Víctimas identifican a jueces que manipulan casos de feminicidio
Víctimas de feminicidio denuncian e identifican a jueces y policías que manipulan pruebas y pericias para favorecer a los agresores. En la Brigada Parlamentaria de Cochabamba se desarrolló ayer la séptima reunión de la Comisión Especial Mixta de Investigación del Legislativo sobre la retardación en atención y resolución de casos de feminicidio. Jueces, policías (investigadores y peritos responsables) y personal de la Fiscalía (abogados)son algunos de los señalados.
Por más de tres horas, madres, padres, hermanas, tías, hijas y abogadas, con la voz entrecortada y entre lágrimas, pidieron ayuda para que los feminicidas (con o sin sentencia) no salgan de la cárcel. Existen casos en los que la sentencia ya fue dictada, pero no ejecutoriada.
La representante legal de Voces Libres, Mercedes Cortés, en representación de 12 víctimas, refirió que de 100 casos de feminicidio sólo uno llega a culminar con la sentencia ejecutoriada por la “chicana” jurídica a la que los agresores recurren para cansar a lis denunciantes.
La excesiva burocracia, falta de empatía con las víctimas, en la Policía y en el personal de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) provocaron que casos de violencia física, terminen en feminicidios.
Albina Sánchez llegó cuatro veces a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y al SLIM. En las cuatro veces, los médicos forenses le dieron de 10 a 20 días de impedimento. Pese a esto, la Fiscalía desestimó las denuncias. Albina ya no volvió a denunciar hasta que su agresor acabó con su vida.
“El modus operandi es dilatar los procesos. No asisten a los procesos, pasan más de tres años y los casos son archivados”, dijo Sonia Brito, diputada a cargo de la Comisión Mixta Especial.
Brito dijo que se conminará a que se inicie una investigación contra jueces, fiscales y policías que hayan manipulado casos. “En especial al juez David Gamón, varias víctimas lo mencionan y denuncian favorecimiento”, señaló.
“Mi sobrina falleció el 20 de abril, Roxana Vela Hervas. Ella estaba embarazada de 16 semanas. Su pareja es autor confeso del hecho. Pido a la comisión mixta que hagan un seguimiento a este juez”, refirió el tío de la víctima.
El temor a que un agresor salga de la cárcel es el común denominador en todas las víctimas, ya que tanto los agresores como sus familiares son amenazados de muerte si continúan los procesos.
La tía de Magaly Villarroel dijo que ella fue asesinada el 27 de abril con un disparo por un cabo de la Policía. La denuncia de las víctimas es que los investigadores del caso hicieron desaparecer pruebas. Acusan al responsable de laboratorio.
COMISIÓN SE REUNIRÁ CON AUTORIDADES
La Comisión Especial Mixta de investigación del Legislativo sobre la retardación en la atención y resolución de casos de feminicidio tiene previsto reunirse hoy con autoridades departamentales que tienen que ver con la investigación y seguimiento de estos casos.
“Los familiares peregrinan incluso por más de cuatro años, buscando que el agresor sea sentenciado. Esto ocurre desde 2013, cuando se implementa la Ley 348”, dijo la representante de la comisión Sonia Brito.
