El intrigante avión venezolano iraní que aterrizó en Ezeiza

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Publicado el 08/08/2022 a las 8h32
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Desde hace 28 años cualquier conexión que lleve a Irán, Hezbolá, la fuerza Quds pone en alerta a las autoridades de seguridad argentinas. La memoria del atentado contra la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA) marcó a este país. Por ello, el lunes 8 de junio de este año los particulares sistemas de alarma que el caso retrotrae volvieron a activarse. Un avión Boeing 747, de la aerolínea venezolana Empresa Transportes Cargo del Sur (Emtrasur), filial de la compañía Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), fue retenido en el aeropuerto de Ezeiza. 

La nave transportaba autopartes y llevaba 14 tripulantes venezolanos y cinco iraníes. La aeronave despertó sospechas sobre los motivos de su vuelo hacia Argentina y poco a poco se convirtió en otro escándalo internacional con tufo a terrorismo islámico. Un escándalo que en semanas recientes tomó un extraño giro, probablemente relacionado a las consecuencias de la guerra que libran Rusia y Ucrania. 

El avión carguero del nuevo escándalo pertenece la empresa aérea iraní Mahan-Air. La aeronave en cuestión se trata de un Boeing modelo 747-300M, con cerca de 34 años de antigüedad. Llegó al país procedente de México el 6 de junio, en una primera instancia intentó aterrizar en Ezeiza, pero debido a la niebla que hubo aquellos días, tuvo que ir al Aeropuerto de Córdoba y por la tarde sí se dirigió a la terminal internacional.

El avión quedó bajo la lupa de la justicia argentina luego de que se activaron las alertas internacionales. Las características de su tripulación y sus itinerarios de vuelo despertaron sospechas. Los destinos más frecuentes de este Boeing 747-300, adaptado para carga, son Serbia e Irán. Aunque todavía es un misterio por qué si el avión utiliza bandera venezolana su tripulación está integrada habitualmente por iraníes en distintos viajes por América Latina, como ocurrió con Argentina y en mayo ya había sucedido en Paraguay.

“Pseudoaerolíneas” 

Las sospechas no son fruto de ninguna paranoia coyuntural. “Desde que llegó al poder en 1979 el régimen de los ayatollahs de Irán utiliza un enorme conglomerado de empresas para intentar burlar las sanciones internacionales por su carrera nuclear y el terrorismo. Son compañías que se van armando y cerrando de acuerdo a la necesidad política”, ha señalado el analista Gustavo Sierra en un artículo para el portal Infobae. 

Este tipo de aerolíneas camufladas como de uso civil comercial, especialmente de transporte, han sido identificadas en actividades delictivas. Las autoridades y analistas de seguridad de EEUU aseguraron en varias oportunidades que trabajaban llevando armas a zonas de guerra, como Siria, Líbano e Irak, donde estaba especialmente involucrado el régimen iraní. Y, pese a que Manhan Air resulta una de las principales empresas aéreas de Irán, ha sido incluida en la lista roja de los servicios de inteligencia occidentales.   

Mahan Air fue sancionada por esas actividades en 2011. Se le ha prohibido aterrizar en más de 40 países de Europa, Asía y América. Oficialmente realiza vuelos internos y desde Teherán hacia Pakistán, India, Rusia, Irak, China, Tailandia y Turquía. “Para evitar estas sanciones, Mahan Air y otras aerolíneas pseudociviles acuden a asociaciones con empresas de otros países y compran o venden sus aparatos para operar con otra bandera que no sea la iraní —añade Sierra—. Por ejemplo, Pouya Air, que tiene licencia de Sudáfrica y Qesham Fars Air, de Azerbaiyán”. 

Sin duda, las autoridades argentinas y de otros países ataron esos cabos cuando apareció el Boeing 747-3B3(M) matrícula YV3531 en Ezeiza. Ello porque era propiedad precisamente de la empresa iraní Mahan Air hasta enero y sugestivamente fue transferida a Emtrasur Cargo.

Mentiras y antecedentes

Las susceptibilidades se multiplicaron cuando se profundizaron las pesquisas. El vuelo, proveniente de México, supuestamente, llevaba a la capital argentina partes para el armado de automóviles de la empresa Volkswagen. Pero la transnacional de origen alemán desmintió cualquier relación con el cargamento. Peor aún, el piloto del avión de Emtrasur-Conviasa, el iraní Gholamreza Ghasemi, de acuerdo a registros de la Oficina Federal de Investigaciones de EEUU (la muy conocida FBI, por sus siglas en inglés) resultó ser miembro histórico de la Fuerza Quds. 

