<p> Los empresarios que importaron las mochilas escolares para la Alcaldía de Cochabamba en la gestión 2018 admitieron ayer durante su audiencia de medidas cautelares que cotizaron las mochilas con empresas en China entre mayo y junio de 2017, tres meses antes de que el municipio difunta la licitación en el Sicoes.</p> <p> El imputado explicó que su esposa fue a China para realizar otro negocio de bisutería y él, por las mochilas.</p> <p> “Hice la cotización antes con proveedores chinos, viajé con mi esposa a China en julio, que fue cuando elegí una empresa, llevé un prototipo de mochila de aquí para que los chinos no me estafen, en agosto se firmó el convenio con la empresa y definimos el tiempo de fabricación”, declaró en plena audiencia de medidas cautelares Juan de Dios Morales Espinoza.</p> <p> Agregó: “El 18 de noviembre me enteré de las características que debían tener las mochilas y en diciembre hicimos el embarque de la mercancía”. Ante este argumento, el representante de la Fiscalía, Gonzalo Aparicio, refirió que recién en enero de 2018 el municipio publicó el nombre de la empresa ganadora para la adjudicación de mochilas escolares.</p> <p> “Si el plazo para la entrega de las mochilas es corto, ¿cómo habría podido cumplir con el contrato? Por eso me adelanté a los hechos”, siguió explicando a la juez anticorrupción Sara Céspedes.</p> <p> Morales dijo que las mochilas no fueron ingresadas a los almacenes de la Alcaldía, ya que alquiló dos galpones desde donde se repartieron las mochilas a las diferentes unidades educativas para facilitar la entrega. “Existen 371 actas de entrega a colegios”, sostuvo.</p> <p> Mientras tanto, el abogado defensor, Henry Pinto, dijo que Cristian Siles (parte de la unidad solicitante) envió la especificación y detalles con dos cartas enviadas por la Alcaldía de Cercado, pidiendo a su defendido un precio referencial.</p> <p> “Mi cliente, previendo que podía adjudicarse el proceso, hace el depósito y solicita se realicen las mochilas, pero tenía un modelo genérico que podía ser cambiado en lo posterior”, refirió el defensor.</p> <p> El representante del Ministerio Público, Gonzalo Aparicio, cuestionó el “riesgo” asumido por la empresa accidental 26 de Febrero para la adquisición de 92 mil mochilas y materiales escolares.</p> <p> “Es extraño que una empresa se arriesgue a invertir 8 millones de bolivianos en un negocio ‘incierto’”, dijo.</p> <p> La parte acusatoria observó el Número de Identifican Tributaria (NIT) de la empresa MSPC, que tiene como actividad la venta de maquinaria y equipos materiales, rubros incompatibles con materiales escolares y mochilas</p> <p> El representante del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Ever Veizaga, argumentó que todo el proceso de adquisición de mochilas escolares fue “preparado”.</p> <p> “Cómo pudieron identificar a estos empresarios, cómo es que el municipio sabía que se dedicaban a la importación de mochilas si el rubro es contrario”, cuestionó.</p> <p> Veizaga manifestó que el capital social del empresario es de 240 millones de bolivianos. “Sin embargo, invierte como capital más de 8 millones, 35 veces más del capital que tienen”, dijo.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Detención domiciliaria</strong></p> <p> La juez anticorrupción, Sara Céspedes, luego de más de una hora de argumentación decidió dar detención domiciliaria a la pareja de empresarios Juan de Dios Morales Espinoza y María René Ramírez, desvirtuando los riesgos procesales de fuga y obstaculización, fundamentados por la Fiscalía, el Viceministerio de Transparencia y la Procuraduría.</p> <p> “Los imputados quedan en libertad, es decir las medidas sustitutivas, detención domiciliaria en Santa Cruz con custodio policial, arraigo fianza 100 mil bolivianos cada uno. Se prohíbe tener contacto con los involucrados”, dijo.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>[[{"fid":"366541","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_description[und][0][value]":"Los importadores esperan audiencia. ","field_file_image_credits[und][0][value]":"CARLOS LÓPEZ","external_url":""},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_description[und][0][value]":"Los importadores esperan audiencia. ","field_file_image_credits[und][0][value]":"CARLOS LÓPEZ","external_url":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]</strong></p> <p> <strong>MÁS DATOS</strong></p> <p> <strong>Defensa pide pruebas</strong></p> <p> El abogado de los empresarios de MSPC y Mane Comp, Juan de Dios Morales y María René Ramírez, exhorta al Ministerio Público presentar extracto de llamadas y correos que identifiquen que hubo tráfico de influencias.</p> <p> “Mi defendido conocía a José Miguel Padilla desde hace muchos años, pero no hubo manipulación alguna en este proceso de contratación”, dijo.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Domicilio desconocido</strong></p> <p> En un informe del 8 de mayo de 2018, el investigador Elvis Pinto refirió que, al tomar contacto con el abogado de los imputados, éste manifestó que sus defendidos radican en Cochabamba.</p> <p> “Ahora en audiencia dicen que radican en Santa Cruz, sin embargo, en contacto con el investigador, el abogado refiere desconocer el domicilio real”, dijo Gonzalo Aparicio.</p> <p> &nbsp;</p> <p> [[{"fid":"366543","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_description[und][0][value]":"Mochilas escolares entregadas el 2018.","field_file_image_credits[und][0][value]":"ALCALDÍA CERCADO","external_url":""},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_description[und][0][value]":"Mochilas escolares entregadas el 2018.","field_file_image_credits[und][0][value]":"ALCALDÍA CERCADO","external_url":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]</p> <p> <strong>SEPA MÁS</strong></p> <p> <strong>Jueza une procesos de Mochilas I y II</strong></p> <p> La juez anticorrupción Sara Céspedes, de oficio, decidió unir los procesos de Mochilas I y II.</p> <p> La decisión fue tomada a pesar de que 24 horas antes rechazó la solicitud presentada por la defensa del alcalde de Cochabamba, José María Leyes.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Empresario demandan a alcaldesa Karen Suárez</strong></p> <p> El representante de la asociación accidental 26 de Febrero presentó una demanda contra la alcaldesa Karen Suárez exigiendo el pago de las mochilas escolares entregadas en 2018.</p> <p> Anteriormente, Leyes rescindió el pago e instruyó investigar la adquisición.</p> <p> &nbsp;</p> <p> [[{"fid":"366544","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_description[und][0][value]":"Los empresarios durante su audiencia. ","field_file_image_credits[und][0][value]":"CARLOS LÓPEZ","external_url":""},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","field_file_image_description[und][0][value]":"Los empresarios durante su audiencia. ","field_file_image_credits[und][0][value]":"CARLOS LÓPEZ","external_url":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]]</p> <h2> <strong>Defensa pide imputar a Andrea García</strong></h2> <p> <strong>Carmen Challapa C.</strong></p> <p> <strong>Los Tiempos</strong></p> <p> El abogado de los empresarios Juan de Dios Morales y María René Ramírez, Henry Pinto, pidió al Ministerio Público imputar a la directora de Desarrollo Humano del municipio, Andrea García, y a Cristian Siles por acciones irregulares en el proceso de contratación, durante la audiencia de medidas cautelares de sus clientes.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Declaraciones</strong></p> <p> Cristian Siles, de la unidad solicitante, declaró ante los investigadores que observó la calidad de las mochilas de esta gestión. “La calidad de la lona no cumple con las especificaciones del Documento Base de Contratación, la lona no es de primera calidad”, dijo.</p> <p> La segunda observación fue que en las especificaciones no se solicitaron colgadores ni forro interior de la mochila. “Tampoco se solicitó las leyendas: Cochabamba Tierra de Campeones ni José María Leyes un Alcalde para Todos”, informó.</p> <p> Siles contó que, después de haber hecho notar estas observaciones, fue obligado a pedir vacaciones por la secretaria de Desarrollo Humano, Andrea García.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Cobro de porcentajes</strong></p> <p> En la declaración ampliatoria de Ayala, reveló el cobro de porcentajes en el proceso de licitaciones. “El señor José Miguel Padilla, exsecretario de Atención al Ciudadano, actuaba con autorización o venia del Alcalde, puesto que ingresaba en cualquier momento a las oficinas”, dijo.</p> <p> Siguió: “Es más, si preguntan a los ganadores de las empresas de cualquier licitación, señalarán que esta persona cobraba a nombre del Alcalde, y no sé cuál haya sido el trato”.</p> <p> El empresario imputado por los casos Mochilas I y II, Juan de Dios Morales, y el alcalde de Cercado, José María Leyes, tienen una relación de amistad con el ahora “prófugo” José Miguel Padilla.</p>

