<p class="rtejustify"> El expresidente Carlos Mesa pidió ayer al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se rechace la proposición acusatoria en su contra iniciada por la Procuraduría por el caso Quiborax, y aseguró que, en caso de que esta acusación prospere, también debería incluir las gestiones de los presidentes Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales, en las que se desarrolló el litigio con la empresa chilena.</p> <p class="rtejustify"> Mesa explicó que su Gobierno aplicó normas en beneficio del patrimonio nacional en el salar de Uyuni.</p> <p class="rtejustify"> En tanto, el ministro de Minería, César Navarro, aseguró que Mesa incumplió con sus mismos decretos y cometió errores normativos al declarar la nulidad de las concesiones de la minera chilena, que luego derivó en el juicio internacional que Bolivia perdió y por el que deberá pagar un total de 56 millones de dólares sumando indemnizaciones y costas del proceso.</p> <p class="rtejustify"> “Al no aplicar el procedimiento legal, benefició a la empresa privada. (El fallo a favor de Quiborax) es producto de la irresponsabilidad del señor Carlos Mesa”, dijo. El Vicepresidente aseguró que en su gestión se evidenció que la chilena Quiborax no cumplía con las normas bolivianas, y que sólo cumplió su deber al revocar las concesiones.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, Mesa señaló que esa decisión fue compartida por los Gobiernos de Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>MESA VE OBJETIVOS POLÍTICOS EN EL CASO</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El expresidente Carlos Mesa aseguró que el caso Quiborax, junto a la investigación de Odebrecht, busca golpear su imagen debido a que el Gobierno lo ve como un enemigo político para las elecciones de 2019.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> En tanto, el Gobierno aseguró que Mesa “interpreta” que es político, pero el caso es jurídico y sólo busca encontrar responsables por la derrota en el juicio contra Quiborax.</p>

<p class="rtejustify"> El expresidente Carlos Mesa pidió ayer al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se rechace la proposición acusatoria en su contra iniciada por la Procuraduría por el caso Quiborax, y aseguró que, en caso de que esta acusación prospere, también debería incluir las gestiones de los presidentes Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales, en las que se desarrolló el litigio con la empresa chilena.</p> <p class="rtejustify"> Mesa explicó que su Gobierno aplicó normas en beneficio del patrimonio nacional en el salar de Uyuni.</p> <p class="rtejustify"> En tanto, el ministro de Minería, César Navarro, aseguró que Mesa incumplió con sus mismos decretos y cometió errores normativos al declarar la nulidad de las concesiones de la minera chilena, que luego derivó en el juicio internacional que Bolivia perdió y por el que deberá pagar un total de 56 millones de dólares sumando indemnizaciones y costas del proceso.</p> <p class="rtejustify"> “Al no aplicar el procedimiento legal, benefició a la empresa privada. (El fallo a favor de Quiborax) es producto de la irresponsabilidad del señor Carlos Mesa”, dijo. El Vicepresidente aseguró que en su gestión se evidenció que la chilena Quiborax no cumplía con las normas bolivianas, y que sólo cumplió su deber al revocar las concesiones.</p> <p class="rtejustify"> Asimismo, Mesa señaló que esa decisión fue compartida por los Gobiernos de Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>MESA VE OBJETIVOS POLÍTICOS EN EL CASO</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El expresidente Carlos Mesa aseguró que el caso Quiborax, junto a la investigación de Odebrecht, busca golpear su imagen debido a que el Gobierno lo ve como un enemigo político para las elecciones de 2019.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> En tanto, el Gobierno aseguró que Mesa “interpreta” que es político, pero el caso es jurídico y sólo busca encontrar responsables por la derrota en el juicio contra Quiborax.</p>

El expresidente Carlos Mesa pidió ayer al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se rechace la proposición acusatoria en su contra iniciada por la Procuraduría por el caso Quiborax

