La fiebre boliviana del oro contagió a narcos y tratantes

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Publicado el 25/04/2022 a las 9h04
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Narco sin plata es narco muerto. Narco con plata es narco con poder. Narco con mucha plata es narco con mucho poder. Narco con mucha plata y, además, con oro ya tiene otro nivel. Probablemente no sólo pueda ser dueño de vidas y haciendas, sino de selvas enteras. 

Esa es la sombra que se asoma con bulla y pisadas cada vez más notorias, especialmente a la Amazonía del occidente, centro y norte bolivianos. Sin embargo, tiene lazos lejanos, rutas, que por aire, por tierra y por agua cruzan gran parte del país y traspasan las fronteras. Como el oro y el narco combinan con la satisfacción de las bajas pasiones, entonces se entrelazan con la trata de personas. A estas alturas no será raro hallar en tan atormentada región narcos con plata, oro y burdeles donde se permite la pedofilia.  

Un combo millonario

Son una especie de territorios liberados donde no hay autoridad ni fuerza del Estado que valga, casi ni siquiera en términos decorativos. Todo un combo de tentaciones para cualquier corajudo ambicioso, sin mayores escrúpulos ni valores. Dos y hasta tres booms en uno. El más legal de los tres, el oro, experimentó un salto en su cotización de 9,9 dólares por gramo en 2002 a 64,1 dólares por gramo, el reciente 10 de marzo. Incluso el salto ha sido notable si se considera un plazo más corto, porque en diciembre de 2015 la cotización llegaba a 34,1 dólares por gramo del dorado metal.   

Por su parte, la cocaína amplió sus mercados a escala mundial tras ingresar masivamente a África y Asia y haberse consolidado en Europa y América. Así lo reveló un informe de 2020 de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD). La agencia señaló que el precio al por mayor del kilo de cocaína en Europa era de 41.731 dólares, mientras en EEUU bordeaba los 28.000. Ese kilogramo en Bolivia cuesta entre 2.000 y 2.500 dólares y, por ejemplo, en Buenos Aires vale 10.000. 

Según la Policía Criminal Internacional (Interpol), el negocio de la trata y tráfico de personas hoy es el tercer más bonanzoso del planeta. Dicha organización señala que mueve capitales por un monto superior a los 39 mil millones de dólares anuales. Y trata, cocaína y oro constituyen los tres principales negocios que confluyen en las selvas bolivianas. Toda una paradoja, pues dejan miseria, crimen y contaminación ambiental masiva a su paso.     

¿Juntos o revueltos?

¿Cuán del brazo operan narcos, algunos mineros y tratantes en las zonas auríferas hoy? La mayoría de las fuentes consultadas para este reportaje coincide con versiones similares a las de la senadora Cecilia Requena: “Tengo denuncias de gente de la región, por ejemplo, Ixiamas, de que se está utilizando la misma infraestructura sobre todo en lugares de frontera (Perú). Al menos se habla de pistas para negocios ilegales, en este caso el narco que puede servir también para trasladar el oro. Hay un problema adicional: muchos señalan que la compra de maquinaria pesada, donde entran los inversionistas extranjeros y nacionales, está funcionando muy probablemente, como lavado de dinero”.

La fórmula parece haber proliferado en la progresión del incremento de la cotización del metal más codiciado del planeta. Cuando el gramo valía menos de 20 dólares era vox populi en la zona que ciertos políticos o empresarios respaldaban las peripecias de algunas cooperativas. Contrariando la filosofía humanista de este tipo de organizaciones se convertían en los socios ocultos y principales beneficiarios. Desde principios de la década pasada, los socios “ocultos” empezaron a hacerse más visibles y no solo por sus ojos rasgados, vestimentas o acentos extraños. Los mineros estrenaban, como quien saca un premio, retroexcavadoras valuadas en decenas de miles de dólares y dragas que cuestan 100 mil o más. 

Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en apenas siete años la importación de dragas subió más del 14 mil por ciento. Además, fue en una época donde la fiebre del oro no había llegado a su máxima temperatura, el periodo 2010-2017. Mientras en 2010 se importó este tipo de equipos por un valor de 15.509 dólares, en 2017 la cifra subió a 2,2 millones de dólares. En 2018 hubo una virtual pausa con una importación de 12.326 dólares, para dar otro salto exponencial en 2019, con 1,8 millones de dólares.

Lavar oro y lavar con oro  

“Está entre las mejores posibles formas de lavar narco dólares —dice un coronel policial jubilado que trabajó en zonas rojas y prefiere guardar el anonimato—. Ante las autoridades y la sociedad queda como uno más de los mineros exitosos. Pero además también se puede lavar el mismo oro. En Colombia, a principios de este siglo, los grandes narcos compraban oro en Panamá y lo llevaban en bruto a las zonas auríferas colombianas. Lo fundían y presentaban a las autoridades como si fuese producto de la explotación de sus concesiones”. 

