<p class="rtejustify"> El expresidente Carlos Mesa cuestionó una vez más la decisión del Gobierno de acusarlo ante el Ministerio Público con el fin de iniciarle un juicio de responsabilidades por el caso Quiborax; sin embargo, dijo que si la Fiscalía lo investiga a él también debería ser incluido el exmandatario Eduardo Rodríguez Veltzé.</p> <p class="rtejustify"> Además, señaló que “en realidad” el Ministerio Público debería investigar y acusar a los procuradores que llevaron adelante una “lamentable defensa” durante el Gobierno de Evo Morales, entre ellos figuran Hugo Montero y Héctor Arce.</p> <p class="rtejustify"> El pasado jueves, el procurador Pablo Menacho responsabilizó a Mesa y a tres de sus exministros por el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en contra de Bolivia que le obliga a pagar 48,6 millones de dólares a la firma chilena Quiborax por la reversión en 2004.</p> <p class="rtejustify"> El expresidente criticó la celeridad del Ministerio Público que en “tres días ha ‘valorado e investigado’ un caso tan complejo y delicado. El indicio es muy claro, liquidar vía judicialización de la política a Carlos D. Mesa”. Sin embargo, dijo que “si se me acusa a mí se debiera acusar también al expresidente (Eduardo) Rodríguez, que en el decreto supremo que anula el mío ratifica que ‘las resoluciones administrativas dictadas por la Superintendencia de Minas anulan las resoluciones constitutivas de las concesiones mineras de la Empresa Non Metallic Minerals S.A. y en la actualidad se encuentran ejecutoriadas y causan estado’”.</p> <p class="rtejustify"> No obstante, aclaró que “por supuesto, creo que ninguno de los dos debemos ser acusados de nada en este caso. Tanto Rodríguez como yo hicimos lo correcto, expulsar a una empresa chilena que vulneró las principales normas del Estado”.</p> <p class="rtejustify"> Mesa sostiene que la Procuraduría hizo una defensa “desastrosa” el tiempo que duró el litigio (2010-2015), por lo mismo considera que en “realidad la Fiscalía debiera abrir una investigación y acusación contra los procuradores que llevaron adelante esa lamentable defensa durante el gobierno del presidente Morales”.</p> <p class="rtejustify"> El proceso se inició en 2010 y la sentencia salió en 2015. En ese periodo, Bolivia tuvo dos procuradores: Hugo Montero (2011-2014), quien ahora es vocal designado por Morales en el Tribunal Departamental Electoral (TED) de Cochabamba, y Héctor Arce Zaconeta (2014-2016), quien ahora cumple la función de Ministro de Justica.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Campaña de “demolición”</strong></p> <p class="rtejustify"> El expresidente dijo que el Gobierno incrementa su campaña de “demolición” contra la oposición porque se da cuenta de una caída libre de su popularidad y credibilidad. “Uno de los objetivos principales de esa campaña soy yo. La indignación del país por la burla que ha hecho el Presidente del 21F le está cobrando factura y, en ese contexto, buscarán eliminar a todos sus principales adversarios potenciales”.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>DATOS</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>Plazos procesales. </strong>La Procuraduría presentó la proposición acusatoria contra Carlos Mesa el 22 de mayo y 23 del mismo mes fue derivado al Tribunal Supremo de Justicia.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>Mesa y tres exministros. </strong>Además de Carlos Mesa, la acusación involucra a sus exministros de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza; de Minería e Hidrocarburos, Freddy Escobar Rosas, y de Trabajo, Luis Fernandez Fagalde.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>Proceso. </strong>Los litigios se desarrollaron en 2010 y 2013, pero la sentenció salió en 2015.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>EL GOBIERNO BUSCA REDUCIR LA INDEMNIZACIÓN DE $US 46,8 MILLONES </strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> ERBOL</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El procurador general del Estado, Pablo Menacho, informó ayer que junto con el Ministerio de Minería iniciaron conversaciones con la empresa chilena Quiborax para ver la posibilidad de reducir la indemnización de 46,8 millones de dólares fijados en laudo arbitral por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que atiende el caso desde 2005.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Menacho dijo que hay un precedente por el caso de la Empresa Eléctrica Guaracachi S.A, donde la firma británica Rurelec pedía 142,3 millones de dólares de indemnización, pero con las negociaciones acabaron pagando 31.534.613 dólares por la nacionalización del 50 por ciento de acciones que poseía en la empresa boliviana.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “Estamos en conversaciones con esta empresa (Quiborax) y seguramente vamos a poder informarles al respecto en los próximos días”, manifestó el Procurador.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Señaló que todos los Estados tienen el derecho a nacionalizar sus propios recursos naturales, pero cumpliendo el debido proceso.</p>