<p> Los empresarios que importaron las mochilas escolares para la Alcaldía de Cochabamba en la gestión 2018 admitieron ayer durante su audiencia de medidas cautelares que cotizaron las mochilas con empresas en China entre mayo y junio de 2017, tres meses antes de que el municipio difunta la licitación en el Sicoes.</p> <p> El imputado explicó que su esposa fue a China para realizar otro negocio de bisutería y él, por las mochilas.</p> <p> “Hice la cotización antes con proveedores chinos, viajé con mi esposa a China en julio, que fue cuando elegí una empresa, llevé un prototipo de mochila de aquí para que los chinos no me estafen, en agosto se firmó el convenio con la empresa y definimos el tiempo de fabricación”, declaró en plena audiencia de medidas cautelares Juan de Dios Morales Espinoza.</p> <p> Agregó: “El 18 de noviembre me enteré de las características que debían tener las mochilas y en diciembre hicimos el embarque de la mercancía”. Ante este argumento, el representante de la Fiscalía, Gonzalo Aparicio, refirió que recién en enero de 2018 el municipio publicó el nombre de la empresa ganadora para la adjudicación de mochilas escolares.</p> <p> “Si el plazo para la entrega de las mochilas es corto, ¿cómo habría podido cumplir con el contrato? Por eso me adelanté a los hechos”, siguió explicando a la juez anticorrupción Sara Céspedes.</p> <p> Morales dijo que las mochilas no fueron ingresadas a los almacenes de la Alcaldía, ya que alquiló dos galpones desde donde se repartieron las mochilas a las diferentes unidades educativas para facilitar la entrega. “Existen 371 actas de entrega a colegios”, sostuvo.</p> <p> Mientras tanto, el abogado defensor, Henry Pinto, dijo que Cristian Siles (parte de la unidad solicitante) envió la especificación y detalles con dos cartas enviadas por la Alcaldía de Cercado, pidiendo a su defendido un precio referencial.</p> <p> “Mi cliente, previendo que podía adjudicarse el proceso, hace el depósito y solicita se realicen las mochilas, pero tenía un modelo genérico que podía ser cambiado en lo posterior”, refirió el defensor.</p> <p> El representante del Ministerio Público, Gonzalo Aparicio, cuestionó el “riesgo” asumido por la empresa accidental 26 de Febrero para la adquisición de 92 mil mochilas y materiales escolares.</p> <p> “Es extraño que una empresa se arriesgue a invertir 8 millones de bolivianos en un negocio ‘incierto’”, dijo.</p> <p> La parte acusatoria observó el Número de Identifican Tributaria (NIT) de la empresa MSPC, que tiene como actividad la venta de maquinaria y equipos materiales, rubros incompatibles con materiales escolares y mochilas</p> <p> El representante del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Ever Veizaga, argumentó que todo el proceso de adquisición de mochilas escolares fue “preparado”.</p> <p> “Cómo pudieron identificar a estos empresarios, cómo es que el municipio sabía que se dedicaban a la importación de mochilas si el rubro es contrario”, cuestionó.</p> <p> Veizaga manifestó que el capital social del empresario es de 240 millones de bolivianos. “Sin embargo, invierte como capital más de 8 millones, 35 veces más del capital que tienen”, dijo.</p> <p>  </p> <p> <strong>Detención domiciliaria</strong></p> <p> La juez anticorrupción, Sara Céspedes, luego de más de una hora de argumentación decidió dar detención domiciliaria a la pareja de empresarios Juan de Dios Morales Espinoza y María René Ramírez, desvirtuando los riesgos procesales de fuga y obstaculización, fundamentados por la Fiscalía, el Viceministerio de Transparencia y la Procuraduría.</p> <p> “Los imputados quedan en libertad, es decir las medidas sustitutivas, detención domiciliaria en Santa Cruz con custodio policial, arraigo fianza 100 mil bolivianos cada uno. Se prohíbe tener contacto con los involucrados”, dijo.</p> <p>  </p> <p> <strong><div class="media media-element-container media-default"><div id="file-366541" class="file file-image file-image-jpeg"> <h2 class="element-invisible"><a href="/files/img/20180609/1819me2lopezzzzzjpg">18_19_me_2_lopezzzzz.jpg</a></h2> <div class="content"> <img class="media-element file-default image-style-noticia-detalle" data-delta="1" typeof="foaf:Image" src="https://www.lostiempos.com/sites/default/files/styles/noticia_detalle/public/18_19_me_2_lopezzzzz.jpg?itok=FjdlHUCv" width="770" height="430" alt="" /><div class="field field-name-field-file-image-description field-type-text-long field-label-hidden view-mode-default"><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even">Los importadores esperan audiencia. </figure></div></div><div class="field field-name-field-file-image-credits field-type-text field-label-hidden view-mode-default"><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even">CARLOS LÓPEZ</figure></div></div> </div> </div> </div></strong></p> <p> <strong>MÁS DATOS</strong></p> <p> <strong>Defensa pide pruebas</strong></p> <p> El abogado de los empresarios de MSPC y Mane Comp, Juan de Dios Morales y María René Ramírez, exhorta al Ministerio Público presentar extracto de llamadas y correos que identifiquen que hubo tráfico de influencias.