El expresidente Carlos Mesa pidió ayer al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se rechace la proposición acusatoria en su contra iniciada por la Procuraduría por el caso Quiborax

<p class="rtejustify"> Para el expresidente Carlos Mesa, los responsables de la derrota del Estado boliviano en el juicio contra la empresa chilena Quiborax, a la cual ahora deberá indemnizarse 48,6 millones de dólares, son el actual procurador, Pablo Menacho, y sus antecesores, por “la desastrosa negociación” realizada con el consorcio minero entre 2006 y 2018.</p> <p class="rtejustify"> “Si quedaba alguna duda (se confirma) que aquí lo que hay es una estrategia de demolición de la imagen de Carlos Mesa”, añadió a tiempo de rematar que no conseguirán amedrentarlo.</p> <p class="rtejustify"> El expresidente respondió así ayer, después de que el jueves pasado el Procurador declaró haber solicitado al Ministerio Público una investigación a Mesa sobre la presunta aprobación ilegal de un decreto en 2004, que revertía a Quiborax concesiones de ulexita en el salar de Uyuni, lo que después derivó en un juicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).</p> <p class="rtejustify"> Cuatro días antes, Ciadi se había pronunciando desestimando el último laudo de apelación presentado por la Procuraduría boliviana en 2015 y confirmando la cifra de compensación.</p> <p class="rtejustify"> Al no tener más instancias de apelación, Menacho dijo el jueves, en conferencia de prensa, que la responsabilidad recae sobre Mesa por el decreto ilegal.</p> <p class="rtejustify"> Para el expresidente, sin embargo, el Gobierno incurre en “una mentira flagrante” y una contradicción cuando sugiere la ilegalidad del mencionado decreto, cuando es la propia Procuraduría la que, en el laudo de apelación presentado ante Ciadi en 2015, defiende la legalidad del decreto. Para demostrarlo, Mesa cita un párrafo en la página 71 del citado documento de la Procuraduría que dice textualmente: “Bolivia argumenta que el Decreto de Revocatoria (DS 27589) se adoptó sobre la base de la Ley 2564 y no es ilegal. Tanto el Decreto de Revocatoria como las declaraciones de nulidad de las concesiones (…) fueron actos legítimos y adoptados en aplicación del Derecho boliviano ante las ilegalidades en las concesiones mineras (del demandante)”.</p> <p class="rtejustify"> Mesa reconoce que su sucesor en la Presidencia, Eduardo Rodríguez Veltzé, derogó el citado decreto por considerar que sufría de “deficiencias jurídicas”. “Pero que, con un impecable criterio patriótico, mantuvo la expulsión de la citada compañía”, resalta el expresidente, quien también es vocero en la demanda marítima boliviana.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong>47 DÍAS DE PARO DURÓ LA PROTESTA CONTRA EL CÓDIGO</strong></p> <p class="rtejustify"> En junio de 2004, el Gobierno de Carlos Mesa revirtió las concesiones mineras que Quiborax tenía en el salar de Uyuni para explotar ulexita.</p> <p class="rtejustify"> En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación, la empresa chilena demandó ante Ciadi al Estado boliviano por 66 millones de bolivianos.</p> <p class="rtejustify"> En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, estableciendo en 48,6 millones de bolivianos el monto de indemnización. Bolivia apeló de inmediato.</p> <p class="rtejustify"> El 18 de mayo de 2018, Ciadi desahució el laudo de Bolivia y confirmó los montos establecidos en 2015. Ya no hay más apelaciones posibles.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rtejustify"> <strong>“SI EVO CREE QUE ME AMEDRENTA, SE EQUIVOCA”</strong></p> <p class="rtejustify"> El expresidente Carlos Mesa dijo que si alguna duda quedaba, la denuncia del Procurador ante el Ministerio Público confirma que Evo Morales ordenó una “estrategia de demolición” de su imagen.</p> <p class="rtejustify"> “Si el Gobierno de Morales cree que el uso de los órganos del Estado bajo su total control para destruirme políticamente me amedrenta, se equivoca. Con la verdad como arma, no hay amenaza que doblegue mi espíritu y mis convicciones democráticas”, dijo.</p> <p class="rtejustify"> Manifestó que el Gobierno vive en el “mundo del revés”, porque autoelogia sus nacionalizaciones, que costaron al país mil millones de dólares, además de pasivos de las empresas absorbidas; pero, por el contrario, tipifica como delito la expulsión de la empresa chilena que se aprovechaba del salar.</p> <p class="rtejustify"> El exmandatario recordó también que en la última semana, la presidenta de la Comisión que investiga el caso Lava Jato, Susana Rivero, anunció que se rastrearán las cuentas de Mesa.</p> <p class="rtejustify"> Entrevistado en un canal de televisión, Mesa ironizó indicando que el Gobierno “lo invita” a ser candidato presidencial, y que no descarta hacerlo.</p>

