¿Se desplaza el eje político boliviano?

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Publicado el 24/01/2022 a las 12h40
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//Fotos: APG y EFE//

Bolivia es un país donde los remezones, temblores y hasta los terremotos políticos no han escaseado ni mucho menos. La conflictividad política suele convertirse en una constante. Sin embargo, algo que ha variado ya en dos oportunidades en el curso de sus casi 197 años de existencia han sido los epicentros de esos sacudones políticos.

En el siglo XIX, los fenómenos que conmocionaban al poder surgían regularmente entre las ciudades de Sucre y Potosí. Tras un tortuoso proceso, que incluyó una guerra civil, en la primera mitad del siglo XX ese eje se trasladó a La Paz y Cochabamba. Durante la década de los 70, empezó a ampliarse hacia Santa Cruz. Y en este siglo XXI, el creciente peso político de decenas de regiones y, paralelamente, de la propia Santa Cruz parecen anunciar un nuevo cambio.

La memoria de hechos recientes brinda ilustrativos indicios. Suman las protestas contra determinadas iniciativas del actual Gobierno, como la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Suman también las agitadas organizaciones de encuentros masistas masivos en diversos puntos del país, excepto Santa Cruz, la mayor de las urbes. Y antes, sin duda, queda bien grabada la probablemente más extendida ola de protestas de la historia boliviana: aquella reacción de diversos sectores sociales tras las denuncias de fraude que surgieron durante las elecciones de noviembre de 2019.

Las bases del cambio

El nuevo giro histórico ya es advertido y evaluado por más de un analista.

“Se está desplazando el eje político del país y esto era absolutamente previsible —asegura el sociólogo Carlos Laruta—. Porque la Bolivia del siglo XXI nació parcialmente con la Ley de Participación Popular de 1994 y se relanzó con la Constitución Política (CPE) de 2009. En ella se expresa una nueva realidad del marco de alianzas y rupturas regionales en el país. No es casual que los dos rieles de la nueva Constitución sean el carácter plurinacional y el carácter autonómico del Estado boliviano”.

Los cambios mencionados por Laruta cristalizaron en la organización de Gobiernos autónomos municipales, departamentales y de pueblos indígenas, todos con capacidades legislativas. Ese nuevo escenario generó nuevas relaciones de poder dentro de las regiones. El analista concluye: “Fue una desconcentración del eje geopolítico boliviano que era característica del Estado unitario centralizado del siglo XX. Esa descentralización del eje de la acción sociopolítica global se expresa hoy en que La Paz dejó de ser el centro de todo y ahora hay varios centros. Es un Estado autonómico que tiene referencia con realidades sociológicas profundas”.

Pero no sólo una estructura institucional distinta y renovada al parecer va gestando el reacomodo del poder en el país. También crónicos problemas sociales y económicos irresueltos o mal atendidos suman entre los factores. La ausencia de políticas de Estado que se adapten a los nuevos tiempos sube los grados del seísmo boliviano. Así lo entienden los analistas consultados.

“Hay un problema en Bolivia que no se ha resuelto desde su fundación —dice el historiador Alexis Pérez—: se ha intentado siempre el desarrollo de los sectores exportadores, pero no de las regiones. Entonces poco a poco se fueron levantando las regiones, especialmente Santa Cruz, que alcanzó un buen nivel de desarrollo económico y, consecuentemente, tiene alta capacidad política, puede responder al país. Por su lado, las otras regiones se han lanzado a una creciente protesta porque se las ha postergado una y otra vez. No se las ha atendido más allá de mal encarados términos de servicio. Se les suele dar pilitas, escuelitas, canchitas o caminitos, pero no políticas estructurales para su desarrollo”.

El asentamiento

Los conflictos entre los poderes regionales y el Gobierno central también parecen marcar la transición hacia esa Bolivia reasentada políticamente en el siglo XXI. Para ello vale añadir a la memoria del conflicto de noviembre de 2019 la disputa entre la denominada “Media luna” y el MAS en 2009. En aquel tiempo, tras violentos enfrentamientos, intervenciones militares y operativos policiales el poder de las regiones fue finalmente neutralizado. Sin embargo, el gobierno masista debió ceder al diseño de un Estado con cuatro niveles de autonomías.

Las nuevas tensiones ya en la tercera década del siglo XXI muestran el peso de aquel cambio. “Ha cambiado la dinámica institucional y política, ya no tiene el patrón centrado en La Paz —dice el sociólogo Franco Gamboa—. Empezaron a aplicarse las funciones privativas transferidas a los gobiernos subnacionales con la nueva CPE. Con ello se han ido consolidando las posibilidades del manejo administrativo del Estado con características descentralizadas. Por eso resulta muy difícil hoy liquidar el liderazgo de un alcalde elegido, como Manfred Reyes Villa, o apresar al alcalde Iván Arias o cercar con notificaciones judiciales al Gobernador Camacho”.

Sin duda, la posibilidad de descabezar autoridades opositoras regionales se le ha vuelto al Gobierno más difícil que en el pasado. Ello sucede pese a su evidente influencia en el Poder Judicial.

