José Antonio Rivera: “Hay que tomar urgentes medidas en el sistema judicial”

Las críticas contra el sistema judicial boliviano son generalizadas. Sobran los casos que desatan indignación e inducen a pedidos de un cambio radical en sus estructuras. Sobre esa crisis y las soluciones que se podrían implementar OH! conversó esta semana con el prestigioso jurista José Antonio Rivera Santiváñez.

- ¿Cuál es su diagnóstico sobre la crisis del sistema judicial que conmociona tan frecuentemente a los bolivianos?

- El sistema judicial estatal, que comprende a la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción constitucional y la agroambiental, se encuentra sumido en una profunda crisis. Si bien se la venía arrastrando desde hace varias décadas, en los últimos 14 años ha llegado a una crisis extrema estructural. Hoy no cumple con las funciones trascendentales que debe cumplir. El sistema judicial, en este momento, no garantiza seguridad jurídica, no resguarda el estado constitucional de derecho, no racionaliza el ejercicio del poder político. Esto último porque no garantiza un control eficaz ni eficiente sobre el ejercicio del poder.

No pacifica a la sociedad porque no efectúa una protección oportuna, eficaz e inmediata a los derechos humanos violados por quienes detentan el poder político, económico y social. No garantiza un acceso oportuno, ni en igualdad de oportunidades, a los servicios judiciales a todos los ciudadanos. Entonces se encuentra sumido en una profunda crisis. Esta crisis ha generado la pérdida total de credibilidad y confianza de la ciudadanía con respecto al Órgano Judicial.

-  ¿Cuáles son las causas de semejante crisis?

- Esta crisis tiene muchas causas y factores. Entre las más importantes están las causas de orden económico, luego las causas de orden institucional, las de orden legislativo. También hay causas de formación del ejercicio profesional y de la alta injerencia política en jueces y magistrados.

- ¿Considera que el establecer un sistema de elecciones de autoridades judiciales agravó esa crisis?

- En la reforma constitucional del año 2009 no se entendió la crisis del sistema judicial de manera sistémica a partir de las causas que acabo de mencionar. Simplemente se identificó como una de las causas principales a la injerencia política generada a partir de los sistemas de selección y designación de jueces y magistrados. Por lo tanto, se introdujeron reformas parciales y equivocadas. En su momento advertimos que era un lamentable error el definir la elección de los magistrados y de las máximas cortes de justicia en Bolivia a través del voto popular.

- ¿Por qué?

- No es razonable elegir por voto a jueces y magistrados debido a que ellos son una especie de contrapoder mayoritario. Ellos ejercen un control al ejercicio del poder, a los desvaríos, equívocos y excesos de las mayorías que detentan el poder dentro de la democracia. Al ser elegidos jueces y magistrados por voto popular pasan a ser parte de esa mayoría. Entonces dejan de cumplir su rol de racionalizar y equilibrar.

Además, en el caso boliviano, se argumentó que con la elección popular se daría legitimidad democrática directa a los jueces. Pero al final los ciudadanos no eligen, sino votan para aprobar una decisión política tomada en el Órgano Legislativo. Recordemos que, por dos tercios de votos, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) seleccionó a los candidatos. Esa selección de candidatos no se realizó sobre la base de una comprobación pública y transparente de las idoneidades y probidad de los postulantes.

- ¿Qué factores definieron esa elección entonces?

Primaron, más bien, en la selección de candidatos los criterios de afinidad y lealtad política. Eso se reflejó luego en los fallos que emitió, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Se trata de fallos realmente vergonzosos y absolutamente contrarios al Estado de derecho, la Constitución Política del Estado, los valores y principios fundamentales.

Esa selección de los candidatos por afinidad política dio lugar a un rechazo mayoritario de ciudadanos y ciudadanas. Se reflejó en el hecho de que el 64 por ciento de los votos emitidos fueron blancos o nulos, y sólo el 32 por ciento fueron válidos. Fue una votación bajísima que no refleja la legitimidad democrática que se les quería dar. Ahora, en el caso de la justicia ordinaria, esos magistrados designaron a los vocales de los tribunales departamentales de justicia. Al haber sido elegidos por afinidad política, reprodujeron ese mismo criterio, salvando honrosas excepciones.

Por otro lado, con los miembros del Consejo de la Magistratura pasó algo parecido. Y ellos designan a los jueces de instancia. En la designación han hecho que prime el criterio de afinidad política. Hubo casos muy vergonzosos. Designaron, por ejemplo, como juez a un exdiputado del Movimiento Al Socialismo (MAS). También estuvieron a punto de designar juez a un ciudadano que estaba requerido para extradición por el Estado brasileño por delitos de narcotráfico.

- ¿No debía haberse tomado en cuenta la carrera judicial de quienes estaban en los cargos?

