Encuestadoras bolivianas ante un nuevo examen

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Publicado el 01/03/2021 a las 8h35

¿Los principales candidatos de Evo Morales, salvo algunas excepciones, ya están derrotados? Según las encuestadoras, sí. ¿O es que las encuestadoras, como ocurrió en al menos dos ocasiones, serán derrotadas por los resultados? El singular conflicto se ha instalado a escasos siete días de las elecciones regionales que reconfigurarán el mapa político boliviano. 

El pleito trae sus antecedentes y estas empresas van a una especie de examen de desquite con una afectación añadida: las dificultades que la pandemia y sus consecuentes medidas sanitarias imponen a la labor de los encuestadores. Ellas se lanzaron al desafío y tras lanzar sus pronósticos recibieron duros ataques de los desfavorecidos, en especial, del sector oficialista que lidera el expresidente Evo Morales. 

“A nuestros candidatos, siempre nos va mal en las encuestas, pero siempre nos va bien en las urnas –declaró Morales a Radio Kawsachun Coca, el 14 de febrero–. Eso es normal y quiero decir a todos los oyentes que esas encuestas no hay que creer. Algunos escuchan y se desmoralizan. Este año (las encuestas) están hechas para desmoralizarnos, para que no hagan campañas”.

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Proceso. El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, anunció el 21 de febrero que se investigará a las encuestadoras.
EFE

El MAS en apronte

El líder cocalero recordó las elecciones presidenciales de octubre de 2020, cuando una empresa del rubro anunció que habría un balotaje donde el MAS-IPSP perdería. “Esto es un mensaje del imperio, acompañado con la derecha boliviana –acusó Evo–. ¿Dónde está la segunda vuelta del 18 de octubre? De verdad habrá algún momento y es que alguien tiene que sancionar a esta clase de instituciones que hacen encuestas y que saben que están mintiendo y engañando al pueblo”.

Al parecer la bronca masista no se quedó sólo en la retórica. El 21 de febrero, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, anunció que se conformará una comisión para investigar a las empresas encuestadoras que en las últimas elecciones difundieron “datos que no condicen con la realidad”. Mamani, junto a otros diputados oficialistas, convocó a una conferencia de prensa y anunció que se creará una comisión mixta de parlamentarios. Esta instancia investigará, entre otros factores, el trabajo de las encuestadoras, la metodología utilizada para los sondeos, el universo encuestado y el margen de error.

La guerra está declarada. El detonante podría definirse según venga el aplazo o la reivindicación de las encuestadoras el próximo domingo. Sin embargo, desde tiempos premasistas, es decir, mucho más antes del bullado aplazo de 2005, frecuentemente surgieron dudas sobre la fiabilidad de las encuestadoras bolivianas. ¿Qué tan confiables son las encuestas electorales en el país?   

El problema principal

“Lamentablemente, las encuestas de intención electoral, las encuestas de opinión política en el país no gozan absolutamente de credibilidad –explica el sociólogo Franco Gamboa Rocabado–. Ello responde a una razón muy real: el 100 por ciento de las empresas encuestadoras son de carácter comercial. Por eso, resultan susceptibles a la penetración de intereses que las alejan de las condiciones técnicas para realizar estudios de manera objetiva. En otras partes del mundo, hay no sólo empresas comerciales, sino universidades, centros de investigación e instituciones de la sociedad civil. Allí, se realiza investigación de opinión pública, estudios de opinión pública y análisis de encuestas electorales y opinión política con un carácter eminentemente más imparcial”.

Gamboa añade que esa falencia pone en entredicho la posibilidad de una disposición abierta, honesta y un debate público para la construcción democrática. Cita como ejemplo al Centro de Estudios Públicos de Chile. “Es una ONG con mucha tradición, antigüedad y experiencia en encuestas de opinión política de manera alejada de los intereses partidarios –detalla–. En otros países, en EEUU, en Europa operan instituciones de la sociedad civil, como ‘thing tanks’, institutos de opinión pública, universidades y grandes empresas de comunicación. Ellas se esfuerzan también por elaborar un perfil de estudios de opinión lo más transparentes posibles”.

Que las encuestadoras bolivianas no la tienen fácil queda por demás claro y apuntado. No solamente están en el ojo de los políticos y los analistas (muchos las cuestionan), sino que su labor choca con diversas adversidades. Limitaciones económicas y estructurales, condicionamientos y presiones políticas se suman al desafío de abarcar un país de baja densidad demográfica, extensa geografía y socialmente muy diverso. En unas elecciones regionales aquella labor se complica más aún, y el trabajo empeora bajo los efectos de la pandemia. 

