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<p> La convivencia entre vecinos de la urbanización Virgen de Asunción, ubicada en Huayllani en el municipio de Sacaba, se ha tornado tensa en el último año, debido a conflictos por el derecho propietario de un conjunto de lotes que fueron adquiridos por trabajadores mineros, a través del Fondo Nacional de Viviendas Social (Fonvis). </p> <p> En febrero de 2015, los dos grupos en conflicto se enfrentaron e iniciaron procesos legales. El dirigente Juan Carlos Ledezma informó que en 1995 los trabajadores de la empresa minera Quioma, subsidiaria de Comsur, conformaron la urbanización y adquirieron un terreno de 160.000 metros cuadrados. En un inicio existían 300 interesados, en su mayoría trabajadores de la mina Asientos de Mizque.</p> <p> La compra se realizó a través de un crédito de la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para un plan de viviendas de “La Promotora” con la línea de financiamiento del Fondo Nacional de Vivienda Social (Fonvis) a nombre de 174 adjudicatarios, como señala la escritura notariada número 845.</p> <p> En 1998, la Alcaldía de Sacaba aprobó los planos y fraccionamiento de terrenos de la urbanización con la Resolución Municipal Nº 844/98. Los 160.000 metros cuadrados se dividieron en 305 lotes con calles y otras áreas.</p> <p> Las causas del conflicto por el derecho propietario comenzaron entre 1997 y 1998, cuando un grupo de 174 adjudicatarios manifestó, mediante cartas a los que tuvo acceso este medio, su retiro voluntario del proyecto y solicitó la devolución de sus aportes. </p> <p> Con el fin de garantizar la continuidad del proyecto y los pagos del crédito obtenido, ejecutivos de la empresa Comsur y tres apoderados conformaron un comité de administración que invitó a personas particulares a ser parte del proyecto.</p> <p> Ledezma lamentó que después de casi 20 años, un grupo de las personas que se retiraron del proyecto ahora intenten recuperar la propiedad de 70 lotes de los 305 existentes, con el argumento de que son parte de los 174 adjudicatarios iniciales que adquirieron los terrenos.</p> <p> El dirigente mostró los documentos de la compra de terrenos, la Resolución Municipal de Sacaba Nº 844/98, la protocolización de la urbanización Nº 127/2004, los documentos notariados de los títulos de propiedad individuales y los comprobantes del pago de impuestos en el municipio.</p> <p> “En 2004, cuando se aprobó la urbanización se han registrado en Derechos Reales 305 lotes, cada uno tiene su folio real. El 60 por ciento ya está registrado”, señaló el dirigente.</p> <p> Los vecinos expresaron que los “avasalladores” construyen por las noches, los fines de semana y feriados, porque los adjudicatarios viven en Oruro, Potosí, Santa cruz y La Paz. Estos seleccionan los lotes vacíos y los ocupan de un día para otro.</p> <p> Varios ingresaron a los terrenos que están amurallados “forzando puertas y rompiendo candados”. Incluso existieron heridos y se usó dinamita en los enfrentamientos. “Andan con palos, machetes, dinamita”, lamentó Ledezma, quien alertó que la “preocupación es constante y no pueden caminar por la zona”.</p> <p> Los vecinos denunciaron el avasallamiento a varias instituciones como la Alcaldía de Sacaba, los ministerios de Gobierno, Transparencia y Obras Públicas.</p> <p> </p> <p> <strong>“VENDIERON NUESTROS TERRENOS”</strong></p> <p> El dirigente del grupo de vecinos que reclama la propiedad de los terrenos y extrabajador de la mina Comsur - Quioma, Humberto Vallejos, dijo que tras la relocalización de la mina en 1998 muchos de los 174 trabajadores adjudicatarios migraron al interior y exterior del país. En “su ausencia otros vendieron” los terrenos “a personas inocentes”.</p> <p> Aseguró que las cartas de retiro no están notariadas y no tienen validez. Vallejos mostró una certificación del ex Fonvis de 2011, que asegura que son adjudicatarios originales de los terrenos. “Estos terreno son conquistas sociales mediante la COB, son para trabajadores exclusivamente, no para empleados, ingenieros y particulares”, señaló.</p> <p> </p> <p> <strong>VECINOS</strong></p> <p> <strong>Trifón Fuentes Gabriel, Mina Bolívar- Oruro </strong></p> <p> Se han entrado a mi casa y con dinamita</p> <p> El 3 de agosto se han entrado a mi casa y el 26 nosotros hemos venido para desalojarlos con la Policía. Antes de desalojarlos nos han metido dinamita a mí y a mi vecino. La Policía llegó y nos ha dicho: esto ya está de gran magnitud y solucionaremos, ustedes pongan su candado y los otros sacan sus cosas hasta arreglar la situación. Lamentablemente no han hecho caso a las autoridades y nuevamente se han entrado.</p> <p> <strong>Albertina Vallejos, vecina</strong></p> <p> Dividieron en dos mi terreno con un muro</p> <p> Me sorprendió, yo quería hacer traer ladrillo para construir pero cuando con el albañil vino a medir, vi que ya lo habían tapado y lo dividieron en dos, mi terreno con un muro. Cuando volví a venir la señora S. I. S salió a quererme agredir con una mujer con quien me insultó y no me dejaron entrar. Incluso con combo golpearon todos los cimientos que había adentro. Eso ocurrió el año pasado, yo estaba de viaje y para mi vuelta pasó todo.</p> <p> <strong>Roberto, vecino de Villa Asunción</strong></p> <p> Se entraron y ahora estoy en proceso</p> <p> Han avasallado mi casa en octubre de 2015, se han entrado y ya están construyendo. Ya tienen dos cuartos y hasta televisión. Me han sacado de mi casa y ahora estoy haciendo el proceso en la vía penal por avasallamiento y eso está en curso, pido que no haya obstrucciones. Estoy sorprendido ante esta injusticia. Yo adquirí legalmente el terreno, en ese tiempo invertí como 6.000 dólares, que al parecer están perdidos (...)</p>
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Los 160.000 metros cuadrados se dividieron en 305 lotes con calles y otras áreas.</p> <p> Las causas del conflicto por el derecho propietario comenzaron entre 1997 y 1998, cuando un grupo de 174 adjudicatarios manifestó, mediante cartas a los que tuvo acceso este medio, su retiro voluntario del proyecto y solicitó la devolución de sus aportes. </p> <p> Con el fin de garantizar la continuidad del proyecto y los pagos del crédito obtenido, ejecutivos de la empresa Comsur y tres apoderados conformaron un comité de administración que invitó a personas particulares a ser parte del proyecto.</p> <p> Ledezma lamentó que después de casi 20 años, un grupo de las personas que se retiraron del proyecto ahora intenten recuperar la propiedad de 70 lotes de los 305 existentes, con el argumento de que son parte de los 174 adjudicatarios iniciales que adquirieron los terrenos.</p> <p> El dirigente mostró los documentos de la compra de terrenos, la Resolución Municipal de Sacaba Nº 844/98, la protocolización de la urbanización Nº 127/2004, los documentos notariados de los títulos de propiedad individuales y los comprobantes del pago de impuestos en el municipio.</p> <p> “En 2004, cuando se aprobó la urbanización se han registrado en Derechos Reales 305 lotes, cada uno tiene su folio real. 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