La pandemia como pretexto para reprimir y coartar derechos

¿Tiene sentido reprimir, confinar y hasta matar a los ciudadanos en nombre de salud de la población? Para algunos Gobiernos, sí. Es más, lo han hecho y lo están haciendo. La pandemia se ha convertido en una oportuna aliada de mentalidades corruptas y dictatoriales. El fenómeno ya ha despertado la alarma en las propias agencias de la Organización de Naciones Unidas y otras instituciones humanitarias.

De hecho, la oficina central de Naciones Unidas alertó por las medidas tomadas en al menos 12 países que se encuentran en estado de emergencia por la pandemia de Covid-19. La ONU ha señalado que fuerzas policiales han cometido excesos, detenido ilegalmente a cientos de miles e incluso cometido asesinatos, amparadas en las medidas de bioseguridad.

La hoy alta comisionada para los Derechos Humanos y expresidenta chilena, Michelle Bachelet, se vio obligada a lanzar un pronunciamiento oficial al respecto, en el que señaló: “Los poderes de emergencia no deberían ser un arma de los Gobiernos que quieren barrer con la disidencia, controlar la población o incluso perpetuarse en el poder”.

Los abusos al parecer tienden tanto a reprimir la disidencia política como las reacciones sociales contra las crecientes crisis económicas fruto de la coyuntura de la Covid-19. Por ello, la represión y el aislamiento han sido más fuertes en los sectores más pobres de las principales ciudades en confinamiento. Los abusos llegaron al extremo de la comisión de asesinatos en más de un caso confirmado y hay denuncias sobre varios otros más, en los cinco continentes.

• Masacre por Covid

En Nigeria, por ejemplo, la represión cobró niveles de masacre. Allí, 18 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad por violar las medidas de aislamiento. Se trata de un país donde, paradójicamente, durante varias semanas la Covid-19 no mató a nadie y sus picos más elevados rara vez superaron los 30 decesos por día.

La ONU también reportó que en Sudáfrica arrestaron a más de 150.000 personas por la misma razón. Allí se denunciaron muertes y casos de extrema violencia contra grupos civiles. Algo que en el otro lado del mundo también ha tenido sonados ejemplos. Es el caso de Argentina, donde se impuso la cuarentena más prolongada del planeta, casi 10 meses, pero además se incurrió en polémicas medidas de confinamiento forzoso. Eso sucedió especialmente en la provincia de Formosa, en la frontera con Paraguay.

Las denuncias llegaron al presidente argentino, Alberto Fernández, quien evitó manifestarse frente a las críticas recibidas sobre el internamiento a sospechosos de padecer Covid-19 en campos de concentración en Formosa. Una masiva reacción entre enero y febrero contra el gobernador Gildo Isfrán permitió visibilizar el caso. Diversos indicios y acusaciones permitieron evidenciar que la autoridad provincial implementó medidas dictatoriales aprovechando la pandemia.

• Desapariciones forzadas

En Formosa, el régimen de Insfran llegó a organizar campos de confinamiento forzoso para personas contagiadas o sospechosas de tener Covid. Las autoridades policiales organizaron operativos, en varios casos violentos, en los que se sacaba a personas de las casas o comunidades indígenas, sin que en varios casos sus familiares se enterasen. Una de las líderes de la oposición argentina, Elisa Carrió, de Coalición Cívica, reclamó la intervención de la provincia y advirtió: “Esto que pasó en Formosa le puede pasar a los santiagueños y a todos los que están en el conurbano. A los chaqueños, santiagueños, formoseños y también a los jujeños, porque el final de esto es un estado policial”.

La exministra de Seguridad y presidenta del Partido Propuesta Republicana, Patricia Bullrich, denunció: “En democracia, los DDHH no se recortan ni se suspenden”. “Avalar con el silencio los abusos de poder que se ven en Formosa y otras provincias, en nombre de la pandemia pone al Gobierno Nacional ante los ojos del mundo como un Gobierno autoritario. No confundan barbijo con bozal”. Bullrich ha recordado además que, hace tres años, “exfuncionarios y familiares lejanos del gobernador Insfrán aparecieron vinculados al narcotráfico”. Aludió así a otros fines paralelos para los que probablemente sirven las restricciones.

El caso ya ha llegado a instancias internacionales. Dos abogados han solicitado la intervención de la Comisión Interamericana de DDHH por los abusos contra comunidades originarias a raíz de la pandemia. En el escrito, los letrados consideran que el traslado por la fuerza de integrantes de poblaciones aborígenes a centros de aislamiento, sin informar a sus familias donde están, configura el delito de “desaparición forzada” de personas.

