Papeles de Panamá: actas develan los nombres tras las "offshore" del caso Comteco- Elfec

30/10/2017

Fabiola Chambi

Enid López Camacho

Antecedentes del caso

La transacción para la compra de las acciones de Elfec por la empresa cochabambina Comteco en abril de 2008 ha estado envuelta en dudas, denuncias y una serie de cuestionamientos casi desde el principio aunque mucho más desde que se conoció la participación de la firma Mossack Fonseca en la creación de tres compañías “offshore” vinculadas a esta operación financiera.

El hecho fue revelado tras la filtración de los Papeles de Panamá en 2016 cuando el periódico alemán Süddeutsche Zeitung recibió la información y la compartió posteriormente con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés).

Los Tiempos hizo seguimiento exhaustivo a la investigación y fue develando información clave desde ese entonces, pero hace algo más de un año, el ICIJ dio la llave a este medio para acceder a la base de las filtraciones. El capítulo Bolivia, en el que también participa El Deber, se puso en marcha.

El trabajo de investigación en Cochabamba se enfocó en desenmarañar la conformación de estas tres “offshore”: Cochabambina de Electricidad S.A., Trabajadores de Luz y Fuerza S.A. y Sociedad Eléctrica Bolivia- Soelbo S.A.

Nuevos datos salen a la luz en este caso del que aún hay mucho por contar.

Hitos

“No ha habido un hecho irregular en la compra”, es el argumento de los accionistas de Comteco que apuntan a la estadounidense Pennsylvania Power and Light Global (PPLG), como la responsable de instruir la constitución en Panamá de las tres sociedades.

Aseguran que la compra de las acciones de Elfec fue legal porque se realizó en Bolivia y no en otro país. En un informe exclusivo que presentaron a Los Tiempos, en octubre de este año, develaron que PPLG fue creada en las Islas Caimán, dividida en dos holdings y que eran propietarias de PPLG Bolivia Holding Company, dueña de Elfec e Integra.

En 2007 la PPLG Bolivia Holding Company cambia el nombre a Luz del Valle Limitada (Ltda.). Esa misma gestión crea en Panamá, Cochabambina de Electricidad y Trabajadores de Luz y Fuerza, ambas firmas dan origen a Soelbo, empresa “offshore” creada por el bufete Mossack Fonseca.

El 12 de julio la de 2007, la PPLG vende el 100 por ciento de sus acciones en Bolivia a Soelbo. La nueva firma fue registrada en Panamá el 16 de septiembre de 2007.

El 31 de octubre del mismo año Soelbo crea en Bolivia la empresa Luz del Valle S.A. y desaparece Luz del Valle de las Islas Caimán. Se registra en Fundempresa.

Desde ese momento fue dueña del 60 por ciento y los trabajadores del 40 por ciento. El 9 de abril de 2008 se produce la venta de las acciones de  Elfec a Comteco a través de Soelbo.

En la reunión con Los Tiempos, el presidente del Consejo de Administración de Comteco, Víctor Hugo Franco, indicó que se enteraron de la venta de las acciones por la Bolsa de Valores en 2007, y en 2008 se concretó la transacción con el grupo de empresarios liderado por Xavier de Udaeta, que actualmente está prófugo.

“No compramos en Panamá, no compramos las acciones en las Islas Caimán; compramos en Bolivia porque estaba constituida la empresa Luz del Valle Inversiones y ésa que era Luz del Valle SA, Soelbo la convierte en Luz del Valle Inversiones”, enfatizó.

Por su parte, el abogado Germán Quiroz, sostiene que a pesar de que el Decreto Supremo (DS) 494 estatizó Elfec, los dueños legales del 92,12 por ciento de las acciones continuaban siendo los trabajadores y Comteco porque en 2012 se emite recién el DS 1178 que en su artículo único registra a favor de ENDE, las acciones de la empresa Luz del Valle.

El TCP rechazó recurso planteado por Comteco

La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó la acción de inconstitucionalidad que fue interpuesta por la Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba (Comteco), contra el Decreto Supremo 1178 del 29 de marzo de 2012, por la falta de indemnización de la expropiación del 52 por ciento de las acciones de Elfec.