<p class="rtejustify"> Para el expresidente Carlos Mesa, los responsables de la derrota del Estado boliviano en el juicio contra la empresa chilena Quiborax, a la cual ahora deberá indemnizarse 48,6 millones de dólares, son el actual procurador, Pablo Menacho, y sus antecesores, por “la desastrosa negociación” realizada con el consorcio minero entre 2006 y 2018.</p> <p class="rtejustify"> “Si quedaba alguna duda (se confirma) que aquí lo que hay es una estrategia de demolición de la imagen de Carlos Mesa”, añadió a tiempo de rematar que no conseguirán amedrentarlo.</p> <p class="rtejustify"> El expresidente respondió así ayer, después de que el jueves pasado el Procurador declaró haber solicitado al Ministerio Público una investigación a Mesa sobre la presunta aprobación ilegal de un decreto en 2004, que revertía a Quiborax concesiones de ulexita en el salar de Uyuni, lo que después derivó en un juicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).</p> <p class="rtejustify"> Cuatro días antes, Ciadi se había pronunciando desestimando el último laudo de apelación presentado por la Procuraduría boliviana en 2015 y confirmando la cifra de compensación.</p> <p class="rtejustify"> Al no tener más instancias de apelación, Menacho dijo el jueves, en conferencia de prensa, que la responsabilidad recae sobre Mesa por el decreto ilegal.</p> <p class="rtejustify"> Para el expresidente, sin embargo, el Gobierno incurre en “una mentira flagrante” y una contradicción cuando sugiere la ilegalidad del mencionado decreto, cuando es la propia Procuraduría la que, en el laudo de apelación presentado ante Ciadi en 2015, defiende la legalidad del decreto. Para demostrarlo, Mesa cita un párrafo en la página 71 del citado documento de la Procuraduría que dice textualmente: “Bolivia argumenta que el Decreto de Revocatoria (DS 27589) se adoptó sobre la base de la Ley 2564 y no es ilegal. Tanto el Decreto de Revocatoria como las declaraciones de nulidad de las concesiones (…) fueron actos legítimos y adoptados en aplicación del Derecho boliviano ante las ilegalidades en las concesiones mineras (del demandante)”.</p> <p class="rtejustify"> Mesa reconoce que su sucesor en la Presidencia, Eduardo Rodríguez Veltzé, derogó el citado decreto por considerar que sufría de “deficiencias jurídicas”. “Pero que, con un impecable criterio patriótico, mantuvo la expulsión de la citada compañía”, resalta el expresidente, quien también es vocero en la demanda marítima boliviana.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rtejustify"> <strong>47 DÍAS DE PARO DURÓ LA PROTESTA CONTRA EL CÓDIGO</strong></p> <p class="rtejustify"> En junio de 2004, el Gobierno de Carlos Mesa revirtió las concesiones mineras que Quiborax tenía en el salar de Uyuni para explotar ulexita.</p> <p class="rtejustify"> En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación, la empresa chilena demandó ante Ciadi al Estado boliviano por 66 millones de bolivianos.</p> <p class="rtejustify"> En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, estableciendo en 48,6 millones de bolivianos el monto de indemnización. Bolivia apeló de inmediato.</p> <p class="rtejustify"> El 18 de mayo de 2018, Ciadi desahució el laudo de Bolivia y confirmó los montos establecidos en 2015. Ya no hay más apelaciones posibles.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rtejustify"> <strong>“SI EVO CREE QUE ME AMEDRENTA, SE EQUIVOCA”</strong></p> <p class="rtejustify"> El expresidente Carlos Mesa dijo que si alguna duda quedaba, la denuncia del Procurador ante el Ministerio Público confirma que Evo Morales ordenó una “estrategia de demolición” de su imagen.</p> <p class="rtejustify"> “Si el Gobierno de Morales cree que el uso de los órganos del Estado bajo su total control para destruirme políticamente me amedrenta, se equivoca. Con la verdad como arma, no hay amenaza que doblegue mi espíritu y mis convicciones democráticas”, dijo.</p> <p class="rtejustify"> Manifestó que el Gobierno vive en el “mundo del revés”, porque autoelogia sus nacionalizaciones, que costaron al país mil millones de dólares, además de pasivos de las empresas absorbidas; pero, por el contrario, tipifica como delito la expulsión de la empresa chilena que se aprovechaba del salar.</p> <p class="rtejustify"> El exmandatario recordó también que en la última semana, la presidenta de la Comisión que investiga el caso Lava Jato, Susana Rivero, anunció que se rastrearán las cuentas de Mesa.</p> <p class="rtejustify"> Entrevistado en un canal de televisión, Mesa ironizó indicando que el Gobierno “lo invita” a ser candidato presidencial, y que no descarta hacerlo.</p>