<p class="rtejustify"> El expresidente Carlos Mesa cuestionó una vez más la decisión del Gobierno de acusarlo ante el Ministerio Público con el fin de iniciarle un juicio de responsabilidades por el caso Quiborax; sin embargo, dijo que si la Fiscalía lo investiga a él también debería ser incluido el exmandatario Eduardo Rodríguez Veltzé.</p> <p class="rtejustify"> Además, señaló que “en realidad” el Ministerio Público debería investigar y acusar a los procuradores que llevaron adelante una “lamentable defensa” durante el Gobierno de Evo Morales, entre ellos figuran Hugo Montero y Héctor Arce.</p> <p class="rtejustify"> El pasado jueves, el procurador Pablo Menacho responsabilizó a Mesa y a tres de sus exministros por el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en contra de Bolivia que le obliga a pagar 48,6 millones de dólares a la firma chilena Quiborax por la reversión en 2004.</p> <p class="rtejustify"> El expresidente criticó la celeridad del Ministerio Público que en “tres días ha ‘valorado e investigado’ un caso tan complejo y delicado. El indicio es muy claro, liquidar vía judicialización de la política a Carlos D. Mesa”. Sin embargo, dijo que “si se me acusa a mí se debiera acusar también al expresidente (Eduardo) Rodríguez, que en el decreto supremo que anula el mío ratifica que ‘las resoluciones administrativas dictadas por la Superintendencia de Minas anulan las resoluciones constitutivas de las concesiones mineras de la Empresa Non Metallic Minerals S.A. y en la actualidad se encuentran ejecutoriadas y causan estado’”.</p> <p class="rtejustify"> No obstante, aclaró que “por supuesto, creo que ninguno de los dos debemos ser acusados de nada en este caso. Tanto Rodríguez como yo hicimos lo correcto, expulsar a una empresa chilena que vulneró las principales normas del Estado”.</p> <p class="rtejustify"> Mesa sostiene que la Procuraduría hizo una defensa “desastrosa” el tiempo que duró el litigio (2010-2015), por lo mismo considera que en “realidad la Fiscalía debiera abrir una investigación y acusación contra los procuradores que llevaron adelante esa lamentable defensa durante el gobierno del presidente Morales”.</p> <p class="rtejustify"> El proceso se inició en 2010 y la sentencia salió en 2015. En ese periodo, Bolivia tuvo dos procuradores: Hugo Montero (2011-2014), quien ahora es vocal designado por Morales en el Tribunal Departamental Electoral (TED) de Cochabamba, y Héctor Arce Zaconeta (2014-2016), quien ahora cumple la función de Ministro de Justica.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Campaña de “demolición”</strong></p> <p class="rtejustify"> El expresidente dijo que el Gobierno incrementa su campaña de “demolición” contra la oposición porque se da cuenta de una caída libre de su popularidad y credibilidad. “Uno de los objetivos principales de esa campaña soy yo. La indignación del país por la burla que ha hecho el Presidente del 21F le está cobrando factura y, en ese contexto, buscarán eliminar a todos sus principales adversarios potenciales”.</p> <p class="rteindent1 rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>DATOS</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>Plazos procesales. </strong>La Procuraduría presentó la proposición acusatoria contra Carlos Mesa el 22 de mayo y 23 del mismo mes fue derivado al Tribunal Supremo de Justicia.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>Mesa y tres exministros. </strong>Además de Carlos Mesa, la acusación involucra a sus exministros de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza; de Minería e Hidrocarburos, Freddy Escobar Rosas, y de Trabajo, Luis Fernandez Fagalde.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>Proceso. </strong>Los litigios se desarrollaron en 2010 y 2013, pero la sentenció salió en 2015.</p> <p class="rteindent1 rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>EL GOBIERNO BUSCA REDUCIR LA INDEMNIZACIÓN DE $US 46,8 MILLONES </strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> ERBOL</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El procurador general del Estado, Pablo Menacho, informó ayer que junto con el Ministerio de Minería iniciaron conversaciones con la empresa chilena Quiborax para ver la posibilidad de reducir la indemnización de 46,8 millones de dólares fijados en laudo arbitral por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que atiende el caso desde 2005.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Menacho dijo que hay un precedente por el caso de la Empresa Eléctrica Guaracachi S.A, donde la firma británica Rurelec pedía 142,3 millones de dólares de indemnización, pero con las negociaciones acabaron pagando 31.534.613 dólares por la nacionalización del 50 por ciento de acciones que poseía en la empresa boliviana.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “Estamos en conversaciones con esta empresa (Quiborax) y seguramente vamos a poder informarles al respecto en los próximos días”, manifestó el Procurador.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> Señaló que todos los Estados tienen el derecho a nacionalizar sus propios recursos naturales, pero cumpliendo el debido proceso.</p>

