“Hemos constado la presencia de dragas chinas, colombianas y brasileñas en el área de Mayaya (…) Hay dragas que trabajan las 24 horas y ahí se hace uso de mercurio. En 2021, se hizo un estudio a 350 personas de seis nacionalidades, mosetenes, chimanes, ese’ejjas, lecos, tacanas y uchupiamonas”, añadió.

Según el estudio Impacto de la minería aurífera en comunidades indígenas que realizó el Laboratorio de Calidad Ambiental de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), publicado en noviembre de 2022, el máximo de mercurio permitido en el organismo de un ser humano es de una parte por millón (es decir, un miligramo por cada kilo), pero los esse ejjas registraron 6,9 partes por millón (ppm), los mosetenes 2,7, los uchupiamonas 2,5, los tacanas 2,1 y los lecos 1,2 ppm.

“Los estudios que se hicieron en 2021 se presentaron a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Pero este estudio no se hizo en la población Leco que habita con la minería ¿Cómo estarán ellos? Nosotros que vivimos río abajo y no hacemos actividad minera estamos afectados”, detalló.

Por su parte, Saavedra señaló que actualmente se hallan en alerta por todas las áreas protegidas. 

“Principalmente, estamos en alerta por la cuenca amazónica, entre los departamentos de La Paz, Beni y Pando, esto por la minería (oro); y en lo petrolero, lo más agudo que se está dando es Tariquía”, indicó Saavedra.

La senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena explicó que el mayor problema es la explotación del oro en las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas, que se hallan entre los departamentos de La Paz y Beni. A ello se suman Cotapata y Apolobamba.

Requena indicó que otro de los problemas es la explotación de hidrocarburos en Tariquia y Aguaragüe, en Tarija. 

“Tariquia es un área en el que ya se había realizado la exploración petrolera, hace muchos años, pero se mantuvo protegida”, dijo.

En cambio, hoy, el gobierno ingresó a Tariquia cambiando la zonificación y colocando un campo de exploración en el lugar que estaba categorizado  como área de máxima protección, porque es un área de recarga de acuíferos y cabeceras de cuenca, detalló.

Dijo que el Amboró, Carrasco, Tipnis y Noel Kempff Mercado también están afectados por la ampliación de la frontera agrícola, los avasallamientos de tierras y el narcotráfico.

Tanto Requena, como la diputada por CC, Toribia Lero, precisaron que el 2014 inició la fiebre del oro y la devastación de las áreas protegidas. “La aprobación de la ley minera ha generado un régimen bastante favorable para el cooperativismo, liberándolo de impuesto”, dijo Requena.

“(En 2013) se ha aprobado el Decreto 2366 que tiene que ver con el aprovechamiento hidrocarburifero en todo el territorio nacional. Incluido en áreas protegidas, y desde entonces el gobierno ha empezado a declarar como área fiscal las zonas protegidas para la exploración y explotación de petróleo”, dijo Lero.

Sobre el tema, el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Gualberto Arispe, quien además fue parte de la comisión de pueblos indígenas, señaló que el Ministerio de Minería debe hacer cumplir la ley minera y de cooperativas. 

“Recuerdo que nos llegó una denuncia de los hermanos del Beni y Pando, en sentido de que la minería estaba afectando la flora y fauna, además de la caza y pesca; se programó una inspección, al que mi persona no tuvo la oportunidad de ir (…) Decimos que somos un gobierno que protege a los pueblos indígenas y áreas protegida, pero no se está viendo eso, ojalá el nuevo ministro de Minería haga cumplir lo que establece la ley”, instó Arispe.

¿Quiénes deben proteger los parques?

En el caso de las áreas protegidas, la instancia directa en hacer respetar estas reservas naturales es el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) que está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. En cada parque está la Dirección de Área Protegida.

Según un exguardaparque del Madidi, desde el 2021 los cooperativistas no les permitieron realizar inspecciones profundas e incluso fueron amedrentados.