<p class="rtejustify"> LA PAZ |</p> <p class="rtejustify"> El Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las NNUU, aceptó la demanda presentada por la exdiputada&nbsp;Rebeca Delgado y <strong>mediante una resolución exigió al Gobierno boliviano que se le pague un resarcimiento económico</strong>. Un dictamen de esa entidad <strong>establece que el Estado violó sus derechos políticos y cívicos.</strong></p> <p class="rtejustify"> El fallo, obtenido por ANF, le <strong>da al Estado boliviano 180 días para que cumpla </strong>con el mismo y le pide&nbsp;que lo difunda y los traduzca a las lenguas oficiales de Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> El dictamen, aprobado por el Comité de derechos Humanos <strong>no fija una cifra, pero establece que Delgado debe recibir, de parte del Estado boliviano, una "compensación adecuada", </strong>que incluya "los gastos de representación legal a nivel nacional e internacional".</p> <p class="rtejustify"> <strong>Delgado fue perjudicada por una norma&nbsp;aprobada por el Tribunal Supremo Electoral en 2014, que le impidió ser candidata a alcaldesa de Cochabamba,</strong> postulación que algunas encuestas la daban como favorita.</p> <p class="rtejustify"> Delgado había sido diputada del MAS, pero rompió con el oficialismo en 2013 y éste desarrolló una campaña en su contra. En diciembre de 2014,<strong> el TSE emitió, ante presión del Gobierno boliviano, un "Reglamento" inconstitucional para la convocatoria a las elecciones regionales de 2015, que estableció que los candidatos a alcaldes y gobernadores tenían que haber residido los dos años previos en el lugar donde deseaban postular.</strong> Ello implicó que varios candidatos que habían sido diputados y senadores con sede en La Paz durante el período anterior, no pudieron participar.</p> <p class="rtejustify"> Ello contradijo una tradición boliviana de décadas, en sentido de que los legisladores podían luego ser candidatos en otras regiones. Fue el caso de Carlos Romero, de que pese a haber sido ministro de Gobierno, en La Paz, hasta 2014, se le permitió ser candidato a senador en Santa Cruz en las elecciones de ese año.</p> <p class="rtejustify"> Los siete vocales que firmaron esa resolución fueron Dina Chuquimia, Fanny Rivas, Marco Ayala, Irineo Zuna, Wilfredo Ovando, Wilma Velasco y Ramiro Paredes.</p> <p class="rtejustify"> Ahora, <strong>las NNUU creen que los derechos políticos de Delgado fueron violados con ese reglamento del TSE</strong> y con decisiones judiciales y administrativas posteriores del Estado boliviano. Otro de los perjudicados fue Eduardo Maldonado, otro exsenador del MAS que rompió con el oficialismo y que no pudo ser candidato a alcalde de Potosí, cuando también era considerado favorito.</p> <p class="rtejustify"> El fallo señala también que "<strong>El Estado parte también tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro</strong>, asegurando que el marco normativo regulador del proceso electoral y la aplicación del mismo sean acordes con el artículo 25 del Pacto" (referido a derechos políticos).</p> <p class="rtejustify"> Agrega que, "por ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado (boliviano) reconoce la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, con arreglo al artículo 2 del Pacto, el Estado parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio (...) a garantizar una reparación efectiva y jurídicamente exigible cuando se compruebe una violación".</p> <p class="rtejustify"> <strong>Concluye señalando que "el Comité desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen. </strong>Se pide asimismo al Estado parte que publique el dictamen del Comité, lo haga traducir a los idiomas oficiales del Estado parte y le dé amplia difusión".</p>

<p class="rtejustify"> LA PAZ |</p> <p class="rtejustify"> El Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las NNUU, aceptó la demanda presentada por la exdiputada Rebeca Delgado y <strong>mediante una resolución exigió al Gobierno boliviano que se le pague un resarcimiento económico</strong>. Un dictamen de esa entidad <strong>establece que el Estado violó sus derechos políticos y cívicos.</strong></p> <p class="rtejustify"> El fallo, obtenido por ANF, le <strong>da al Estado boliviano 180 días para que cumpla </strong>con el mismo y le pide que lo difunda y los traduzca a las lenguas oficiales de Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> El dictamen, aprobado por el Comité de derechos Humanos <strong>no fija una cifra, pero establece que Delgado debe recibir, de parte del Estado boliviano, una "compensación adecuada", </strong>que incluya "los gastos de representación legal a nivel nacional e internacional".</p> <p class="rtejustify"> <strong>Delgado fue perjudicada por una norma aprobada por el Tribunal Supremo Electoral en 2014, que le impidió ser candidata a alcaldesa de Cochabamba,</strong> postulación que algunas encuestas la daban como favorita.</p> <p class="rtejustify"> Delgado había sido diputada del MAS, pero rompió con el oficialismo en 2013 y éste desarrolló una campaña en su contra. En diciembre de 2014,<strong> el TSE emitió, ante presión del Gobierno boliviano, un "Reglamento" inconstitucional para la convocatoria a las elecciones regionales de 2015, que estableció que los candidatos a alcaldes y gobernadores tenían que haber residido los dos años previos en el lugar donde deseaban postular.</strong> Ello implicó que varios candidatos que habían sido diputados y senadores con sede en La Paz durante el período anterior, no pudieron participar.</p> <p class="rtejustify"> Ello contradijo una tradición boliviana de décadas, en sentido de que los legisladores podían luego ser candidatos en otras regiones. Fue el caso de Carlos Romero, de que pese a haber sido ministro de Gobierno, en La Paz, hasta 2014, se le permitió ser candidato a senador en Santa Cruz en las elecciones de ese año.</p> <p class="rtejustify"> Los siete vocales que firmaron esa resolución fueron Dina Chuquimia, Fanny Rivas, Marco Ayala, Irineo Zuna, Wilfredo Ovando, Wilma Velasco y Ramiro Paredes.</p> <p class="rtejustify"> Ahora, <strong>las NNUU creen que los derechos políticos de Delgado fueron violados con ese reglamento del TSE</strong> y con decisiones judiciales y administrativas posteriores del Estado boliviano. Otro de los perjudicados fue Eduardo Maldonado, otro exsenador del MAS que rompió con el oficialismo y que no pudo ser candidato a alcalde de Potosí, cuando también era considerado favorito.</p> <p class="rtejustify"> El fallo señala también que "<strong>El Estado parte también tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro</strong>, asegurando que el marco normativo regulador del proceso electoral y la aplicación del mismo sean acordes con el artículo 25 del Pacto" (referido a derechos políticos).</p> <p class="rtejustify"> Agrega que, "por ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado (boliviano) reconoce la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, con arreglo al artículo 2 del Pacto, el Estado parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio (...) a garantizar una reparación efectiva y jurídicamente exigible cuando se compruebe una violación".</p> <p class="rtejustify"> <strong>Concluye señalando que "el Comité desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen. </strong>Se pide asimismo al Estado parte que publique el dictamen del Comité, lo haga traducir a los idiomas oficiales del Estado parte y le dé amplia difusión".</p>

El Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las NNUU, aceptó la demanda presentada por la exdiputada Rebeca Delgado y mediante una resolución exigió al Gobierno boliviano que se le pague un resarcimiento económico. Un dictamen de esa entidad establece que el Estado violó sus derechos políticos y cívicos.

El Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las NNUU, aceptó la demanda presentada por la exdiputada Rebeca Delgado y mediante una resolución exigió al Gobierno boliviano que se le pague un resarcimiento económico. Un dictamen de esa entidad establece que el Estado violó sus derechos políticos y cívicos.