Ley revierte áreas cedidas por cooperativas a privados
El pleno de la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley de reversión al Estado de las áreas entregadas a cooperativas mineras que tengan contratos vigentes con empresas privadas nacionales o extranjeras. La nueva ley modifica la Ley 535 de Minería y Metalurgia y la Ley 403 de Reversión de Derechos Mineros.
En medio del reciente conflicto con los cooperativistas mineros, el Gobierno denunció que había 31 contratos firmados entre cooperativas mineras y empresas privadas. Luego de una inspección, el asesor de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), José Pimentel, informó ayer a este medio que el único contrato vigente de los 31 denunciados es con la empresa Manquiri.
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, citado en un boletín de prensa, explicó el jueves, durante el debate en el Senado, que de ninguna manera se están revirtiendo áreas a las cooperativas y que no es una arremetida contra los cooperativistas mineros.
“Todos los cooperativistas mineros (…) tienen sus actividades absolutamente garantizadas, en tanto y en cuanto no pasen sus concesiones a empresas privadas”, dijo.
Añadió que la norma es tan “amplia” que incluso si una empresa privada es detectada “usando camuflaje” de cooperativa minera puede pasar a una sociedad de otra característica, regirse bajo el Código de Comercio y seguir funcionando.
Por su parte, Pimentel, indicó que de los 31 contratos firmados e inspeccionados por esa instancia, sólo la cooperativa minera Manquiri tiene contrato vigente con capital estadounidense.
Manquiri S.A. es subsidiaria de Coeur d’ Alene Mines Corporation y desarrolla la operación minera San Bartolomé, que durante la etapa de construcción demandó una inversión de 220 millones de dólares.
Pimentel añadió que Manquiri tendría que firmar un nuevo contrato con Comibol para seguir operando. “La Ley minera actual está poniendo dos modalidades de contrato con la empresa, los contratos de asociación, y estos nuevos contratos de operación minera”, dijo.
En declaraciones anteriores a ANF, Pimentel aclaró que la Comibol tiene más de 500 contratos con cooperativas, pero no es posible inspeccionar y fiscalizarlos porque “están dispersos en todo el país y lo que se ha priorizado son los contratos relacionados con las transnacionales”. La norma será promulgada en los siguientes días luego de haber seguido su curso regular por las cámaras de Diputados y Senadores.
