Waldo Albarracín: Mendoza era el interlocutor entre universidades y Gobierno

Ha sido un testigo directo del quehacer universitario durante varias décadas y desde todos los niveles. Más precisamente, Waldo Albarracín Sánchez fue rector, docente y dirigente universitario. Pero además también ha destacado como defensor del pueblo, activista y presidente de la Asamblea de Derechos Humanos. Sin duda, una voz autorizada que analizó para OH! la escandalosa crisis del sistema universitario que se develó tras la reciente tragedia de Potosí. 

—Como recordará, en diciembre de 2003, hubo violentos reclamos en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) justamente por la vigencia de camarillas en las direcciones estudiantiles. Se cuestionaba, por ejemplo, al dirigente Diego Salazar porque tenía ya más de 30 años de edad y quería seguir dirigiendo la Federación Universitaria. Entonces se lanzó la consigna de algo parecido a una revolución en las universidades contra ese tipo de excesos. Sin embargo, casi dos décadas más tarde, el escenario —si pensamos en Max Mendoza y lo que ese caso implica— se muestra mucho peor. ¿Cómo se llegó a ese extremo? 

—Lo que pasa en el país repercute en lo que pasa en la universidad porque la universidad no es una isla. Tomemos en cuenta que en estos últimos 20 años se ha producido una especie de involución democrática. La democracia boliviana no ha evolucionado, sino, más bien, ha retrocedido en diferentes ámbitos. Entonces no es de extrañar que en la universidad haya existido también esa involución. 

Se han distorsionado muchas cosas, entre ellas, esa importante institución que se llama cogobierno paritario docente-estudiantil. Ya no existen los dirigentes universitarios de otras épocas a quienes los ideales altruistas les impulsaban a asumir la dirigencia universitaria. El ejercicio de esas dirigencias se hallaba incentivado por principios, valores y compromisos sociales. Eso se perdió y en estos tiempos se ha impuesto el pragmatismo orientado a aprovecharse de determinadas instancias de poder.

El problema de 2003 que usted ha recordado ameritaba una reflexión también en las diversas instancias del poder universitario para corregir las cosas. Pero no fue así. La llegada, en los últimos 15 años, del Movimiento Al Socialismo (MAS) a instancias de poder debería haber influido en un proceso de recuperación de valores. Incluso debería haberse promocionado dirigentes que reivindiquen los principios que inspiraron la Revolución Universitaria de Córdoba en 1918. 

—O sea, aquella que derivó en el logro de la autonomía universitaria frente a la influencia de otros poderes, ¿no es cierto? Pero acá parece que funciona a la inversa. ¿O me equivoco?

—Recordemos que entonces muchas universidades estaban controladas por logias. Estaban entonces la logia masónica y la Iglesia católica, pero con ideas retrógradas. Esa revolución rompió aquellos esquemas conservadores que convertían a la educación superior en el privilegio de unos cuantos. Acá, la esperanza era que, con la llegada del MAS al poder, no sólo las universidades, sino la estructura del Estado pudiera cambiar. Pero era un cambio en función evolutiva. 

Un cambio en función de que la democracia mejore y que se extingan los bolsones de burocracia, corrupción, abuso de poder y violación de derechos. Pero eso no aconteció en el país y, por ende, tampoco en la universidad. El MAS introdujo, no cuadros, sino una especie de agentes que hicieron lo posible para que las direcciones universitarias sean controladas políticamente por ellos. Fue un control basado en la prebenda, no en principios ni ideales. ¿Qué ideales, por ejemplo, podemos identificar en el señor Max Mendoza? 

—¿Ni siquiera los teóricos postulados masistas?

—Yo entendería que se quisiera copar políticamente determinadas instancias para algo positivo, pero ahí están los hechos, las pruebas contundentes. Esa dirigencia universitaria, a través del fraude y de manipulaciones, que incluso las perfeccionaron en la universidad, introdujo agentes para que generen vinculación con el Gobierno. Con ellos desmovilizaron a la universidad e hicieron que se someta a sus requerimientos políticos. Vemos hoy el resultado. 

Con el control de determinadas instancias evitaron que la universidad pudiera convertirse en un ente de defensa de la democracia. Y en los momentos en que se produjo esa defensa se suscitó también una represión sañuda. En suma, las malas experiencias de hace dos décadas no sirvieron para una reflexión profunda. Por el contrario, fueron asimiladas en beneficio político y, en muchos casos, personal. 

—Se apunta fuertemente a las dirigencias estudiantiles, pero, en realidad, se armaron estructuras con conductas similares entre los docentes y administrativos. ¿No es cierto?

—Se armaron estructuras que resultan difíciles de romper. Recuerdo que el Gobierno cooptó estratégicamente el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), precisamente a través de Max Mendoza. Cuando yo estaba de rector, Mendoza cooptó a la mayoría de los miembros de CEUB ofreciéndoles la ampliación de sus respectivos mandatos. Para ello se manipuló una conferencia de universidades. Ahí empezaron las irregularidades.

—¿Cómo funcionaba esa cooptación?

—Fue cuando los ingresos de las universidades empezaron a disminuir, especialmente por la baja del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), especialmente desde 2014. Entonces los presupuestos se tornaron absolutamente dependientes del Estado y el Gobierno empezó con el chantaje: “Si quieres presupuesto, entonces deja de movilizarte o deja de observar al Gobierno, y serás atendido”. 

