Jhasmani T. L. llamaba “hermanos” a policías y se ofrecía a defenderlos
Hace más de cuatro años que el abogado Jhasmani T. L. apareció en los medios de comunicación como defensor de policías involucrados en hechos delictivos o de personas particulares acusadas por delitos mayores y polémicos.
Después apareció Lecrere y Asociados como un bufete de abogados que se especializa en asumir la defensa de policías, incluso se conoce que, en varios casos, de forma “gratuita” pero a cambio de favores.
En el caso de la matanza en el penal de El Abra, el 14 de septiembre de 2014, Jhasmani defendió a dos de los reos implicados.
El abogado también fue defensor de un policía que, en su momento, se vio involucrado en la violación múltiple a una joven por parte de seis uniformados en la UTOP en 2014.
En 2015, en el caso del asesinato de las hermanas Gloria y Peggy Adriázola, Jhasmani fue el abogado de Alejandra Doriana Saavedra Barroso, quien fue condenada a 30 años de cárcel. En mayo de 2018, la vocal María Anawella T. P. (identificada como parte del consorcio) anuló la sentencia porque había un error en una palabra.
“En una parte importante de la sentencia dice ‘hechos probados: ninguno’, esa pequeña palabrita es suficiente para mandar al diablo todo el juicio, todo el proceso, toda la sentencia, porque cómo me pueden sentenciar si el Tribunal en el documento dice ‘hechos probados: ninguno’”, dijo en ese tiempo el abogado.
En febrero de 2017, también defendió a dos hermanos conocidos en el mundo de la delincuencia como monreros. Se trataba de Omar Osvaldo Gonzales Terrazas, alias el Kachilo, y su hermano Daniel Gonzales Terrazas, alias el Dany.
En un caso de feminicidio en el que se encuentra involucrado Carlos L., logró revocar la detención preventiva del sindicado en un solo día.
Según la información proporcionada por autoridades del Ministerio Público, en varios de los casos mencionados, el cuestionado abogado fue quien redactó los autos de vista y resoluciones, mismos que fueron aprobados por los vocales y jueces que pertenecen a su consorcio.
“Ratificamos nuestro compromiso de siempre apoyar, defender y asistir a nuestros hermanos de la Policía Boliviana toda vez que seamos requeridos y convocados. Gracias por contar con su apoyo”, es el mensaje publicado en la página de Facebook de Leclere y Asociados. En ella se observa una fotografía de un apretón de manos entre un particular y un policía.
Hasta el viernes, además de Jhasmani, la Policía y Fiscalía aprehendieron a la vocal María Anawella T.P., cuatro policías investigadores, el fiscal Óscar Mauricio O. G. y su hijo Mauricio O. Todos implicados de alguna forma con el consorcio de fiscales, jueces y policías que ahora es investigado por el Ministerio Público.
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AMENAZAS
“Temblar el sistema judicial”
De acuerdo a los informes presentados por los investigadores del caso, en julio de 2018, cuando la Fiscalía y la Policía hacían el allanamiento de la vivienda de Jhasmani T. L. éste les amenazó e intimidó para evitar que se llevarán un CPU y varias memorias USB.
“Si eso salía a la luz sería culpa de la fiscal, ya que esa información haría temblar el sistema judicial y el Ministerio Público”, señala el informe presentado ante la Fiscalía y la Policía.
SEPA MÁS
Fiscales emitían resoluciones y sobreseimientos
Favorecían a los clientes de Jhasmani T. C. e incluso llegaban a permitir que el “abogado” redacte las resoluciones.
Jueces y fiscales redactaban autos de vista
Anularon sentencias del caso Adriázola, asesinato Choko Burguer y revocaron la detención preventiva de Carlos L., acusado de feminicidio.
Policías modificaban las las pruebas
Modificaban las declaraciones testificales recibidas y cambiaron los soportes digitales.
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La denuncia del mecánico dio paso a la investigación
La denuncia del mecánico Juan Antonio Cuellar (50), que fue secuestrado y torturado por el abogado Jhasmani T. L. y sus cómplices, fue el inicio para que el Ministerio Público comience a indagar al abogado.
Juan Antonio recordó en medio de lágrimas el violento momento que pasó el 17 de marzo de 2018, hasta ser obligado a firmar un documento como si le hubieran devuelto 20 mil dólares por un contrato de anticrético que había adquirido en 2014.
Cuéllar denunció que fue torturado, sumergido en un bañador con agua y obligado a firmar unos papeles en los que él admitía que le estaban devolviendo el dinero que había pagado. Según la declaración de la víctima, el hecho se cometió en la oficina de Torrico.
A través de esta denuncia es que, conforme fue avanzando la investigación, se fueron encontrando nexos con funcionarios de diferentes instituciones del Estado (jueces, fiscales, abogados y policías).
Relato del secuestro
Juan Antonio recuerda que, ese día, un supuesto cliente llegó a su taller solicitando un trabajo mecánico para su vehículo, que se encontraba en otro lugar. “Fui por mis herramientas y me subí al taxi. Unas cuadras más allá, subieron dos personas más. Una de ellas habló por teléfono y dijo ‘ya lo tenemos, mi capitán’. Luego empezaron a golpearme. Uno de ellos me puso un cuchillo en las costillas y me aturdieron con un torito. Luego me encapucharon”.
“Un hombre con muletas, que se llama Jhamani T., y otros dos hombres más, encapuchados y con chamarras de la Felcc”, relató la víctima.
Agregó que “ya tenían preparados los documentos. Me sacaron fotos contando el dinero y firmando.
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Los fiscales, policías y vecinos amenazados
La vivienda donde vive Jhasmani T. L., que también funciona como bufete de abogados con un gigantesco letrero, está ubicada en la avenida Circunvalación. Pese a su detención, los vecinos del abogado se resisten a hablar de él y sólo se animaron a decir que hace dos años vive en el lugar.
Pero no sólo ellos se sienten amenazados, pues la fiscal regional del municipio de Tiquipaya, Faridy Arnez, y el sargento Víctor Saavedra, desde el inicio de la investigación, fueron amedrentados, perseguidos y amenazados, además de tener que enfrentar procesos disciplinarios que Jhazmani T. L. iniciaba en su contra.
El funcionario policial asignado a la investigación del caso fue denunciado dos veces ante el Comando Departamental de la Policía y, por presión del líder del consorcio Leclere y Asociados, se logró apartar a Saavedra del proceso de investigación.
“Que pague todo el daño que me hizo por no haberme doblegado a ese maleante, tantas cochinadas que me hizo, cómo es posible. Hasta garantías de la Fiscalía me han dado. Quiero que se limpie mi nombre”, expresó el sargento entre lágrimas.
PROCESO DISCIPLINARIO
Sin elementos acusatorios
El 16 de enero de 2019, desde la fiscalía policial se notificó al sargento Víctor Saavedra con la liberación de la disipación investigativa.
Su abogado, Dante Reyes, dijo que con esta disposición se demostró la inocencia de su cliente. No descartó iniciar procesos contra las personas que se prestaron a sembrar elementos falsos.
