La población joven es la que más aprueba la justicia por mano propia

La población que está entre los 18 y 35 años de edad del departamento es la que más aprueba que se haga justicia por mano propia, según la última encuesta de percepción que Ciudadanía realizó en las cinco regiones de Cochabamba, en diciembre de 2016 con una muestra de 1.108 personas. La misma se debatió ayer en la novena versión del Foro Regional, conformado por Ciudadanía, Ceres y Los Tiempos.  

La investigadora de la Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (Ciudadanía), Vivian Schwartz, detalló que además el 81 por ciento afirmó que usaría la violencia en defensa propia, el 33 por ciento para recibir atención a sus demandas por parte del Estado, el 51 por ciento para defender su “honor”, el 13 por ciento para defender sus creencias políticas y el 20 sus creencias religiosas.

Explicó que si bien este fenómeno está ligado a la sensación de inseguridad y la desconfianza creciente en las instituciones de justicia y Policía, una consecuencia que preocupa es la respuesta que la gente tiene frente al “problema de la inseguridad” al organizarse para vigilar y castigar, más que para promover acciones positivas y de prevención.

Dijo que es necesario reflexionar sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo. En tanto que el economista del Ceres, Roberto Laserna, planteó ir más allá y preguntarse qué tipo de país estamos construyendo y qué se hace frente a la desinstitucionalización.    

Schwartz alertó sobre otra consecuencia, aunque aclaró que la mitad de la gente se siente segura y la otra no aunque no ha sido víctima de la delincuencia, que es que el 40 por ciento de la gente acepta que la Policía recorte sus derechos como parte de la lucha contra la inseguridad.  

La investigadora Alejandra Ramírez reflexionó sobre la estigmatización de los jóvenes con la delincuencia y citó como ejemplo el Plan Mochila Segura como una vulneración de derechos. Expresó su preocupación por la violencia interciudadana, donde se agrede al vecino, no al Estado. Dijo: “La violencia intervecino subió; se sacrifica la libertad  por la organización vecinal”.

La investigadora Ilze Monasterio dijo que la gente de la región metropolitana es la que más se declara víctima de la delincuencia con un 24 por ciento frente a la del trópico, cono sur, valles y zona andina. Por lo que considera que las autoridades no están atendiendo dos factores que fomentan la inseguridad como la migración y crecimiento de la población, entre otros.

GENTE COMIENZA A CONCILIAR

En siete meses, los juzgados de conciliación que comenzaron a funcionar en 2016 han logrado 1.385 acuerdos totales y parciales, informó la investigadora social, Daniela Guzmán, en la novena versión del Foro Regional, ayer.

Manifestó que su interés se centra en analizar si la conciliación puede ser una respuesta a los problemas en la administración de justicia y ayude a disminuir la carga procesal.

Explicó que, cada año, los 75 juzgados civiles que hay en el departamento reciben unas 63.000 causas. Es decir, 761 procesos por juzgado, y dictan 8.147 sentencias, 109 cada uno.

La novena encuesta de Ciudadanía reveló que el 86 por ciento está de acuerdo con la conciliación como una herramienta de resolución de conflictos y un 14 por ciento no.

A eso se añade que un 49 por ciento resuelve sus conflictos de manera directa a través del diálogo, el 27 por ciento apela a la conciliación, el 15 por ciento con juicios y el 8 por ciento a través de un representante. Guzmán declaró que “la crisis de la administración de justicia ha develado cuatro problemas estructurales, el más importante la falta de reflexión interna”.

Añadió que el último plan de administración de justicia hasta 2020 fue elaborado por el poder ejecutivo.

NARCOTRÁFICO

Por lo menos dos tercios de la población del departamento consideran que el narcotráfico aumentó, dijo el economista Roberto Laserna. Precisó que las personas asocian este incremento con la acción de los traficantes (30 por ciento), la producción de cocaína (27 por ciento), el consumo de drogas (22 por ciento), la cocaína (17 por ciento) y marihuana (8 por ciento). Sin embargo, cuando se les consulta cómo es la situación en su zona, la población tiene la percepción de que está igual. La población del trópico de Cochabamba vincula el problema del narcotráfico con la presencia de narcotraficantes y con la cocaína. Además, tiene la sensación que el narcotráfico ha disminuido en ese sector.