Gonzalo Colque: “Se debe abandonar los propósitos de la Agenda Patriótica 2025”

La alarmante como al parecer imparable deforestación que cada año castiga a Bolivia inspiró una nueva investigación traducida en el libro “Deforestación 2016-2021, el pragmatismo irresponsable de la Agenda Patriótica 2025”. OH! conversó sobre este acuciante problema con el autor del texto, el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque.   

- ¿Cuáles son los datos más alarmantes en cuanto a deforestación en Bolivia en estos últimos años?

- La deforestación ha escalado mucho desde el año 2016. Ha sido un salto abrupto en cifras anuales en relación al periodo anterior. Hasta el año 2015, en promedio, la deforestación en Bolivia estaba en unas 200 mil hectáreas al año. Incluso un poco más antes el promedio era de 170 mil hectáreas al año. Pero en 2016 la cifra casi se duplicó. Luego, hasta 2021, el promedio anual ha sido de 300 mil hectáreas. 

O sea, pasamos de 200 mil a 300 mil hectáreas anuales en cuanto a deforestación o desmontes en Bolivia. Esta tendencia se mantiene en los últimos seis años. Es probable que se mantenga e incluso hasta que suba el grado de deforestación que tenemos en Bolivia. 

- Se ha denominado a Santa Cruz como la “zona de sacrificio”. ¿Cómo van las cifras en este tan castigado departamento?

- Históricamente, el 86 por ciento de la deforestación nacional está en Santa Cruz. Es parte del modelo de la agricultura mecanizada. Esa tendencia se mantiene con alguna pequeña disminución. Si vemos los últimos 6 años, Santa Cruz representa el 83 por ciento del total nacional, o sea bajó un 3 por ciento. 

Esto significa que, gradualmente, la deforestación está aumentando en otros departamentos, principalmente, Beni y la zona del trópico de Cochabamba. Tarija, donde hay otro tipo de bosques, también está empezando a ser muy afectada. Pero, además, se ha producido un fenómeno nuevo en Santa Cruz: tradicionalmente la deforestación estaba concentrada en torno a la zona agroindustrial, es decir, el entorno inmediato a la ciudad de Santa Cruz, hoy avanza hacia otras zonas. Incluso está llegado a San Ignacio de Velazco donde hay grandes superficies habilitadas para monocultivos de soya y sorgo principalmente. 

- Este fenómeno se presenta como una de las cualidades del llamado “modelo cruceño”. ¿Es un modelo funcional y sustentable lo que se plantea? ¿O está camino a un desastre? 

- Sí, es algo muy repetido en Santa Cruz entre los gremios agropecuarios que se benefician de la expansión de esta agricultura mecanizada. Pero lo muy evidente hoy es que gran parte de esta deforestación no se convierte automáticamente en tierras productivas que aporten mayor valor económico. Una parte va en compensación de las tierras agotadas, desertificadas y degradadas que aparecen permanentemente en las zonas que entraron más temprano en proceso productivo. Es decir, que la deforestación, en parte, se la realiza para sustituir los suelos agotados. 

El “modelo cruceño” es demasiado intensivo en la sobreexplotación de los suelos, hay una gran pérdida de la fertilidad. Entonces, están apareciendo en muchas zonas varios predios, decenas de miles de hectáreas de tierras, que ya no tienen valor productivo. Por ejemplo, las colonias menonitas abandonan las zonas donde sobrexplotan la tierra, mientras, las empresas habilitan las tierras convirtiéndolas en pastizales. Las tierras degradadas, que ya no son productivas, se están convirtiendo en pastizales para alimentar ganado. 

Otra novedad que ha surgido en Santa Cruz es lo que sucede en la zona de la Chiquitanía y especialmente en San Ignacio de Velazco. Ahí vimos que todas las recomendaciones técnicas señalan que la tierra no tiene potencial agrícola productivo. Sin embargo, han desmontado, las habilitaron. 

- ¿Y cuál fue el resultado de esa decisión? 