El expresidente Carlos Mesa cuestionó una vez más la decisión del Gobierno de acusarlo ante el Ministerio Público con el fin de iniciarle un juicio de responsabilidades por el caso Quiborax

El expresidente Carlos Mesa cuestionó una vez más la decisión del Gobierno de acusarlo ante el Ministerio Público con el fin de iniciarle un juicio de responsabilidades por el caso Quiborax

<p class="rtejustify"> BOGOTÁ|</p> <p class="rtejustify"> Las mesas&nbsp;electorales de Colombia abrieron hoy, a las ocho de la mañana&nbsp;hora local,&nbsp;para los comicios en los que se elegirá de entre seis candidatos al nuevo presidente&nbsp;para el periodo 2018-2022.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Los aspirantes son Iván Duque</strong>, del partido uribista Centro Democrático y líder en las encuestas de intención de voto; el izquierdista <strong>Gustavo Petro</strong>, del movimiento Colombia Humana, y <strong>Sergio Fajardo</strong> de Coalición Colombia, de centroizquierda.</p> <p class="rtejustify"> También son candidatos <strong>Germán Vargas Lleras</strong>, del movimiento de centroderecha Mejor Vargas Lleras; <strong>Humberto de la Calle</strong>, del Partido Liberal, y <strong>Jorge Antonio Trujillo</strong>, de Todos Somos Colombia.</p> <p class="rtejustify"> Un total de 36.227.267 colombianos están habilitados para votar en <strong>96.724 mesas distribuidas en 11.233 puestos</strong> en todo el territorio nacional.</p> <p class="rtejustify"> Según la Registraduría Nacional, entidad organizadora de los comicios, <strong>52 puestos electorales</strong> de varias partes del país que suman 205 mesas de votación <strong>tuvieron que ser trasladados</strong> a otros lugares debido problemas causados por las lluvias.</p> <p class="rtejustify"> El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo anoche en una alocución al país que <strong>las elecciones de hoy son las "más tranquilas, más seguras y más transparentes de la historia".</strong></p> <p class="rtejustify"> Estas son las primeras elecciones presidenciales que se llevan a cabo después de la desmovilización de <strong>las FARC </strong>y además está vigente una tregua electoral de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).</p> <p class="rtejustify"> Si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos, como indican las encuestas, la Presidencia se definirá en <strong>segunda vuelta el 17 de junio </strong>entre los dos más votados.</p>

