Demandas abusivas
La agresividad desatada ayer en las calles de La Paz por miles de mineros auríferos cooperativistas traduce bien el grado de abuso de sus reclamos y el poder de presión de ese sector sobre el Gobierno, que mantiene una posición firme al respecto.
Tal como lo habían anunciado hace una semana, las federaciones de cooperativas mineras auríferas, nacional y regional de La Paz, invadieron la sede de gobierno exigiendo más concesiones para explotar oro, continuar con esa actividad en áreas protegidas y la consolidación de un impuesto único del 4,8 por ciento aplicable al valor bruto de ese metal, entre otras demandas de un pliego de ocho puntos.
Más del 90 por ciento por ciento del oro que se produce en Bolivia procede de las cooperativas auríferas. Sus actividades de explotación provocan serios daños al medioambiente y a la salud de las personas, especialmente por el uso de mercurio. También tienen repercusiones sociales en la población de los territorios donde operan, pues en muchas de ellas existe escaso o ningún control del Estado y los conflictos con los lugareños no son raros.
Y en muchos casos su actividad es ilegal, como lo evidenció el espectacular operativo ejecutado por policías y militares a orillas del río Madre de Dios, en el municipio de Riberalta, a mediados de julio pasado, cuando cerca de 60 mineros auríferos fueron aprehendidos e imputados por explotación ilegal de minerales y tenencia ilícita de armas.
Mas de 25 dragas fueron destruidas en esa intervención, todas operaban en un territorio vetado a la minería aurífera.
Poco más de un mes después de ese operativo, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) anulaba la autorización existente hasta entonces para explotar oro en áreas protegidas: una de las demandas mayores de los habitantes nativos de territorios afectados por la minería aurífera.
La movilización de ayer en La Paz y las que están anunciadas para hoy y mañana pretenden imponer que se anule esa medida.
Al parecer, ni esa ni otras de las demandas de los mineros cooperativistas auríferos será satisfecha por el Gobierno.
Al menos eso deja pensar la declaración formulada ayer por el presidente del Estado que convocó a “la Armada boliviana (a) continuar ayudando a eliminar la exportación ilegal del oro, la destrucción de las cuencas hídricas y otros recursos naturales que posee el país”.
Es una buena señal, pero la solución a los problemas que provoca la explotación aurífera legal e ilegal, además de la mínima tributación de esa actividad al Estado, exige medidas de amplio alcance, incluida la modificación de leyes vigentes desde hace una década y que favorecen a este sector cuyo apoyo ha sido y es importante para el oficialismo.
