Ante los preparativos para la marcha por la democracia y un paro nacional el 10 y 11 de octubre promovidos por el Conade y comités cívicos, el Gobierno empezó una campaña para desvirtuar el movimiento al denunciar que los movilizados buscan la impunidad, debilitar las empresas estatales y que se pretende desestabilizar la administración de Luis Arce.