</p> <p> “Mi defendido conocía a José Miguel Padilla desde hace muchos años, pero no hubo manipulación alguna en este proceso de contratación”, dijo.</p> <p>  </p> <p> <strong>Domicilio desconocido</strong></p> <p> En un informe del 8 de mayo de 2018, el investigador Elvis Pinto refirió que, al tomar contacto con el abogado de los imputados, éste manifestó que sus defendidos radican en Cochabamba.</p> <p> “Ahora en audiencia dicen que radican en Santa Cruz, sin embargo, en contacto con el investigador, el abogado refiere desconocer el domicilio real”, dijo Gonzalo Aparicio.</p> <p>  </p> <p> </p><div class="media media-element-container media-default"><div id="file-366543" class="file file-image file-image-jpeg"> <h2 class="element-invisible"><a href="/files/img/20180609/1819me4alcaldiacercadojpg">18_19_me_4_alcaldia_cercado.jpg</a></h2> <div class="content"> <img class="media-element file-default image-style-noticia-detalle" data-delta="2" typeof="foaf:Image" src="https://www.lostiempos.com/sites/default/files/styles/noticia_detalle/public/18_19_me_4_alcaldia_cercado.jpg?itok=yv4kPhFX" width="770" height="430" alt="" /><div class="field field-name-field-file-image-description field-type-text-long field-label-hidden view-mode-default"><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even">Mochilas escolares entregadas el 2018.</figure></div></div><div class="field field-name-field-file-image-credits field-type-text field-label-hidden view-mode-default"><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even">ALCALDÍA CERCADO</figure></div></div> </div> </div> </div> <p> <strong>SEPA MÁS</strong></p> <p> <strong>Jueza une procesos de Mochilas I y II</strong></p> <p> La juez anticorrupción Sara Céspedes, de oficio, decidió unir los procesos de Mochilas I y II.</p> <p> La decisión fue tomada a pesar de que 24 horas antes rechazó la solicitud presentada por la defensa del alcalde de Cochabamba, José María Leyes.</p> <p>  </p> <p> <strong>Empresario demandan a alcaldesa Karen Suárez</strong></p> <p> El representante de la asociación accidental 26 de Febrero presentó una demanda contra la alcaldesa Karen Suárez exigiendo el pago de las mochilas escolares entregadas en 2018.</p> <p> Anteriormente, Leyes rescindió el pago e instruyó investigar la adquisición.</p> <p>  </p> <p> </p><div class="media media-element-container media-default"><div id="file-366544" class="file file-image file-image-jpeg"> <h2 class="element-invisible"><a href="/files/img/20180609/1819me3lopezzzzzjpg">18_19_me_3_lopezzzzz.jpg</a></h2> <div class="content"> <img class="media-element file-default image-style-noticia-detalle" data-delta="3" typeof="foaf:Image" src="https://www.lostiempos.com/sites/default/files/styles/noticia_detalle/public/18_19_me_3_lopezzzzz.jpg?itok=GCIcz5LQ" width="770" height="430" alt="" /><div class="field field-name-field-file-image-description field-type-text-long field-label-hidden view-mode-default"><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even">Los empresarios durante su audiencia. </figure></div></div><div class="field field-name-field-file-image-credits field-type-text field-label-hidden view-mode-default"><div class="field-items"><figure class="clearfix field-item even">CARLOS LÓPEZ</figure></div></div> </div> </div> </div> <h2> <strong>Defensa pide imputar a Andrea García</strong></h2> <p> <strong>Carmen Challapa C.</strong></p> <p> <strong>Los Tiempos</strong></p> <p> El abogado de los empresarios Juan de Dios Morales y María René Ramírez, Henry Pinto, pidió al Ministerio Público imputar a la directora de Desarrollo Humano del municipio, Andrea García, y a Cristian Siles por acciones irregulares en el proceso de contratación, durante la audiencia de medidas cautelares de sus clientes.</p> <p>  </p> <p> <strong>Declaraciones</strong></p> <p> Cristian Siles, de la unidad solicitante, declaró ante los investigadores que observó la calidad de las mochilas de esta gestión. “La calidad de la lona no cumple con las especificaciones del Documento Base de Contratación, la lona no es de primera calidad”, dijo.</p> <p> La segunda observación fue que en las especificaciones no se solicitaron colgadores ni forro interior de la mochila. “Tampoco se solicitó las leyendas: Cochabamba Tierra de Campeones ni José María Leyes un Alcalde para Todos”, informó.</p> <p> Siles contó que, después de haber hecho notar estas observaciones, fue obligado a pedir vacaciones por la secretaria de Desarrollo Humano, Andrea García.</p> <p>  </p> <p> <strong>Cobro de porcentajes</strong></p> <p> En la declaración ampliatoria de Ayala, reveló el cobro de porcentajes en el proceso de licitaciones. “El señor José Miguel Padilla, exsecretario de Atención al Ciudadano, actuaba con autorización o venia del Alcalde, puesto que ingresaba en cualquier momento a las oficinas”, dijo.</p> <p> Siguió: “Es más, si preguntan a los ganadores de las empresas de cualquier licitación, señalarán que esta persona cobraba a nombre del Alcalde, y no sé cuál haya sido el trato”.</p> <p> El empresario imputado por los casos Mochilas I y II, Juan de Dios Morales, y el alcalde de Cercado, José María Leyes, tienen una relación de amistad con el ahora “prófugo” José Miguel Padilla.</p>

