Gobierno dilata aprobación de planta de residuos sólidos
A más de un año de que los siete alcaldes de la región metropolitana aprobarán la construcción de la planta industrial de residuos sólidos en la zona de Cotapachi, en el municipio de Quillacollo, el proyecto no ha sido aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y continúan en revisión, informó ayer el asambleísta departamental, Freddy Gonzales (Demócratas).
El 24 de marzo de 2016, el Consejo de la Región Metropolitana Kanata aprobó el proyecto con un presupuesto de 46,5 millones de dólares. El propósito es tratar al menos las 600 toneladas de residuos sólidos que se generan cada día los siete municipios.
La situación de la disposición final de residuos sólidos de Cercado es crítica y podría agravarse debido a que el plazo que otorgaron los vecinos de K’ara K’ara vence el 29 de julio. Sin embargo, otros sectores manejan otras fechas como septiembre y diciembre para el cierre.
“Hemos pedido un informe a Madre Tierra de la Gobernación y nos ha indicado que el proyecto está en etapa de revisión, ni siquiera ha sido aprobado. Me parece que hay mucha irresponsabilidad de parte del Gobierno que no prioriza este proyecto ambiental. Según la Ley 1333 de Medio Ambiente, el Gobernador es la principal autoridad ambiental del departamento”, dijo.
El asambleísta declaró que a esto se suma que el proyecto no tiene un lugar definido para su construcción.
Sólo el municipio de Cercado genera más de 500 toneladas de residuos sólidos al día, la mayoría de los municipios tiene botaderos a cielo abierto que no cumplen las normas ambientales.
Otros están ubicados cerca de ríos como es el caso del municipio de Vinto que se halla a orillas del Rocha y contamina el caudal que se usa para riego.
El fin de semana, la responsable de la Secretaria de la Madre Tierra de la Gobernación, Soledad Delgadillo, informó que el lugar no ha sido definido y que hay empresas internacionales interesadas en la construcción.
OBSERVAN CONSULTORÍA SIN RESULTADO
El asambleísta Freddy Gonzales informó que la Gobernación contrató a la empresa ATJ por 2,3 millones de bolivianos, en junio de 2011, para elaborar el proyecto de construcción de la planta de residuos sólidos, pero la consultora presentó una propuesta con observaciones como la falta de un estudio de selección de sitio.
En abril de 2014, se le pidió que haga una adecuación al proyecto, pero sin firmar una adenda al contrato.
Hasta la fecha, el proyecto no está cerrado y la Gobernación debe pagar 400.000 bolivianos. “No se puede pagar por un trabajo mal realizado, hay daño económico, por lo que se debe cerrar el proyecto, hacer una auditoría e iniciar procesos penales”, dijo.
Después de este estudio, la Gobernación contrató un consultor por 52.000 bolivianos para que diseñe el proyecto de la planta industrializadora de residuos. Se espera que esté listo en 2017.