- En una gran parte de los casos sólo produjeron soya el primer año, luego pasaron a ser pastos. Es decir, esas tierras ni siquiera tienen la capacidad para producir dos o tres veces en el mismo predio. Sabiendo que los suelos de esas zonas tienen esa fragilidad, sabiendo de esas limitaciones, están desmontando. Esto se debe a que, lamentablemente, hay una permisividad muy grande en la otorgación de licencias y permisos para desmontes.           

           

- Se ha denunciado que este proceso también incluye graves daños al medioambiente, como el caso de laguna Concepción. ¿Qué tan graves son los daños medioambientales que está causando la deforestación?

- Es la otra cara negativa del “modelo cruceño”. Se la puede resumir como impactos socioambientales. Es una combinación de afectaciones muy concretas sobre ecosistemas, medioambiente y biodiversidad. También implica, por ejemplo, el desplazamiento de comunidades indígenas y el acaparamiento de las tierras que son parte de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Y también se ha afectado a comunidades chiquitanas y amazónicas. 

Laguna Concepción, un caso concreto que incluimos en el estudio, es un ejemplo del grado de afectación que tienen estos modelos de monocultivos. En esa zona fueron desmontando con mayor fuerza en los últimos seis años todos los bosques que la rodeaban y hacían parte del ecosistema. Estas unidades agrícolas hasta desviaron los cursos de agua y ríos que alimentaban a la laguna. Hoy la laguna Concepción prácticamente ha desaparecido. 

Estuvimos allá inmediatamente después de la época de lluvias y encontramos que no había una gota de agua en la laguna. Por lo tanto, la mortandad de peces y de varias otras especies es una consecuencia ambiental de alto impacto en esa zona. Hay ese tipo de consecuencias y tendremos más casos de esas características. Los cambios ecosistémicos que están provocando la deforestación y los monocultivos son enormes y de estas dimensiones. 

- Pese a que suelen andar enfrentados políticamente, ¿hay un pacto entre empresarios agroindustriales y gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) para deforestar?

- Sí, es otro aspecto que mostramos en el estudio. Una pregunta obvia era: ¿por qué aumentó drásticamente en los últimos seis años la deforestación? Rastreando los antecedentes y las políticas públicas, descubrimos que esto no es casual. Ello porque el antecedente inmediato para que se hayan disparado las deforestaciones está en la Agenda Patriótica 2025. 

No olvidemos que esta agenda del Gobierno fue planteada en 2013 con dos grandes objetivos: uno, ampliar la frontera agrícola de 3 millones a 13 millones de hectáreas cultivadas hasta 2025. Es decir, desmontar agresivamente a un ritmo de un millón de hectáreas anuales. La segunda meta es multiplicar el hato vacuno de 900 mil cabezas hasta los 8 millones de cabezas de ganado vacuno. Esto en gran parte apunta a la exportación de carne a China. Estos dos grandes objetivos de la Agenda Patriótica 2025 planteados en 2013 fueron acordados en la famosa Cumbre Agropecuaria Sembrando Bolivia, realizada en Cochabamba.  

Básicamente fue un encuentro entre el Gobierno y agroempresarios cruceños para crear una alianza en torno a esas ambiciones de tierras y ganado. El otro gran acuerdo fue para darles todas las facilidades que históricamente han ido pidiendo los agro empresarios. 

- ¿Cuáles son esas facilidades en específico?

- Mayor flexibilidad para los desmontes, mayor permisividad para el perdonazo de los desmontes de años anteriores, reducción de las multas y sanciones por desmontes ilegales. También suman la titulación de las tierras sin una revisión exhaustiva, como manda la ley, de los antecedentes de derecho propietario. Por eso, el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) en los últimos años ha titulado a toda la gente prácticamente toda la tierra que pedían. 