Los empresarios que importaron las mochilas escolares para la Alcaldía de Cochabamba en la gestión 2018 admitieron ayer durante su audiencia de medidas cautelares que cotizaron las mochilas con empresas en China entre mayo y junio de 2017, tres meses antes de que el municipio difunta la licitación en el Sicoes.

Los empresarios que importaron las mochilas escolares para la Alcaldía de Cochabamba en la gestión 2018 admitieron ayer durante su audiencia de medidas cautelares que cotizaron las mochilas con empresas en China entre mayo y junio de 2017, tres meses antes de que el municipio difunta la licitación en el Sicoes.

public://media_imagen/2018/6/9/18_19_me_1_lopezzzzz.jpg

<p> Los empresarios involucrados en la presunta compra de mochilas con sobreprecio, Juan de Dios Morales Espinoza y María René Ramírez, fueron enviados por un juez esta tarde con detención domiciliaria que deberán cumplir en sus residencias en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.</p> <p> Los implicados deberán pagar una fianza de 100 mil bolivianos y también fueron arraigados.</p> <p> La Fiscalía pidió detención preventiva, pero esta no fue la decisión del juez del caso.</p> <p> Ambos acusados fueron detenidos el jueves en el casco viejo de Santa Cruz cuando recogían a su hijo de la escuela y luego fueron trasladados a Cochabamba para que respondan por la primera investigación que se inició del caso,</p> <p class="rtejustify"> Los empresarios fueron detenidos a dos meses de iniciarse la investigación.&nbsp; Morales y&nbsp; Ramírez son representantes de la Asociación Accidental 26 de Febrero, que se adjudicó la importación de 91 mil mochilas.</p> <p class="rtejustify"> Ayer, la jueza anticorrupción Sara Céspedes suspendió la audiencia de medidas cautelares del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, y decidió unir los casos Mochilas I y II. La sesión continuará el lunes a las 15:30.</p> <p> &nbsp;</p>

<p> Los empresarios involucrados en la presunta compra de mochilas con sobreprecio, Juan de Dios Morales Espinoza y María René Ramírez, fueron enviados por un juez esta tarde con detención domiciliaria que deberán cumplir en sus residencias en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.</p> <p> Los implicados deberán pagar una fianza de 100 mil bolivianos y también fueron arraigados.</p> <p> La Fiscalía pidió detención preventiva, pero esta no fue la decisión del juez del caso.</p> <p> Ambos acusados fueron detenidos el jueves en el casco viejo de Santa Cruz cuando recogían a su hijo de la escuela y luego fueron trasladados a Cochabamba para que respondan por la primera investigación que se inició del caso,</p> <p class="rtejustify"> Los empresarios fueron detenidos a dos meses de iniciarse la investigación.  Morales y  Ramírez son representantes de la Asociación Accidental 26 de Febrero, que se adjudicó la importación de 91 mil mochilas.</p> <p class="rtejustify"> Ayer, la jueza anticorrupción Sara Céspedes suspendió la audiencia de medidas cautelares del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, y decidió unir los casos Mochilas I y II. La sesión continuará el lunes a las 15:30.</p> <p>  </p>