La Fuerza Quds es la división de elite de la Guardia Nacional Islámica Iraní. Se ocupa de las operaciones especiales de inteligencia y extraterritoriales. Es la responsable de coordinar, entrenar, relacionarse con diversas organizaciones afines en el mundo. Su relación con la guerrilla libanesa del Hezbolá es célebre precisamente por atentados como el de la AMIA. En años recientes, ambas organizaciones han sido identificadas en intensas actividades relacionadas al narcotráfico y el tráfico de armas, especialmente en Latinoamérica.     

Del resto de la tripulación del avión retenido en Buenos Aires trascendió que hubo otros seis casos sospechosos ya sea de pertenecer tanto a fuerzas militares iraníes, el Hezbolá o al venezolano Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Vale recordar que Irán es uno de los principales aliados comerciales de Venezuela. De hecho, en meses recientes esa alianza fue reforzada, incluso con la visita del presidente Nicolás Maduro a Teherán para firmar diversos acuerdos de cooperación. 

El 1 de agosto, el juez federal Federico Villena decidió mantener vigente la prohibición de salida del país para 7 de los 19 tripulantes del avión de Emtrasur. Se trata de cuatro iraníes, entre ellos el piloto y el copiloto, y tres venezolanos. A los otros 12 tripulantes (un iraní y 11 venezolanos) se les dio vía libre para volver a sus países de origen en vuelos de línea. 

Entre los tripulantes forzados a quedarse en el país se destacan el piloto Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, y tres venezolanos: Víctor Pérez Gómez (gerente general de Operaciones), Mario Arraga Urdaneta y el mecánico José García Contreras. Sobre ellos cinco, el juez sostuvo que hay indicios concretos. 

En cambio, sobre otros dos iraníes, Saeid Vali Zadeh y Mohammad Khosraviragh, no hay indicios puntuales pero el juez quiere que se queden en el país hasta que se termine la pericia sobre los teléfonos y las computadoras. Precisamente, uno de los elementos que mayores suspicacias despierta son los mensajes grabados en los 72 aparatos electrónicos que se hallaron en el avión. Para ello fue necesario gestionar traducciones del farsi. 

Hasta ahí el proceso avanzó generando expectativa y acentuando la interrogante sobre las verdaderas intenciones del vuelo venezolano-iraní. Los jueces e investigadores argentinos solicitaron información a autoridades de Uruguay, Venezuela y, especialmente, Estados Unidos. Pero justamente en este punto se produjo una de las mayores sorpresas del proceso. Las autoridades argentinas no obtuvieron hasta el primer día de agosto respuestas a ya varias solicitudes formuladas al Departamento de Justicia de EEUU. 

Se considera que en la mencionada dependencia existe información que relaciona a uno o más de los detenidos con específicos actos de terrorismo. Por ello, la dilación en la respuesta ha resultado casi del todo inexplicable. Salvo por un reclamo coincidente con un proceso de alto nivel que se lleva a cabo en estos meses. El reclamo provino de la senadora republicana Joni Ernst. La parlamentaria remitió al fiscal general de EEUU, Joni Ernst, una carta de tono indignado. 

¿Se negocia información?

Tras recordar detalladamente la presunción de que el Departamento de Justicia de EEUU posee información clave sobre los tripulantes iraníes que permanecen en Argentina, Ernst alertó: “Pero la administración de Joe Biden ignora sospechosamente las solicitudes hechas por la justicia argentina, incluso en virtud de las obligaciones del tratado entre los dos países”.

Ernst detalló cómo actuó la administración Biden después del escándalo en Argentina con los vínculos directos de sus tripulantes con la Guardia Revolucionaria Iraní. “Biden se ha negado a proporcionar a los funcionarios argentinos encargados de hacer cumplir la ley información que confirme los vínculos con actividades terroristas”. Por esta razón, Ernst afirma que la situación “sugiere una priorización de otras partes de la agenda de esta administración, como las negociaciones sobre un nuevo acuerdo nuclear iraní”.

“Si resulta que el Departamento de Justicia del presidente Biden está retrasando e ignorando deliberadamente las solicitudes del poder judicial argentino para llevar a cabo su investigación, incluso frente a las obligaciones del tratado, todo para priorizar la búsqueda desesperada y equivocada de la administración de un nuevo acuerdo nuclear con Irán, sería una vergüenza y completamente inaceptable”, acotó.

Mientras tanto, en las últimas semanas, en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, EEUU e Irán han avanzado sus gestiones para un nuevo acuerdo nuclear. Desde que se desataron las hostilidades, las autoridades de EEUU multiplicaron sus esfuerzos por aligerar las tensiones con gobiernos afines a Rusia, incluidas Venezuela e Irán.  

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