El TAM, un paradigma de la ilegalidad
Lejos de poner cortapisas a la ilegalidad en la que el TAM actúa, lo que ha hecho el Gobierno nacional es anunciar más inversiones para la adquisición de nuevas naves y ha advertido que su adecuación a lo que manda la ley "amenaza con anular su esencia"
A la ya muy larga lista de irregularidades que la empresa aerocomercial Transporte Aéreo Militar (TAM) viene cometiendo desde hace muchos años, se ha sumado durante los últimos días una serie de revelaciones sobre contratos de compra y reparación de viejos aviones que, según todos los indicios, habrían causado millonarios daños económicos al Estado boliviano.
Entre las contravenciones a normas legales vigentes en que el TAM incurre de manera sistemática y con total impunidad, se destaca con toda nitidez su declarada rebelión contra tres instituciones del Estado. Nos referimos al Servicio de Impuestos Nacional (SIN), a la Autoridad de Control y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), las que vanamente intentan desde hace ya muchos años hacer prevalecer la autoridad que les confiere la ley, autoridad que los mandos militares rotundamente se niegan a acatar.
Es necesario y pertinente recordar ese antecedente por dos razones. Una es que en febrero pasado, después de una cantidad ya incontable de postergaciones, se fijó el actual mes de marzo como “último plazo” para que la empresa militar termine los trámites necesarios para su adecuación a la legalidad. Y a juzgar por recientes declaraciones del ministro de Defensa, todo hace prever que una vez más será puesta en entredicho la autoridad de los ministros de Economía y Finanzas, de Obras Públicas, del SIN, de la ATT y de la DGAC.
La segunda razón a la que nos referimos es la avalancha de irregularidades que durante los últimos días han salido a la luz pública sobre la manera como el TAM administra los dineros que se le confían, actitud que no sólo las autoridades parecen apañar, sino que pese a ello deciden destinar montos aún más cuantiosos para el “fortalecimiento” de esa empresa militar.
En efecto, lejos de poner cortapisas a la ilegalidad en la que el TAM actúa, a la manera sistemática como se niega a saldar sus deudas impositivas, a su rebelión contra las autoridades de la DGAC y la ATT, y lejos de poner un límite a la ligereza con que los altos mandos que administran esa empresa realizan transacciones de muy dudosa transparencia, lo que ha hecho el Gobierno nacional es anunciar más inversiones para la adquisición de nuevas naves.
Tal instrucción, que según el ministro de Defensa habría sido dada por el presidente Morales durante una reunión con el Alto Mando de las Fuerzas Armadas, no considera ninguno de los antecedentes negativos de la empresa ni el dato, paradójicamente proporcionado por el mismo ministro, según el cual sólo tres de las seis aeronaves del TAM que se encuentran en condiciones de operatividad prestan actualmente servicios “porque la demanda es baja”.
En ese contexto, y con esos antecedentes, resultan muy significativas las recientes declaraciones del ministro del área, según las que la adecuación del TAM a lo que manda la ley sería una medida que “amenaza con anular su esencia”.