Entonces, esas negociaciones se han traducido en dos grandes hechos: uno, titulación de tierras de parte del INRA a grandes y medianos empresarios, sin hacer recortes y sin convertir las tierras cuestionadas en tierras fiscales. Es decir, sin reversión, sin expropiación de tierras, algo que está en la Ley de Tierras. Dos, una autorización indiscriminada de licencias y permisos de desmontes por parte de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT). Fue tanto que la ABT, desde 2016, autorizó miles y miles de hectáreas para desmontes, triplicando la cantidad de permisos respecto a registros históricos. 

Pareciera que básicamente en Santa Cruz todo el mundo tiene autorizaciones de desmontes, incluso sobre tierras que no son de su propiedad. Hay hechos y evidencias de ello. En varios casos se demostró que se han entregado autorizaciones de desmontes a gente que no es propietaria de esa tierra. Muchas colonias menonitas, por ejemplo, tienen autorizaciones de desmontes sobre tierras fiscales que ocupan. Eso legalmente no es posible, pero en la práctica sí. 

- Esas facilidades también avanzan hacia más eventos transgénicos, ¿no es cierto?

- Ahora se negocia nuevamente la aprobación de más variedades transgénicas que genera una nueva versión irresponsable de la Agenda Patriótica 2025. El Gobierno pretende producir biodiésel proyectado a partir de la soya. Para ello, el sector privado, a cambio, está pidiendo la autorización para nuevos cultivos y variedades transgénicas. Es un proyecto sin lógica porque producir biodiesel significa más desmontes y más desmontes significa más consumo de diésel importado a precio subvencionado. 

- Por otra parte, varias fuentes han denunciado que, en realidad, el negocio no es cruceño, sino extranjero. De ser así, la agenda no sería tan “patriótica”, ¿no es cierto?

- La Agenda Patriótica, en los hechos, no es tan patriótica porque en realidad beneficia a los intereses de actores y agentes económicos externos. Probablemente, éste es el sector que más se benefició de este sistema instalado en nuestro país. En estas zonas de deforestación el capital que opera y lucra con este sistema productivo es capital básicamente brasileño. Empresas brasileñas han llegado a controlar la cadena productiva y las tierras. Empresas brasileñas están tomando el control del sector de exportación de carne. 

Es un tema sobre el que no existen estadísticas oficiales. Ello porque muchas tierras tituladas como medianas y grandes propiedades, en la Chiquitanía y el norte, se transfirieron, en compra y venta, a estas empresas. Alicorp, otro ejemplo, una empresa de origen peruano con capitales extranjeros, ha comprado empresas aceiteras y tierras en Bolivia para controlar el negocio de los aceites. Entonces, ese sector es el que opera más. Incluso, el gran propietario de la tierra suele ser alguien que sólo alquila la tierra y vive de la renta.     

- ¿Qué se debería hacer para frenar tanto despropósito?

- Es una política de Estado que tiene grandes problemas estructurales, no basta introducir sólo algunas reformas. Una recomendación general, que las autoridades deberían tomar en serio, es que deben abandonar los propósitos e intenciones que declararon en la Agenda Patriótica 2025. Esos objetivos de aumentar tierras cultivables a cualquier costo y multiplicar el ganado vacuno no se tradujeron en ingresos económicos para el país, por ejemplo. Sólo están despertando ambiciones particulares, especulación, conflicto por la tierra y avasallamientos. 

No es una política sostenible. La tributación es mínima. El sector tiene un régimen especial que es un engaño para el país. La cuota vigente del Régimen Agrario Unificado llega a 28 bolivianos (cuatro dólares) anuales por hectárea. Si una hectárea de soya produce dos toneladas, y tiene un precio internacional de 650 dólares por tonelada, entonces tributa cuatro dólares. 

Es un privilegio tributario que debe reformarse. No es posible que otros actores económicos estén agobiados por pagos, juicios, etc. y al mismo tiempo haya un sector con tan grandes privilegios. Por concepto de RUAT, el año pasado, en total, todos los grandes empresarios agropecuarios pagaron 3 millones de dólares. Eso representa menos del 1 por ciento del total de recaudaciones que maneja Impuestos Internos en el país. Es un sector, en términos tributarios, parasitario.