Según la determinación de las autoridades del TCP, “no existe explicación respecto a cómo el Decreto Supremo impugnado resultaría ser inconstitucional”.

El Decreto Supremo 1178, en su artículo único registra a favor de la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia (ENDE) las acciones de la empresa Luz del Valle tras la “estatización” dispuesta a través del Decreto Supremo 0494 del 1 de mayo de 2010.

El asesor legal de la Comteco, Jhonny Ledezma, lamentó la determinación del TCP. Sin embargo, informó que se agotarán todas las instancias legales pendientes en el país para acudir a organismos internacionales.

En octubre de 2016, Comteco interpuso una denuncia en la vía civil exigiendo que Elfec pague por los alquileres (desde 2011 a la fecha) de los ambientes que actualmente ocupa, pero que son de propiedad de Integra S.A. El proceso derivó en un recurso de inconstitucionalidad .

Comisión del Gobierno

La Comisión Mixta para la investigación de los Papeles de Panamá halló indicios de enriquecimiento ilícito en el proceso de transferencia de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica (Elfec) a Comteco.

En el informe final presentado a principios de este mes recomiendan que el caso Comteco- Elfec sea remitido al Ministerio Público y a la Procuraduría General.

Constitución de las empresas

El bufete intermediario en Bolivia que gestionó la transacción con los panameños fue “Criales, Urcullo & Antezana”, que ahora solo figura como “Criales & Urcullo”, con oficinas en la ciudad de La Paz.

Se definen como una firma de abogados que presta servicios legales a empresas, entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y clientes individuales en Bolivia y otros países de América Latina, además “aseguran estricta confidencialidad sobre nuestras actividades profesionales y la información de nuestros clientes”.

En junio de 2007, inició el contacto vía correo electrónico entre el abogado José Antonio Criales y la firma Mossack Fonseca a través de Irene Andreve y Verna de Nelson, para la conformación de las tres sociedades.

Trabajadores Luz y Fuerza S.A. se creó con un capital de 3 mil dólares para que supuestamente los trabajadores pudieran adquirir el 60 por ciento de las acciones de Elfec.

Cochabambina de Electricidad S.A. se creó, en supuesta representación de un grupo empresarial, con un capital de 7 mil dólares para adquirir el 40 por ciento restante.

Para la constitución de Soelbo el capital fue de 10 mil dólares dividido en 100 acciones de 100 dólares cada una, que “podían ser nominativas o al portador”.

Las dos primeras sociedades eran las únicas accionistas de la tercera que debía ser establecida también en Panamá.

Se pagó tres facturas por la incorporación de las tres sociedades. 

Los documentos para las sociedades en referencia cumplieron el proceso de legalización vía Consulado de Bolivia y Apostilla.

Conformación de los directorios

Una fecha clave, 16 de julio de 2007. Tres actas confirman que nueve personas se reunieron en una “junta de accionistas” en Cochabamba, en la avenida Heroínas No 610 (edificio Elfec), para elegir las directivas de las tres offshores.

El objetivo según el abogado José Criales era el interés de “sus clientes” en abrir una cuenta bancaria en Panamá a nombre de una o más de las sociedades de referencia.

Ante este nuevo requerimiento, los panameños ofrecen el servicio de la fiduciaria “Mossfon Trust Corporation”, definida como “una compañía con licencia fiduciaria autorizada por la Superintendencia de Bancos de Panamá desde 1993. Igualmente tenemos una compañía con licencia fiduciaria en las Islas Vírgenes Británicas desde 1986 y en Jersey desde 2005”

En cuanto a la confidencialidad, añade que “para que la firma de los clientes no aparezca en la documentación relacionada con transacciones bancarias, se ofrece servicios de administración de dichas cuentas mediante la provisión de firmantes autorizados de dichas cuentas”.

Los honorarios de Mossfon Trust Corporation para abrir una cuenta corporativa son de 1.000 dólares a nivel local y 2.000 para aquellas fuera de Panamá, más gastos. Los honorarios anuales para los servicios de firmantes autorizados para administrar las cuentas bancarias con su capacidad fiduciaria son de 600 dólares.