Los empresarios involucrados en la presunta compra de mochilas con sobreprecio, Juan de Dios Morales Espinoza y María René Ramírez,fueron enviados esta tarde con detención domiciliaria que deberán cumplir en sus residencias en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Los empresarios involucrados en la presunta compra de mochilas con sobreprecio, Juan de Dios Morales Espinoza y María René Ramírez,fueron enviados esta tarde con detención domiciliaria que deberán cumplir en sus residencias en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

<p class="rtejustify"> Los empresarios de las mochilas con presunto sobreprecio divulgaron, ayer, mediante su defensa, un resumen de los costos de importación que difieren de los presentados por la concejal Rocío Molina (MAS) el pasado 2 de abril.</p> <p class="rtejustify"> El abogado Henry Pinto asistió a los importadores en su declaración por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado.</p> <p class="rtejustify"> El resumen de costos tiene algunas coincidencias con los datos proporcionados por Rocío Molina.</p> <p class="rtejustify"> Entre las similitudes están los precios de las mochilas en 618 mil bolivianos, los materiales en 907 mil y el pago de tributos aduaneros de 750 mil bolivianos. Sin embargo, los importadores insertaron cerca de 15 ítems que la legisladora no tomó en cuenta en su denuncia.</p> <p class="rtejustify"> Entre los ítems más representativos están la compra de cuadernos y agendas por 1,2 millones, el transporte de China a Chile por 144 mil bolivianos y el despachante de aduana por 105 mil bolivianos. A eso se añade la deuda con la Aduana por 1,3 millones de bolivianos. En tanto que por impuestos se contempla un pago de 1,9 millones de bolivianos. (Ver infografía)</p> <p class="rtejustify"> Molina denunció que el costo de las mochilas y materiales llegaba a 2,4 millones y no a 12,4, como presupuestó la Alcaldía. Sin embargo, los importadores sostienen que invirtieron 8,6 millones y su utilidad iba a ser de 1,9 millones. El contrato se canceló pese a la entrega del 99 por ciento del producto. Los Tiempos intentó contactar a la Concejal ayer, pero no tuvo éxito.</p> <p class="rtejustify"> El abogado de los empresarios René Juan de Dios Morales Espinoza y María René Ramírez Ramírez señaló que no se tomó en cuenta el detalle del costo de importación e impuestos de la compra de mochilas y material escolar.</p> <p class="rtejustify"> Junto a la empresa que se adjudicó la entrega de 91.385 mochilas y material escolar se presentaron las empresas Rostel Ofishop y Ventas Lina, que ofrecieron un monto de 11,9 y 10,9 millones de bolivianos por el contrato, precios similares a los que propuso la Asociación 26 de Febrero.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Aprehensión</strong></p> <p class="rtejustify"> Ayer, a las 10:00, los empresarios de MSPC y Mane Comp, que formaron la Sociedad 26 de Febrero, llegaron a la Fiscalía en un auto blanco y con chalecos antibala para declarar. Dos horas después, fueron remitidos a la EPI Norte a la espera de su audiencia de medidas cautelares que se llevará a cabo hoy a las 11:00.</p> <p class="rtejustify"> “Estábamos preparados para 10 horas de audiencia, les hicieron preguntas generales. Juan de Dios expondrá todo el detalle de gastos. Puede que el juez le dé medidas de detención preventiva, domiciliaria o libertad”, señaló Pinto.</p> <p class="rtejustify"> Siguió: “Los señores no tuvieron contacto con Diego Moreno, José Miguel Padilla, José María Leyes ni con su hermana. Ambos estaban en calidad de testigos, pero cuando citaron a Ramírez a declarar, concordó con la aprehensión del Alcalde y no pudo ingresar y la volvieron a notificar”.</p> <p class="rtejustify"> El abogado informó que hace una semana se presentó una demanda contenciosa por incumplimiento de contrato debido a la falta de pago ante el Tribunal Departamental de Justicia contra la Alcaldía. El director jurídico del municipio, Edwin Paredes, señaló que aún no recibieron la notificación.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>12,4 millones de bolivianos es el total general de los gastos desde el origen, entrega de bienes, impuestos y utilidad de las mochilas al municipio.</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>DATOS</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>99 por ciento de entrega de mochilas al municipio. </strong>Según indicó el abogado defensor de los empresarios, ya se entregaron 91.385 mochilas, correspondientes a casi el total de lo acordado con el municipio; sin embargo, hasta la fecha, no recibieron el pago respectivo.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>Empresas que competían con 26 de Febrero. </strong>Las empresas que pugnaban por la adjudicación de contrato de mochilas, Rostel Ofishop y Ventas Lina, tenían costos de 11,9 y 10,9 millones de bolivianos, de manera respectiva. En tanto que la Asociación 26 de Febrero propuso 12,4 millones.<br /> Ambas empresas ofrecieron el contrato de mochilas por un monto menor en un 3,88 y 11,94 por ciento.</p>

