<p class="rtejustify"> Bolivia perdió el juicio que sostenía desde 2006 contra la empresa chilena Quiborax a la que ahora deberá pagar 48,6 millones de dólares, tras el último fallo pronunciado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo del Banco Mundial (BM) para resolver este tipo de conflictos.</p> <p class="rtejustify"> En un documento de 73 páginas, fechado el pasado 18 de mayo para darse a conocer a las partes, el Ciadi informa su decisión, tomada el 30 de abril pasado, de “desestimar en su totalidad la solicitud de anulación” que Bolivia presentó en 2015 contra Quiborax, que ese mismo año ya había logrado una sentencia arbitral favorable.</p> <p class="rtejustify"> Este medio intentó comunicarse con el procurador, Pablo Menacho, pero personal del área de comunicación informó que el equipo se hallaba en Potosí y que aún no se había tomado conocimiento oficial del fallo, por lo que probablemente la entidad se pronunciaría recién hoy.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Antecedentes</strong></p> <p class="rtejustify"> El litigio judicial se remonta a junio de 2004, cuando el entonces Gobierno de Carlos Mesa revirtió las concesiones mineras que Quiborax tenía en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita.</p> <p class="rtejustify"> Al no lograrse un acuerdo de indemnización, la empresa chilena demandó en 2006 al Estado boliviano reclamando 66 millones de bolivianos como compensación a sus inversiones y daños sufridos por la expropiación. En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax indicando que Bolivia violó el artículo III del Tratado Binacional de Inversiones (TBI) al obstaculizar la libre administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, transferencia, venta y liquidación de las inversiones, estableciendo como indemnización la cifra mencionada.</p> <p class="rtejustify"> Una semana después, Bolivia objetó alegando, entre otros aspectos, que Ciadi se extralimitó manifiestamente en sus facultades quebrantando gravemente una norma de procedimiento. Además, adujo que en el laudo no se expresó los motivos en los que se fundaba.</p> <p class="rtejustify"> En todo el interín, se dieron varios intentos frustrados de conciliación entre partes, hasta que Ciadi se pronunció el pasado 18 de mayo alegando que todos sus fallos estaban dentro de sus facultades y que no se identificaron los “errores groseros” ni “quebrantamientos de normas” observados por Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> “Por las razones expuestas, el Comité decide desestimar en su totalidad la Solicitud de Anulación”, presentada por Bolivia contra Quiborax, remata el documento en su parte de las conclusiones.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Fin del proceso de laudo</strong></p> <p class="rtejustify"> Con ello, el organismo internacional también puso término a la suspensión de la ejecución del laudo, por lo que el Gobierno de Evo Morales deberá pagar a Quiborax (representada por el estudio Bofill, Mir &amp; Alvarez y Jana) los 48,6 millones de dólares, fijados en 2015, más intereses que comenzaron a correr desde julio de 2013 hasta la fecha en que se concrete el pago total, entre otras costas.</p> <p class="rtejustify"> Además, Ciadi determinó que el Estado boliviano tendrá que correr con los gastos y honorarios del Comité y los derechos por la utilización del Ciadi en el marco del procedimiento de anulación que comenzó en 2015.</p> <p class="rtejustify"> Eso sí, la entidad internacional determinó que Quiborax pague los costos en los que incurrió su defensa (462 mil dólares) y lo mismo tendrá que hacer Bolivia por su lado (1.384.801 dólares, incluyendo anticipos al Ciadi).</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>66 millones de dólares es lo que Quiborax pedía del Estado boliviano como compensación por la reversión de reservorios de ulexita.</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>UNA FIRMA CHILENA EN EL SALAR DE UYUNI</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Quiborax es una empresa&nbsp; minera no metálica chilena ligada a la familia Fosk.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La firma chilena operaba en Bolivia mediante la compañía Non-Metallic Metals (NMM), que asociada con Minera Río Grande Sur en 2001 conformaron Quiborax.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La sociedad operaba en 11 concesiones mineras en Uyuni hasta 2004.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> En el juicio estuvo representada por el estudio Bofill, Mir &amp; Alvarez y Jana.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>BOLIVIA QUEDA SIN MÁS RECURSOS</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La Procuraduría General del Estado contaba con el asesoramiento y apoyo del estudio jurídico Internacional Dechert LLP, reconocido mundialmente en el área de arbitraje.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> En diciembre pasado, el ministro de Minería, César Navarro, declaraba que “el Estado boliviano ha demostrado con claridad y contundencia que el laudo, en el caso Quiborax, es forzado, artificial y abusivo, por lo que se espera que la acción de anulación planteada por Bolivia logre eliminar la injusta decisión del tribunal”.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La Procuraduría no se pronunció ayer, pese a que el documento del fallo está fechado el 18 de mayo para darse a conocer a las partes.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Según el economista Gabriel Espinoza, se trata de un caso parecido al de Entel, en el que hay un fallo y la posibilidad de una apelación. Después de esta instancia, se considera “cosa juzgada”.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Normalmente, Ciadi otorga un plazo que oscila entre tres y seis meses para el pago de lo establecido en su fallo. Pasado este plazo, el Comité puede proceder al embargo de bienes y activos.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong>PUNTO DE VISTA</strong></p> <p class="rtejustify"> <strong>Gabriel Espinoza Economista</strong></p> <p class="rtejustify"> <strong>Al margen de la indemnización, está el mal precedente para nuevas inversionesç</strong></p> <p class="rtejustify"> Este tipo de pleitos normalmente terminan también en este tipo de compensaciones de una u otra manera. Uno se pregunta, en la gran mayoría de los casos, si bien el Estado se hace de algún tipo de activo, posesión de recursos naturales o actividad económica, eventualmente tiene que pagarla. Entonces, no se está creando nueva riqueza, lo único que ocurre es un cambio de manos de activos.</p> <p class="rtejustify"> Ahora más allá del monto económico que se tiene que pagar, deja un mal precedente para futuros inversionistas. Se está mostrando que el país, independientemente de la jefatura de Gobierno, tiene la tendencia de apropiarse de los reservorios de los recursos naturales, lo que nos deja en gran desventaja con países vecinos como Perú, Chile y Argentina.</p> <p class="rtejustify"> ¿Cómo revertir estos casos? En general, la tendencia hoy en día es que haya asociaciones público privadas, donde el Estado forma parte de la explotación; también hace falta transparencia financiera. Lamentablemente, en Bolivia ese tipo de asociaciones no han logrado prosperar, debido a presiones corporativas. Habrá que buscar nuevas formas de vincularse con empresas extranjeras.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p>

