Deuda al límite, nunca en su historia Bolivia debió tanto

Hace aproximadamente 45 años, una pregunta marcaba la indignación colectiva y se convertía en bandera de protesta: ¿cuánto debe cada ciudadano boliviano? Ello porque en aquel tiempo la dictadura de Hugo Banzer había multiplicado por cuatro la deuda del país y ésta se hacía impagable. De pronto, los bolivianos se enteraban que hasta nacían endeudados. La cifra fatal era 352 dólares por cabeza, deuda que iba subiendo cada día.

¿Cuánto debe hoy cada boliviano? De acuerdo a las proyecciones del propio Gobierno del Estado Plurinacional cada ciudadano hoy nace debiendo 2.973 dólares. Si los convertimos al valor de los dólares del tiempo de la dictadura de Banzer resultan 639 dólares de deuda, deuda que igualmente va subiendo cada día. Es decir, la deuda per cápita es casi el doble que la de la dictadura banzerista.

Pero el salto no sólo se lo puede comparar desde aquellas ya lejanas épocas. En 2012, la deuda con la que nacía cada boliviano llegaba apenas a 777 dólares, es decir, se multiplicó 3,5 veces. Una investigación de la Fundación Jubileo señala que la deuda interna se triplicó y la deuda externa se duplicó desde 2014 hasta 2022.

Es decir que Bolivia nunca ha debido tanto. Se trata de una deuda pública que equivale al 81,6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Es decir, 81,6 por ciento del valor que tiene conjunto de bienes y servicios que produce el país. Resultaría el cuarto más alto en 60 años, luego de los tres picos que hubo entre 1986 y 1988, con 91, 99 y 88 por ciento, respectivamente, según datos oficiales. Un indicador, entre varios otros, que alerta sobre el riesgo de que la economía boliviana se vuelva inmanejable y se precipite en una grave crisis.

La deuda

“La deuda interna hoy representa el 35 por ciento del PIB —explica el analista económico y financiero Armando Álvarez Arnal—. Eso sin considerar la deuda que tienen las empresas públicas. Si tomamos esa deuda, suma 15 por ciento más. Y si adicionamos la deuda externa, superamos el 80 por ciento del PIB. Es definitivamente una deuda elevada, pero lo que hay que evaluar, más allá de la relación deuda—PIB, es la capacidad de pago. En ese marco, lo que realmente preocupa es la deuda externa porque hay que pagarla en divisas. Nuestras exportaciones de gas están bajando y la interrogante es cuánto se va a poder pagar de la deuda que vence en los próximos años”.

Traducida en cifras, oficiales, la deuda pública boliviana, hasta 2022, llegaba a 34.000,6 millones de dólares. Pero las autoridades nacionales anunciaron en enero que este año preveían incrementar dicha cifra en 3.621 millones. Este nuevo incremento sumaba préstamos externos por un valor de 2.347 millones de dólares y crédito interno por 1.273,1 millones de dólares. De la primera fuente ya se lograron 630 millones de dólares hasta abril. Con lo que el crecimiento asegurado de la deuda llega a los 35.904 millones de dólares, un 81,66 por ciento del PIB que, en caso de completar toda la previsión llegará, a 37.626 millones de dólares, o sea, el 84,88 por ciento del PIB.

Críticas del Gobierno

Con todo, el juego de cifras ha sido uno de los principales puntos de debate a los que han acudido las autoridades gubernamentales. Por ejemplo, en enero, a través de comunicado de la dependencia que dirige, el Ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, apeló a cifras propias y ajenas. “En términos de endeudamiento, Bolivia tiene en deuda pública total de 46 por ciento —señalaba Montenegro—. Está en los niveles de endeudamiento público total más bajo, hay países como Ecuador, Colombia, Israel, Uruguay, Costa Rica, Japón, Brasil, que superan el 70 por ciento. Por lo tanto, decir que Bolivia es una de las economías más endeudadas del mundo y que su endeudamiento es irresponsable, no es cierto”.

Luego respondía a quienes habían citado las cifras del endeudamiento: “En los últimos días, algunos analistas cuestionaron el nivel de endeudamiento de Bolivia y consideran que está aumentando de forma desproporcionada, sin embargo, no toman en cuenta que la deuda externa se destina a proyectos de inversión pública para contribuir a dinamizar la economía, mientras que en Gobiernos de corte neoliberal se destinaba la deuda externa para el pago de salarios”.

Sin embargo, así como Álvarez, diversas voces individuales e institucionales ya se realizan la pregunta de los 35.904 millones: ¿Podrán el actual y los siguientes gobiernos pagar semejante deuda sin que se llegue a conmocionar la estructura económica, social y política del país? “En el caso de Bolivia tenemos primero el problema de no contar con datos actualizados —explica el economista Mauricio Ríos—. Encima no hay la certeza de que sean datos reales, porque YPFB, el INE, el Banco Central y otros, han ido perdiendo mucha credibilidad desde hace varios años. Pero, aun así, sabemos que lo menos recomendable es seguir incrementando la deuda si a cambio no se realizan ajustes y reformas que garanticen que, primero, vamos a salir de la crisis y, luego, que además vamos a ser capaces de pagar esa deuda”.