“Y en caso de que se dieran esas circunstancias, algo no descartable, es muy difícil centralizar el poder político en La Paz —añade Gamboa—. Los movimientos cívicos regionales, un claro ejemplo es Potosí, marcarían una subversión institucional que liquidaría cualquier intención de fortalecer el poder desde La Paz. Pese a los discursos que en las regiones todavía hablan del ‘centralismo paceño’ y de que la chequera está centralizada, institucional y democráticamente, las cosas han cambiado”.

El cambio del eje político boliviano parece estar en marcha, pero justamente ahí se ubica uno de los factores más complejos: está en etapa de transición. La nueva definición del juego de fuerzas políticas en el país resulta similar a un parto del que no se sabe cuánto dolor implicará. Los conflictos de intereses, los problemas crónicamente irresueltos y factores imprevistos conformarán la compleja prueba a superar. No se descartan nuevas etapas de violencia.

Transición delicada

“Yo planteo la hipótesis de que Bolivia ha sufrido dos guerras federales —explica Carlos Laruta—. La primera, entre fines del siglo XIX y principios del XX, cuando el eje político nacional se movió de Sucre-Potosí a La Paz. Ello implicaba un cambio del eje geopolítico interno, cambió y cambiaron, por lo tanto, los ejes económico, político, étnico-cultural, etc. Es decir, ese cambio también alteró el diseño de la Bolivia del siglo XX, es fruto de esa primera Guerra federal. Hoy, yo sostengo que se está produciendo en silencio, con mucha dinámica económica y migratoria, afortunadamente sin violencia aún, una segunda guerra federal, con Santa Cruz como eje”.

Bajo esa hipótesis, La Paz ya habría cumplido su función de diseñar un Estado unitario y centralizado para todo el siglo XX. Mientras tanto, Santa Cruz asume progresivamente el rol de eje de una nueva Bolivia. Las características del renovado Estado del bicentenario boliviano aún no se hallan del todo claras. Sin embargo, los analistas advierten algunos primeros factores consolidados.

“Se nota una híper concentración poblacional —cita Laruta—. El modelo moderno de desarrollo cruceño, basado en una articulación capitalista de agricultura, finanzas, industria, etc. atrae a decenas de miles de inmigrantes de todo el país. Es un modelo resultante del Estado de 1952 y ha ido gestando gradualmente al nuevo eje geopolítico del país. Todos los problemas recientes, como los incendios, las tomas de tierras, grupos paramilitares del MAS en áreas protegidas, etc. son parte de esa pugna nacional”.

Paulatinamente, la proyección de ese eje del bicentenario boliviano, según prevén las fuentes citadas y otras, se complementaría dinámicamente con regiones específicas del país. “Energética, hacia el sur oeste; agro productiva, hacia el noreste, e industrial-comercial, hacia el noroeste articulando servicios y mercados también hacia ultramar”, dice el economista Sebastián Hurtado, en su libro Proyección del nuevo eje. A lo que Laruta añade que una de las regiones más complementarias “resultaría, y ya hay señales claras de ello, El Alto”.

Sin embargo, el tránsito hacia la consolidación del nuevo eje boliviano coincide con un no muy bien valorado desempeño de los actores políticos del momento. Sólo existe un partido debidamente estructurado y con presencia significativa a nivel nacional: el MAS. Mientras tanto las organizaciones opositoras aparecen minimizadas o atomizadas. Mientras tanto las fuerzas sociales tampoco cuentan con el asidero de un desarrollo económico estructural.

Un factor crítico

“Está entre lo más crítico de este momento, soy muy pesimista al respecto —dice Pérez—. No recuerdo dirigentes políticos, de cualquier sector y tiempo, con tan baja preparación y ausencia de visión o análisis. Y sus operadores principales se dan cuenta del cambio pero están buscando actuar con las estrategias más miopes y torpes. Todo en un país donde la mayoría de la gente debe dedicarse al contrabando y el capital depende del extractivismo dependiente de las cotizaciones internacionales y el narcotráfico”.

Gamboa tampoco halla valores de esperanza en la política.

“El MAS tiene alcance nacional, pero no es hegemónico porque no articula su hegemonía sobre la base de consensos ni de una renovación democrática de liderazgos —explica—. Ha prebendalizado, ha clientelizado la política, y eso destruirá sus posibilidades hegemónicas. La hegemonía no es un sistema de favores entre compadres y ahijados; es una construcción social y cultural que articula consensos y una nueva visión de futuro. Mientras tanto, los liderazgos opositores locales están enguerrillados en conflictos de corrupción y clientelismo. Quienes podían haber significado una proyección a ser alternativa al MAS están congelados y los excontendores se hallan desaparecidos e incapacitados como para lanzar propuestas de carácter nacional”.

No se sabe cuándo se producirá un nuevo remesón que vuelva a alertar dónde se hallan los centros de gravedad de la actual Bolivia. Sin embargo, ya está marcada en el calendario una tensa cita en la que los números cantarán novedades: el 16 de noviembre de este 2022 se realzará el Censo de Población y Vivienda de Bolivia. Como es sabido, será efectuado después de diez años. Sus resultados definirán, entre otras medidas, la nueva asignación de escaños en el parlamento y constituirán base para la distribución de los recursos económicos. Pero, sobre todo, señalarán con precisión dónde se asientan los nuevos polos del poder social y económico del país.

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