Si bien existen varios otros factores, aquel fenómeno contribuyó a que Colombia, en varias gestiones, exporte más oro de lo que produce. El fenómeno, por ejemplo, se repitió en 2017 cuando produjo 41 toneladas, pero exportó 48. Paradoja que también desde hace varios años se produce en Bolivia. En 2015, por ejemplo, el propio presidente de las Cooperativas Auríferas de La Paz, Eduardo Polo, informó que Bolivia exportaba entre 15 y 20 toneladas, pero producía menos de 10. 

“Es muy difícil establecer el origen de los fondos con los que muchos de los trabajadores mineros actualmente van trabajando —dice el investigador Alfredo Zaconeta—. Eso sucede particularmente en la explotación del oro, porque vemos la expansión que se está dando hacia el norte del país. Predominan las cooperativas, pero también hay empresas y empresas unipersonales. Y como todo ello se basa en el capital privado es muy difícil establecer el origen de sus capitales. Por diversos documentos y declaraciones siempre se menciona que dentro de estos capitales privados estarían inmersos capitales extranjeros, especialmente chinos y colombianos”.     

Zaconeta, quien es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), recuerda que esa financiación está plenamente constatada pese a que es ilegal. Según lo que establecen diversas leyes y el actual Código Minero, las cooperativas no podrían operar de esa manera. “Está envuelto todo esto en un mar de ilegalidades, hermetismo, poca transparencia y falta del Estado para fiscalizar estos hechos”, añade el investigador. 

La ausencia del Estado en las regiones y el negocio auríferos sobrecoge a más de una de las fuentes consultadas. Está establecida una notable lista de actores institucionales involucrados en la explotación, comercialización y exportación de oro: el Servicio Nacional de control de la comercialización de minerales (Senarecom), la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la Policía, Impuestos Nacionales, los ministerios de Minería y Medio Ambiente, entre otros. Algo similar sucede en cuanto a la protección de los derechos humanos con una serie de defensorías y viceministerios ajenos a las poblaciones afectadas. 

No entra ni el Presidente 

Sin embargo, más allá de los límites que imponen los dueños del negocio, o los negocios, y sus dependientes, el Estado boliviano virtualmente desapareció. Así lo evidenció la senadora Requena este 1 de abril, cuando, junto con una comisión, pretendía verificar asentamientos mineros en el parque Nacional Madidi. Ahí constataron la presencia de la draga aurífera “el Dragón La Reina”, que se hallaba a unos 500 metros de la reserva natural. También recababan datos sobre un enfrentamiento armado que, tres días antes, había dejado tres heridos en la zona de Chushuara. 

Repentinamente la comitiva fue violentamente agredida. “Hacían reventar dinamitas, petardos —relató Requena—. La actitud era absolutamente alevosa, como si se tratara de una tierra sin ley, donde la ley eran ellos (avasalladores). Nos amenazaron con confiscar nuestros celulares. Incluso, les advertimos que era senadora, pero respondieron que no les importaba, que ni siquiera el Presidente (Luis Arce) podía entrar al sector”.

El conflicto en Chushuara fue desatado por una nueva irrupción de militantes de la organización denominada “interculturales”. La organización, afín al partido en funciones de gobierno, está compuesta básicamente por inmigrantes quechuas y aimaras que buscan zonas de colonización. Por lo general, avasallan tierras, según el interés en el recurso que puedan explotar, ya sea cuadrículas mineras, siembras de soya o plantación de cocales. La fiebre del oro hizo que en Chushuara atacaran a campesinos de la zona que ahora han huido a La Paz dejando sus sembradíos.    

Según Marta Irene Mamani, investigadora de la Fundación Tierra, las principales regiones de actividad de los interculturales son tres: Norte de La Paz, Santa Cruz y Chapare de Cochabamba. Es decir, la presencia de estos grupos, frecuentemente armados y violentos, confluye con las zonas rojas del circuito coca-cocaína y la minería del oro. Lo que vuelve aún más complejo el cóctel de conflictos sociales e inseguridad derivada de las actividades ilegales. Pero, además, así como los campesinos de Chushuara, las principales víctimas de los avasallamientos suelen ser los pueblos indígenas originarios.

Indígenas vs. oro y narcos 

Desde principios de la década pasada, las demandas de las organizaciones indígenas, especialmente amazónicas, alertan también sobre los avasallamientos, la minería del oro y el narcotráfico. Así lo demuestra, por ejemplo, la memoria del Tercer Encuentro “Resistencias desde los territorios, bases para una acción coordinada”, texto donde se encuentra las ponencias de diversos líderes indígenas de tierras bajas.       

El dirigente chiquitano Elviro Yopie, de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Monte Verde señala: “Estamos amenazados con varias cosas, uno que dentro de nuestro territorio tenemos un tema minero y un tema maderero. Nos están por avasallar los interculturales, estamos rodeados cerca de la provincia Velasco, los colindantes son hermanos del interior que comenten ilícitos, dicen que no están ocupando ese territorio, hemos dado parte a la Felcn pero no van, quizá por complicidad, este tema es tan delicado. (…)  Existen 13 concesiones mineras, activas. Hay actividades ilícitas del narcotráfico, se ha evidenciado, se ha desbaratado una fábrica, esa fábrica y esos hallazgos no son de los pueblos indígenas (…), hemos entregado una nota formal al Ministro de Gobierno, pero hasta ahora no han intervenido”. 