<p class="rtejustify"> Los empresarios de las mochilas con presunto sobreprecio divulgaron, ayer, mediante su defensa, un resumen de los costos de importación que difieren de los presentados por la concejal Rocío Molina (MAS) el pasado 2 de abril.</p> <p class="rtejustify"> El abogado Henry Pinto asistió a los importadores en su declaración por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado.</p> <p class="rtejustify"> El resumen de costos tiene algunas coincidencias con los datos proporcionados por Rocío Molina.</p> <p class="rtejustify"> Entre las similitudes están los precios de las mochilas en 618 mil bolivianos, los materiales en 907 mil y el pago de tributos aduaneros de 750 mil bolivianos. Sin embargo, los importadores insertaron cerca de 15 ítems que la legisladora no tomó en cuenta en su denuncia.</p> <p class="rtejustify"> Entre los ítems más representativos están la compra de cuadernos y agendas por 1,2 millones, el transporte de China a Chile por 144 mil bolivianos y el despachante de aduana por 105 mil bolivianos. A eso se añade la deuda con la Aduana por 1,3 millones de bolivianos. En tanto que por impuestos se contempla un pago de 1,9 millones de bolivianos. (Ver infografía)</p> <p class="rtejustify"> Molina denunció que el costo de las mochilas y materiales llegaba a 2,4 millones y no a 12,4, como presupuestó la Alcaldía. Sin embargo, los importadores sostienen que invirtieron 8,6 millones y su utilidad iba a ser de 1,9 millones. El contrato se canceló pese a la entrega del 99 por ciento del producto. Los Tiempos intentó contactar a la Concejal ayer, pero no tuvo éxito.</p> <p class="rtejustify"> El abogado de los empresarios René Juan de Dios Morales Espinoza y María René Ramírez Ramírez señaló que no se tomó en cuenta el detalle del costo de importación e impuestos de la compra de mochilas y material escolar.</p> <p class="rtejustify"> Junto a la empresa que se adjudicó la entrega de 91.385 mochilas y material escolar se presentaron las empresas Rostel Ofishop y Ventas Lina, que ofrecieron un monto de 11,9 y 10,9 millones de bolivianos por el contrato, precios similares a los que propuso la Asociación 26 de Febrero.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Aprehensión</strong></p> <p class="rtejustify"> Ayer, a las 10:00, los empresarios de MSPC y Mane Comp, que formaron la Sociedad 26 de Febrero, llegaron a la Fiscalía en un auto blanco y con chalecos antibala para declarar. Dos horas después, fueron remitidos a la EPI Norte a la espera de su audiencia de medidas cautelares que se llevará a cabo hoy a las 11:00.</p> <p class="rtejustify"> “Estábamos preparados para 10 horas de audiencia, les hicieron preguntas generales. Juan de Dios expondrá todo el detalle de gastos. Puede que el juez le dé medidas de detención preventiva, domiciliaria o libertad”, señaló Pinto.</p> <p class="rtejustify"> Siguió: “Los señores no tuvieron contacto con Diego Moreno, José Miguel Padilla, José María Leyes ni con su hermana. Ambos estaban en calidad de testigos, pero cuando citaron a Ramírez a declarar, concordó con la aprehensión del Alcalde y no pudo ingresar y la volvieron a notificar”.</p> <p class="rtejustify"> El abogado informó que hace una semana se presentó una demanda contenciosa por incumplimiento de contrato debido a la falta de pago ante el Tribunal Departamental de Justicia contra la Alcaldía. El director jurídico del municipio, Edwin Paredes, señaló que aún no recibieron la notificación.</p> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>12,4 millones de bolivianos es el total general de los gastos desde el origen, entrega de bienes, impuestos y utilidad de las mochilas al municipio.</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>DATOS</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>99 por ciento de entrega de mochilas al municipio. </strong>Según indicó el abogado defensor de los empresarios, ya se entregaron 91.385 mochilas, correspondientes a casi el total de lo acordado con el municipio; sin embargo, hasta la fecha, no recibieron el pago respectivo.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>Empresas que competían con 26 de Febrero. </strong>Las empresas que pugnaban por la adjudicación de contrato de mochilas, Rostel Ofishop y Ventas Lina, tenían costos de 11,9 y 10,9 millones de bolivianos, de manera respectiva. En tanto que la Asociación 26 de Febrero propuso 12,4 millones.<br /> Ambas empresas ofrecieron el contrato de mochilas por un monto menor en un 3,88 y 11,94 por ciento.</p>

Los empresarios de las mochilas con presunto sobreprecio divulgaron, ayer, mediante su defensa, un resumen de los costos de importación que difieren de los presentados por la concejal Rocío Molina (MAS) el pasado 2 de abril

Los empresarios de las mochilas con presunto sobreprecio divulgaron, ayer, mediante su defensa, un resumen de los costos de importación que difieren de los presentados por la concejal Rocío Molina (MAS) el pasado 2 de abril

