Daniel Ortega representa la quintaesencia de la tiranía. Obviamente, él y su esposa quieren perpetuarse en el poder como Stalin y otros dictadores.

Asumió la presidencia de Nicaragua por quinta vez, se colocó la banda presidencial por cuarta vez consecutiva y su esposa, por segunda. La posesión ilegítima y antidemocrática fue una comedia montada por él y sus seguidores aduladores.

Trataron de encontrar legitimidad ante la comunidad internacional a través de elecciones, pero sin éxito.

Hay varios grupos antivacunas, desde los que creen que se les va a introducir un chip para controlarlos hasta los libertarios extremos, que creen que las personas son islas autónomas, pasando por grupo de irresponsables que buscan sus cinco minutos de fama haciendo politiquería con el tema.

Por deformación profesional haremos un abordaje microeconómico de la Covid-19 como externalidad negativa, y de las vacunas como externalidad positiva.

La semana pasada, el presidente Arce ha sugerido, o anunciado, que entre los planes para la reactivación económica del país estaría la construcción de una fábrica de pasta dental de coca, la idea parece original, pero ni siquiera lo es.

Un 16 de enero como hoy, pero hace 30 años, un renunciante obispo de Palencia, España, llegaba con sus pocas pilchas, pero muchísimos sueños, al Plan Tres Mil. Había logrado encontrar el lugar que andaba buscando para plasmar la misión que se propuso al renunciar al privilegiado rango de obispo de Palencia que ejercía desde julio de 1978, por orden del papa Paulo VI. Esa misión no era otra que la de encarnar, de verdad y en los hechos, la opción por los pobres que tanto había admirado en Jesús.

Han pasado dos años y meses desde que el cocalero Morales renunció a la presidencia y huyó del país, pero el lloriqueo sigue intacto, por parte de él mismo y de su equipo judicial pagado para la venganza.

Sigue el fiscal general ordenando juicios contra funcionarios del gobierno que tuvo que tomar las riendas del país después de la fuga del presidente y su vicepresidente, más la renuncia de todos los masistas que hubieran podido reemplazarlos.

La Ley 1096 sobre organizaciones políticas, sancionada por el Poder Legislativo por instrucciones del Poder Ejecutivo, se acomodó por entero a los intereses de aquellos a quienes sirven. En consecuencia, limitó en grado extremo las aspiraciones de sus oponentes. Sorprende la falta de reacción a ese respecto por parte de los políticos de la oposición, pues desde el año 2018 en que se promulgó esa ley no objetaron las reglas establecidas en ella.

El domingo 9 de enero, el ministro de Justicia, en “Diálogo” de radio Panamericana, afirmó que su gobierno espera “la validación de la plena independencia judicial que existe en Bolivia” de parte del Relator de la ONU, que ha ratificado su llegada al país este 15 de febrero. Difícil saber si Iván Lima está realmente entusiasmado con la visita próxima de Diego García-Sayán, o solo está preservando su cartera ministerial ante los embates internos para removerlo.