A 50 años del golpe de Estado de Banzer persiste la impunidad
Geraldine Corrales Arandia
A 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura de Hugo Banzer Suárez, el abogado Juan del Granado consideró que existen temas pendientes para resolver, investigar y reparar con las víctimas y familiares de fallecidos y desaparecidos durante ese periodo.
Además, identificó que persiste la impunidad dictatorial.
El 21 de agosto de 1971, luego de un momento de profunda polarización en el país, el coronel Banzer junto a sus aliados entre los que estaban miembros de la Falange Socialista Boliviana (FSB) y del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) dieron un golpe de Estado al presidente Juan José Torres.
Tras asumir la presidencia, rompió el pacto con el MNR para luego iniciar un régimen militar que dejó a los partidos políticos de lado y también a las instituciones sindicales. El periodo estuvo marcado por la persecución y el exilio de los opositores.
“Bolivia había llegado en 1971 a una polarización que dividió la nación en dos de manera irreconciliable. Por un lado, quienes creían que había llegado la hora del cambio sin contemplaciones. Por el otro, la izquierda que atravesaba una etapa de euforia revolucionaria sin precedentes”, señala el libro “Historia de Bolivia” de Carlos Mesa.
La etapa en la que gobernó Banzer dejó saldos lamentables, víctimas de la dictadura, desaparecidos y fallecidos fue lo que dejó el régimen.
Acerca de los hechos suscitados durante ese periodo no se determinó ninguna sanción.
“En el caso de Hugo Banzer, Marcelo Quiroga Santa Cruz planteó el enjuiciamiento en 1979, es un juicio que se inició ante el parlamento nacional, que primero sufrió la interrupción por la masacre y el golpe de estado de (Alberto) Natusch en Todos Santos y que luego se diluyó completamente. No prosperó”, comentó Del Granado.
Asimismo, añadió que, en 1980, tras el golpe de Estado de Luis García Meza los documentos del caso desparecieron, al igual que los obrados que estaban en el parlamento
Haciendo un recuento de la época de dictaduras, Del Granado recordó que solo los implicados en la dictadura de García Meza recibieron sanciones, por lo que consideró que “resulta esencial en la agenda democrática el tema de la impunidad dictatorial, que está referida a los gobiernos de facto militares desde 1964”.
Tres años después del inicio de la dictadura de Banzer, se presentó un paquete de medidas económicas como la devaluación de la moneda, por lo que los campesinos iniciaron un bloqueo de caminos. El desenlace de este evento terminó en las masacres de Epizana y Tolata, luego de que se declarara el estado de sitio.
En 1975, Banzer se reunió con el dictador chileno, Augusto Pinochet, en Charaña para conversar sobre una posible salida al mar, pero que finalmente no prosperó.
Luego de siete años como presidente de Bolivia, en 1977 se convocó a elecciones y aunque se planteó la posibilidad de que fuera candidato, no consiguió su objetivo y se impulsó la postulación de Juan Pereda.
Las elecciones se realizaron el 9 de julio de 1978 y tuvieron como ganador al candidato de Banzer con el 50,88%, sin embargo, se observó la emisión de más votos que la cantidad de votantes registrados, por lo que se consideró como un fraude y se anuló el proceso electoral.
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Tras los años de dictadura de Banzer e incontables violaciones a los Derechos Humanos, familiares y víctimas de ese periodo pidieron una reparación de daños. Al respecto, el abogado Juan Del Granado señaló que se creó una comisión para investigar y reparar los mismos. El proceso inició en 1982 y continuó en los gobiernos de Carlos Mesa y Evo Morales.
“Se ha hecho una reparación parcial desde el punto de vista económico, digo parcial porque no se ha reparado a todos, pero además de ello, las reparaciones económicas fueron absolutamente insuficientes. En el gobierno de Carlos Mesa y de Evo Morales se establecieron reglamentos totalmente burocráticos que han impedido que la reparación alcance a todas las víctimas y que además en sus montos sean mínimamente aceptables, por lo tanto, ese es un tema pendiente”, puntualizó.
Con relación a los desaparecidos, el abogado señaló que “nunca se ha hecho una reparación definitiva” y la Comisión de la Verdad recomendó que las investigaciones continúen.
También lamentó que no continuaran las investigaciones, debido a que el Ministerio Público no siguió las mismas.
“Esas investigaciones antes, ahora y por supuesto en el futuro tienen que estar bajo la responsabilidad del Ministerio Público, aquí quiero destacar que después de la sentencia de 1993 en el caso de García Meza no ha hecho absolutamente nada. La impunidad dictatorial tiene como uno de sus responsables al Ministerio Público inoperante, que como digo no ha llevado adelante las tareas y los deberes constitucionales que tiene como representante de la sociedad con motivo de cumplimiento de la ley”, sostuvo.
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En el relato de Carlos Mesa, en su libro Historia de Bolivia, se rememora la llegada de Banzer a Santa Cruz el 19 de agosto, donde inició el movimiento golpista.
“El movimiento estuvo liderizado por el Cnl. Banzer que fue arrestado el mismo día del levantamiento”, señala el relato.
Banzer había sido exiliado tras un intento frustrado de un golpe de Estado en enero de ese año. En agosto, ingresó de manera clandestina al país en coordinación con otros militares.
Banzer fue arrestado en Santa Cruz el 19 de agosto de 1971 e inmediatamente trasladado a La Paz.
En Santa Cruz se produjeron sangrientas refriegas donde murió al menos un centenar de personas.
“Entre el 19 y 20 se plegaron al golpe Beni, Pando y Cochabamba, tras algunas escaramuzas”, continúa el desarrollo de la historia.
“Banzer llegó a palacio el 21 de agosto y juró a la presidencia basado en el liderazgo que había asumido al comenzar ese mes”.
Se dieron cambios cualitativos en la economía y la sociedad boliviana, si bien se inició el gobierno bajo la consigna “paz, orden, trabajo”, la historia lo dejaría como uno de los gobiernos más autoritarios.
El fin de la dictadura
Banzer fue derrocado el 21 de julio de 1978, luego de una huelga de hambre que iniciaron mujeres mineras, entre las que estaba Domitila Chungara.
El proceso eleccionario y la demostración de un fraude electoral terminó en un golpe de Estado que proclamó como presidente a Juan Pereda Asbún.
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Entre la época de las dictaduras y tras la recuperación de la democracia en 1982, si bien no se pueden establecer comparaciones por las diferentes coyunturas, se apunta a un elemento en común: el autoritarismo en los gobiernos pese a que estos sean legalmente electos.
“No es bueno comparar las dictaduras castrenses con los gobiernos autoritarios que se han sucedido después de 1982. Una vez producida la recuperación democrática el 10 de octubre de 1982, tal vez con las solas excepciones de Hernán Siles Suazo y los gobiernos transitorios de Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, el resto de los gobiernos ha tenido rasgos y acciones autoritarias violatorias de los derechos humanos, por ello digo que no solo es la impunidad dictatorial pendiente de sanción y de investigación, sino que también está la impunidad autoritaria de gobiernos constitucionales”, detalló.
Del Granado afirmó que existen elementos en común por los rasgos de autoritarismo, violación de derechos humanos y constitucionales, pero no se puede establecer “una sinonimia”.
“Lo que tenemos hoy día es prolongación del autoritarismo de estos gobiernos (...) Son dos fenómenos distintos pero de elemento común, que no los iguala, que no los equipara, pero el elemento común ha sido la violación de los derechos humanos y de los derechos constitucionales”, aseguró.