Las señales de alarma

Coinciden con Ríos otros expertos que advierten la gran diferencia en los niveles de confianza que inspiran a los acreedores diversos países y diversos gobiernos. Ello implica además las razones por las que un país que se hallaba en una bonanza, de pronto, empezó a prestarse montos cada vez más altos de divisas. Es decir que, al margen de la llamativa relación entre deuda y PIB, el riesgo principal se halla en el momento en que Bolivia deje de ser sujeto de crédito. Momento en el que el colapso habrá llegado.

“Cuando los acreedores internos o externos empiezan a percibir que el Gobierno está, entre otras cosas, endeudándose a una tasa muy alta, por ejemplo, suenan las alarmas —reflexiona el economista Gerardo Castellanos—. Cuando el Gobierno está incurriendo en déficit muy grandes o en un conjunto de acciones que comprometan su capacidad de pagos, empieza el gran problema. El financiamiento público no es infinito, sólo puede surgir en la medida de que los acreedores confíen en que el Gobierno será solvente para pagarles. Pero si aparecen indicios de insolvencia, los acreedores se asustan y le dejan de prestar”.

Castellanos explica que los indicios que siembran desconfianza en los acreedores internos y externos son múltiples y no resultan estrictamente financieros. En el caso boliviano se llegó a la actual incertidumbre a partir del salto de los tiempos de la bonanza. Hasta 2014 las exportaciones de gas y otras materias primas, gracias a sus altas cotizaciones, generaron superávit fiscal, es decir, el gasto era menor a los ingresos. Pero luego la relación se invirtió y empezó a crecer el déficit y, por ello, también empezaron a crecer los préstamos. Las autoridades invirtieron parte de esos préstamos en empresas públicas que, se esperaba, iban a ser rentables y generar ingresos, pero resultaron deficitarias.

“Entre 2014 y 2015, el Gobierno empezó a necesitar financiamiento —explica Castellanos—. En un contexto donde los acreedores veían que se habían acumulado reservas, que había tenido varios años de superávit y que parte del gasto lo estaba destinando a proyectos de inversión, confiaban en la situación y dieron los préstamos. Recordemos que los proyectos de inversión, las empresas públicas, deben ser gasto hoy, pero ingresos en el futuro. Entonces el Gobierno pudo financiar su déficit con créditos externos e internos. Pero las condiciones empezaron a deteriorarse a un nivel alarmante. Bajaron los ingresos por las exportaciones de gas, los gastos de capital se volvieron más altos y sin retorno, es decir, las empresas públicas no resultaron rentables y empezaron a caer aceleradamente las reservas internacionales”.

Las señales de aquellas variables empezaron a despertar sospechas sobre la solvencia del Gobierno boliviano. Los especialistas consultados señalan además que en este tipo de escenarios se suma un conjunto de factores que agravan la desconfianza de los acreedores. “Arbitrariedades contra los derechos de propiedad”, “altos índices de corrupción”, “politización de la justicia”, “disminución de la calidad democrática” suman entre los más coincidentes. Actitudes contrarias a las normas y las regulaciones dan a pensar en que si un gobierno avanza contra determinados derechos sociales, también puede violentar derechos económicos.

Las salidas

¿Qué se puede hacer antes de que el escenario empeore? Los analistas consultados y otros, en diversas columnas de opinión, coinciden en un elemento clave: la baja del déficit fiscal. Bolivia se halla afectada durante ya casi 10 años por un déficit fiscal considerado alto que hoy llega al 7,5 por ciento de PIB. Una economía en déficit constituye una economía que acumula deuda y, por lo tanto, una economía que precisa de un ajuste. Los analistas difieren en las formas de afrontar dicha tarea.

“Lo primero que hay que hacer es un plan de ajustes que recorte el gasto público estructural (no el “gasto corriente” al que todo el mundo se refiere simplemente repitiendo consignas) de manera decidida —sugiere Ríos—. Se debe reducir la planilla de empleados públicos en todo el país, y no sólo del Gobierno central, sino también de gobernaciones y alcaldías. Pero, sobre todo, hay que liquidar las empresas públicas deficitarias o en quiebra que solamente representan un gasto inasumible para el país y que sólo sirven como votos y como foco de corrupción del Movimiento Al Socialismo. El gasto público estructural debe ser recortado no en un tímido 2 o 3 por ciento, sino en un 50 por ciento”.

“El Gobierno debe comprometerse, por lo menos, a tener las cuentas públicas ordenadas —remarca Castellanos—. No necesariamente un superávit, pero, por lo menos, una situación fiscal ordenada con un plan creíble y no una declaración de intenciones. Luego debe potenciar las exportaciones y bajar la demanda”. “Es demasiado importante trabajar en la diversificación del aparato productivo —alerta Álvarez—. Hay que reactivar el sector exportador y, especialmente, el agrícola, para no depender tanto de la minería y los hidrocarburos sus alzas y bajas”.

Eso al hablar de ajustes y planificación estrictamente económica. Ríos añade un aspecto en tono crítico: “En cuanto a reformas estructurales es necesario que el Estado devuelva a la gente la capacidad de mejorar su propia condición sirviendo a los demás, buscando y ofreciendo soluciones a problemas de gente que ni siquiera conoce a cambio de un legítimo beneficio. Esto es que el Estado reduzca las atribuciones y competencia que le quitó a la gente y de la que claramente no se ha podido hacer cargo. Las consecuencias han sido solamente ruina y pobreza, el derroche de recursos más grande de la historia del país. Nos han llevado a la ruina, a la quiebra, y sólo se han beneficiado la cúpula del poder y sus amigos”.