<p class="rtejustify"> BOGOTÁ|</p> <p class="rtejustify"> Las mesas electorales de Colombia abrieron hoy, a las ocho de la mañana hora local, para los comicios en los que se elegirá de entre seis candidatos al nuevo presidente para el periodo 2018-2022.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Los aspirantes son Iván Duque</strong>, del partido uribista Centro Democrático y líder en las encuestas de intención de voto; el izquierdista <strong>Gustavo Petro</strong>, del movimiento Colombia Humana, y <strong>Sergio Fajardo</strong> de Coalición Colombia, de centroizquierda.</p> <p class="rtejustify"> También son candidatos <strong>Germán Vargas Lleras</strong>, del movimiento de centroderecha Mejor Vargas Lleras; <strong>Humberto de la Calle</strong>, del Partido Liberal, y <strong>Jorge Antonio Trujillo</strong>, de Todos Somos Colombia.</p> <p class="rtejustify"> Un total de 36.227.267 colombianos están habilitados para votar en <strong>96.724 mesas distribuidas en 11.233 puestos</strong> en todo el territorio nacional.</p> <p class="rtejustify"> Según la Registraduría Nacional, entidad organizadora de los comicios, <strong>52 puestos electorales</strong> de varias partes del país que suman 205 mesas de votación <strong>tuvieron que ser trasladados</strong> a otros lugares debido problemas causados por las lluvias.</p> <p class="rtejustify"> El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo anoche en una alocución al país que <strong>las elecciones de hoy son las "más tranquilas, más seguras y más transparentes de la historia".</strong></p> <p class="rtejustify"> Estas son las primeras elecciones presidenciales que se llevan a cabo después de la desmovilización de <strong>las FARC </strong>y además está vigente una tregua electoral de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).</p> <p class="rtejustify"> Si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos, como indican las encuestas, la Presidencia se definirá en <strong>segunda vuelta el 17 de junio </strong>entre los dos más votados.</p>

Las mesas electorales de Colombia abrieron hoy, a las ocho de la mañana hora local, para los comicios en los que se elegirá de entre seis candidatos al nuevo presidente para el periodo 2018-2022.

Las mesas electorales de Colombia abrieron hoy, a las ocho de la mañana hora local, para los comicios en los que se elegirá de entre seis candidatos al nuevo presidente para el periodo 2018-2022.

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<p> El Ministerio Público inició la investigación y notificó a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría General del Estado contra el expresidente Carlos Mesa y sus exministros de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza; de Minería e Hidrocarburos, Freddy Escobar Rosas, y de Trabajo, Luis Fernández Fagalde, por el proceso de arbitraje internacional entre el Estado y la empresa chilena, por el que ahora Bolivia debe pagar 48,6 millones de dólares.</p> <p> El procurador general, Pablo Menacho, firmó la proposición acusatoria que fue presentada ante el Ministerio Público en Sucre el pasado 22 de mayo. El documento de la acusación, que consta de 24 páginas y tiene 39 cuerpos como anexos, entre ellos: decretos, leyes y acuerdos, fue presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia el 23 de mayo. A partir de esa fecha corren los plazos procesales para que el Ministerio Público indague y comience a tomar las declaraciones, entre ellos Carlos Mesa y sus exministros.</p> <p> Según Menacho, las decisiones de Mesa durante su mandato se enmarcan en los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.</p> <p> Sin embargo, esto fue refutado por el exmandatario, que aseguró que la denuncia del Gobierno se apega a una “campaña de demolición” de su imagen y aseguró que Bolivia fue defendida de manera “desastrosa“ ante la demanda de arbitraje de Quiborax . “Una empresa que ha invertido menos de un millón de dólares cuando estuvo trabajando en Bolivia ahora va recibir 48 millones de dólares porque durante cinco años todo el proceso administrado por la Procuraduría del Gobierno de Evo Morales no ha tenido la capacidad de defender los intereses de Bolivia”, dijo en una entrevista con Página Siete.</p> <p class="rteindent1"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1"> <strong>&nbsp;ARBITRAJE</strong></p> <p class="rteindent1"> <strong>Proceso de nacionalización</strong></p> <p class="rteindent1"> El presidente Carlos Mesa nacionalizó la empresa Non Metallic en 2004.</p> <p class="rteindent1"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1"> Quiborax presentó su solicitud de arbitraje en octubre de 2004, los litigios se desarrollaron entre 2010 y 2013 en el tribunal dependiente del Banco Mundial, en los que Quiborax pretendía indemnizaciones por $us 150,8 millones entre compensación y resarcimiento.</p> <p class="rteindent1"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1"> La sentencia o laudo salió en septiembre de 2015 y ordenó pagar $us 57 millones. Luego de la apelación, la suma a pagar bajó a 48,6 millones.</p>

