Tras la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de prorrogar las funciones de las autoridades judiciales, esta instancia fue blanco de críticas, anuncios de juicios de responsabilidades, acusada de atentar contra la democracia y promover el camino hacia autoritarismo, pero sin contemplar el fracaso de la Asamblea Legislativa en llevar adelante las elecciones judiciales, por lo que habría incurrido en “incumplimiento de deberes”, sostienen analistas.