public://media_imagen/2018/6/9/13_me_1_m_rocabadoooooooo.jpg

public://media_imagen/2018/6/9/13_me_2_m_rocabadooo.jpg

public://media_pdf/2018/6/9/9-6-2018_pag13_gastos_de_mochila.pdf

<p class="rtejustify"> A pedido del Ministerio Publico y tras consensuar con las partes, la jueza anticorrupción Sara Céspedes suspendió ayer la audiencia de medidas cautelares del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, ayer.</p> <p class="rtejustify"> A pedido de la Fiscalía, la jueza pidió a la médica del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) emitir un informe sobre el estado de salud de Leyes.</p> <p class="rtejustify"> “El Alcalde presenta un cuadro de hipertensión arterial, presión elevada. Hasta el momento, no hay disminución, pese a que se le dio un medicamento para nivelar su presión. Vemos que tiende a subir, esto pone en riesgo la vida”, informó en audiencia la médica de apellido García.</p> <p class="rtejustify"> “Para precautelar la salud del Alcalde, solicitamos que se suspenda el acto procesal”, dijo el fiscal superior Juan Manuel Gutiérrez. La audiencia se reinstalará el lunes 11 de junio a las 15:30.</p> <p class="rtejustify"> Hasta el Tribunal de Justicia llegaron simpatizantes del alcalde Leyes. Comerciantes y funcionarios del municipio se aglomeraron en predios del edificio, mientras la Policía resguardaba el lugar para evitar excesos.</p> <p class="rtejustify"> Leyes abandonó el juzgado con semblante decaído, con suero y oxígeno. Salió con dos custodios y retornó a la clínica Los Ángeles, donde fue internado el miércoles. Hoy puede ser dado de alta.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Jueza une procesos</strong></p> <p class="rtejustify"> Tras instalar la audiencia cautelar por el caso Mochilas II ayer a las 16:30, la jueza anticorrupción Sara Céspedes dio a conocer la determinación de unir los dos procesos por los que se imputa a la primera autoridad de Cercado.</p> <p class="rtejustify"> “He decidido unir Mochilas I y II de oficio, pero se admite la solicitud del Ministerio Público para presentar nueva documentación”, manifestó.</p> <p class="rtejustify"> La jueza dijo que “con la finalidad de resolver la petición de conexitud de acciones, corresponde puntualizar que pese a existir normativas que expresa que ambos casos no pueden unirse, porque se desarrollaron en diferentes tiempos y con la participación de diferentes personas con el afán de resguardar los derechos humanos y garantías constitucionales”.</p> <p class="rtejustify"> El representante de la Procuraduría de Cochabamba, Juan de la Cruz Vargas, en sala, impugnó esta determinación y exigió que se subsane.</p> <p class="rtejustify"> “Aplicaremos los recursos que sean necesarios para apelar esta determinación. La juez debe fundamentar, por qué decidió asumir esta determinación siendo que ella misma negó la acumulación de casos un día anterior”, manifestó.</p> <p class="rtejustify"> El fiscal superior asignado al caso, Juan Manuel Gutiérrez, informó que, como Ministerio Público, presentarán más de 40 nuevos elementos de convicción ratificando la solicitud de detención preventiva del Alcalde.</p> <p class="rtejustify"> “La determinación de la juez es una barbaridad jurídica. Acudiremos a los medios de Ley que nos da el Código Penal, ya que en el caso Mochilas I se hizo la misma solicitud y se rechazó, pero ahora es aceptada. Nos parece extraño”, argumentó.</p> <p class="rtejustify"> Según el abogado defensor de Leyes, Alberto Morales, la determinación de la jueza no puede ser revocada, porque “no se habría incumplido con ninguna condición jurídica”. Dijo que, con el solo hecho de haberse presentado ante la jueza, la orden de aprehensión de su defendido queda sin efecto y que, una vez dado de alta, puede volver a su casa cumpliendo la detención domiciliaria.</p> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <blockquote> <p class="rtejustify"> <strong>DECLARACIONES</strong></p> <p class="rtejustify"> <em>"Es una barbaridad jurídica la que ha se ha cometido, acudiremos a instancias correspondientes"</em>.<strong> Juan Manuel Gutiérrez. Fiscal Superior</strong></p> <p class="rtejustify"> <em>"El hecho que haya colapsado en la audiencia el Alcalde es una prueba más: se atenta contra su vida</em>". <strong>Humberto Trigo. Abogado de la defensa</strong></p> <p class="rtejustify"> <em>"Aplicaremos los mecanismos necesarios para apelar la determinación de juntar ambos casos".</em><strong><em> </em>Juan de la Cruz Vargas. Rpte. Procuraduría</strong></p> </blockquote> <p class="rtejustify"> &nbsp;</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>NIEGAN TERCERA ACCIÓN DE LIBERTAD DEL ALCALDE</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El Tribunal de Sentencia Séptimo negó la tercera acción de libertad presentada por la defensa del alcalde José María Leyes, ayer.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La jueza María Angélica Sánchez argumentó su decisión explicando que existen certificados médicos presentados por la defensa que cuentan con sellos y números de paramédicos en los que se visibiliza un diagnóstico médico, pero “no tiene nombre del paciente”.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> De igual manera, las pruebas presentadas no precisaban la fecha del ingreso de la autoridad a la clínica.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El abogado defensor Humberto Trigo lamentó esta determinación y aseguró que presentaron la documentación con los requerimientos correspondientes y los reportes médicos, paramédicos y policiales.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “Antes estábamos luchando para defender la libertad del Alcalde; ahora estamos peleando para salvar su vida”, expresó. Trigo dijo que esperan que se revisen nuevamente la determinación.</p>

