Los asentamientos se extienden a Beni, Pando y territorios indígenas
Los asentamientos humanos promovidos por el Gobierno, que son señalados como los principales causantes de los incendios forestales en la Chiquitanía, también son sindicados de poner en riesgo la subsistencia de pueblos indígenas a partir de la penetración en estos territorios en los departamentos de Pando, Beni, La Paz y Chuquisaca. Especialistas ven una estrategia geopolítica con fines electorales y de control de los recursos naturales que abundan en esas zonas.
Las organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) afirman que tienen el derecho de habitar en cualquier parte del país sin vulnerar derechos de terceros. También defienden su derecho de sufragar en las regiones donde conformaron comunidades y se dedicaron al cultivo de la tierra para el cumplimiento de la Función Económica Social (FES).
Según datos del INRA proporcionados en marzo de este año, en el país se aprobaron más de 1.400 asentamientos entre 2013 y 2018, de los que 900 se entregaron en la zona de la Chiquitanía y el resto —500— en los departamentos de Beni, Pando, el norte de La Paz y algunas regiones de Chuquisaca y Tarija.
En opinión del vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas originarios campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), Álex Villca, el Gobierno nacional ha avanzado en su proceso de colonización con la finalidad de obtener una mayor cantidad de votantes y ejercer un control absoluto en zonas donde ha conformado comunidades.
Consideró también que el Gobierno ha utilizado a instituciones estatales como el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) para lograr su cometido. Señaló que este proceso de colonización empezó en Pando, el cual casi ha duplicado su cantidad de votantes desde 2009.
Villca identificó riesgos de este proceso en los pueblos indígenas. Mencionó que las comunidades asentadas en la provincia Iturralde del departamento de La Paz “han puesto en tensión permanente al pueblo Tacana Uno”, cuyo territorio ancestral no fue respetado. Lo propio pasó con el pueblo Tacana Dos, ubicado en la frontera con Pando.
Sin embargo, uno de los efectos más nocivos es el avasallamiento del territorio donde habitan los yuquis, el pueblo indígena más vulnerable y con riesgo de desaparecer a raíz de la invasión de sindicatos colonizadores. Villca mencionó, además, el asentamiento de colonos en el Polígono 7 en el Territorio indígena y parque nacional Isiboro-Sécure (Tipnis) y los asentamientos en la marka Quila Quila perteneciente a la nación de indígenas Qhara Qhara, en Chuquisaca.
Por su parte, el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, hizo referencia a la instrucción —conocida públicamente— que recibieron a inicios de este año las nuevas comunidades beneficiarias con resoluciones de asentamientos en la Chiquitanía de inscribirse en el padrón electoral de los municipios de San Rafael, San Miguel y San Ignacio.
El investigador opina que existe un traslado desordenado de población de tierras altas a tierras bajas y que esto obedece a intereses políticos sectoriales y no a una política de distribución y redistribución de tierras para la población pobre de las áreas rurales. Argumenta que la dotación de tierras benefició, incluso, a poblaciones del Trópico de Cochabamba que ya contaban con tierras tituladas.
Colque subraya que parte de las tierras fiscales fueron entregadas a personas que viven en sectores urbanos y que ven a dichos predios como “zonas de loteamiento” para fines comerciales, puesto que al ser chaqueados y desmontados se incrementa su valor. Colque añade que parte de esas tierras pasan a manos de medianos y grandes propietarios que buscan expandir la frontera agrícola.
Sin embargo, Adolfo León, secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, aseguró que las comunidades asentadas en la Chiquitanía, que ascienden a 1.532, se dedican al agro y no al avasallamiento ni al tráfico de madera.
Considera que existe una intencionalidad política en la oposición de desprestigiar al movimiento indígena originario campesino, pero que éste hará respetar sus derechos. “Nosotros tenemos todo el derecho como bolivianos, y vamos a seguir viviendo donde se nos pegue la gana, siempre y cuando no vulneremos el derecho de otra persona”, dijo.
Asimismo, Wilson Cáceres, secretario ejecutivo de la Federación de Interculturales de Santa Cruz, aseguró existe una política sucia que pretende restar apoyo electoral al oficialismo en una coyuntura de campaña política y que por eso surgen versiones como el acarreo de votos. Según él, la gente que no tenía tierra y que se asentó en la Chiquitanía, por ejemplo, está obligada a sufragar en esa región, porque allí vive y trabaja.