<p class="rtejustify"> Bolivia perdió el juicio que sostenía desde 2006 contra la empresa chilena Quiborax a la que ahora deberá pagar 48,6 millones de dólares, tras el último fallo pronunciado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo del Banco Mundial (BM) para resolver este tipo de conflictos.</p> <p class="rtejustify"> En un documento de 73 páginas, fechado el pasado 18 de mayo para darse a conocer a las partes, el Ciadi informa su decisión, tomada el 30 de abril pasado, de “desestimar en su totalidad la solicitud de anulación” que Bolivia presentó en 2015 contra Quiborax, que ese mismo año ya había logrado una sentencia arbitral favorable.</p> <p class="rtejustify"> Este medio intentó comunicarse con el procurador, Pablo Menacho, pero personal del área de comunicación informó que el equipo se hallaba en Potosí y que aún no se había tomado conocimiento oficial del fallo, por lo que probablemente la entidad se pronunciaría recién hoy.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Antecedentes</strong></p> <p class="rtejustify"> El litigio judicial se remonta a junio de 2004, cuando el entonces Gobierno de Carlos Mesa revirtió las concesiones mineras que Quiborax tenía en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita.</p> <p class="rtejustify"> Al no lograrse un acuerdo de indemnización, la empresa chilena demandó en 2006 al Estado boliviano reclamando 66 millones de bolivianos como compensación a sus inversiones y daños sufridos por la expropiación. En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax indicando que Bolivia violó el artículo III del Tratado Binacional de Inversiones (TBI) al obstaculizar la libre administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, transferencia, venta y liquidación de las inversiones, estableciendo como indemnización la cifra mencionada.</p> <p class="rtejustify"> Una semana después, Bolivia objetó alegando, entre otros aspectos, que Ciadi se extralimitó manifiestamente en sus facultades quebrantando gravemente una norma de procedimiento. Además, adujo que en el laudo no se expresó los motivos en los que se fundaba.</p> <p class="rtejustify"> En todo el interín, se dieron varios intentos frustrados de conciliación entre partes, hasta que Ciadi se pronunció el pasado 18 de mayo alegando que todos sus fallos estaban dentro de sus facultades y que no se identificaron los “errores groseros” ni “quebrantamientos de normas” observados por Bolivia.</p> <p class="rtejustify"> “Por las razones expuestas, el Comité decide desestimar en su totalidad la Solicitud de Anulación”, presentada por Bolivia contra Quiborax, remata el documento en su parte de las conclusiones.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Fin del proceso de laudo</strong></p> <p class="rtejustify"> Con ello, el organismo internacional también puso término a la suspensión de la ejecución del laudo, por lo que el Gobierno de Evo Morales deberá pagar a Quiborax (representada por el estudio Bofill, Mir &amp; Alvarez y Jana) los 48,6 millones de dólares, fijados en 2015, más intereses que comenzaron a correr desde julio de 2013 hasta la fecha en que se concrete el pago total, entre otras costas.</p> <p class="rtejustify"> Además, Ciadi determinó que el Estado boliviano tendrá que correr con los gastos y honorarios del Comité y los derechos por la utilización del Ciadi en el marco del procedimiento de anulación que comenzó en 2015.</p> <p class="rtejustify"> Eso sí, la entidad internacional determinó que Quiborax pague los costos en los que incurrió su defensa (462 mil dólares) y lo mismo tendrá que hacer Bolivia por su lado (1.384.801 dólares, incluyendo anticipos al Ciadi).