<p class="rtejustify"> A pedido del Ministerio Publico y tras consensuar con las partes, la jueza anticorrupción Sara Céspedes suspendió ayer la audiencia de medidas cautelares del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, ayer.</p> <p class="rtejustify"> A pedido de la Fiscalía, la jueza pidió a la médica del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) emitir un informe sobre el estado de salud de Leyes.</p> <p class="rtejustify"> “El Alcalde presenta un cuadro de hipertensión arterial, presión elevada. Hasta el momento, no hay disminución, pese a que se le dio un medicamento para nivelar su presión. Vemos que tiende a subir, esto pone en riesgo la vida”, informó en audiencia la médica de apellido García.</p> <p class="rtejustify"> “Para precautelar la salud del Alcalde, solicitamos que se suspenda el acto procesal”, dijo el fiscal superior Juan Manuel Gutiérrez. La audiencia se reinstalará el lunes 11 de junio a las 15:30.</p> <p class="rtejustify"> Hasta el Tribunal de Justicia llegaron simpatizantes del alcalde Leyes. Comerciantes y funcionarios del municipio se aglomeraron en predios del edificio, mientras la Policía resguardaba el lugar para evitar excesos.</p> <p class="rtejustify"> Leyes abandonó el juzgado con semblante decaído, con suero y oxígeno. Salió con dos custodios y retornó a la clínica Los Ángeles, donde fue internado el miércoles. Hoy puede ser dado de alta.</p> <p class="rtejustify"> <strong>Jueza une procesos</strong></p> <p class="rtejustify"> Tras instalar la audiencia cautelar por el caso Mochilas II ayer a las 16:30, la jueza anticorrupción Sara Céspedes dio a conocer la determinación de unir los dos procesos por los que se imputa a la primera autoridad de Cercado.</p> <p class="rtejustify"> “He decidido unir Mochilas I y II de oficio, pero se admite la solicitud del Ministerio Público para presentar nueva documentación”, manifestó.</p> <p class="rtejustify"> La jueza dijo que “con la finalidad de resolver la petición de conexitud de acciones, corresponde puntualizar que pese a existir normativas que expresa que ambos casos no pueden unirse, porque se desarrollaron en diferentes tiempos y con la participación de diferentes personas con el afán de resguardar los derechos humanos y garantías constitucionales”.</p> <p class="rtejustify"> El representante de la Procuraduría de Cochabamba, Juan de la Cruz Vargas, en sala, impugnó esta determinación y exigió que se subsane.</p> <p class="rtejustify"> “Aplicaremos los recursos que sean necesarios para apelar esta determinación. La juez debe fundamentar, por qué decidió asumir esta determinación siendo que ella misma negó la acumulación de casos un día anterior”, manifestó.</p> <p class="rtejustify"> El fiscal superior asignado al caso, Juan Manuel Gutiérrez, informó que, como Ministerio Público, presentarán más de 40 nuevos elementos de convicción ratificando la solicitud de detención preventiva del Alcalde.</p> <p class="rtejustify"> “La determinación de la juez es una barbaridad jurídica. Acudiremos a los medios de Ley que nos da el Código Penal, ya que en el caso Mochilas I se hizo la misma solicitud y se rechazó, pero ahora es aceptada. Nos parece extraño”, argumentó.</p> <p class="rtejustify"> Según el abogado defensor de Leyes, Alberto Morales, la determinación de la jueza no puede ser revocada, porque “no se habría incumplido con ninguna condición jurídica”. Dijo que, con el solo hecho de haberse presentado ante la jueza, la orden de aprehensión de su defendido queda sin efecto y que, una vez dado de alta, puede volver a su casa cumpliendo la detención domiciliaria.</p> <p class="rtejustify">  </p> <blockquote><p class="rtejustify"> <strong>DECLARACIONES</strong></p> <p class="rtejustify"> <em>"Es una barbaridad jurídica la que ha se ha cometido, acudiremos a instancias correspondientes"</em>.<strong> Juan Manuel Gutiérrez. Fiscal Superior</strong></p> <p class="rtejustify"> <em>"El hecho que haya colapsado en la audiencia el Alcalde es una prueba más: se atenta contra su vida</em>". <strong>Humberto Trigo. Abogado de la defensa</strong></p> <p class="rtejustify"> <em>"Aplicaremos los mecanismos necesarios para apelar la determinación de juntar ambos casos".</em><strong><em> </em>Juan de la Cruz Vargas. Rpte. Procuraduría</strong></p> </blockquote> <p class="rtejustify">  </p> <p class="rteindent1 rtejustify"> <strong>NIEGAN TERCERA ACCIÓN DE LIBERTAD DEL ALCALDE</strong></p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El Tribunal de Sentencia Séptimo negó la tercera acción de libertad presentada por la defensa del alcalde José María Leyes, ayer.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> La jueza María Angélica Sánchez argumentó su decisión explicando que existen certificados médicos presentados por la defensa que cuentan con sellos y números de paramédicos en los que se visibiliza un diagnóstico médico, pero “no tiene nombre del paciente”.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> De igual manera, las pruebas presentadas no precisaban la fecha del ingreso de la autoridad a la clínica.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> El abogado defensor Humberto Trigo lamentó esta determinación y aseguró que presentaron la documentación con los requerimientos correspondientes y los reportes médicos, paramédicos y policiales.</p> <p class="rteindent1 rtejustify"> “Antes estábamos luchando para defender la libertad del Alcalde; ahora estamos peleando para salvar su vida”, expresó. Trigo dijo que esperan que se revisen nuevamente la determinación.</p>

A pedido del Ministerio Publico y tras consensuar con las partes, la jueza anticorrupción Sara Céspedes suspendió ayer la audiencia de medidas cautelares del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, ayer

A pedido del Ministerio Publico y tras consensuar con las partes, la jueza anticorrupción Sara Céspedes suspendió ayer la audiencia de medidas cautelares del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, ayer

public://media_imagen/2018/6/8/11_me_1_rocabado.jpg

public://media_imagen/2018/6/8/11_me_2_rocabado.jpg

public://media_imagen/2018/6/8/11_me_3_rocabado.jpg

public://media_imagen/2018/6/8/11_me_4_rocabado.jpg