<p> El Ministerio Público inició la investigación y notificó a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría General del Estado contra el expresidente Carlos Mesa y sus exministros de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza; de Minería e Hidrocarburos, Freddy Escobar Rosas, y de Trabajo, Luis Fernández Fagalde, por el proceso de arbitraje internacional entre el Estado y la empresa chilena, por el que ahora Bolivia debe pagar 48,6 millones de dólares.</p> <p> El procurador general, Pablo Menacho, firmó la proposición acusatoria que fue presentada ante el Ministerio Público en Sucre el pasado 22 de mayo. El documento de la acusación, que consta de 24 páginas y tiene 39 cuerpos como anexos, entre ellos: decretos, leyes y acuerdos, fue presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia el 23 de mayo. A partir de esa fecha corren los plazos procesales para que el Ministerio Público indague y comience a tomar las declaraciones, entre ellos Carlos Mesa y sus exministros.</p> <p> Según Menacho, las decisiones de Mesa durante su mandato se enmarcan en los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.</p> <p> Sin embargo, esto fue refutado por el exmandatario, que aseguró que la denuncia del Gobierno se apega a una “campaña de demolición” de su imagen y aseguró que Bolivia fue defendida de manera “desastrosa“ ante la demanda de arbitraje de Quiborax . “Una empresa que ha invertido menos de un millón de dólares cuando estuvo trabajando en Bolivia ahora va recibir 48 millones de dólares porque durante cinco años todo el proceso administrado por la Procuraduría del Gobierno de Evo Morales no ha tenido la capacidad de defender los intereses de Bolivia”, dijo en una entrevista con Página Siete.</p> <p class="rteindent1">  </p> <p class="rteindent1"> <strong> ARBITRAJE</strong></p> <p class="rteindent1"> <strong>Proceso de nacionalización</strong></p> <p class="rteindent1"> El presidente Carlos Mesa nacionalizó la empresa Non Metallic en 2004.</p> <p class="rteindent1">  </p> <p class="rteindent1"> Quiborax presentó su solicitud de arbitraje en octubre de 2004, los litigios se desarrollaron entre 2010 y 2013 en el tribunal dependiente del Banco Mundial, en los que Quiborax pretendía indemnizaciones por $us 150,8 millones entre compensación y resarcimiento.</p> <p class="rteindent1">  </p> <p class="rteindent1"> La sentencia o laudo salió en septiembre de 2015 y ordenó pagar $us 57 millones. Luego de la apelación, la suma a pagar bajó a 48,6 millones.</p>

El Ministerio Público inició la investigación y notificó a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría General del Estado contra el expresidente Carlos Mesa y sus exministros de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza; de Minería e Hidrocarburos, Freddy Escobar Rosas, y de Trabajo, Luis Fernández Fagalde, por el proceso de arbitraje internacional entre el Estado y la empresa chilena, por el que ahora Bolivia debe pagar 48,6 millones de dólares.

El Ministerio Público inició la investigación y notificó a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría General del Estado contra el expresidente Carlos Mesa y sus exministros de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza; de Minería e Hidrocarburos, Freddy Escobar Rosas, y de Trabajo, Luis Fernández Fagalde, por el proceso de arbitraje internacional entre el Estado y la empresa chilena, por el que ahora Bolivia debe pagar 48,6 millones de dólares.