</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>66 millones de dólares es lo que Quiborax pedía del Estado boliviano como compensación por la reversión de reservorios de ulexita.</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>UNA FIRMA CHILENA EN EL SALAR DE UYUNI</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Quiborax es una empresa  minera no metálica chilena ligada a la familia Fosk.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La firma chilena operaba en Bolivia mediante la compañía Non-Metallic Metals (NMM), que asociada con Minera Río Grande Sur en 2001 conformaron Quiborax.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La sociedad operaba en 11 concesiones mineras en Uyuni hasta 2004.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> En el juicio estuvo representada por el estudio Bofill, Mir &amp; Alvarez y Jana.</p> <p class="rteindent1 rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>BOLIVIA QUEDA SIN MÁS RECURSOS</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La Procuraduría General del Estado contaba con el asesoramiento y apoyo del estudio jurídico Internacional Dechert LLP, reconocido mundialmente en el área de arbitraje.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> En diciembre pasado, el ministro de Minería, César Navarro, declaraba que “el Estado boliviano ha demostrado con claridad y contundencia que el laudo, en el caso Quiborax, es forzado, artificial y abusivo, por lo que se espera que la acción de anulación planteada por Bolivia logre eliminar la injusta decisión del tribunal”.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La Procuraduría no se pronunció ayer, pese a que el documento del fallo está fechado el 18 de mayo para darse a conocer a las partes.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Según el economista Gabriel Espinoza, se trata de un caso parecido al de Entel, en el que hay un fallo y la posibilidad de una apelación. Después de esta instancia, se considera “cosa juzgada”.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Normalmente, Ciadi otorga un plazo que oscila entre tres y seis meses para el pago de lo establecido en su fallo. Pasado este plazo, el Comité puede proceder al embargo de bienes y activos.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rtejustify"> <strong>PUNTO DE VISTA</strong></p> <p class="rtejustify"> <strong>Gabriel Espinoza Economista</strong></p> <p class="rtejustify"> <strong>Al margen de la indemnización, está el mal precedente para nuevas inversionesç</strong></p> <p class="rtejustify"> Este tipo de pleitos normalmente terminan también en este tipo de compensaciones de una u otra manera. Uno se pregunta, en la gran mayoría de los casos, si bien el Estado se hace de algún tipo de activo, posesión de recursos naturales o actividad económica, eventualmente tiene que pagarla. Entonces, no se está creando nueva riqueza, lo único que ocurre es un cambio de manos de activos.</p> <p class="rtejustify"> Ahora más allá del monto económico que se tiene que pagar, deja un mal precedente para futuros inversionistas. Se está mostrando que el país, independientemente de la jefatura de Gobierno, tiene la tendencia de apropiarse de los reservorios de los recursos naturales, lo que nos deja en gran desventaja con países vecinos como Perú, Chile y Argentina.</p> <p class="rtejustify"> ¿Cómo revertir estos casos? En general, la tendencia hoy en día es que haya asociaciones público privadas, donde el Estado forma parte de la explotación; también hace falta transparencia financiera. Lamentablemente, en Bolivia ese tipo de asociaciones no han logrado prosperar, debido a presiones corporativas. Habrá que buscar nuevas formas de vincularse con empresas extranjeras.</p> <p class="rtejustify">  </p>