En agosto de 2007, Mossack Fonseca confirma el pago por el registro en Panamá de cada una de las offshores y los honorarios hasta esa fecha:

Factura No. 211549 Sociedad Eléctrica Boliviana - Soelbo S.A 2,623.00 $us
Factura No. 211485 Trabajadores de Luz y Fuerza S.A 2,664.50 $us
Factura No. 211517 Cochabambina de Electricidad S.A. 2,664.50 $us

(las dos primeras fueron recibas el 16 de agosto de 2007 y la última el 3 de septiembre).

 

El 21 de diciembre de 2007 el bufete Criales, Urcullo & Antezana informa que  las sociedades eligieron nuevos directores, también  el incremento del capital y emisión de nuevas acciones, así como la emisión de acciones nominativas y canje de las acciones al portador.

 

Una transacción frustrada

Hasta el 24 de julio de 2008, Criales no hizo el pago respectivo a Mossack Fonseca por este nuevo servicio y, ante la insistencia de la firma panameña, informa que “todo el paquete accionario que era de propiedad de las sociedades de referencia sobre dos operadoras bolivianas en electricidad, fue transferido a un consorcio boliviano”.

Posteriormente pide la disolución de las “offshores”.

Los Tiempos se contactó con Criales vía teléfono para realizar las consultas sobre la transacción y conocer su versión del caso, pero la respuesta contundente fue: “Prefiero no declarar”.

Sobre las actas originales que autorizaban el cambio de Junta Directiva y aumento de capital, la firma panameña pide destruirlas. Estos documentos fueron filtrados en los Papeles de Panamá y los difundimos como respaldo.

Importancia de los Papeles de Panamá

Un 3 de abril de 2016 Panamá, se convirtió en el centro de la atención mundial debido a  la filtración de unos 11,5 millones de documentos del bufete de abogados Mossack Fonseca, considerado uno de los cinco mayores registradores mundiales de sociedades offshore, especializadas en la evasión de impuestos.

Jefes de Estado, primeros ministros, políticos, actores, futbolistas, literatos, familiares o socios cercanos a éstos, fueron surgiendo a medida que se daban a conocer las revelaciones.

Nombres como Vladimir Putin, Lionel Messi, Mario Vargas Llosa, Pedro Almodóvar, Mauricio Macri, Petro Poroshenko, Jackie Chan, entre muchos otros, aparecieron en las filtraciones que incluían correos electrónicos, cuentas bancarias, bases de datos, pasaportes y registros de clientes del despacho de compañías denominadas “offshore”.

La información inicial llegó al diario alemán Süddeutsche Zeitung a través de Bastian Obermayer, con quien se contactó la fuente anónima responsable de la mayor filtración de la historia, que comprende casi 40 años de trabajo interno de la firma panameña, desde 1977 hasta diciembre de 2015.

Aquí surge la alianza con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que posibilitó que 376 periodistas de un centenar de medios de comunicación de 76 países difundan la información tras un año de arduo análisis. Un trabajo colaborativo que tuvo coordinación absoluta para la exclusiva.

En Bolivia el ICIJ seleccionó a LOS TIEMPOS de Cochabamba, El Deber de Santa Cruz, para develar la información de firmas y personas involucradas en los Papeles de Panamá. Por primera vez el país forma parte de esta investigación transnacional.

 

 

¿Qué es y cómo actúa Mossack Fonseca?

La firma actúa a nivel internacional creando compañías que se benefician de la legislación de paraísos fiscales como Suiza, Chipre, Singapur o las Islas Vírgenes británicas.

Según explican los abogados Martha E. Dotzauer y Johan S. Ellefsen, “crear empresas en Panamá es lícito y los mecanismos de planificación financiera son ampliamente conocidos y usados a nivel internacional. Muchos negocios internacionales requieren de entidades intermediarias que faciliten sus transacciones”.

