YPFB no ingresará a Tariquía, pero tampoco rescinde con operadoras
Las actividades de exploración de hidrocarburos en las áreas San Telmo y Astillero, ubicadas al interior de la reserva nacional de flora y fauna Tariquía, no continuarán. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el Ministerio de Hidrocarburos ratificaron que “Tariquía no se toca”. Sin embargo, a la fecha, no se tiene previsto cancelar los contratos firmados con las operadoras YPFB Chaco y Petrobras Bolivia que contemplan una inversión de 682 millones de dólares.
Aunque el presidente de la estatal petrolera, Herland Soliz, aseguró que no se pretende continuar con los trabajos de exploración en la reserva, las comunidades indígenas que habitan al interior de la misma hacen notar que, al no haber la anulación de decretos supremos y la cancelación de contratos con las operadoras, es posible que la actividad petrolera ingrese a Tariquía en éste o el próximo Gobierno. Incluso hablan de una supuesta intencionalidad de iniciar la perforación de Astillero en agosto de 2020.
Al ser consultado sobre la posibilidad de rescindir contratos con las operadoras, Soliz explicó que “simplemente se está retrasando” el proyecto por un motivo de fuerza mayor relacionado al pedido social de no realizar operaciones en la reserva.
“No hemos cancelado contratos obviamente porque todavía hay que ver cómo vamos a resolver este tema, pero hoy por hoy estamos en una fuerza mayor y estamos paralizando todas y cada una de las obras”, dijo.
A mediados de febrero, la representante del Comité de Defensa de Tariquía, Nelly Coca, informó a El País que se llevan a cabo reuniones entre comunarios de San Antonio en Bermejo y Chiquiacá, el viceministro de Planificación y Desarrollo Hidrocarburífero, Amado Montes, y la directiva de YPFB para concretar proyectos de obras civiles en mayo y, entre agosto y septiembre, pasar a la perforación de Astillero.
Al respecto, Paola Gareca, ejecutiva de la Subcentral de Tariquía, informó que no tiene conocimiento de dichas reuniones, pero señaló que las operadoras necesitarían nuevas licencias ambientales para llevar a cabo la perforación a partir de agosto próximo. En todo caso ratificó que permanecen en pie de lucha.
El vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), Alex Villca, dijo que el Gobierno tiene la estrategia de decir “Tariquía no se toca”, pero a la vez mantiene los contratos con las operadoras.“En la medida que el Gobierno de transición no demuestre que esos contratos están ya sin vigencia, pues en cualquier momento éste u otro Gobierno puede activarlo (el proyecto)”, dijo.
En 2017 se firmó un contrato para invertir $us 193 millones en el área San Telmo y 489 millones en el área Astillero.
INCERTIDUMBRE POR EL BALA Y ROSITAS
El portavoz de la Contiocap, Alex Villca, considera que el Gobierno de transición utiliza una estrategia similar a la de Tariquía en otros proyectos que comprometen a áreas protegidas como las hidroeléctricas Chepete-Bala y Rositas.
Villca afirmó que el Gobierno mantiene el discurso de no ejecutar dichos proyectos, pero no revisa los decretos ni contratos firmados, de modo que en cualquier momento pueden ser retomados.
“Para nosotros no es una garantía porque un decreto es el que da lugar a que estos proyectos estén encaminados, sigan vigentes. Entonces, en la medida que no se anulen no hay tranquilidad”, dijo.