Para el expresidente Carlos Mesa, los responsables de la derrota del Estado boliviano en el juicio contra la empresa chilena Quiborax, a la cual ahora deberá indemnizarse 48,6 millones de dólares, son el actual procurador, Pablo Menacho

Para el expresidente Carlos Mesa, los responsables de la derrota del Estado boliviano en el juicio contra la empresa chilena Quiborax, a la cual ahora deberá indemnizarse 48,6 millones de dólares, son el actual procurador, Pablo Menacho

public://media_imagen/2018/5/26/6_p2_procuraduria_bolivia.jpg

<p> El expresidente Carlos Mesa manifestó hoy que el pedido del <strong>Gobierno de una investigación en su contra en la Fiscalía por el caso Quiborax es parte de una campaña de una “estrategia de demolición” de su imagen</strong>.</p> <p> Mesa refutó hoy las tres supuestas irregularidades que habría cometido en su Gobierno para que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falle a favor de Quiborax motivo por el cual Bolivia debe pagar más de 48,6 millones de dólares.</p> <p> Después de la emisión del fallo el Gobierno empezó a negociar con la empresa chilena Quiborax el cumplimiento del<strong>&nbsp;pago de más de 48,6 millones de dólares para indemnizarla por la reversión</strong>&nbsp;en 2004, de las concesiones mineras que tenía en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita.</p> <p> La exautoridad manifestó que el procurador&nbsp;Pablo Menacho, &nbsp;pretende evitar su responsabilidad directa en la “desastrosa negociación” del caso.</p> <p> Una de las observaciones que hace la Procuraduría es al Decreto 27589 que disponía la reversión de las concesiones y la expulsión de la empresa Non Metallic Minerals Quiborax. Mesa explicó que la empresa se negó a entregar documentación impidiendo las auditorías, por declaraciones fraudulentas de explotación de ulexita y daño económico.&nbsp;</p> <p> “El Decreto (27589) no es ilegal y lo dijo la Procuraduría de Bolivia para alegar en contra de Quiborax en la controversia".</p> <p> Quiborax es una empresa minera no metálica chilena ligada a la familia Fosk.</p> <p> “El Procurador miente al decir que mi decreto es ilegal. <strong>Si el Gobierno de Evo Morales cree que el uso de los órganos del Estado bajo su total control me&nbsp; amedrenta,&nbsp; se equivoca"</strong>, culminó.</p> <p> Además de este caso Mesa&nbsp;fue incluido en la investigación por los contratos de Lava Jato, caso en el que Gobierno cree está involucrado.</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"> <p dir="ltr" lang="es"> Quiborax y la estrategia de demolición de Carlos de Mesa por orden del gobierno del Presidente Morales<a href="https://t.co/S536IC1pU2">https://t.co/S536IC1pU2</a> <a href="https://t.co/GssQoZ19Vo">pic.twitter.com/GssQoZ19Vo</a></p> — Carlos de Mesa G. (@carlosdmesag) <a href="https://twitter.com/carlosdmesag/status/1000116206937001986?ref_src=twsrc%5Etfw">25 de mayo de 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<p> El expresidente Carlos Mesa manifestó hoy que el pedido del <strong>Gobierno de una investigación en su contra en la Fiscalía por el caso Quiborax es parte de una campaña de una “estrategia de demolición” de su imagen</strong>.