En 2009, Chile estaba dispuesto a pagar por el uso el Silala
En 2009, Chile ofreció pagar 6,2 millones de dólares anuales a Potosí por el uso del 50 por ciento de las aguas del Silala; sin embargo, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) rechazó tal acuerdo y, 13 años después, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya estableció que dichas aguas tienen un flujo internacional y, por lo tanto, Chile no deberá pagar ni un centavo.
Los representantes de las cancillerías de Bolivia y de Chile lograron en 2009 un acuerdo inicial mediante el cual Chile se comprometía a pagar la suma de 17 mil dólares por día por el consumo del 50 por ciento del caudal del agua. El expresidente Evo Morales desistió de que ese plan prosiguiera. Chile también prometió analizar la situación de la “deuda histórica” por el uso de las aguas, según un reporte de Brújula Digital.
En ese entonces, el presidente de Comcipo, Celestino Condori, calificó de “burla” tal acuerdo al que había llegado el equipo diplomático, que estaba encabezado por el vicecanciller Hugo Fernández.
“La burla que nos hizo el vicecanciller Hugo Fernández, quien llegó a Potosí en varias ocasiones para asegurarnos que no se firmaría un solo documento sin consultar antes a la región, pero no lo hizo”, dijo Condori en ese entonces.
En ese tiempo, la visión predominante era que las aguas del Silala provenían de ojos de agua que había sido canalizada artificialmente y Bolivia exigía el 100 por ciento del pago por esas aguas, no el 50 por ciento. Morales dijo en numerosas ocasiones que llevaría a Chile a La Haya para que pague por el 100 por ciento, pero fue ese país el que se adelantó e hizo el juicio, que acaba de ganar este jueves.
Tras haber señalado decenas de veces que el Silala no era un río, cuando se produjo la demanda chilena, Morales cambió su posición y aceptó que la defensa boliviana admitiera que sí era un curso de agua internacional.
Este jueves, la CIJ concluyó que Bolivia y Chile están de acuerdo en que el Silala es un río de curso internacional, por lo que no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto y ambos países tienen derecho a su uso en el marco del derecho internacional consuetudinario. Por lo tanto, Chile no necesita pagar por el 50 por ciento que ofreció en 2009.
