<p class="rtejustify"> El Fiscal Superior, José Manuel Gutiérrez, dijo que la sentencia civil en primera instancia emitida por la justicia de estadounidense contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín,<strong> facilitará la solicitud de extradición de ambas exautoridades.</strong></p> <p class="rtejustify"> Ayer la Corte Federal de Fort Lauderdale en Florida, Estados Unidos, encontró responsables civilmente a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín por la denominada masacre de octubre de 2003 sancionándolos a pagar una compensación económica de casi 10 millones de dólares a las familias de las víctimas.</p> <p class="rtejustify"> “Entendemos que esto si es un paso adelante en lo que significa llegar a la verdad material de los hechos sucedidos en octubre de 2003 y <strong>también beneficia de alguna manera la posición del Ministerio Público del Estado boliviano en la solicitud de extradición</strong>”, indicó Gutiérrez.</p> <p class="rtejustify"> Anunció que activarán mecanismos de cooperación jurídica internacional para acceder de manera legal a los antecedentes de este proceso y al fallo judicial emitido.</p> <p class="rtejustify"> El Fiscal dijo que una vez obtengan estos documentos serán analizados y <strong>luego vinculados a la solicitud de extradición de las mencionadas autoridades.</strong></p> <p class="rtejustify"> Recordó que el proceso de extradición hace casi dos años pasó del Departamento de Estado al Departamento de Justicia de Estados Unidos donde es evaluada jurídicamente.</p> <p class="rtejustify"> Gutiérrez detalló que en este caso además de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín también se pidió la extradición del exministro de Minería e Hidrocarburos, Jorge Berindoague.</p> <p class="rtejustify"> Para el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, <strong>la sentencia civil dictada contra ambas exautoridades debe facilitar el proceso de extradición </strong>y marcar el inicio de la búsqueda de justicia a nivel nacional por los hechos de octubre.</p> <p class="rtejustify"> “Debe facilitar la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Sánchez Berzaín hacia territorio boliviano para que acá ellos se presenten ante la justicia boliviana y rindan cuentas de lo ocurrido en octubre de 2003”, mencionó Rada.</p>

<p class="rtejustify"> El Fiscal Superior, José Manuel Gutiérrez, dijo que la sentencia civil en primera instancia emitida por la justicia de estadounidense contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín,<strong> facilitará la solicitud de extradición de ambas exautoridades.</strong></p> <p class="rtejustify"> Ayer la Corte Federal de Fort Lauderdale en Florida, Estados Unidos, encontró responsables civilmente a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín por la denominada masacre de octubre de 2003 sancionándolos a pagar una compensación económica de casi 10 millones de dólares a las familias de las víctimas.</p> <p class="rtejustify"> “Entendemos que esto si es un paso adelante en lo que significa llegar a la verdad material de los hechos sucedidos en octubre de 2003 y <strong>también beneficia de alguna manera la posición del Ministerio Público del Estado boliviano en la solicitud de extradición</strong>”, indicó Gutiérrez.</p> <p class="rtejustify"> Anunció que activarán mecanismos de cooperación jurídica internacional para acceder de manera legal a los antecedentes de este proceso y al fallo judicial emitido.</p> <p class="rtejustify"> El Fiscal dijo que una vez obtengan estos documentos serán analizados y <strong>luego vinculados a la solicitud de extradición de las mencionadas autoridades.</strong></p> <p class="rtejustify"> Recordó que el proceso de extradición hace casi dos años pasó del Departamento de Estado al Departamento de Justicia de Estados Unidos donde es evaluada jurídicamente.</p> <p class="rtejustify"> Gutiérrez detalló que en este caso además de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín también se pidió la extradición del exministro de Minería e Hidrocarburos, Jorge Berindoague.</p> <p class="rtejustify"> Para el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, <strong>la sentencia civil dictada contra ambas exautoridades debe facilitar el proceso de extradición </strong>y marcar el inicio de la búsqueda de justicia a nivel nacional por los hechos de octubre.</p> <p class="rtejustify"> “Debe facilitar la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Sánchez Berzaín hacia territorio boliviano para que acá ellos se presenten ante la justicia boliviana y rindan cuentas de lo ocurrido en octubre de 2003”, mencionó Rada.</p>

Ayer la Corte Federal de Fort Lauderdale en Florida, Estados Unidos, encontró responsables civilmente a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín por la denominada masacre de octubre de 2003 sancionándolos a pagar una compensación económica de casi 10 millones de dólares a las familias de las víctimas.