</p> <p> Mesa refutó hoy las tres supuestas irregularidades que habría cometido en su Gobierno para que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falle a favor de Quiborax motivo por el cual Bolivia debe pagar más de 48,6 millones de dólares.</p> <p> Después de la emisión del fallo el Gobierno empezó a negociar con la empresa chilena Quiborax el cumplimiento del<strong> pago de más de 48,6 millones de dólares para indemnizarla por la reversión</strong> en 2004, de las concesiones mineras que tenía en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita.</p> <p> La exautoridad manifestó que el procurador Pablo Menacho,  pretende evitar su responsabilidad directa en la “desastrosa negociación” del caso.</p> <p> Una de las observaciones que hace la Procuraduría es al Decreto 27589 que disponía la reversión de las concesiones y la expulsión de la empresa Non Metallic Minerals Quiborax. Mesa explicó que la empresa se negó a entregar documentación impidiendo las auditorías, por declaraciones fraudulentas de explotación de ulexita y daño económico. </p> <p> “El Decreto (27589) no es ilegal y lo dijo la Procuraduría de Bolivia para alegar en contra de Quiborax en la controversia".</p> <p> Quiborax es una empresa minera no metálica chilena ligada a la familia Fosk.</p> <p> “El Procurador miente al decir que mi decreto es ilegal. <strong>Si el Gobierno de Evo Morales cree que el uso de los órganos del Estado bajo su total control me  amedrenta,  se equivoca"</strong>, culminó.</p> <p> Además de este caso Mesa fue incluido en la investigación por los contratos de Lava Jato, caso en el que Gobierno cree está involucrado.</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p dir="ltr" lang="es" xml:lang="es"> Quiborax y la estrategia de demolición de Carlos de Mesa por orden del gobierno del Presidente Morales<a href="https://t.co/S536IC1pU2">https://t.co/S536IC1pU2</a> <a href="https://t.co/GssQoZ19Vo">pic.twitter.com/GssQoZ19Vo</a></p> <p> — Carlos de Mesa G. (@carlosdmesag) <a href="https://twitter.com/carlosdmesag/status/1000116206937001986?ref_src=twsrc%5Etfw">25 de mayo de 2018</a></p></blockquote> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

El expresidente Carlos Mesa manifestó hoy que el pedido del Gobierno de una investigación en su contra en la Fiscalía por el caso Quiborax es parte de una campaña de una “estrategia de demolición” de su imagen.

El expresidente Carlos Mesa manifestó hoy que el pedido del Gobierno de una investigación en su contra en la Fiscalía por el caso Quiborax es parte de una campaña de una “estrategia de demolición” de su imagen.