Obreros observan Ley de Empresas Sociales y dudan de su aplicabilidad

Aunque la Ley de Empresas Sociales, promulgada por el presidente Evo Morales el 1 de mayo, permite que los empleados de empresas quebradas o cerradas asuman la administración de las mismas bajo tres causales, no resuelve los problemas administrativos, las dificultades financieras ni la coyuntura adversa para el sector industrial y de servicios, observaron algunos trabajadores de Cochabamba consultados por Los Tiempos.

La norma fue duramente cuestionada por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que realizó 10 observaciones en 2017 al proyecto tratado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y reiteró su postura cuando la norma fue replanteada este año.

“El contenido de la norma mantiene su carácter confiscatorio, enfrentando a trabajadores y empleadores”, señaló anteriormente la CEPB a través de un comunicado.

Para el trabajador de una fábrica de calzados de Cochabamba Marcelo Duarte (nombre ficticio), la nueva ley otorga mayor seguridad laboral a todos los operarios porque frena las “amenazas” de los dueños de grandes empresas que recurren a la mala situación financiera de las compañías como estrategia para vulnerar derechos.

“Estábamos esperando desde hace tiempo una ley así, gracias a Dios salió. Creo que a la ley se olvidó que una empresa que pasa a manos de los trabajadores necesita de administradores, todo tipo de conocimiento a nivel empresarial”, observó Duarte.

Contrariamente, el empleado del sector de administración de una fábrica de insumos para la construcción Raúl Choque (nombre ficticio) afirmó que la ley no brinda seguridad laboral al obrero, porque sostuvo que si una empresa se declaró en quiebra es porque no tuvo la capacidad financiera suficiente para pagar los beneficios sociales de sus trabajadores.

“Si se ha declarado la quiebra, como trabajadores, cómo podemos hacer para reactivar económicamente la empresa, no lo veo coherente. Ese riego me hace pensar que la empresa va a desaparecer, es un riesgo innecesario”, explicó Choque.

Añadió que se deben evaluar los factores que llevaron al cierre y señaló que no hay mercados para la venta de insumos en Bolivia.

Por otro lado, la operaria de la línea de producción de una fábrica de calzados María González (nombre ficticio) señaló que estaría dispuesta a asumir la responsabilidad de administrar una empresa social para evitar el cierre de las fuentes laborales.

“Para que esto se encamine, habría que ver hasta dónde los trabajadores tendríamos la capacidad de hacer que la fábrica empiece a producir, prácticamente desde cero. Más aun en este contexto, no hay materia prima, no hay cuero. Son muchos problemas”, indicó.

HAY OCHO EMPRESAS QUE ESTÁN EN LA MIRA
 
El secretario ejecutivo de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (Cgtfb), Vicente Pacosillo, informó que al menos ocho empresas en quiebra están en la mira de los trabajadores, tras la promulgación de la nueva Ley de Empresas Sociales, cuatro de ellas establecidas en La Paz .

Señaló que, en Cochabamba, la empresa Curtiembre de América,  que  se dedicaba la elaboración de material de cuero, quebró hace siete meses

“El empresario la cerró y los compañeros están en la calle”, lamentó.

MINEROS VEN GARANTÍAS DE ESTABILIDAD EN LA NORMA

ABI

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, defendió ayer la Ley de Empresas Sociales y afirmó que garantizará la estabilidad laboral de los obreros ante los constantes cierres de empresas que se declaran en quiebra para no pagar beneficios sociales a sus empleados.

El dirigente rechazó que la Ley de Empresas Sociales sea atentatoria contra la propiedad privada, como advirtieron los empresarios privados, que se declararon en emergencia ante la vigencia de la norma.

“Para nosotros, no es atentar a la propiedad privada; para nosotros es garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores con la responsabilidad de cada uno de los empresarios en todos los rubros del país”, dijo.

A su juicio, algunas empresas abren y cierran “en cualquier momento” bajo el argumento de que no hay productividad, dejando a sus trabajadores a la deriva, sin el pago de beneficios sociales. “En un par de semanas vuelven a abrir esas mismas empresas y contratan de cero a los mismos trabajadores con bajos sueldos”, añadió.

Contrariamente, el presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Néstor Conde Apaza, dijo que las pequeñas unidades productivas son las que presentan mayor riesgo con la aplicación de la ley, ya que en caso de entrar en quiebra pueden perder hasta sus viviendas.

“Los trabajadores, que van de cinco hasta 15, se apropien de nuestras viviendas, entonces es un peligro para el sector”, argumentó