Ayer la Corte Federal de Fort Lauderdale en Florida, Estados Unidos, encontró responsables civilmente a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín por la denominada masacre de octubre de 2003 sancionándolos a pagar una compensación económica de casi 10 millones de dólares a las familias de las víctimas.

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<p class="rtejustify"> El defensor del Pueblo, David Tezanos, dijo hoy que el veredicto contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzain en EEUU <strong>fortalece las bases para pedir la extradición de ambas autoridades pero aclaró que este procedimiento debe ser acelerado por la Cancillería.</strong></p> <p class="rtejustify"> La autoridad explicó que el fallo de la Corte de Fort Lauderdale<strong> es positivo</strong> y que es un antecedente en la lucha contra la impunidad.</p> <p class="rtejustify"> Tezanos dijo que las instancias pertinentes <strong>para llevar adelante la extradición son la Cancillería y la Procuraduría.</strong></p>

<p class="rtejustify"> El defensor del Pueblo, David Tezanos, dijo hoy que el veredicto contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzain en EEUU <strong>fortalece las bases para pedir la extradición de ambas autoridades pero aclaró que este procedimiento debe ser acelerado por la Cancillería.</strong></p> <p class="rtejustify"> La autoridad explicó que el fallo de la Corte de Fort Lauderdale<strong> es positivo</strong> y que es un antecedente en la lucha contra la impunidad.</p> <p class="rtejustify"> Tezanos dijo que las instancias pertinentes <strong>para llevar adelante la extradición son la Cancillería y la Procuraduría.</strong></p>

La autoridad explicó que el fallo de la Corte de Fort Lauderdale es positivo y que es un antecedente en la lucha contra la impunidad.

La autoridad explicó que el fallo de la Corte de Fort Lauderdale es positivo y que es un antecedente en la lucha contra la impunidad.

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<p class="rtejustify"> Luego de que el jurado de la Corte Federal de Fort Lauderdale en Florida, Estados Unidos, declaró responsables al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, por la muerte de ocho civiles en los hechos de septiembre y octubre de 2003, <strong>se espera la fase de apelaciones.</strong></p> <p class="rtejustify"> Los abogados de las exautoridades, Stephen Raber y Ana Reyes, aseguraron que el veredicto no fue dictaminado en base a derecho y leyes. Señalaron una inconsistencia por lo que pidieron una sesión para el 4 de mayo donde se deliberará el tema de las apelaciones.</p> <p class="rtejustify"> “Creemos que la prueba era tan escasa que el caso nunca debería haber llegado a un jurado (...). <strong>Confiamos en el proceso y creemos que el veredicto será revocado cuando la ley se aplique correctamente</strong>”, afirmaron los juristas en una declaración escrita.</p> <p class="rtejustify"> Según explicaron fuentes que siguen el caso en EEUU, la sentencia puede ser revisada por el juez e incluso luego los acusados pueden acudir a instancias superiores para apelar su sentencia, hasta llegar a la Corte Suprema norteamericana.</p> <p class="rtejustify"> El abogado Thomas Becker, principal impulsor del juicio civil, dijo que el veredicto<strong> “es un mensaje al mundo. Nunca antes unas personas humildes como ellos habían sentado a un expresidente ante un tribunal y habían ganado”.</strong></p> <p class="rtejustify"> Ambas exautoridades fueron halladas responsables de "ejecuciones extrajudiciales" cometidas durante la masacre de Octubre Negro en el año 2003, pero el jurado los exoneró de haber cometido "homicidio culposo".</p> <p class="rtejustify"> <strong>El juicio tuvo lugar gracias a una ley estadounidense que permite enjuiciar civilmente a acusados de torturas o ejecuciones extrajudiciales</strong>, aunque todas las partes sean extranjeras y el supuesto crimen haya sido cometido en el exterior.</p> <h2 class="rtejustify"> <strong>La repartición de la indemnización</strong></h2> <p class="rtejustify"> Asimismo, aún se tiene que definir la repartición de la indemnización impuesta por 10 millones de dólares. <strong>El jurado estadounidense determinó que son ocho personas las que deben ser beneficiadas con este dinero.</strong></p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, Juan Patricio Quispe, presidente de la Asociación de Víctimas de Octubre Negro, indicó ayer que el dinero debe repartirse entre las 64 familias afectadas ya que existe un convenio interno firmado entre todas las víctimas.</p> <p class="rtejustify"> “Nos han indicado que en Estados Unidos se estableció que es para las ocho personas, pero en Bolivia es para toda nuestra organización (...).<strong> Hemos firmado acuerdos y todo eso se hará prevalecer en el tiempo</strong>”, aseguró Quispe.</p> <p class="rtejustify"> En octubre de 2003, la ciudad de El Alto se convirtió en una zona de fuertes enfrentamientos. Ese mes murieron muchas personas y cientos quedaron heridos por proyectiles de bala. Los militares se enfrentaron a la población civil y, para llegar a esto, los uniformados necesitaban la orden de un mando superior.</p>