Cáceres señaló que esta institución verifica que las comunidades asentadas cumplan con la Función Económica Social (FES), puesto que, de lo contrario, las tierras son revertidas.
Además, subrayó que dichas comunidades ejercen quemas controladas y no son las únicas responsables de los incendios forestales.
Cidob exige la dotación de tierras
El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) Orgánica, Tomas Candia, lamentó que durante los tres periodos de Gobierno de Evo Morales esta organización no hubiera sido parte de la dotación de tierras fiscales.
Denunció que decenas de comunidades del interior del país llegaban “con sus resoluciones bajo el brazo” y que la gente del lugar ni siquiera estaba entregada de la repartición. “Eso es lo que nos molesta”, dijo.
Cabe mencionar que existe la Cidob presidida por Pedro Vare, afín al Gobierno, la cual es tomada en cuenta en la dotación de tierras que hace el INRA.
Villca: El MAS pretende controlar riqueza natural
El vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas originarios campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), Álex Villca, consideró que el traslado de comunidades afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) a regiones como Pando, Beni, Santa Cruz y el Chaco boliviano obedece a una intencionalidad de controlar los incuantificables recursos naturales allí existentes, como minerales, petróleo, madera y biodiversidad.
Señaló que el Gobierno busca la ejecución de proyectos extractivos o megaproyectos de forma directa, puesto que las comunidades campesinas no exigen la realización de una consulta previa, libre e informada como lo hacen los pueblos indígenas.
En 2009 comenzaron los asentamientos en el departamento de Pando en el marco del Plan Nacional de Distribución de Tierras y Asentamientos Humanos, ejecutado por el INRA.
Posteriormente, esta institución creó programas de asentamientos comunitarios de las macrorregiones Amazonía, Chiquitanía, Chaco y zonas sensibles.
Campesinos acusan a la oposición por incendios
De los 13 Gobiernos municipales existentes en la Chiquitanía, sólo Pailón y San Ramón son oficialistas y, casualmente, no registran incendios forestales. Con este dato, el secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, Adolfo León, argumenta que el fuego que devastó esta región fue provocado por la oposición.
“El movimiento campesino sabe que ellos (los opositores) están incendiando nuestros bosques”, dijo León, a tiempo de mencionar que pedirán una investigación para dar con los culpables del desastre que aún no fue controlado.
Interculturales exigen auditar trabajo del INRA
El secretario ejecutivo de la Federación de Interculturales de Santa Cruz, Wilson Cáceres, informó que existe una mala distribución de tierras realizada por el INRA, puesto que en este proceso hubo favorecimiento a grandes empresarios, a quienes se les tituló predios por encima de las 5 mil hectáreas.
El dirigente consideró necesario iniciar una auditoría al trabajo del INRA. “Nosotros no protegemos que sea (el INRA) del Gobierno; lo que es justo, es justo. Creemos que una vez pasadas las elecciones hay que sentarse y auditar, controlar a nuestras instituciones porque nos preocupa esta situación”, dijo.
ANÁLISIS
“Hay interés político del Gobierno de mantener el poder territorial”
José Orlando Peralta
Politólogo
Los nuevos asentamientos en la Chiquitanía y en el resto del país no sé en qué medida podrán votar en las elecciones generales de octubre, porque ya han pasado las inscripciones, pero en futuras elecciones sí, porque se vienen las elecciones municipales y de la Gobernación.
Por esos motivos hay un interés político del Gobierno de seguir manteniendo el poder territorial en diferentes municipios, como es ahora, y me imagino también en la Gobernación, porque ése es su afán político de siempre porque hasta ahora no ha podido ganar la Gobernación cruceña que, de cierta manera, es la Gobernación que tiene más poder simbólico a nivel nacional por el tema de las autonomías y lo que hemos vivido en la década pasada.
Todo partido político predominante tiene en su interés tener presencia territorial con militancia y con gente que le sea afín en todo el territorio, y el Gobierno ha tenido un mecanismo, entre otros mecanismos, de distribuir tierras para que se asienten los comunarios del interior del país, porque no olvidemos que sus bases sociales justamente son indígenas y campesinos.
No nos olvidemos también que la primera reacción que tuvo Evo (Morales) en la Chiquitanía con los incendios fue decir que los comunarios, o la gente de escasos recursos, viven del chaqueo, como que justificándolos.
