Mypes ven “trampas” si suben de categoría eléctrica
Las micro y pequeñas empresas consideran que la propuesta de la Autoridad de Electricidad (AE) de subir de categoría de consumidores para quedar al margen del incremento de la tarifa eléctrica traerá mayores cargas tributarias para el sector.
La semana pasada, el director de la AE, Daniel Rocabado, recomendó a los microempresarios subir de la categoría domiciliaria a la industrial menor, que cuenta con subvención del Estado como medida de fomento a la producción nacional. Así evitarían el incremento del 11 por ciento que se aplicará a todos los domicilios que superen un consumo de mil kilovatios hora.
Sin embargo, el presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Humberto Valdivieso, dijo que esa migración puede derivar en mayores cargas y obligaciones para este sector y, consecuentemente, medidas de presión.
Valdivieso dijo que Conamype, que alberga a 650 mil microempresas, no aceptará propuesta alguna mientras el Ministerio de Energías no explique la reglamentación del incremento y los beneficios del cambio de categoría. “En este momento no podemos aceptar nada si no hay una reunión y un acta de compromiso inserto en la reglamentación”, indicó.
Por su parte, Nicolás Cari, miembro de la Federación de Cooperativas de Transporte Santa Cruz, sostiene que el incremento de la tarifa eléctrica para los usuarios domiciliarios que superen un consumo mensual de 500 kilovatios/hora representa una medida discriminatoria, puesto que se quita el derecho de utilizar más de un televisor o un aire acondicionado.
Respecto a la migración de la categoría, Cari considera que “no es como el Gobierno pinta”, puesto que las microempresas estarán sujetas a otras normas y a mayores obligaciones tributarias.
“Más vulnerables”
Al respecto, el economista José Espinosa dijo que el cambio de categoría no implica que las microempresas asuman mayores obligaciones, pero puede ser utilizado por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) para recategorizar a las que hubieran migrado de categoría de consumidores de energía. “Aumentan las probabilidades (de asumir mayores obligaciones) y vuelve más vulnerables a fiscalización del SIN”.
Según el analista, el Gobierno nacional tomó la determinación de incrementar la tarifa eléctrica como parte del retiro paulatino del subsidio a la energía eléctrica.
Indicó que esta medida se toma desde 2006, pero, ante la desaceleración de la economía nacional, existe mayor sensibilidad en la población.
“Cualquier subsidio representa una carga económica al Gobierno central y, evidentemente, ante la reducción de sus ingresos, está buscando un método y un camino para reducir el gasto fiscal”, añadió Espinosa.
VECINOS PROTESTAN; GOBIERNO MINIMIZA
La Federación de Juntas Vecinales de Santa Cruz (Fejuve) protagonizó ayer una marcha de protesta en rechazo al incremento de la tarifa eléctrica. El presidente de esta institución, Omar Ribera, dijo que el alza se reflejará también en los servicios de recojo de basura, alumbrado público y agua potable, por lo que exigió la renuncia del ministro de Energía, Rafael Alarcón.
Ribera llamó a la población cruceña a sumarse a las movilizaciones que se masificarán a partir de la semana pasada, puesto que, al contar con el apoyo del sector transporte interprovincial, no se descarta el bloqueo de carreteras.
Sin embargo, Alarcón, en contacto con El Deber Radio, descartó que el reajuste tenga impacto en los servicios de agua potable y alcantarillado, puesto que el incremento alcanza sólo a la categoría domiciliaria, no así a las cooperativas que prestan dichos servicios.