Es posible hallar relatos similares de líderes de las TCO del norte y el occidente del país. Aquel encuentro fue convocado por cuatro subcentrales de las organizaciones indígenas y se realizó en Santa Cruz el 23 y 24 de noviembre de 2017. Recibió el respaldo de siete conocidas organizaciones no gubernamentales como APCOB, CEDIB, CEJIS, CIPCA, TIERRA, Diakonía y Misereor. Y fue organizada por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).

El siguiente año, el 19 de septiembre, en un seminario desarrollado por el Centro de Información y Documentación Bolivia (CEDIB), el entonces investigador de esa ONG, Marco Antonio Gandarillas, vertió una conclusión: “En más del 80 por ciento de las TCO que fueron analizadas en el país donde se da la explotación aurífera también se registran problemas vinculados con el narcotráfico”.

El añadido radica en uno de los problemas que más conmocionan a la sociedad boliviana: los incontables casos de trata y tráfico de personas. Sobre la gran incidencia de este delito en zonas auríferas se han realizado también ya incontables y detallados reportajes e investigaciones. Basta citar, por ejemplo, el reportaje, de octubre de 2021, realizado por los periodistas Karen Gil y Ricardo Espina: “Minería del oro en la Amazonía: donde sufre la tierra y se explota a las mujeres”. O también la investigación realizada por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, en 2018, titulada: “Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y sus rutas en zonas mineras y extractivas”. 

Las revelaciones en cada caso tuvieron notoria repercusión. Por ejemplo, los datos recabados en poblaciones auríferas como Mapiri, Mayaya y Tipuani. Allí el 100 por ciento de los burdeles y locales de bebidas alcohólicas ofrecían, según la investigación, adolescentes a los clientes. Sin duda, la trata en su más impune expresión.

Rutas coincidentes

Pero a ello, además, el trabajo de Unicef aporta un dato que permite realizar comparaciones con, por ejemplo, la investigación “El crimen organizado y la minería del oro en Latinoamérica” realizado por The Global Initiative Against Transnational Organized Crime. En el contraste es posible establecer que las rutas del traslado de las víctimas de la trata coinciden con las del oro y el narcotráfico.           

Rutas que alternan ríos amazónicos, caminos vecinales y pistas clandestinas donde hasta se borran las fronteras internacionales. Rutas por las que, valga recordarlo una vez más, también dejan, sobre todo en las aguas, su marcada huella de contaminación ambiental químicos como el mercurio utilizado por los mineros. Una huella que, según ha denunciado el CEDIB, incumple en extremo con normas nacionales e internacionales. Y más de un rumor añade que no todo el también contaminante diésel trasladado por las incontables lanchas que recorren la zona sirve sólo como carburante.       

       

¿Y las autoridades?

Frente a semejante panorama las críticas y las propuestas se han radicalizado. “También el Estado está creando está situación por acción no sólo por omisión”, dice Cecilia Requena. Ella y otros analistas cuestionan cómo las autoridades han aprobado leyes que favorecen el caos en el negocio aurífero. Pero, además, advierten que se ha llegado a violar esas propias normas favorables al sector y permeables a la actuación de las mafias. 

“La AJAM genera tempestades, las promueve, obviamente —añade la senadora—. Pero cuando tú les pides que vayan a hacer una inspección de un caso responden: ‘Ay, solo tenemos nueve policías y es muy peligroso, lo haremos con mucho cuidado’. Pero, entonces, harán un operativo cada trimestre cuando hay cientos de operaciones ilegales”. Mientras, en el caso de la prensa, como sucede en sucesivos episodios, la posibilidad de obtener entrevistas para saber la postura de las autoridades sobre el tema queda frecuentemente postergada sin fecha definida.         

El coronel de Policía, tras relatar diversas anécdotas sobre las limitaciones de las fuerzas del orden en estas regiones, recuerda que el problema suma características únicas a nivel internacional. “Hubo acuerdos firmados por Bolivia para frenar lo que está pasando allí. En Ecuador cumplieron y hasta destruyeron dragas con tropas y todo. En Colombia, también hubo grandes operativos frente a un problema similar. Acá los reciben con salteñas en la plaza Murillo y si les tocan vienen a meter dinamita a su gusto”. 

Por si el brillo del metal no dejase ver otros problemas valga añadir que Bolivia exportó oro, en 2021, por más de 2.000 millones de dólares. Pero la tributación para el Estado bordeó apenas los 60 millones. Salvo esos 60 millones manchados de sangre, dolor y contaminación, el resto de los ingresos se pierde en la sombra de sus misteriosos grandes beneficiarios. ¿Entre ellos narcos con plata y oro?      

 

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