Bolivia perdió el juicio que sostenía desde 2006 contra la empresa chilena Quiborax a la que ahora deberá pagar 48,6 millones de dólares, tras el último fallo pronunciado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones

Bolivia perdió el juicio que sostenía desde 2006 contra la empresa chilena Quiborax a la que ahora deberá pagar 48,6 millones de dólares, tras el último fallo pronunciado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones

public://media_imagen/2018/5/24/3_p_2_erbolcombo.jpg

<p> El equipo de defensa legal internacional de Bolivia, dirigido por la Procuraduría General del Estado, inició ayer la defensa en los alegatos orales dentro del procedimiento de anulación iniciado por el Estado boliviano en el “Caso CIADI Nº ARB/06/2: Quiborax S.A. y Non MetallicMinerals S.A. c. Estado Plurinacional de Bolivia”.</p> <p> Bolivia cuenta con el apoyo del estudio jurídico Internacional Dechert LLP, reconocido mundialmente en el área de arbitraje.</p> <p> En su alegato de apertura, el procurador Pablo Menacho afirmó que Bolivia mantiene “inalterable su posición de cumplir con todas sus obligaciones internacionales”.</p> <p> Se presentó la solicitud de anulación ante el Comité de Anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión (Ciadi) luego de una exhaustiva revisión del proceso arbitral.</p> <p> La controversia se inició en la administración del expresidente Carlos D. Mesa a raíz de la emisión del Decreto 27589, que dispuso la revocatoria y pérdida de las 11 concesiones mineras obtenidas por la empresa boliviana Non MetallicMinerals S.A.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>EL EQUIPO QUE REPRESENTA A BOLIVIA</strong></p> <p> La delegación de Bolivia está conformada por el procurador, Pablo Menacho; el ministro de Minería, Cesar Navarro;el subprocurador de Defensa, Ernesto Rossell Arteaga, y el director general de Derecho Internacional, Franz Zubieta Mariscal.</p>

<p> El equipo de defensa legal internacional de Bolivia, dirigido por la Procuraduría General del Estado, inició ayer la defensa en los alegatos orales dentro del procedimiento de anulación iniciado por el Estado boliviano en el “Caso CIADI Nº ARB/06/2: Quiborax S.A. y Non MetallicMinerals S.A. c. Estado Plurinacional de Bolivia”.</p> <p> Bolivia cuenta con el apoyo del estudio jurídico Internacional Dechert LLP, reconocido mundialmente en el área de arbitraje.</p> <p> En su alegato de apertura, el procurador Pablo Menacho afirmó que Bolivia mantiene “inalterable su posición de cumplir con todas sus obligaciones internacionales”.</p> <p> Se presentó la solicitud de anulación ante el Comité de Anulación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión (Ciadi) luego de una exhaustiva revisión del proceso arbitral.</p> <p> La controversia se inició en la administración del expresidente Carlos D. Mesa a raíz de la emisión del Decreto 27589, que dispuso la revocatoria y pérdida de las 11 concesiones mineras obtenidas por la empresa boliviana Non MetallicMinerals S.A.</p> <p>  </p> <p> <strong>EL EQUIPO QUE REPRESENTA A BOLIVIA</strong></p> <p> La delegación de Bolivia está conformada por el procurador, Pablo Menacho; el ministro de Minería, Cesar Navarro;el subprocurador de Defensa, Ernesto Rossell Arteaga, y el director general de Derecho Internacional, Franz Zubieta Mariscal.</p>

El equipo de defensa legal internacional de Bolivia, dirigido por la Procuraduría General del Estado, inició ayer la defensa en los alegatos orales dentro del procedimiento de anulación iniciado