- La ALP, para cooptar el Órgano Judicial, mediante ley, declaró provisionales todos los cargos. En cumplimiento de esa ley el Consejo de la Magistratura destituyó jueces de carrera que tenían experiencia e idoneidad probada. Los destituyó sin evaluación previa del desempeño y para reemplazarlos por otros profesionales dejó de implementar el sistema de carrera judicial.

Lo lamentable es que todo eso fue avalado por el TCP que declaró constitucional una ley de provisionalidad de cargos judiciales. Eso es contra natura. No puede haber una provisionalidad de cargos judiciales. Estándares mínimos, en los sistemas interamericano y mundial de protección de los derechos humanos, establecen que no puede haber provisionalidad en el desempeño de funciones judiciales. Ello porque, precisamente, así se induce a la injerencia política. La modalidad de elección adoptada en la CPE resultó absolutamente errónea.

- ¿Cómo se podría devolver mínimamente la credibilidad del poder judicial frente a la ciudadanía?

- Hay que tomar urgentes medidas inmediatas y medidas mediatas. Entre las inmediatas y urgentes, primero, se debía implementar la evaluación de desempeño de todos los jueces de instancia y los vocales de los tribunales departamentales. Una evaluación con criterios objetivos realizada por juristas de destacada trayectoria, sin vínculos político-partidarios y con la debida experiencia acreditada y conocida por la población. Una evaluación que cuente con el apoyo de organismos internacionales. Los jueces que no rindan satisfactoriamente la evaluación de desempeño tendrán que ser reemplazados.

Segundo, es urgente realizar auditorías a los procesos de selección y designación de jueces y vocales que efectuó el Consejo de la Magistratura, entre 2012 y 2020. Esto porque hay denuncias públicas de escandalosos cuoteos políticos. Hay grabaciones que se presentaron, se abrió juicio de responsabilidades en la Cámara de Diputados. Pese a diversas trabas que han surgido en el proceso, existen las evidencias de que los consejeros habrían cobrado dinero y habrían realizado designaciones para responder a cuotas de poder de organizaciones sociales ligadas al MAS.

- ¿Y también habría que tomar medidas para revisar la propia aplicación de justicia que se realizó en estos años?

- A eso iba. Es necesario implementar urgentemente auditorías jurídicas a procesos que generan la evidente duda sobre adecuados trámites, sustanciación y resolución. Por ejemplo, los 70 procesos penales que le fueron instaurados al ciudadano José María Bakovic que derivaron en la pérdida de su vida. Suman los casos del ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher, el llamado caso “terrorismo”, los procesos instaurados contra exautoridades y líderes cívicos.

Casos como el de ese médico encarcelado por violación, cuando luego salió un audio donde la jueza hacía gala de haber mandado a la cárcel a un inocente. Hay muchos. Recuerdo el de un joven cochabambino que fue condenado a 30 años de cárcel por feminicidio. Pero luego, mientras él ya había estado encarcelado dos años, se descubrió que el autor era otro.

- ¿Qué es lo urgente en el aspecto presupuestario?

- El presupuesto destinado al Poder Judicial alcanza al 0,33 por ciento del Presupuesto General del Estado. Habrá que incrementarlo por lo menos hasta el 2 por ciento para crear nuevos juzgados. Tenemos un flujo procesal de casi 378 mil casos por año que son atendidos por 1.086 jueces. Eso se traduce en retardación de justicia. Las infraestructuras de los juzgados no son adecuadas, carecen de equipamiento e insumos acordes al siglo XXI.

Así se podría digitalizar los procesos judiciales e implementar mecanismos de apoyo administrativo con calidad ISO. Hay muchas medidas de ese estilo que nos permitirían enfrentar ese mal crónico de la retardación de justicia.

- ¿Qué medidas deberían adoptarse a mediano plazo?

- Se deberá modificar los sistemas de selección y designación de jueces de instancia como de apelación. También, de los magistrados para implementar a plenitud un sistema de carrera judicial.  Habrá que establecer una nueva organización territorial del Órgano Judicial que hoy responde a la organización política que hace que sea ineficaz y poco práctica.

También habrá que desjudicializar las relaciones sociales. La sociedad boliviana es altamente conflictiva y esa conflictividad no es gestionada por el Estado a través de políticas, sino que se traduce en una alta judicialización. Eso sobrecarga el flujo procesal. Entonces se debe crear mecanismos alternativos de solución de conflictos y controversias. Hay que hacer importantes cambios en el sistema penal para que se preocupe especialmente de reparar los daños ocasionados a las víctimas sin abandonar las sanciones contra los autores de los delitos.

También es necesario realizar transformaciones profundas en la formación de los abogados. Es una formación atrasada en los contenidos curriculares. Adicionalmente es de las pocas carreras a las que les basta la licenciatura para habilitarse al litigio. Hay mucho que cambiar en cuanto a condiciones de preparación y probidad para que eso pueda darse.