RECUERDOS DEL PRESENTE
La planta de urea y amoniaco de Bulo Bulo sigue siendo un dolor de cabeza, como ocurre desde que se la inauguró en 2017, después de haber gastado 960 millones de dólares, la más grande inversión pública hecha en un solo proyecto en la historia del país.
Los “paros programados”, decían las autoridades, eran la explicación de que la planta no entrara en funcionamiento durante más de un año y cuando se la encendió, en 2018, se informó que sus operaciones eran antieconómicas, pues había perdido 24 millones de dólares de solamente funcionar.
Dios se acordó de nuestra región. Muchas gracias. Nuestras alabanzas.
La captura del “Pollo” (Hugo Armando) Carvajal en España y la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, en las vísperas del 11 de septiembre, han de figurar como un hecho histórico en América latina.
Ahora se sabrá en qué aviones iba la droga hasta Venezuela desde Chapare, si eran militares o no, y cómo se la enviaba hacia Estados Unidos, pasando por qué islas y con la venia de qué gobiernos.
Es más oro del que Atahualpa entregó a Francisco Pizarro en Cajamarca en 1532, mucho más, el que llega del Perú a Bolivia en una de las transacciones más grandes de la economía ilegal de Sudamérica.
Es el oro que la “minería ilegal” peruana explota en ese país y que debe ser llevado a un país que no tenga controles, un Estado fallido, mejor si también produce coca y cocaína, porque oro y droga van “casados”.
Hay un dirigente de los cocaleros del Chapare que sufre una paranoia: quiere paralizar la historia de Bolivia en el instante en que él huyó, por cobarde, el 11 de noviembre de 2019.
Querría que el tiempo pudiera detenerse en aquel instante, cuando abordó un avión mexicano para escapar, porque está ahora convencido de que en ese momento él perdió la oportunidad de mantenerse como dictador por mucho tiempo.
¿Cómo detener la historia en un momento del pasado? ¿Y luego cambiar lo que ocurrió?
¿No tendrá alguna cosa importante que hacer el Procurador Wilfredo Chávez en beneficio del país? Quiere revisar las actas de votación de las elecciones anuladas de 2019, y el propio TSE le dice que sería inútil, porque es un caso cerrado: hubo fraude.
¿O ha sido puesto en ese cargo sólo para ocuparse de satisfacer la obsesión del cocalero Morales? ¿Quién paga su salario: el Estado boliviano o el cocalero? ¿Quizá las seis federaciones? ¿O la transnacional del crimen organizado?
Que el cocalero Morales proponga al país, con tono de Corleone, que la reconciliación se dará sólo si todos los bolivianos aceptan que su renuncia y posterior fuga fue producto de un “golpe”, es una infamia.
Que sus jueces, como perros sumisos, hayan ordenado nuevas detenciones, para dar testimonio de que es así y mostrar que ellos mueven la cola cuando el amo hace un chascarrillo, es una infamia.
Cuando haya pasado la pandemia, los gobiernos tendrán muchas cosas para hacer, pero deberán tener mucho cuidado para no cometer errores.
Por ejemplo, no podrán hacer compras irresponsables. Los elefantes blancos deben ser puestos en una lista roja: nadie podrá comprarlos.
El gobierno del cocalero Morales, por ejemplo, gastó más de 20.000 millones de dólares en la compra de equipos inservibles, porque sus jerarcas estaban pensando en las comisiones.
El 21 de agosto de 1971 Hugo Banzer derrocó a Juan José Torres e inauguró una de las últimas dictaduras militares que nos deparó la Guerra Fría.
Una dictadura con una vocación política algo confusa pero que tuvo, respecto de los medios de comunicación, una actitud muy clara y dura.
Banzer nunca superó el dilema de si debía apoyar o no al estatismo en la economía, ni siquiera cuando en 1973 irrumpió en Chile un aliado con ideas muy claras, guiado por los Chicago boys.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha hecho una advertencia que deberían tomar en serio todos los países que conviven con organizaciones dedicadas al narcotráfico, sobre todo si están armadas.
Dijo que todo el mundo debe estar alerta ante el peligro del “terrorismo global” que ahora podría seguir los pasos del Talibán que ha tomado control de Afganistán y ha comenzado por hacer un baño de sangre.
En el curso de una semana, la OEA (35 países) y la Unión Europea (27 países) ratificaron su condena al fraude electoral de 2019. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó, como todos lo sospechábamos, que la reelección indefinida no es un “derecho humano”.
El pronunciamiento de la OEA fue lapidario, porque definió aquel fraude como una “vergüenza hemisférica”, porque había superado, en sinvergüenzura y descaro, a todas las formas de fraude que la organización había conocido actuando como observadora en la región.