Panamá tiene un sistema regulatorio que garantiza la privacidad de quienes forman empresas. Las acciones al portador de este país no requieren que los socios sean registrados y los directivos no tienen que ser necesariamente los dueños reales de la empresa. Además, el sistema impositivo resulta atractivo porque no es necesario pagar el impuesto sobre la renta por los ingresos originados fuera de Panamá.

Mossack Fonseca tiene sedes en 35 países alrededor del mundo y lo que ofrece a sus clientes es la solución más adecuada a sus necesidades, moviendo las compañías a jurisdicciones que garantizan mayor secretismo y se adaptan mejor a las demandas de los beneficiarios.

Una vez establecido el contacto con los representantes del beneficiario, el despacho panameño provee los administradores para las compañías. En el caso de Panamá son suficientes tres administradores y un accionista (o dueño). Ninguno de ellos tiene por qué ser el beneficiario final de la sociedad, explica El Confidencial, uno de los medios que difundió la filtración.

Sin embargo, los Papeles de Panamá cobran importancia porque la filtración rompe esa estructura del secretismo que por tanto tiempo el bufete ha mantenido realizando operaciones poco éticas o al borde de la legalidad para ricos contribuyentes, bancos y firmas de abogados.

También fueron relacionados con el caso Lava Jato, uno de los mayores escándalos de corrupción en Brasil.

Socios de firma legal de "Panama Papers" detenidos por Lava Jato

"Somos una empresa de 40 años y jamás hemos sido culpados absolutamente de nada (…) vamos a seguir impunes y sin ningún tipo de acusación, porque no somos responsables de las acciones de las sociedades que nosotros formamos", dijo el socio y miembro fundador de la empresa, Ramón Fonseca Mora, al canal TVN Noticias de Panamá.

Luego de un año y seis meses el bufete de Mossack Fonseca no puede levantarse del duro golpe que significó las develaciones de los Papeles de Panamá. Según la BBC, de las 45 oficinas que tenía distribuidas en todo el mundo, ahora solo sobreviven seis y de los 360 trabajadores, ahora quedan algo más de 90.

Acusados de blanqueo de capitales en el caso Lava Jato, los dos socios fundadores, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, pasaron cuatro meses en prisión preventiva, pero fueron liberados en abril de este año tras pagar una fianza de 500.000 dólares a cada uno.

A pesar de este panorama, Mossack insistió en que el bufete no cerraría.

ANÁLISIS

Algunos países generan cierta“facilidad” para el comercio exterior

JOHAN S. ELLEFSEN

Abogado en Nueva York

El comercio exterior requiere de normas jurídicas para practicarse en el exterior. Muchas empresas necesitan tener presencia local en otros países para poder practicar algún tipo de comercio. En ese sentido, algunos países van a generar ciertas facilidades para la atracción de negocios, y todo eso es completamente legal.

Pero desde el punto de vista de otros países, esta competencia resulta ilegítima.

La creación de las empresas “offshore” se convierte ilegal cuando uno mueve o hace transacciones con el objetivo de esconder el origen del dinero, crear la apariencia de legalidad o cuando la intención es encubrir un hecho.

Cuando uno realiza una serie de actividades que individualmente son legales, pero el objeto es cubrir algún ilícito se convierte ilegal.

Bolivia sacó en 2014 alguna normativa para tratar de dirigir directamente a estos casos de paraísos fiscales, como el decreto 2227 que norma las transacciones ficticias. Es decir, ya hay algunos intentos de legislar este asunto.

Muchos países, sobre todo en El Caribe, tratan negocios facilitando la creación de empresas, limitando qué información se tiene que dar para dicha creación. Panamá específicamente es atractiva porque se puede crear una empresa fácil y los socios no necesitan estar registrados con su nombre. Entonces se designan dichos agentes para crear la empresa y venden las acciones al portador, que es lo que hacía la firma Mossack & Fonseca.

 

Dirección del proyecto: Fabiola Chambi 

Investigación y redacción: Fabiola Chambi y Enid López

Mentoría: Sandra Crucianelli

 Visualización: Raúl Vera

Ilustración de la portada: Wilson Cahuaya

Publicación en alianza con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés)

  Y el apoyo de la Plataforma Periodística para las Américas Connectas.