<p> El expresidente Carlos Mesa manifestó hoy que el pedido del <strong>Gobierno de una investigación en su contra en la Fiscalía por el caso Quiborax es parte de una campaña de una “estrategia de demolición” de su imagen</strong>.</p> <p> Mesa refutó hoy las tres supuestas irregularidades que habría cometido en su Gobierno para que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falle a favor de Quiborax motivo por el cual Bolivia debe pagar más de 48,6 millones de dólares.</p> <p> Después de la emisión del fallo el Gobierno empezó a negociar con la empresa chilena Quiborax el cumplimiento del<strong>&nbsp;pago de más de 48,6 millones de dólares para indemnizarla por la reversión</strong>&nbsp;en 2004, de las concesiones mineras que tenía en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita.</p> <p> La exautoridad manifestó que el procurador&nbsp;Pablo Menacho, &nbsp;pretende evitar su responsabilidad directa en la “desastrosa negociación” del caso.</p> <p> Una de las observaciones que hace la Procuraduría es al Decreto 27589 que disponía la reversión de las concesiones y la expulsión de la empresa Non Metallic Minerals Quiborax. Mesa explicó que la empresa se negó a entregar documentación impidiendo las auditorías, por declaraciones fraudulentas de explotación de ulexita y daño económico.&nbsp;</p> <p> “El Decreto (27589) no es ilegal y lo dijo la Procuraduría de Bolivia para alegar en contra de Quiborax en la controversia".</p> <p> Quiborax es una empresa minera no metálica chilena ligada a la familia Fosk.</p> <p> “El Procurador miente al decir que mi decreto es ilegal. <strong>Si el Gobierno de Evo Morales cree que el uso de los órganos del Estado bajo su total control me&nbsp; amedrenta,&nbsp; se equivoca"</strong>, culminó.</p> <p> Además de este caso Mesa&nbsp;fue incluido en la investigación por los contratos de Lava Jato, caso en el que Gobierno cree está involucrado.</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"> <p dir="ltr" lang="es"> Quiborax y la estrategia de demolición de Carlos de Mesa por orden del gobierno del Presidente Morales<a href="https://t.co/S536IC1pU2">https://t.co/S536IC1pU2</a> <a href="https://t.co/GssQoZ19Vo">pic.twitter.com/GssQoZ19Vo</a></p> — Carlos de Mesa G. (@carlosdmesag) <a href="https://twitter.com/carlosdmesag/status/1000116206937001986?ref_src=twsrc%5Etfw">25 de mayo de 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<p> El expresidente Carlos Mesa manifestó hoy que el pedido del <strong>Gobierno de una investigación en su contra en la Fiscalía por el caso Quiborax es parte de una campaña de una “estrategia de demolición” de su imagen</strong>.</p> <p> Mesa refutó hoy las tres supuestas irregularidades que habría cometido en su Gobierno para que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falle a favor de Quiborax motivo por el cual Bolivia debe pagar más de 48,6 millones de dólares.</p> <p> Después de la emisión del fallo el Gobierno empezó a negociar con la empresa chilena Quiborax el cumplimiento del<strong> pago de más de 48,6 millones de dólares para indemnizarla por la reversión</strong> en 2004, de las concesiones mineras que tenía en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita.</p> <p> La exautoridad manifestó que el procurador Pablo Menacho,  pretende evitar su responsabilidad directa en la “desastrosa negociación” del caso.</p> <p> Una de las observaciones que hace la Procuraduría es al Decreto 27589 que disponía la reversión de las concesiones y la expulsión de la empresa Non Metallic Minerals Quiborax. Mesa explicó que la empresa se negó a entregar documentación impidiendo las auditorías, por declaraciones fraudulentas de explotación de ulexita y daño económico. </p> <p> “El Decreto (27589) no es ilegal y lo dijo la Procuraduría de Bolivia para alegar en contra de Quiborax en la controversia".</p> <p> Quiborax es una empresa minera no metálica chilena ligada a la familia Fosk.</p> <p> “El Procurador miente al decir que mi decreto es ilegal. <strong>Si el Gobierno de Evo Morales cree que el uso de los órganos del Estado bajo su total control me  amedrenta,  se equivoca"</strong>, culminó.</p> <p> Además de este caso Mesa fue incluido en la investigación por los contratos de Lava Jato, caso en el que Gobierno cree está involucrado.</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p dir="ltr" lang="es" xml:lang="es"> Quiborax y la estrategia de demolición de Carlos de Mesa por orden del gobierno del Presidente Morales<a href="https://t.co/S536IC1pU2">https://t.co/S536IC1pU2</a> <a href="https://t.co/GssQoZ19Vo">pic.twitter.com/GssQoZ19Vo</a></p> <p> — Carlos de Mesa G. (@carlosdmesag) <a href="https://twitter.com/carlosdmesag/status/1000116206937001986?ref_src=twsrc%5Etfw">25 de mayo de 2018</a></p></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

El expresidente Carlos Mesa manifestó hoy que el pedido del Gobierno de una investigación en su contra en la Fiscalía por el caso Quiborax es parte de una campaña de una “estrategia de demolición” de su imagen.

El expresidente Carlos Mesa manifestó hoy que el pedido del Gobierno de una investigación en su contra en la Fiscalía por el caso Quiborax es parte de una campaña de una “estrategia de demolición” de su imagen.