El equipo de defensa legal internacional de Bolivia, dirigido por la Procuraduría General del Estado, inició ayer la defensa en los alegatos orales dentro del procedimiento de anulación iniciado

public://media_imagen/2017/12/19/7_p_2_comunicaciongobbo.jpg

<p> El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) decidió ayer mantener suspendido el laudo arbitral que obligaba Bolivia a pagar 48,6 millones de dólares a la chilena Quiborax, hasta la conclusión del procedimiento de anulación, informó el procurador general del Estado, Pablo Menacho.</p> <p> “El hecho que Bolivia haya cumplido siempre con sus obligaciones internacionales, así como su buena fe para solicitar la anulación del laudo conforme se lo permiten las normas internacionales, han permitido que el Tribunal decida mantener suspendida la ejecución del Laudo”, informó el procurador, citado en un boletín institucional.</p> <p> El Estado boliviano presentó su solicitud de anulación el 21 de septiembre de 2015, conforme al Convenio Ciadi y a las reglas de arbitraje de ese tribunal.</p> <p> Entre los cuestionamientos planteados por Bolivia al laudo, están la extralimitación de facultades por parte del Tribunal que conoció el arbitraje, el quebrantamiento grave de normas de procedimiento y la falta de fundamentación de la decisión.</p> <p> La controversia surgió durante la gestión del expresidente Carlos Mesa, que anuló a mediados de 2004 las concesiones mineras de la empresa boliviana Non-Metallic Minerals, en la que Quiborax tenía participación.</p> <p> La empresa Quiborax, según una publicación del diario El Mercurio de Chile, denunció que Bolivia dilata el arbitraje que enfrenta por la expropiación de concesiones mineras de una filial de esa firma chilena ocurrida en 2004. La firma chilena representada por el estudio Bofill Mir &amp; Álvarez Jana, solicitó en diciembre pasado que se reanudara la etapa de cumplimiento del fallo del tribunal arbitral que en septiembre de 2015 determinó el pago de una indemnización.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>COSTO DEL PROCESO</strong></p> <p> El arbitraje por el caso Quiórax fue determinado por la Ciadi en cinco cuotas de las que no se define a cuánto asciende, pero que debió ser asumido por ambas partes (Quibórax y Bolivia). Según El Mercurio, el costo del proceso ascendió a cerca de 700 mil dólares y fue asumido por la empresa demandante. Añade que Bolivia sólo pagó la primera cuota, pero desde 2010 se negó a pagar las cuotas restantes.</p>

<p> El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) decidió ayer mantener suspendido el laudo arbitral que obligaba Bolivia a pagar 48,6 millones de dólares a la chilena Quiborax, hasta la conclusión del procedimiento de anulación, informó el procurador general del Estado, Pablo Menacho.</p> <p> “El hecho que Bolivia haya cumplido siempre con sus obligaciones internacionales, así como su buena fe para solicitar la anulación del laudo conforme se lo permiten las normas internacionales, han permitido que el Tribunal decida mantener suspendida la ejecución del Laudo”, informó el procurador, citado en un boletín institucional.</p> <p> El Estado boliviano presentó su solicitud de anulación el 21 de septiembre de 2015, conforme al Convenio Ciadi y a las reglas de arbitraje de ese tribunal.</p> <p> Entre los cuestionamientos planteados por Bolivia al laudo, están la extralimitación de facultades por parte del Tribunal que conoció el arbitraje, el quebrantamiento grave de normas de procedimiento y la falta de fundamentación de la decisión.</p> <p> La controversia surgió durante la gestión del expresidente Carlos Mesa, que anuló a mediados de 2004 las concesiones mineras de la empresa boliviana Non-Metallic Minerals, en la que Quiborax tenía participación.</p> <p> La empresa Quiborax, según una publicación del diario El Mercurio de Chile, denunció que Bolivia dilata el arbitraje que enfrenta por la expropiación de concesiones mineras de una filial de esa firma chilena ocurrida en 2004. La firma chilena representada por el estudio Bofill Mir &amp; Álvarez Jana, solicitó en diciembre pasado que se reanudara la etapa de cumplimiento del fallo del tribunal arbitral que en septiembre de 2015 determinó el pago de una indemnización.</p> <p>  </p> <p> <strong>COSTO DEL PROCESO</strong></p> <p> El arbitraje por el caso Quiórax fue determinado por la Ciadi en cinco cuotas de las que no se define a cuánto asciende, pero que debió ser asumido por ambas partes (Quibórax y Bolivia). Según El Mercurio, el costo del proceso ascendió a cerca de 700 mil dólares y fue asumido por la empresa demandante. Añade que Bolivia sólo pagó la primera cuota, pero desde 2010 se negó a pagar las cuotas restantes.</p>

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) decidió ayer mantener suspendido el laudo arbitral que obligaba Bolivia a pagar 48,6 millones de dólares a la chilena Quiborax

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) decidió ayer mantener suspendido el laudo arbitral que obligaba Bolivia a pagar 48,6 millones de dólares a la chilena Quiborax