Odios y amores

“¡¿Los políticos van a juzgar la labor de las encuestadoras?! –pregunta una exoperadora técnica de estas empresas–. Hace poco no más circulaba la versión de que ciertos emisarios querían negociar cifras públicas y ‘cifras inbox’, y que en las públicas se hagan cambios mayores a los márgenes de error. O sea, por un lado, atacan, pero por otro, siempre están rondando a las encuestadoras. Desde siempre andan buscando información como quien no quiere la cosa y otras veces ofrecen negociar”.   

Otra voz experimentada en estas lides cuestiona también a los políticos y lanza un recordatorio: “La normativa la define el Tribunal Supremo Electoral, que es un órgano independiente, autónomo del Estado –dice Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubileo–. Estaba escuchando las declaraciones de parlamentarios que quieren normar el tema de las encuestas. No les corresponde. Hay la ley 026 y un reglamento para empresas que hacen estos estudios de opinión. Se debe cumplir con muchos aspectos técnicos, metodológicos y estadísticos para que uno pueda ser calificado por el Órgano Electoral. Ahora, ¿qué ha pasado en las gestiones de anteriores tribunales? Habría que investigar si efectivamente había esa rigurosidad en el tratamiento para que cumplan este rol las encuestadoras”. 

Nuñez encabezó el intento considerado más serio de encuestas electorales no comerciales en las elecciones presidenciales de 2020. Fue un proyecto en el que participó además la Universidad Mayor de San Andrés y recibió respaldo de la cooperación internacional. El director de la Fundación Jubileo ratifica las dificultades que se enfrentan para este tipo de trabajos. 

Alerta que las muestras con las que se trabaja resultan “muy pequeñas para un país tan diverso y complejo como el nuestro. Trabajar con muestras de 2.500 a 3.000 personas resulta insuficiente, peor en elecciones regionales. Nosotros trabajamos, para las nacionales con muestras de 14.000 encuestados. Si pensamos que, por la pandemia, están apelando a llamadas telefónicas y vía internet, más complicado aún”.   

Más problemas

Y por si faltasen condimentos para complicar el panorama de las encuestadoras, hay más. Por ejemplo, la manipulación y el fraude electoral. Así lo entiende Pedro Cabrera, consultor senior de Marketing y Comunicación, al preguntarle: ¿dónde se realizan las encuestas electorales más confiables?

“En los países donde las encuestas no pueden difundirse de forma pública ni privada y solamente les sirven a los equipos de marketing político y electoral para ‘afinar la puntería’ de sus estrategias –explica Cabrera–. Al no ser difundidas, no influyen sobre la opinión de la masa votante. Lastimosamente, en Bolivia, las empresas encuestadoras autorizadas fueron elegidas por un gobierno que cometió fraude electoral, son financiadas por medios de difusión que son parte de grupos empresarios de poder con aspiraciones al poder político, lo cual resta en gran parte cualquier dosis de credibilidad y se presta a la manipulación de la opinión pública”.

¿Influyen? 

En ese contexto surge entonces otra pregunta: las encuestas, pese a que resultan poco fiables y que no alcanzan una adecuada capacidad técnica, ¿al ser publicadas, por lo menos, influyen en la opinión pública? En este punto, las respuestas se hallan divididas entre tres de las fuentes consultadas. 

“Debemos decirlo por enésima vez –ha señalado en un reciente artículo el sociólogo Ricardo Paz Ballivián–. Las encuestas de intención de voto que publican los medios de comunicación o se difunden a través de las redes sociales virtuales, no influyen en la definición del voto de la ciudadanía. Existen al respecto decenas de investigaciones que descartan la influencia de las encuestas en la definición del voto, además de la constante empírica, en cada elección, de la diferencia entre lo que dicen las encuestas y lo que se consolida como resultado final”.

La operadora técnica discrepa parcialmente: “Las encuestas publicadas influyen en ciertas clases sociales y personas que luego actúan como orientadores. Se les llama líderes de opinión no mediáticos. Esas personas sí pueden llegar a influir en otras personas y hasta en grupos de personas. Para ello se pueden apoyar o incluso ser influenciadas por las encuestas publicadas. No es decisivo, pero ayuda algo o más que algo”.         

Así se cierra el panorama de la tensión que han desatado las encuestas que anteceden a las nuevas justas electorales. Y llega la pregunta del millón: ¿cuán exitosas resultarán las encuestas realizadas para estas elecciones? ¿Volverán a romper estrepitosamente los límites de sus márgenes de error? ¿Qué pasará si, por el contrario, esta vez aciertan? ¿De qué podrían acusarlas los políticos oficialistas?

Toda una prueba de desquite, cuyo resultado conoceremos dentro de una semana.

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