Hacia el norte del hemisferio, en El Salvador, también se denunciaron excesos para imponer el cumplimiento de las medidas de cuarentena. En este último país, Bachelet citó un informe de la Procuraduría de Derechos Humanos que denunciaba 149 arrestos arbitrarios entre el 21 de marzo y el 13 de abril de 2021.

• Censura

Igualmente se ha advertido serias violaciones a la libertad de expresión y de prensa. Según un informe del Diálogo Interamericano, de fines de 2020, la pandemia de Covid-19 ha servido de excusa a varios países de las Américas para “criminalizar” la libertad de expresión y han tomado medidas que restringen el trabajo de periodistas, activistas, profesionales de la salud y ciudadanos.

“El informe plantea la fragilidad de las libertades de expresión y el acceso a la información, en general, en la región”, explicó Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según el reporte, hay Gobiernos que han usado la pandemia como justificación para la opacidad y no han compartido datos sanitarios fidedignos, no han respondido pedidos de acceso a la información, ni han garantizado la transparencia del gasto público relacionado con el nuevo coronavirus.

En la lista ingresaron autoridades de potencias como Brasil y EEUU, así como de varios pequeños países centroamericanos. Esto, según los autores, contribuyó a la “infodemia” de desinformación online y puso más presión sobre las plataformas de internet que deben mantener un balance entre la protección de la salud pública y el respeto a la libertad de expresión.

• Grilletes

Además, ha surgido la figura de las violaciones a derechos fundamentales basadas en modernos artefactos tecnológicos. La libre circulación y la intimidad se hallan amenazadas de sufrir un embate también a causa de la Covid-19. El coronavirus ha disparado el uso de pulseras y tobilleras, así como la demanda de la implementación de chips, para monitorizar a presos y ciudadanos. La emergencia ha dado pie a que no se desarrolle un debate previo sobre sus amenazas para la privacidad y la libertad de tránsito. Diversos grupos de activistas han denunciado que se trata de un caso claro de vigilancia progresiva.

A medida que la pandemia comenzó a extenderse, las prisiones y las cárceles eran especialmente susceptibles a los brotes. Así que los sistemas de justicia penal de todo el mundo empezaron a buscar alternativas al encarcelamiento.

Muchos de ellos recurrieron a pulseras o tobilleras de control telemático para reubicar répidamente a las personas desde los centros penitenciales hasta sus hogares. Dada la escasa seguridad de esta medida, los dispositivos garantizaban una continua supervisión electrónica. Al mismo tiempo, tribunales de EEUU y Australia comenzaron a probarlos con un objetivo completamente diferente: hacer cumplir las órdenes de cuarentena.

“La pandemia ha normalizado ligeramente el uso generalizado de las pulseras telemáticas en todo el mundo  —ha escrito la politóloga estadounidense Lauren Kilgour—. Se trata de una tendencia preocupante que no deberíamos permitir avanzar sin un análisis previo. Algunas investigaciones sugieren que las pulseras de control telemático no reducen de anera conluyente la reincidencia, y la tecnología nunca se ha usado como herramienta para hacer cumplir órdenes de salud pública. De hecho, algunas críticas frecuentes sobre estos dispositivos afirman que su uso causa un daño importante”.

Kilgour ha señalado además que entre 2005 y 2015 en EEUU, la cantidad de personas monitorizadas con esta tecnología aumentó un 140 por ciento, de aproximadamente 53.000 a 125.000 personas. Bloomberg estima que en todo el mundo actualmente hay entre un 25 por ciento y un 30 por ciento más de individuos que llevan las tobilleras electrónicas de vigilancia como resultado de la pandemia. Bloomberg también informó ya en julio de 2020 que la Oficina Federal de Prisiones de EEUU, por sí sola, había puesto a aproximadamente 4.600 personas en confinamiento domiciliario desde finales de marzo, lo que representa un aumento del 160 por ciento con respecto a las cifras anteriores a la Covid-19.

“Distintos científicos sociales, humanistas, representantes gubernamentales, legisladores y formuladores de políticas, miembros de la comunidad y tecnólogos deben colaborar y ‘hablar cruzando las barreras’ para diseñar un futuro tecnológico más justo, digno y humano que esté atento a las necesidades matizadas de diversos usuarios y contextos sociales —ha remarcado Kilgour—. Podemos comenzar negándonos a crear o usar más grilletes digitales y no permitiendo que se extiendan a ni un caso más”.

En ese escenario, la preocupada Alta Comisionada de la ONU ha marcado límites: “Bajo el marco de las leyes de los derechos humanos, los Estados pueden restringir algunos derechos para proteger la salud pública. (…) Pero las restricciones deben ser necesarias, proporcionadas, no discriminatorias y temporales”.