para la Navidad las calles estallaron. La Policía se vio forzada a una feroz represión que se saldó con 18 muertos, y aun así las protestas se reavivaban.

De la Rúa huyó en un helicóptero el 21 de diciembre de 2001 desde la célebre Casa Rosada.  Fue la antesala, tras un gobierno de transición de un año, de la era kirchnerista que se mantiene vigente en estos días.     

  • Los casos bolivianos

En octubre de 2003, Bolivia experimentó el más traumático cambio de gobierno desde la recuperación de su democracia 19 años antes. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada no resistió los embates de una protesta generalizada que reaccionaba frente a un sistema político corrupto y a una crisis de recesión económica no superada pese a sucesivas promesas y medidas estériles. Su intento por conservar el poder y sus políticas derivó en una masacre que arrojó cerca de 70 muertes y una sede de gobierno tomada por cientos de miles de manifestantes. Sánchez de Lozada huyó el 17 de octubre en helicóptero hacia la ciudad de Santa Cruz. Luego, tras renunciar, abordó un vuelo rumbo a Estados Unidos donde permanece desde entonces.

Tras una tormentosa etapa de dos gobiernos de transición que duró dos años y tres meses, se inició la etapa de 13 años y 10 meses del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Paradójicamente, en noviembre de 2019, el líder del MAS protagonizó el segundo gran colapso presidencial de la historia reciente en Bolivia. Evo Morales se vio forzado a huir del país, tras forzar una nueva repostulación a un cuarto mandato y luego protagonizar unas elecciones plagadas de denuncias de fraude.      

Así como Morales, también otros gobiernos afines al denominado socialismo del siglo XXI fueron objeto de forzosas salidas anticipadas. En 2012, el paraguayo Fernando Lugo fue destituido. El juicio del presidente, acusado, entre otras cosas, de "responsabilidad política" en la muerte de 17 personas durante enfrentamientos entre policías y campesinos en Curuguaty, desembocó en un "golpe parlamentario". Unos 125 congresistas decidieron destituirlo el 22 de junio de 2012 tras un controvertido juicio político.

Asimismo, en 2016, en el coloso sudamericano la presidenta Dilma Rousseff vio finalizar tempranamente su segundo mandato. El proceso de destitución de la presidenta Rousseff empezó en diciembre de 2015 y culminó el 31 de agosto de 2016. Fue acusada de violación de las normas fiscales por haber maquillado el déficit presupuestario con el uso de fondos de bancos públicos. Negó los cargos ante el Congreso y se defendió explicando que era víctima de un golpe de Estado. Curiosamente varios de sus acusadores así como su sucesor, Michel Temer, resultaron objeto de procesos por corrupción posteriormente.  

La lista la completan, por ahora, tres presidentes peruanos que fueron destituidos sucesivamente en menos de 20 meses. Pedro Pablo Kucynsky que había sido elegido en 2015 renunció en marzo del año pasado afectado por el escándalo Odebrecht. Su sucesor, Martín Vizcarra fue destituido del cargo hace casi dos semanas, tras un polémico proceso que lo acusaba por corrupción en sus tiempos de gobernador provincial de Moquegua en 2011. Su sucesor, Manuel Merino, duró cuatro días en el cargo pues una revuelta popular, que se saldó con dos muertes, impuso su salida.

Sólo Chile, Colombia y Uruguay no han visto alterado su ritmo de elecciones y posesiones presidenciales en esta era democrática sudamericana.  

 

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