En ese contexto, muchos rectores asumieron actitudes genuflexas, subordinación absoluta a lo que dictaba el Gobierno. El operador principal de todo esto fue justamente Max Mendoza. Era una especie de interlocutor entre universidades y Gobierno. Eso influyó en el ámbito de la dirección estudiantil, que fue manejada a través de prebendas, y de las autoridades y rectores, vía chantajes. En ese marco, varias universidades empezaron a entrar en crisis, incluso se vieron sin recursos para pagar salarios a su personal.

—¿Y nivel administrativo?

—Hubo una intención de copamiento de toda la estructura. El otro día vi una denuncia de un dirigente de los trabajadores administrativos del país. Comentaba que fue elegido en un congreso nacional de trabajadores universitarios. Pero como se sabía que no era afín al Gobierno, el señor Max Mendoza operó para frenarlo. 

Consecuentemente las instancias sindicales mayores como la Central Obrera Boliviana y en el propio Ministerio de Trabajo lo desconocieron. Ahí podemos percatarnos del poder político que ejercía el Gobierno a través de Max Mendoza. 

—¿Y en todo ese tiempo alguien del sistema universitario denunció y se opuso a tantas violaciones de normas y arbitrariedades? 

—Por lo menos durante mi gestión (2013 -2019), y eso se conoce públicamente, tratamos de luchar contra esa forma tan abusiva de ejercer poder. Pero nos vimos solos porque lo ideal hubiese sido que esté acompañado por otras autoridades universitarias del país. Sin embargo, vimos que muchos estaban absolutamente atemorizados Si revisan lo que aconteció en esos años, se nota que la UMSA fue la única universidad que actuó de manera contestataria. 

No nos sometimos a ese chantaje y defendimos nuestro presupuesto a través de marchas y movilizaciones. Claro, no descuidamos intentos de diálogo que siempre debe ser la primera opción. Esa vez fuimos una de las pocas universidades que defendieron veraz y contundentemente la autonomía universitaria. No puedo emitir mi criterio, por razones éticas, sobre lo que pudiese estar aconteciendo actualmente. Nosotros dimos pelea democrática, aunque claro que pagamos las consecuencias a través de la represión política. 

—¿Qué se debería hacer para que la Universidad boliviana no siga involucionando y la sociedad siga siendo testigo de tantos excesos?

—Si no hubiesen sucedido los dolorosos hechos de Potosí, ahorita Max Mendoza seguiría siendo el súperdirigente universitario intocable. Pero no sólo él, sino toda una estructura que funcionaba en representación del Gobierno en la universidad. Es muy doloroso que a partir de las muertes en Potosí recién se hubiese producido una reacción para identificar las causas del problema. En ese marco, tengo la esperanza de que la comunidad universitaria docente, estudiantil y administrativa primero se haga una autocrítica. Ello pues todo esto aconteció porque se lo ha permitido o se ha sido parte directa o indirectamente.

Debe hacerse una reflexión profunda aprovechando que está en curso un Congreso Nacional. Un congreso, y mire las manipulaciones políticas, que supuestamente se suspendió por 30 días y ha tardado cerca de cuatro años en reiniciarse. Pero ahí deben promoverse nuevas alternativas de funcionamiento universitario. Esto, siempre defendiendo principios como la autonomía y el cogobierno paritario docente estudiantil que no son negativos. 

He escuchado criterios de algunos políticos que demandan la eliminación de la autonomía. Me parece que sería optar por un remedio peor a la enfermedad. Pasa que hubo una distorsión muy marcada de instituciones importantes. Pero, finalmente, en ese congreso reflexivo y autocrítico, se deben buscar sobre todo soluciones concretas 

—¿Específicamente qué se debería hacer, por ejemplo, con los estudiantes y dirigentes llamados dinosaurios?

—A partir de esa reflexión, debería, por ejemplo, limitarse la estadía de los estudiantes en la universidad para que no se convierta en un negocio. Recordemos que el estudio en una universidad pública en Bolivia es gratuito dado que las matrículas son simbólicas. Luego, la dirigencia universitaria debería ser ejercida bajo parámetros más cualitativos. En otros países, la dirigencia universitaria se la ejerce sobre la base de los méritos, no sobre la base de los colores políticos. 

En Perú, por ejemplo, para ejercer la dirigencia universitaria los estudiantes deben acreditar las mejores calificaciones, es un requisito ser buen alumno. Entonces en los concejos universitarios hay una presencia importante de los estudiantes de mejor aprovechamiento académico, y no pueden dejar de ser buenos estudiantes o dejan de ser dirigentes. Acá pasa al revés, porque el estudiante, para ser dirigente, deja sus estudios y, para mantenerse en el tiempo, se inscribe en otra carrera. O, como en el caso de Mendoza, deja de estudiar, pero ejerce poder y, como ejerce poder, nadie lo controla. Y en ese caso una de las responsables es la Universidad Mayor de San Simón, que debió haber controlado ese problema. 

Se pueden rearticular las cosas, pero para mejorar. Esta crisis que se está viviendo debería, más bien, servirnos para readecuar el funcionamiento de tan importantes instituciones. Eso beneficiará a todos, a los propios estudiantes, especialmente.