<p class="rtejustify"> Luego de que el jurado de la Corte Federal de Fort Lauderdale en Florida, Estados Unidos, declaró responsables al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, por la muerte de ocho civiles en los hechos de septiembre y octubre de 2003, <strong>se espera la fase de apelaciones.</strong></p> <p class="rtejustify"> Los abogados de las exautoridades, Stephen Raber y Ana Reyes, aseguraron que el veredicto no fue dictaminado en base a derecho y leyes. Señalaron una inconsistencia por lo que pidieron una sesión para el 4 de mayo donde se deliberará el tema de las apelaciones.</p> <p class="rtejustify"> “Creemos que la prueba era tan escasa que el caso nunca debería haber llegado a un jurado (...). <strong>Confiamos en el proceso y creemos que el veredicto será revocado cuando la ley se aplique correctamente</strong>”, afirmaron los juristas en una declaración escrita.</p> <p class="rtejustify"> Según explicaron fuentes que siguen el caso en EEUU, la sentencia puede ser revisada por el juez e incluso luego los acusados pueden acudir a instancias superiores para apelar su sentencia, hasta llegar a la Corte Suprema norteamericana.</p> <p class="rtejustify"> El abogado Thomas Becker, principal impulsor del juicio civil, dijo que el veredicto<strong> “es un mensaje al mundo. Nunca antes unas personas humildes como ellos habían sentado a un expresidente ante un tribunal y habían ganado”.</strong></p> <p class="rtejustify"> Ambas exautoridades fueron halladas responsables de "ejecuciones extrajudiciales" cometidas durante la masacre de Octubre Negro en el año 2003, pero el jurado los exoneró de haber cometido "homicidio culposo".</p> <p class="rtejustify"> <strong>El juicio tuvo lugar gracias a una ley estadounidense que permite enjuiciar civilmente a acusados de torturas o ejecuciones extrajudiciales</strong>, aunque todas las partes sean extranjeras y el supuesto crimen haya sido cometido en el exterior.</p> <h2 class="rtejustify"> <strong>La repartición de la indemnización</strong></h2> <p class="rtejustify"> Asimismo, aún se tiene que definir la repartición de la indemnización impuesta por 10 millones de dólares. <strong>El jurado estadounidense determinó que son ocho personas las que deben ser beneficiadas con este dinero.</strong></p> <p class="rtejustify"> Sin embargo, Juan Patricio Quispe, presidente de la Asociación de Víctimas de Octubre Negro, indicó ayer que el dinero debe repartirse entre las 64 familias afectadas ya que existe un convenio interno firmado entre todas las víctimas.</p> <p class="rtejustify"> “Nos han indicado que en Estados Unidos se estableció que es para las ocho personas, pero en Bolivia es para toda nuestra organización (...).<strong> Hemos firmado acuerdos y todo eso se hará prevalecer en el tiempo</strong>”, aseguró Quispe.</p> <p class="rtejustify"> En octubre de 2003, la ciudad de El Alto se convirtió en una zona de fuertes enfrentamientos. Ese mes murieron muchas personas y cientos quedaron heridos por proyectiles de bala. Los militares se enfrentaron a la población civil y, para llegar a esto, los uniformados necesitaban la orden de un mando superior.</p>

Los abogados de las exautoridades, Stephen Raber y Ana Reyes, aseguraron que el veredicto no fue dictaminado en base a derecho y leyes. Señalaron una inconsistencia por lo que pidieron una sesión para el 4 de mayo donde se deliberará el tema de las apelaciones.

Los abogados de las exautoridades, Stephen Raber y Ana Reyes, aseguraron que el veredicto no fue dictaminado en base a derecho y leyes. Señalaron una inconsistencia por lo que pidieron una sesión para el 4 de mayo donde se deliberará el tema de las apelaciones.

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